Ricardo Hernández Cervantes

Expediente 855/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
855/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Hernández Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa para interponer el recurso de queja que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) en relación con el 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído del treinta y uno de agosto del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, numeral 8; y, Capítulo Octavo, precepto 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, agréguese el oficio número 6105/2022, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, como lo solicita, acúsese recibo del diverso 4761/2022, mediante el cual se informó, que ese Tribunal de Alzada, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo penal 140/2022 de su índice, promovida por RICARDO HERNÁNDEZ CERVANTES, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, por lo que remitió dicha demanda de amparo, así como el toca de apelación XI-31/2022 y un disco compacto, a fin de que este órgano jurisdiccional se avocara a su conocimiento. Finalmente, devuélvase al Magistrado señalado como responsable el toca de apelación y el disco compacto descritos en el párrafo anterior, toda vez que resulta innecesario seguir conservándolos. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa ******, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Primero Menor en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve (fojas 90 a 98), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ******, para el efecto de que la Jueza Primero Menor Civil, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ".a. Dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada en autos del juicio ejecutivo mercantil 81/2016. b. Ordenar reponer el procedimiento e instruir practicar nuevamente el emplazamiento a la quejosa en el juicio de origen, bajo el cuidado de observar las formalidades aplicables a dicha diligencia.". En auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la autorizada de la tercera interesada Gabriela Adriana Martínez Andrade, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de quince de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, por razón de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta capital, quien en sesión de tres de septiembre de dos mil veinte, resolvió de la siguiente manera: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia federal sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ** contra los actos y las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria; y para los efectos precisados por la Juez de Distrito Auxiliar en el fallo que sr revisa.". De igual manera, en dicho proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Jueza Primero Menor Civil, con residencia en esta ciudad (fojas 147 y 148). La autoridad responsable Jueza Primero Menor Civil, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: En oficios 1425 y 1426 presentados el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la Juez y Actuaria del Juzgado Primero Menor Civil, con sede en esta capital, remitió copias certificadas del auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, en el cual dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil 81/2016, ordenó reponer el procedimiento, ordenando el emplazamiento de la aquí quejosa Claudia Janeth González Corona o Claudia Yaneth González Corona, observando las formalidades aplicables a dicha diligencia. Así como el oficio 1424, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el que le solicitó que procediera a la cancelación del gravamen, sobre la parte alícuota propiedad de la demandada, del inmueble con domicilio en *******el Municipio y Distrito de Morelia, que se registra en el número 69 sesenta y nueve, del tomo 2155 dos mil ciento cincuenta y cinco, de fecha uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, inscrito el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, bajo el número de registro 16 dieciséis, del tomo 8463 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres, correspondiente al Distrito de Morelia (fojas 152 a 158). Por oficio 64 presentado ante este Juzgado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, informó que requirió al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, con sede en esta capital, para que ordenara a quien correspondiera la cancelación de la inscripción del embargo correspondiente ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 81/2016 (fojas 166 a 172). Mediante oficio 143 presentado ante este Juzgado el uno de marzo de dos mil veintiuno, informó que el Jefe del Departamento de Anotaciones y Trámites Procesales del Registro Público de la Propiedad en el Estado, realizó la cancelación de la inscripción del embargo correspondiente ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 81/2016, la que registró bajo el número 2155, del registro 69, propiedad 1 uno de esta ciudad de Morelia (fojas 175 a 177). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, pues la Jueza Primero Menor Civil, con residencia en esta ciudad, el treinta de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio ejecutivo mercantil 81/2016, ordenó reponer el procedimiento, ordenando el emplazamiento de la aquí quejosa Claudia Janeth González Corona o Claudia Yaneth González Corona; asimismo, giró el oficio 1424, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el que le solicitó que procediera a la cancelación del gravamen, sobre la parte alícuota propiedad de la demandada, del inmueble con domicilio en Alfredo Elizondo número exterior 371 trescientos setenta y uno, colonia Obrera, del Municipio y Distrito de Morelia, que se registra en el número 69 sesenta y nueve, del tomo 2155 dos mil ciento cincuenta y cinco, de fecha uno de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, inscrito el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, bajo el número de registro 16 dieciséis, del tomo 8463 ocho mil cuatrocientos sesenta y tres, correspondiente al Distrito de Morelia; por lo que la cancelación de la inscripción del embargo correspondiente quedo registrada bajo el número 2155, del registro 69, propiedad 1 uno de esta ciudad de Morelia; de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria emitida en el presente asunto. Finalmente, una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, y autorizado el acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte, que feneció el término de cinco días de que disponía el quejoso, ****, para desahogar la prevención formulada en proveído del nueve de agosto del año en curso, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el oficio número 4761/2022, suscrito por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta capital, que contiene inserto el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se declaró firme el diverso proveído del siete de julio del mismo año, en el cual dicho Tribunal Colegiado declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta capital, misma que registró bajo el número de amparo directo penal 140/2022, de su índice; asimismo, acompaña el toca de apelación XI-31/2022 y un disco compacto. Con el toca de apelación, y disco compacto, fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obren los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y ello, las cuales se ordena conservarlas por separado. Es aplicable la tesis I.3o.C.104 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342, del Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 162800, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO. En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Por tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio; acúsese el recibo de estilo. Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 855/2022-V. Ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que se harán acreedores los quejosos que al formular su demanda de amparo afirmen hechos falsos u omitan los que les consten, con apoyo en los numerales 108, fracción V y 114, fracción II y IV, de la Ley de la Materia, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: Formule la protesta de ley a que se contrae la fracción V, del precepto 108 del ordenamiento jurídico en consulta, toda vez que al respecto fue omiso. En razón a que la protesta de decir verdad debe formularla respecto de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues la finalidad de ésta es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de la Materia, que señala que cuando algún quejoso o su abogado autorizado o ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda admiten hechos falsos u omitan los que le consten, en relación con el acto reclamado, se harán acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización, adquiriendo con ello la responsabilidad que conlleva su manifestación, dadas las consecuencias legales que de dicha protesta pudieran derivarse; por lo que si lo aseverado por los quejosos, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, serán sancionados. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la tesis número P./J. 127/99, consultable en la página 32, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación acargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Así como la tesis I.7o.A.100 K, visible en la página 990, tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Y la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Asimismo, se le requiere para que en el término antes otorgado, manifieste lo siguiente: Precise si solicita la suspensión del acto reclamado, en atención a que del contenido de la demanda no se advierte esa circunstancia; sin embargo, en el último párrafo de su libelo de garantías manifiesta: "pedir a las responsables sus informes previos y justificados" Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la tesis visible en la página 848 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ADMISIÓN NO SE REQUIERE QUE EL QUEJOSO SEÑALE EL CAPÍTULO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 116 de la Ley de Amparo es claro al señalar los requisitos que debe reunir la demanda de garantías, entre los cuales no figura el consistente en que el quejoso indique el capítulo correspondiente a la suspensión del acto reclamado; de ahí, que al no existir señalamiento alguno al respecto, no es motivo para que el Juez de Distrito, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevenga al promovente para que satisfaga ese aspecto con el apercibimiento que de no hacer la aclaración respectiva se tenga por no interpuesta la demanda de amparo y ante el incumplimiento del quejoso, haga efectivo dicho apercibimiento; pues en todo caso, ante la falta de solicitud de la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia únicamente afecta al peticionario de garantías, en el sentido de que el incidente correspondiente no se tramitará; además la solicitud de la medida suspensional puede ser realizada por el quejoso en cualquier momento del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoria, de conformidad al artículo 141 del ordenamiento legal en cita.". Así como la diversa tesis, aplicada por identidad de razón, visible en la página 522, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente al mes de Noviembre de 1998, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. ES INDEBIDO TENERLA POR NO INTERPUESTA, SI LA PREVENCIÓN QUE SE INCUMPLE SE RELACIONA CON LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se llega al conocimiento de que sólo es permisible tener por no interpuesta la demanda, cuando la prevención se relacione con la omisión o imprecisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 de la ley antes invocada, o que no se exhiban las copias reglamentarias, pero si se trata de prevención relacionada con la suspensión del acto reclamado, su incumplimiento no puede ser motivo para tener por no interpuesta la demanda de garantías, sino en todo caso, sólo a no dar trámite a la suspensión solicitada." . Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el requerimiento formulado en el inciso 1) que antecede, en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo; y de no cumplir con el diverso requerimiento realizado en el inciso 2), se proveerá, de ser procedente, a la admisión de su demanda sin tramitar incidente de suspensión. En la inteligencia de que se deberán anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para la autoridad señalada como responsable, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y una para la tercero interesada, las cuales dan un total de tres copias, salvo el caso de que lo haga por la vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle Álvaro Obregón número 56 interior 6, de la Colonia Centro, de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, autorizando únicamente para tal efecto a Armando Lica Yáñez, Carlos Alberto García Cortez, Patricia Licea Lugo y/o Ma. de los Ángeles Madrigal Ortega, pues en esos términos fueron autorizados, asimismo, para que reciban documentos, y obtengan fotografías. Por otro lado, por lo que respecta al correo electrónico que proporciona, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que estos medios de comunicación son únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "patricialicea", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en virtud de que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento del referido ocursante, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, por lo que respecta al correo electrónico defensoriadeltrabajadormorelia@hotmail.com, se le tendrá únicamente como medio de contacto, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente, en términos del artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/20202 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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