Ricardo López Rojo
Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ricardo López Rojo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el actuario manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al tercero interesado, la sentencia dictada en autos; en consecuencia, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el citado auto, este acuerdo y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LSA SENTENCA CON FECHA DE ENGROSE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SEÑALA: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 742/2022, promovido por ., contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de un acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Previa remisión y aclaración, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la demanda; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó el emplazamiento al tercero interesado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este juzgado de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, es necesario precisar los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto en la demanda. En ese sentido, la parte quejosa reclama la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, misma que resolvió el recurso de apelación ., del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por la que se modificó el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil ., del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Resolución por la que se decreta el embargo de los bienes de la parte demandada en la reconvención, los cuales fueron inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte y que se encuentran en depósito del actor reconvenido, esto hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y al Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dado que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, además por así desprenderse de las constancias que remitieron a este Juzgado. Medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. 1. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, . demandó en la vía ordinaria civil a ., de quien reclamó diversas prestaciones, mismo que seguido en todas sus etapas, se procedió al dictado de la sentencia correspondiente el cuatro de octubre de dos mil dieciocho. 2. Inconforme con la sentencia del juicio de origen, . interpuso recurso de apelación6, el cual fue radicado con el número ., del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y resuelto el veinte de febrero de dos mil diecinueve, modificando la sentencia definitiva apelada para quedar como sigue: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la que la parte actora . no acreditó la procedencia de la acción y el demandado ., opuso sus excepciones y defensas en consecuencia; SEGUNDO. Se absuelve al demandado ., de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. TERCERO. En cuanto a la reconvención intentada resultó parcialmente procedente en consecuencia; CUARTO. Se condena a . a la rescisión del Contrato Privado de Compraventa de primero de Junio de dos mil trece, celebrado entre . en calidad de Comprador y el C. . en calidad de Vendedor, respecto del bien inmueble y Casa construida ubicada en ... QUINTO. Se condena a . a desocupar el bien inmueble y casa construida ubicada en . y como consecuencia la entrega física y material de dicho inmueble a favor de . SEXTO. Se condena a . a pagar a . o a quien mis derechos represente, la pena convencional pactada en la Cláusula Sexta del contrato de compraventa base de esta acción reconvencional, consistente en la cantidad de ., lo que deberá de hacer en el términos de cinco días una vez que la presente resolución cause ejecutoria. SÉPTIMO. Se absuelve al demandado . de la prestación marcada con la letra E), toda vez que del contrato base de la acción no se desprende que las partes hayan pactado el pago de los servicios. OCTAVO. Se condena a . a pagar a . o a quien mis derechos represente, la cantidad que resulte por concepto de rentas mensuales a partir del día primero de junio del dos mil trece, hasta el día en que entregue la posesión física y material del inmueble materia de la compraventa, por el uso y disfrute que el demandado reconvenido ha hecho sobre el bien inmueble objeto del contrato celebrado, lo que deberá de realizarse en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo, a juicio de perito. NOVENO. Se absuelve al . de la prestación marcada con la letra G) del escrito de la reconvención, toda vez que en el presente asunto resulto procedente la rescisión del contrato. DÉCIMO. Se condena a . a pagar a . o a quien mis derechos represente, la cantidad de . por corresponder ésta al . que se pactó sobre la cantidad de . por concepto de interés derivado del punto 4 (Cuatro), de la cláusula segunda del contrato base de la acción. Lo que deberá hacer en la etapa de ejecución mediante incidente respectivo. DÉCIMO PRIMERO. Se condena a . a entregar a . la cantidad de ., más los intereses legales, los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del mes de enero de dos mil dieciséis, fecha en la que la parte compradora efectuó el último pago, cantidad que deberá entregar en un término de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en consecuencia y conforme a derecho, dentro de la citada cantidad quedan comprendidos los vehículos que entregó . a ., según lo expuesto en esta sentencia. DÉCIMO SEGUNDO. No se hace condena en gastos y costas en el presente juicio. DÉCIMO TERCERO. Notifíquese." La anterior determinación quedó firme por ministerio de ley el veintidós de abril de dos mil diecinueve. 3. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a solicitud de ., se requirió a ., el cumplimiento voluntario del resolutivo quinto de la sentencia definitiva; acuerdo que fue notificado al segundo de los mencionados el veintiocho de mayo de esa anualidad. 4. Por auto de doce de octubre de dos mil veinte, el Juez de origen, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, ordenando la ejecución forzosa del punto quinto de la sentencia definitiva, esto es, la desocupación y entrega del inmueble litigioso. 5. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, pretendió llevar a cabo la ejecución forzosa del resolutivo quinto de la sentencia definitiva, sin embargo, ello no fue posible dado que no se encontró al condenado. 6. El treinta de octubre de dos mil veinte, a solicitud de ., se requirió de nueva cuenta a ., para que en el acto de la diligencia, entregara a su contraparte o a quien representara sus derechos, la posesión del bien inmueble en litigio, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería al lanzamiento forzoso. 7. Por diligencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia ordenada ; sin embargo, . se opuso a la entrega del inmueble. 8. El once de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el lanzamiento de . del inmueble objeto del litigio, habilitando a la actuaria de la adscripción para que al momento de llevar a cabo la diligencia, realizara un inventario de los posibles muebles que pudieran quedarse dentro del predio y se pusieran en depósito de la persona que en su momento se designara. 9. El veinte de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento, y toda vez que al interior del inmueble no se encontró persona alguna, se procedió al inventario correspondiente y se designó como depositario a ., quien aceptó el cargo conferido y protestó su legal y fiel desempeño, poniéndolo de igual manera en posesión del bien. 10. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a ., con la solicitud de Ricardo López Rojo en el sentido de que se le realizara la entrega de los bienes muebles inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte. 11. Por escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, . desahogó la vista ordenada y solicitó se decretara la retención y/o embargo de los bienes que tenía en depósito, toda vez que existía sentencia condenatoria al pago de cantidad líquida en el punto resolutivo SEXTO. Petición que se reservó por auto de dieciocho de marzo de ese mismo año, hasta tener a la vista los autos principales, mismos que se encontraban en proceso de digitalización. 12. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se reservó escrito de ., por el que de nueva cuenta solicitó la entrega de bienes. 13. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se levantaron diversas reservas que obraban en autos, entre ellas, se acordó la promoción de ., y se tuvo por desahogada la vista ordenada, se tuvieron por realizadas sus manifestaciones y se determinó que no ha lugar a proveer de conformidad su petición de aseguramiento, toda vez que los bienes no se encontraban embargados ni secuestrados, por lo que se le requirió para que dentro del término de cinco días, permitiera su entrega, apercibido con multa en caso de no hacerlo así. 14. Inconforme con la anterior determinación, por escrito de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, . interpuso recurso de apelación, que fue radicado ante la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número de toca ., y que se resolvió por resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, modificando el auto recurrido, para en su lugar quedar de la siguiente manera: "CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Glósese a sus autos el expedientillo formado y visto que tiene reservadas diversas promociones se provee de la siguiente manera: Al ocurso presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, turnado el once de marzo de dos mil veintiuno a este Juzgado de la adscripción: Se tiene a ., demandado en el principal actor en la reconvención, desahogando la vista que se le mandó dar por proveído de fecha dos de marzo del año en curso que obra a foja 684 de los autos. Vistas sus manifestaciones y atento que hasta la presente fecha, el demandado en la reconvención ., no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la sentencia definitiva, en el sentido de pagar al actor de la reconvención ., la pena convencional a razón de ., pues han transcurrido en exceso los CINCO DÍAS que le fueron concedidos para ello; es por lo que en términos del artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al encontrarse el presente asunto en ejecución de sentencia, sin necesidad de previo requerimiento, se decreta el embargo de los bienes de la parte demandada en la reconvención, que fueron inventariados en la diligencia de 20 de noviembre de 2020, y que se encuentran en depósito del actor reconventor, hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria relativa al pago de cantidad líquida antes señalada. [.]" Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio. a) Hipótesis a demostrar En el caso, de oficio se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. b) Marco normativo El precepto 61, fracción XXIII, de la ley aplicable establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 107, fracción IV, de la misma legislación, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]" De los artículos transcritos, se aprecia que contra actos que se reclamen derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Bajo tales premisas, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse conjunta o separadamente. Este requisito persigue evitar abusos del amparo, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada, cuya ejecución es de orden público. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 , del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente establece: RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Dicho lo anterior, respecto de los actos en ejecución de sentencia, es indispensable distinguir entre los que se refieren a la ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución, radicando dicha diferencia en que los que gozan de autonomía, no tienden directamente a la ejecución de la sentencia, es decir, no son una consecuencia directa ni necesaria para poder lograr el cumplimiento. Al respecto, cabe precisar que el Pleno del Más Alto Tribunal en el País ha considerado que procede de manera excepcional el juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, aun cuando no se haya emitido la última resolución, en el supuesto de que el acto reclamado afecte directamente derechos sustantivos, si es que tal afectación no es consecuencia directa ni necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. c) Caso concreto En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo de esta anualidad, por la que se modificó el auto recurrido y en consecuencia, decretó el embargo de bienes de su propiedad que fueron inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte, y que se encuentran en depósito del actor reconvencionista, ello hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria relativa al pago de la cantidad líquida a que fue condenado. Lo anterior se dio como consecuencia de la falta de cumplimiento del demandado a lo sentenciado y ante la petición de su contraparte y con la única finalidad de garantizar el pago de la cantidad condenada. Por tanto, la orden de embargo que se reclama, es un acto que se encuentra dentro de la etapa de ejecución de sentencia tendente a hacer efectiva la cosa juzgada porque en la especie no se ha aperturado la etapa de remate, y aún cuando a la data ya se estuviera actuando en remate, el acto reclamado no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de ahí que no se ubique en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Admitir la impugnación del auto que ordena el embargo, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría a permitir la interrupción de la secuela ejecutiva de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil ., la cual fue emitida por un tribunal judicial, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Así, puede concluirse que el acto aquí reclamado constituye un acto parcial de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto, porque entorpecería la ejecución de la sentencia, más aún porque dicho precepto legal no prevé ninguna excepción a la regla genérica de la imposibilidad de reclamar violaciones procesales emitidas durante el periodo de ejecución tendientes a hacer efectiva la sentencia definitiva dictada en autos, la cual al constituir cosa juzgada, por ser de interés público, no debe ser obstruida en su cumplimiento. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que se produce sobre el derecho de propiedad del quejoso, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural en el que se le impuso una obligación de pago que a la fecha no ha cubierto y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, sin que ello implique prejuzgar respecto a la idoneidad del embargo decretado, pues la parte quejosa podrá impugnar al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que tendrá oportunidad de reclamar las violaciones suscitadas durante la fase ejecutiva, que estime lo hubiesen dejado sin defensa. d) Decisión En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio respecto del acto atribuido a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Dado el motivo de sobreseimiento que se actualizó, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, como conceptos de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, virtud a que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Apoya lo expuesto, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 73, 74, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ., contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto. Notifíquese como corresponda. Lo sentencia y firma ., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy trece de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 742/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre el de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló, el Juez invocó la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 742/2022, promovido por ..., contra actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de un acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Previa remisión y aclaración, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la demanda; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; se ordenó el emplazamiento al tercero interesado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo lugar previos diferimientos, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido en un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este juzgado de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto en la demanda. En ese sentido, la parte quejosa reclama la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, misma que resolvió el recurso de apelación ..., del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, por la que se modificó el auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Resolución por la que se decreta el embargo de los bienes de la parte demandada en la reconvención, los cuales fueron inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte y que se encuentran en depósito del actor reconvenido, esto hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y al Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, dado que así lo manifestaron al rendir su informe justificado, además por así desprenderse de las constancias que remitieron a este Juzgado. Medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo del artículo 2 de la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, ... demandó en la vía ordinaria civil a ..., de quien reclamó diversas prestaciones, mismo que seguido en todas sus etapas, se procedió al dictado de la sentencia correspondiente el cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Inconforme con la sentencia del juicio de origen, ... interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado con el número ..., del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y resuelto el veinte de febrero de dos mil diecinueve, modificando la sentencia definitiva apelada para quedar como sigue: "PRIMERO. Ha sido procedente la vía ORDINARIA CIVIL, en la que la parte actora ... no acreditó la procedencia de la acción y el demandado ..., opuso sus excepciones y defensas en consecuencia; SEGUNDO. Se absuelve al demandado ..., de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda. TERCERO. En cuanto a la reconvención intentada resultó parcialmente procedente en consecuencia; CUARTO. Se condena a ... a la rescisión del Contrato Privado de Compraventa de primero de Junio de dos mil trece, celebrado entre ... en calidad de Comprador y el C. ... en calidad de Vendedor, respecto del bien inmueble y Casa construida ubicada en ..., Cuidad de México. QUINTO. Se condena a ...a desocupar el bien inmueble y casa construida ubicada en ... y como consecuencia la entrega física y material de dicho inmueble a favor de ... . SEXTO. Se condena a ... a pagar a ... o a quien mis derechos represente, la pena convencional pactada en la Cláusula Sexta del contrato de compraventa base de esta acción reconvencional, consistente en la cantidad de $1´050,000.00 (Un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), lo que deberá de hacer en el términos de cinco días una vez que la presente resolución cause ejecutoria. SÉPTIMO. Se absuelve al demandado ... de la prestación marcada con la letra E), toda vez que del contrato base de la acción no se desprende que las partes hayan pactado el pago de los servicios. OCTAVO. Se condena a ... a pagar a ... o a quien mis derechos represente, la cantidad que resulte por concepto de rentas mensuales a partir del día primero de junio del dos mil trece, hasta el día en que entregue la posesión física y material del inmueble materia de la compraventa, por el uso y disfrute que el demandado reconvenido ha hecho sobre el bien inmueble objeto del contrato celebrado, lo que deberá de realizarse en ejecución de sentencia mediante incidente respectivo, a juicio de perito. NOVENO. Se absuelve al ... de la prestación marcada con la letra G) del escrito de la reconvención, toda vez que en el presente asunto resulto procedente la rescisión del contrato. DÉCIMO. Se condena a ... a pagar a ... o a quien mis derechos represente, la cantidad de $157,500.00 (ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por corresponder ésta al 15% (Quince por ciento) que se pactó sobre la cantidad de $1´050,000.00 (Un millón cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de interés derivado del punto 4 (Cuatro), de la cláusula segunda del contrato base de la acción. Lo que deberá hacer en la etapa de ejecución mediante incidente respectivo. DÉCIMO PRIMERO. Se condena a ... a entregar a ... la cantidad de $1´110.500.00 (UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), más los intereses legales, los cuales se cuantificarán en ejecución de sentencia a partir del mes de enero de dos mil dieciséis, fecha en la que la parte compradora efectuó el último pago, cantidad que deberá entregar en un término de cinco días contados a partir de que esta sentencia cause ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en consecuencia y conforme a derecho, dentro de la citada cantidad quedan comprendidos los vehículos que entregó Ricardo López Rojo a Candas Díaz Oscar, según lo expuesto en esta sentencia. DÉCIMO SEGUNDO. No se hace condena en gastos y costas en el presente juicio. DÉCIMO TERCERO. Notifíquese." La anterior determinación quedó firme por ministerio de ley el veintidós de abril de dos mil diecinueve. El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a solicitud de ..., se requirió a ..., el cumplimiento voluntario del resolutivo quinto de la sentencia definitiva; acuerdo que fue notificado al segundo de los mencionados el veintiocho de mayo de esa anualidad. Por auto de doce de octubre de dos mil veinte, el Juez de origen, hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, ordenando la ejecución forzosa del punto quinto de la sentencia definitiva, esto es, la desocupación y entrega del inmueble litigioso. El dieciséis de octubre de dos mil veinte, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil, pretendió llevar a cabo la ejecución forzosa del resolutivo quinto de la sentencia definitiva, sin embargo, ello no fue posible dado que no se encontró al condenado. El treinta de octubre de dos mil veinte, a solicitud de ..., se requirió de nueva cuenta a ..., para que en el acto de la diligencia, entregara a su contraparte o a quien representara sus derechos, la posesión del bien inmueble en litigio, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procedería al lanzamiento forzoso. Por diligencia de cinco de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia ordenada ; sin embargo, ... se opuso a la entrega del inmueble. El once de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el lanzamiento de ...del inmueble objeto del litigio, habilitando a la actuaria de la adscripción para que al momento de llevar a cabo la diligencia, realizara un inventario de los posibles muebles que pudieran quedarse dentro del predio y se pusieran en depósito de la persona que en su momento se designara. El veinte de noviembre de dos mil veinte, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento, y toda vez que al interior del inmueble no se encontró persona alguna, se procedió al inventario correspondiente y se designó como depositario a ..., quien aceptó el cargo conferido y protestó su legal y fiel desempeño, poniéndolo de igual manera en posesión del bien. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a ..., con la solicitud de ... en el sentido de que se le realizara la entrega de los bienes muebles inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte. Por escrito de once de marzo de dos mil veintiuno, ... desahogó la vista ordenada y solicitó se decretara la retención y/o embargo de los bienes que tenía en depósito, toda vez que existía sentencia condenatoria al pago de cantidad líquida en el punto resolutivo SEXTO. Petición que se reservó por auto de dieciocho de marzo de ese mismo año, hasta tener a la vista los autos principales, mismos que se encontraban en proceso de digitalización. En proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se reservó escrito de ..., por el que de nueva cuenta solicitó la entrega de bienes. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se levantaron diversas reservas que obraban en autos, entre ellas, se acordó la promoción de ..., y se tuvo por desahogada la vista ordenada, se tuvieron por realizadas sus manifestaciones y se determinó que no ha lugar a proveer de conformidad su petición de aseguramiento, toda vez que los bienes no se encontraban embargados ni secuestrados, por lo que se le requirió para que dentro del término de cinco días, permitiera su entrega, apercibido con multa en caso de no hacerlo así. Inconforme con la anterior determinación, por escrito de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, ... interpuso recurso de apelación, que fue radicado ante la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número de toca ..., y que se resolvió por resolución de treinta de marzo de dos mil veintidós, modificando el auto recurrido, para en su lugar quedar de la siguiente manera: "CIUDAD DE MÉXICO, A NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Glósese a sus autos el expedientillo formado y visto que tiene reservadas diversas promociones se provee de la siguiente manera: Al ocurso presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno ante la Oficialía de Partes Común de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, turnado el once de marzo de dos mil veintiuno a este Juzgado de la adscripción: Se tiene a ..., demandado en el principal actor en la reconvención, desahogando la vista que se le mandó dar por proveído de fecha dos de marzo del año en curso que obra a foja 684 de los autos. Vistas sus manifestaciones y atento que hasta la presente fecha, el demandado en la reconvención .,.., no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la sentencia definitiva, en el sentido de pagar al actor de la reconvención ..., la pena convencional a razón de $1´050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), pues han transcurrido en exceso los CINCO DÍAS que le fueron concedidos para ello; es por lo que en términos del artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, al encontrarse el presente asunto en ejecución de sentencia, sin necesidad de previo requerimiento, se decreta el embargo de los bienes de la parte demandada en la reconvención, que fueron inventariados en la diligencia de 20 de noviembre de 2020, y que se encuentran en depósito del actor reconventor, hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria relativa al pago de cantidad líquida antes señalada. [.]" Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio. Hipótesis a demostrar En el caso, de oficio se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Marco normativo El precepto 61, fracción XXIII, de la ley aplicable establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 107, fracción IV, de la misma legislación, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]" De los artículos transcritos, se aprecia que contra actos que se reclamen derivados de un proceso judicial, el juicio de amparo biinstancial procede contra aquéllos que se ejecuten fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procederá contra la última resolución emitida en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; en caso de remates la que ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y la entrega de bienes. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Bajo tales premisas, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse conjunta o separadamente. Este requisito persigue evitar abusos del amparo, cuando se pretende ejecutar un fallo definitivo que constituye cosa juzgada, cuya ejecución es de orden público. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11 , del Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente establece: RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Dicho lo anterior, respecto de los actos en ejecución de sentencia, es indispensable distinguir entre los que se refieren a la ejecución de sentencia y los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución, radicando dicha diferencia en que los que gozan de autonomía, no tienden directamente a la ejecución de la sentencia, es decir, no son una consecuencia directa ni necesaria para poder lograr el cumplimiento. Al respecto, cabe precisar que el Pleno del Más Alto Tribunal en el País ha considerado que procede de manera excepcional el juicio de amparo indirecto en la etapa de ejecución de sentencia, aun cuando no se haya emitido la última resolución, en el supuesto de que el acto reclamado afecte directamente derechos sustantivos, si es que tal afectación no es consecuencia directa ni necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Caso concreto En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo de esta anualidad, por la que se modificó el auto recurrido y en consecuencia, decretó el embargo de bienes de su propiedad que fueron inventariados en la diligencia de veinte de noviembre de dos mil veinte, y que se encuentran en depósito del actor reconvencionista, ello hasta que se cumpla con la sentencia condenatoria relativa al pago de la cantidad líquida a que fue condenado. Lo anterior se dio como consecuencia de la falta de cumplimiento del demandado a lo sentenciado y ante la petición de su contraparte y con la única finalidad de garantizar el pago de la cantidad condenada. Por tanto, la orden de embargo que se reclama, es un acto que se encuentra dentro de la etapa de ejecución de sentencia tendente a hacer efectiva la cosa juzgada porque en la especie no se ha aperturado la etapa de remate, y aún cuando a la data ya se estuviera actuando en remate, el acto reclamado no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de ahí que no se ubique en las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto. Admitir la impugnación del auto que ordena el embargo, equivaldría a abrir la posibilidad de que contra todas las decisiones o acuerdos intermedios que se dicten en el procedimiento de ejecución de la sentencia procediera también el juicio de amparo indirecto, lo que evidentemente conllevaría a permitir la interrupción de la secuela ejecutiva de la sentencia definitiva del juicio ordinario civil 1085/2016, la cual fue emitida por un tribunal judicial, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Así, puede concluirse que el acto aquí reclamado constituye un acto parcial de ejecución que por su naturaleza no es impugnable en amparo indirecto, porque entorpecería la ejecución de la sentencia, más aún porque dicho precepto legal no prevé ninguna excepción a la regla genérica de la imposibilidad de reclamar violaciones procesales emitidas durante el periodo de ejecución tendientes a hacer efectiva la sentencia definitiva dictada en autos, la cual al constituir cosa juzgada, por ser de interés público, no debe ser obstruida en su cumplimiento. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCECIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que se produce sobre el derecho de propiedad del quejoso, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural en el que se le impuso una obligación de pago que a la fecha no ha cubierto y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, sin que ello implique prejuzgar respecto a la idoneidad del embargo decretado, pues la parte quejosa podrá impugnar al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que tendrá oportunidad de reclamar las violaciones suscitadas durante la fase ejecutiva, que estime lo hubiesen dejado sin defensa. Decisión En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio respecto del acto atribuido a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. Dado el motivo de sobreseimiento que se actualizó, resulta innecesario entrar al análisis de fondo de las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa, como conceptos de violación. Tiene aplicación la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, virtud a que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Apoya lo expuesto, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 73, 74, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., contra el acto que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto. Notifíquese como corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hoy trece de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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