Ricardo Guevara Elizalde

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
11/08/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Torres Solís y Otros.
  • Ricardo Guevara Elizalde
  • Ricardo Guevara Elizalde y Otros.
  • Carlos Alfredo Guevara Elizalde y Otros.
  • Dirección de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con el 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener: "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado", este órgano jurisdiccional procede a precisar el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se precisa como actos reclamados los siguientes: La ilegal privación de la libertad de los quejosos TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación en el Estado con sede en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 31), sin prueba en contrario; motivo por el cual, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305 del Apéndice de 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II Procesal Constitucional, Común, Sexta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, fue omisa en rendir el informe justificado que se le solicitó, no obstante de encontrarse debidamente notificado de los oficios mediante los cuales se le requirió (foja 52 y 53); por tanto, con apoyo en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a la indicada autoridad. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. En el caso, respecto al acto reclamado por los impetrantes de la tutela constitucional ..., consistentes en la ilegal privación de la libertad realizada en su contra, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo al quejoso, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola penetrado, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, al rendir el informe relativo a la suspensión de plano, manifestó que respecto a tales actos, éstos eran ciertos pues el día ocho de junio de dos mil veintiuno, se había llevado a cabo la detención de los quejosos .., por faltas administrativas al Bando de Policía y gobierno de Ciudad Valles, los que en la misma data obtuvieron su libertad al haber pagado la multa; lo que quedó demostrado con las pruebas documentales que acompañó el citado Director de la citada corporación policíaca (fojas 34, 35 y 36). Lo que además se corrobora con la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, el ocho de junio del año en curso, en la que asentó que se constituyó en la instalaciones de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de este municipio, fue atendida por ..., a quien le requirió por la presencia de los disidentes, quien le mencionó que en esa fecha obtuvieron su libertad y especifico que .., a las catorce horas con ocho minutos, .., a las catorce horas con tres minutos y .., a las trece horas con cincuenta y ocho minutos, de lo cual tomó placas fotográficas del libro de registro con el que cuentan en esa dependencia, en las que se aprecia tal circunstancia. Documentales que cuentan con valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, toda vez que la privación de la libertad de que fueron objeto los quejosos, al haber sido detenidos por los elementos policiacos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en esta ciudad, dejo de tener efectos en virtud de que al haber pagado la multa administrativa por las faltas administrativa cometidas, los peticionarios del amparo alcanzaron su libertad; por tanto, resulta ocioso examinar la constitucionalidad de la detención que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Respecto al diverso quejoso ..., al rendir el informe respecto a la suspensión de plano solicitado al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, informó que a las diez horas con diez minutos del ocho de junio de dos mil veinte, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común con Detenidos con sede en esta ciudad, por haber cometido una conducta en apariencia de delito. De igual modo, lo anterior se robustece con la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, el ocho de junio del año en curso, en la que asentó que se constituyó en la instalaciones de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal de este municipio, en donde fue atendida por ..., a quien una vez que le requirió por la presencia del quejoso ..., le informó que en esa fecha a las nueve horas con cuarenta y seis minutos, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición de la licenciada ..., agente Fiscal Adscrita a la Unidad de Investigación y Tramitación Especializada en Delitos de Trámite Común. En esa tesitura, se advierte que respecto a la privación de la libertad reclamada por ..., ha operado un cambio de situación jurídica, pues como se dijo, éste se hizo consistir en la ilegal detención y al haberse puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Trámite Común con Detenidos con sede en esta ciudad, se actualiza con ello la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; de ahí que, las violaciones reclamadas deben considerarse consumadas de manera irreparable, lo que impide analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la orden de privación de libertad reclamada al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad, sin afectar el nuevo estado legal del quejoso, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con apoyo además en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Apoya la anterior conclusión por las razones que la informan la jurisprudencia 398, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 419, tomo II, Procesal Constitucional 1, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Sin que sea obstáculo a la anterior determinación el que se hayan tomado en consideración las manifestaciones contenidas en el informe rendido con motivo de la suspensión de plano concedida en este asunto, así como las documentales que anexó la responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sede en esta ciudad a dicho informe, toda vez que ello no impide en todo caso valorarlas, sobre todo si de su contenido aparecen datos relevantes en la actualización de las causas de improcedencia en estudio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 265/2021-I-A, promovido ..., en contra del acto reclamado precisado en el considerando segundo, respecto de las autoridades responsables señaladas en el resultando primero de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Téngase recibido el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos, mismos que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido en proveído de diez de junio del año en curso, a las autoridades responsables Dirección de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y Encargado de la Subdirección de Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que rindan el informe justificado solicitado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por tanto, para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del veintiuno de julio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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