Ricardo Lozada Carrillo

Expediente 557/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
557/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
08/07/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Lozada Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    II. , Estado de México; ocho de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 96 a la 102), donde se desechó la demanda motivo del presente asunto. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, archívese este expediente como asunto concluido, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El juicio de amparo es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XXI). 2. Por lo que hace al cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII), del Acuerdo citado y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II. Se hace efectivo el aperbimiento a la parte quejosa y se le notifica por medio de lista el auto de ocho de los corrientes que es del tenors siguiente: Estado de México; ocho de julio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 96 a la 102), donde se desechó la demanda motivo del presente asunto. Por ende, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes. Expuesto lo anterior, archívese este expediente como asunto concluido, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El juicio de amparo es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el Punto Vigésimo Primero, inciso I), en relación con el Segundo, inciso XXI). 2. Por lo que hace al cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el Punto Segundo, inciso XVIII), del Acuerdo citado y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual transcribe el proveído de seis de junio anterior, dictado en el juicio de amparo directo 259/2016, de su índice estadístico, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, remite el juicio de amparo 557/2016-II, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional. SE AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y acúsese recibo. SE ACATA COMPETENCIA. Ahora, en atención a lo establecido en diverso proveído de veintitrés de mayo del año en curso por el Tribunal de alzada, en el juicio de amparo directo 259/2016, de su índice estadístico, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 33, fracción IV y 35 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se acata la competencia decretada para conocer del asunto en cuestión; acúsese recibo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, del contenido siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte agraviada señaló como acto reclamado: - La resolución dictada el once de marzo de dos mil dieciséis, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó al magistrado de la sala regional reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo admisorio de la demanda de ocho de junio de dos mil quince, con la finalidad de que se recabe uno de los medios de prueba ofrecidos por el actor y, hecho lo anterior, se continúe con el desenvolvimiento del juicio en todas sus etapas a fin de emitir sentencia que se sujete a las exigencias legales y constitucionales que correspondan. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo este último aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en su dispositivo 107, fracción III, inciso b), el cual establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan" Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y el Pleno del más alto tribunal de la república emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." A su vez, el Pleno de nuestro máximo tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se colige el acto reclamado consiste en la resolución dictada el once de marzo de dos mil dieciséis, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó al magistrado de la sala regional reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo admisorio de la demanda de ocho de junio de dos mil quince, con la finalidad de que se recabe uno de los medios de prueba ofrecidos por el actor y, hecho lo anterior, se continúe con el desenvolvimiento del juicio en todas sus etapas a fin de emitir sentencia que se sujete a las exigencias legales y constitucionales que correspondan. Bajo ese tenor, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado que en la especie son: 1. El cuatro de junio de dos mil quince, el quejoso presentó demanda ante la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, contra la invalidez de la resolución número IGISPEM/DR/SAPA/0171/2014, emitida el veintinueve de abril de dos mil quince. 2. Posteriormente, la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, resolvió el asunto en contra del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, declarando la invalidez del acto combatido, resolución que impugnó mediante recurso de revisión. 3. La Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, dictó resolución el once de marzo de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde se revoca la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil quince, por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 485/2015 y se ordena la reposición del procedimiento, toda vez que no se tuvo a la vista la prueba ofrecida por la parte actora en su escrito de demanda. Acto reclamado que se combate en esta vía constitucional. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que la resolución mediante la cual se revocó la diversa de diez de noviembre de dos mil quince y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de recabar y tener a la vista al momento de resolver en definitiva, la prueba ofrecida por el actor en su escrito inicial de demanda, esto no determina que se dicte sentencia en su contra, o que imposibilite que obtenga resolución favorable o bien, se resuelva de manera desfavorable a sus intereses, ni afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, no le genera un agravio en sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación. En ese contexto, el Juez responsable resolvió el once de marzo de dos mil dieciséis, el recurso de revisión hecho valer por el ahora quejoso contra la sentencia de diez de noviembre de dos mil quince, ordenando se repusiera el proceso a efecto de recabar el medio de convicción ofrecido por la parte actora en su escrito inicial de demanda y lo tuviera a la vista al momento de resolver en definitiva el asunto; razón por la cual no se trata de actos de imposible reparación, pues únicamente son violaciones procesales que podrá hacer valer el quejoso, en su caso, cuando combata la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, debe decirse que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ello en atención a que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, establece que la vía de amparo indirecto que intenta el accionante del amparo, se encuentra reservada a combatir aquellos actos produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Corolario a lo anterior, tal como lo establece el artículo 172 de la Ley de Amparo invocado, tales violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues existe la posibilidad de que una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio natural, se podría hacer valer tal situación como una violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.C. J/18, visible en la página 732, Tomo V, Segunda Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, Materia Común, cuyo respectivo tenor es: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por ello, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Ricardo Lozada Carrillo, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del artículo 112, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    II)( aviso parte quejosa) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual transcribe el proveído de seis de junio anterior, dictado en el juicio de amparo directo 259/2016, de su índice estadístico, mediante el cual, en atención a la solicitud formulada en proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, remite el juicio de amparo 557/2016-II, del índice estadístico de este órgano jurisdiccional. SE AGREGA OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y acúsese recibo. SE ACATA COMPETENCIA. Ahora, en atención a lo establecido en diverso proveído de veintitrés de mayo del año en curso por el Tribunal de alzada, en el juicio de amparo directo 259/2016, de su índice estadístico, con apoyo en lo dispuesto en los numerales 33, fracción IV y 35 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se acata la competencia decretada para conocer del asunto en cuestión; acúsese recibo. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, del contenido siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte agraviada señaló como acto reclamado: - La resolución dictada el once de marzo de dos mil dieciséis, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó al magistrado de la sala regional reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo admisorio de la demanda de ocho de junio de dos mil quince, con la finalidad de que se recabe uno de los medios de prueba ofrecidos por el actor y, hecho lo anterior, se continúe con el desenvolvimiento del juicio en todas sus etapas a fin de emitir sentencia que se sujete a las exigencias legales y constitucionales que correspondan. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el presente caso, este resolutor federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, de la Ley de Amparo este último aplicado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en perjuicio del quejoso algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en su dispositivo 107, fracción III, inciso b), el cual establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan" Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los llamados derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio, cuando se trate de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a cómo se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Y por imposible reparación, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 144, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, definió lo siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), "CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Y el Pleno del más alto tribunal de la república emitió la jurisprudencia consultable en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." A su vez, el Pleno de nuestro máximo tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. Expuesto lo anterior, se colige el acto reclamado consiste en la resolución dictada el once de marzo de dos mil dieciséis, por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó al magistrado de la sala regional reponer el procedimiento a partir de la emisión del acuerdo admisorio de la demanda de ocho de junio de dos mil quince, con la finalidad de que se recabe uno de los medios de prueba ofrecidos por el actor y, hecho lo anterior, se continúe con el desenvolvimiento del juicio en todas sus etapas a fin de emitir sentencia que se sujete a las exigencias legales y constitucionales que correspondan. Bajo ese tenor, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado que en la especie son: 1. El cuatro de junio de dos mil quince, el quejoso presentó demanda ante la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, contra la invalidez de la resolución número IGISPEM/DR/SAPA/0171/2014, emitida el veintinueve de abril de dos mil quince. 2. Posteriormente, la Séptima Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, resolvió el asunto en contra del Consejo Directivo de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, declarando la invalidez del acto combatido, resolución que impugnó mediante recurso de revisión. 3. La Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, dictó resolución el once de marzo de dos mil dieciséis, en el recurso de revisión 1807/2015 y 1846/2015 acumulados, donde se revoca la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil quince, por el Magistrado de la Primera Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 485/2015 y se ordena la reposición del procedimiento, toda vez que no se tuvo a la vista la prueba ofrecida por la parte actora en su escrito de demanda. Acto reclamado que se combate en esta vía constitucional. Ahora, bajo la premisa que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; y en el caso a estudio, el acto que se impugna no reúne esa característica, pues la determinación tomada, es un acto procesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que la resolución mediante la cual se revocó la diversa de diez de noviembre de dos mil quince y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de recabar y tener a la vista al momento de resolver en definitiva, la prueba ofrecida por el actor en su escrito inicial de demanda, esto no determina que se dicte sentencia en su contra, o que imposibilite que obtenga resolución favorable o bien, se resuelva de manera desfavorable a sus intereses, ni afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por las garantías individuales, como la vida, la libertad, propiedad, posesión o cualquier otro de ese tipo, sino que, en todo caso, se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal y el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación. Es decir, no le genera un agravio en sus derechos sustantivos; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación. En ese contexto, el Juez responsable resolvió el once de marzo de dos mil dieciséis, el recurso de revisión hecho valer por el ahora quejoso contra la sentencia de diez de noviembre de dos mil quince, ordenando se repusiera el proceso a efecto de recabar el medio de convicción ofrecido por la parte actora en su escrito inicial de demanda y lo tuviera a la vista al momento de resolver en definitiva el asunto; razón por la cual no se trata de actos de imposible reparación, pues únicamente son violaciones procesales que podrá hacer valer el quejoso, en su caso, cuando combata la sentencia definitiva. Aunado a lo anterior, debe decirse que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pudiera calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ello en atención a que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, establece que la vía de amparo indirecto que intenta el accionante del amparo, se encuentra reservada a combatir aquellos actos produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Corolario a lo anterior, tal como lo establece el artículo 172 de la Ley de Amparo invocado, tales violaciones son impugnables mediante el amparo directo, pues existe la posibilidad de que una vez dictada la sentencia definitiva en el juicio natural, se podría hacer valer tal situación como una violación procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.C. J/18, visible en la página 732, Tomo V, Segunda Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, Materia Común, cuyo respectivo tenor es: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por ello, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por Ricardo Lozada Carrillo, contra actos de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, en términos del artículo 112, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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