Ricardo Jurado Martínez
Expediente 1290/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/06/2019
Partes del expediente
- Ricardo Jurado Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinte de junio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero, del acuerdo general conjunto de referencia, cuyo contenido es: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) IV. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional, de los cuales se conservará en todos los casos la demanda y la sentencia respectivas; (...)" Lo anterior, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero de dicho Acuerdo), lo anterior, pues se concedió la suspensión provisional y definitiva. El cuaderno del duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (hipótesis prevista en el punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo en mención). Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal, razón por la cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; veintitrés de mayo de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de ocho de mayo de la presente anualidad; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Ricardo Jurado Martínez, por conducto de su defensor público José Luis Guadalupe Cortez, contra el acto consistente en: El auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 26/2011-II, instaurada en contra del quejoso, en el cual se pronunció respecto a dos solicitudes, una formulada por el defensor público de Ricardo Jurado Martínez atinente a un incidente no especificado para conceder el sobreseimiento por extinción de la pena privativa de libertad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de contra la salud y un delito de robo de vehículos, por exceso de tiempo en la prisión preventiva; y otra, por lo que hace a diverso procesado, relativa a un incidente no especificado para concederle la libertad en la comisión del delito de delincuencia organizada, por exceso de tiempo en la prisión preventiva; determinando de manera conjunta que no había lugar acordar de conformidad tales solicitudes. Mediante sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Jurado Martínez, en contra del acto y autoridad señalados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el diverso quinto y para los efectos precisados en el considerado final de esta resolución." Resolución que fue impugnada por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, el cual por razón de turno tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en Turno, registrándolo con el número de revisión 386/2018. Tribunal Colegiado que mediante testimonio recibido el once de diciembre del dos mil dieciocho, determinó confirmar la sentencia recurrida; por lo que a través de proveído de doce de los corrientes, se requirió el cumplimiento al juez responsable. La concesión del amparo fue para los efectos de que el juez responsable: "a) Dejar sin efectos el auto reclamado, y b) Prevenir a la defensa e incluso al directo quejoso Ricardo Jurado Martínez, para que en el plazo legal que establece la ley que rige el procedimiento, aclaren su petición, haciéndoles saber que deberán precisar si lo que pretenden es tramitar un incidente de sobreseimiento por extinción de la pena privativa de libertad, por exceso de tiempo en la prisión preventiva; o bien, un incidente no especificado para que se conceda la libertad del quejoso Ricardo Jurado Martínez, por exceso de tiempo en la prisión preventiva aunque continúe el proceso, con los apercibimientos legales que estime conducentes. c) Hecho lo cual y una vez desahogada dicha prevención, con plenitud de jurisdicción resuelva conforme a derecho corresponda, teniendo en cuenta las consideraciones de este fallo. En el entendido que esta sentencia se tendrá por cumplida una vez que la responsable realice lo anterior en términos de esta sentencia, sin que sea objeto de tutela el sentido de la determinación que adopte una vez desahogada la prevención." Así las cosas mediante oficio recibido el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, hizo del conocimiento que mediante auto de catorce de ese mes y año, dejo sin efectos el auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 26/2011-II, instaurada en contra del quejoso; únicamente en lo que refería al "incidente no especificado para que se conceda el sobreseimiento por extinción de la pena privativa de la libertad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito contra la salud y un delito de robo de vehículos, por exceso de tiempo en la prisión preventiva", promovido por el defensor público federal José Luis Guadalupe Cortes, a favor del aquí quejoso. Asimismo, previnó a la defensa, para que dentro del plazo de diez días, aclarara su petición, en los términos del apartado b) de los efectos de la ejecutoria de amparo: "b) Prevenir a la defensa e incluso al directo quejoso Ricardo Jurado Martínez, para que en el plazo legal que establece la ley que rige el procedimiento, aclaren su petición, haciéndoles saber que deberán precisar si lo que pretenden es tramitar un incidente de sobreseimiento por extinción de la pena privativa de libertad, por exceso de tiempo en la prisión preventiva; o bien, un incidente no especificado para que se conceda la libertad del quejoso Ricardo Jurado Martínez, por exceso de tiempo en la prisión preventiva aunque continúe el proceso, con los apercibimientos legales que estime conducentes. Acto continuo, mediante oficio recibido el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el juez responsable, hizo del conocimiento que el defensor del aquí quejoso, desahogó la prevención formulada el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que precisó que el incidente no especificado planteado a favor de su defendido lo era para que se le conceda la libertad por exceso de tiempo en la prisión preventiva, por lo que dicho órgano jurisdiccional ordenó notificar mediante exhorto dichas manifestaciones al quejoso. En tanto que una vez notificado el quejoso Ricardo Jurado Martínez, se adhirió a lo manifestado por su defensor, por lo que se tuvo por planteado el incidente no especificado para que se le concediera la libertad por exceso de tiempo en la prisión preventiva. Previa secuela procesal del incidente no especificado para que se le concediera la libertad por exceso de tiempo en la prisión preventiva, y previas manifestaciones vertidas por el juez responsable tendentes a dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio recibido el siete de mayo de dos mil diecinueve, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, remitió copia certificada de la resolución dictada en el incidente citado, dando así total cumplimiento a los efectos asentados en la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues tal actuar del juez responsable cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para lo cual remite copia certificada de la resolución de seis de los corrientes En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio suscrito por la autoridad oficiante, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibidas que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VII. Toluca, Estado de México; veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por el cual hace del conocimiento su proveído de veintidós de abril del presente año, en el que se evidencia que se fijaron las nueve horas con quince minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia relativa al incidente no especificado; y una vez desahogada emitirá la resolución que a derecho corresponda; y con ello dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales consideraciones, agréguese a los autos, téngase por hechas las gestiones atinentes para dar cumplimiento y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable de total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
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