Ricardo Loredo Medellín

Expediente 499/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
499/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Loredo Medellín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, y en atención al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, que desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo; sin que lo haya hecho valer. Causa estado. Por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo y anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído en el que se desechó la demanda de amparo, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse, aunado a que no obran documentos originales allegados por la quejosa. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 20 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del citado expediente principal. Anotación de valoración documental y fecha de archivo en carátula de expediente. Inscríbase tales datos, así como la fecha de este acuerdo en la carátula del citado expediente, en observancia a lo dispuesto en el artículo 34, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado. Notifíquese.

  2. Principal

    Escrito signado por********************. Desechamiento de demanda. Al efecto, se acuerda: Téngase recibido el escrito de cuenta signado por..mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos. 2. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precisión del acto reclamado. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 31/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del 43 Distrito, que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por el que se ordena girar oficio al...a fin de que se deje sin efectos la orden contenida en el diverso 1209/2021, dentro del término de diez días, a través del cual, en su momento, ordenó la retención de las cantidades que se generen de la producción de la caña de azúcar, relativas a la parcela ******************** con superficie de 6-26-82.30. En el caso, este juzgado determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; La fracción XXIII, del numeral 61, de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1. Los ejecutados fuera de juicio; y 2. Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, en tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo. Es así, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV, del precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior, lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190035, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Es oportuno indicar, que si bien el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Asimismo, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que existen casos de excepción a esa regla, pues el amparo también podrá solicitarse contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia cuando éstos gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia emitida en el juicio natural; esto es así, ya que la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que en un abuso del ejercicio del juicio de amparo se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Además, cabe agregar, que como los procedimientos de ejecución de sentencia tienen como propósito dar cumplimiento a lo condenado, el párrafo segundo de la fracción en análisis también limita la procedencia del juicio de garantías a la resolución o determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia, por regla general, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la resolución definitiva antes referida. Ilustra lo dicho, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. De igual modo, apoya a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ahora, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el acto reclamado en la presente vía constitucional, lo constituye la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 31/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del 43 Distrito, que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por el que se ordena girar oficio al ********************, a fin de que se deje sin efectos la orden contenida en el diverso 1209/2021, dentro del término de diez días, a través del cual, en su momento, ordenó la retención de las cantidades que se generen de la producción de la caña de azúcar, relativas a la parcela ******************** con superficie de 6-26-82.30. Asentado lo anterior, se concluye que el acto reclamado se encuentra íntimamente vinculado con la ejecución de la sentencia, pues la pretensión del - aquí- quejoso es dejar sin efectos actos efectuados dentro y/o en cumplimiento de la ejecución de sentencia, por tanto, tal mandato no constituye la última resolución de la fase de ejecución del juicio agrario en mención, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Extremo anterior que se ve robustecido por el arábigo 191 de la Ley Agraria, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 191. Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo". En ese orden, es de precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda, no se aprecia que en el expediente 31/2020 del índice de la autoridad responsable, se haya emitido la última resolución, es decir, que aún no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de siete de noviembre del año en curso que dice:"Escrito signado por********************. Desechamiento de demanda. Al efecto, se acuerda: Téngase recibido el escrito de cuenta signado por..mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en autos. 2. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Precisión del acto reclamado. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 31/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del 43 Distrito, que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por el que se ordena girar oficio al...a fin de que se deje sin efectos la orden contenida en el diverso 1209/2021, dentro del término de diez días, a través del cual, en su momento, ordenó la retención de las cantidades que se generen de la producción de la caña de azúcar, relativas a la parcela ******************** con superficie de 6-26-82.30. En el caso, este juzgado determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del arábigo 61, en relación con el dispositivo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; La fracción XXIII, del numeral 61, de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso ordinal 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1. Los ejecutados fuera de juicio; y 2. Los ejecutados después de concluido. Ahora, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, en tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución, que es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo. Es así, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV, del precepto 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior, lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190035, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Es oportuno indicar, que si bien el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Asimismo, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia ha señalado que existen casos de excepción a esa regla, pues el amparo también podrá solicitarse contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia cuando éstos gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia emitida en el juicio natural; esto es así, ya que la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que en un abuso del ejercicio del juicio de amparo se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Además, cabe agregar, que como los procedimientos de ejecución de sentencia tienen como propósito dar cumplimiento a lo condenado, el párrafo segundo de la fracción en análisis también limita la procedencia del juicio de garantías a la resolución o determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de ejecución de sentencia, por regla general, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la resolución definitiva antes referida. Ilustra lo dicho, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. De igual modo, apoya a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. Ahora, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el acto reclamado en la presente vía constitucional, lo constituye la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 31/2020 del índice del Tribunal Unitario Agrario del 43 Distrito, que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por el que se ordena girar oficio al ********************, a fin de que se deje sin efectos la orden contenida en el diverso 1209/2021, dentro del término de diez días, a través del cual, en su momento, ordenó la retención de las cantidades que se generen de la producción de la caña de azúcar, relativas a la parcela ******************** con superficie de 6-26-82.30. Asentado lo anterior, se concluye que el acto reclamado se encuentra íntimamente vinculado con la ejecución de la sentencia, pues la pretensión del - aquí- quejoso es dejar sin efectos actos efectuados dentro y/o en cumplimiento de la ejecución de sentencia, por tanto, tal mandato no constituye la última resolución de la fase de ejecución del juicio agrario en mención, puesto que por tal debe entenderse la que aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de la sentencia, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Extremo anterior que se ve robustecido por el arábigo 191 de la Ley Agraria, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 191. Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo". En ese orden, es de precisarse que de la lectura integral del escrito de demanda, no se aprecia que en el expediente 31/2020 del índice de la autoridad responsable, se haya emitido la última resolución, es decir, que aún no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del dispositivo 107, ambos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese; personalmente al promovente."

  4. Principal

    1. Escrito signado por ...designación de autorizados 2. Escrito signado por.... 3. Subsiste prevención. Al efecto se acuerda: 1. Agréguese a los autos el primero de los escritos de... atento a su contenido, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Juan Piña Maldonado y Martín Rivera Camacho, al contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. 2. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el diverso ocurso signado por Ricardo Loredo Medellín, únicamente para que obre como corresponda, subsistiendo el requerimiento y apercibimiento contenidos en el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés. 3. Lo anterior es así, toda vez que en el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, se requirió a...para que dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de dicho auto, cumpliera con lo siguiente: "Tercero interesado. 1. Indique el nombre y domicilio de la parte actora y demandada en el expediente 31/2020, quienes de ser el caso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, tienen el carácter de terceros interesados. Amplíe los antecedentes del acto reclamado: 1. De manera cronológica, sucinta y ordenada, manifieste los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, en relación al expediente 31/2020. 2. Precise el carácter que tiene reconocido en la controversia agraria 31/2020, y la acción que se controvierte en ese expediente. 3. Precise el sentido de la sentencia dictada en el expediente 31/2020, toda vez que refiere que el mismo se encuentra en ejecución. 4. Señale el estado procesal que guarda actualmente el expediente 31/2020." En efecto, el quejoso Ricardo Loredo Medellín, a través del ocurso de mérito, pretende cumplir el requerimiento de que se trata, pues precisa el nombre de la parte actora y demandada en el juicio de origen, señala a quién le recae el carácter de tercera interesada, el carácter que el propio quejoso tiene en ese asunto, la acción intentada, el sentido de la sentencia y su etapa procesal. Sin embargo, en el escrito de cuenta, es omiso en precisar de manera cronológica, sucinta y ordenada, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, tal como se le requirió en el punto número uno del acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés; pues la ampliación de antecedentes en su ocurso se realiza de forma ambigua, ya que no es posible establecer las temporalidades de las actuaciones que refiere, se contienen en el expediente 31/2020; como lo es el caso de la sentencia que alude se pretende ejecutar en ese expediente agrario, pues en la segunda página de su escrito dice que fue dictada el veintidós de agosto de dos mil veintidós y en la tercera página el veinticinco de agosto de dos mil veintidós; esto es: De manera cronológica, sucinta y ordenada, manifieste los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, en relación al expediente 31/2020." En consecuencia, subsiste el requerimiento y apercibimiento contenidos en el acuerdo de que se trata. En la inteligencia de que conforme con la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el término concedido para ese efecto, toda vez que el escrito que se provee fue presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el once de octubre de dos mil veintitrés, y el término comprende del once al dieciocho de octubre del año en curso, por lo que, el plazo de que se trata se interrumpió en dicha fecha y continuará nuevamente una vez que surta efectos la notificación de este proveído, restando cinco días para el desahogo de la prevención de tres de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano