Ricardo Leon Anzures Carro

Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1227/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Leon Anzures Carro

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro electrónico. Atendiendo a las particularidades del juicio, y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Secretaria encargada de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se tienen por recibidos los oficios del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Operación Policial, ambos de la Ciudad de México; en atención a su contenido, se les tiene rindiendo su informe justificado, en los términos que precisan y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito electrónico de..., autorizado por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales), a través del cual realiza diversas manifestaciones e informa una causal de improcedencia; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de la totalidad de constancias recibidas en el presente auto se advierte que sobreviene la improcedencia del presente juicio al actualizarse lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos, como base elemental en la actualización de la causal que aquí se estudia, surge en dos casos, a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de lo reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1491, del Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, el quejoso reclamó el arresto ejecutado el catorce de octubre de dos mil veintidós, a las diez horas en el domicilio ubicado en..., Sin embargo, el entorno en que éste se emitió a la fecha se ha modificado y ahora no puede surtir ningún efecto procesal, como se advierte de las constancias que en esta data se reciben del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de las que se advierte la boleta de libertad de fecha quince de octubre del año en curso; de igual manera, el quejoso informa que su objeto dejó de existir ante la emisión del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, del que se advierte lo siguiente: Ante la remoción del cargo del quejoso como administrador de la moral demandada en el expediente de origen..., señaló que no era posible aplicar la medida de apremio relativa al arresto por dieciocho horas, pues a él no le compete dar cumplimiento a la resolución dictada en ese juicio, por lo que giró oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de que dejara sin efectos la citada orden privativa de libertad, la cual fue hecha de su conocimiento por oficio 3903 de fecha veintiséis de septiembre del año en curso. Asimismo, giró oficio a la Directora Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dejara sin efectos la multa que le fue impuesta al aquí quejoso. De ahí que, al haberse decretado la imposibilidad de aplicar la medida de apremio relativa al arresto por dieciocho horas en contra del promovente del amparo, no puede examinarse de forma aislada en la instancia constitucional. Lo anterior, toda vez que la orden privativa de libertad y cualquier ejecución que pudiera llevarse a cabo, ya no puede surtir efecto alguno, en razón de que su objeto quedó completamente neutralizado, con la emisión del auto de veintiuno de octubre del año en curso, en el que el Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, dejó sin efectos dicha medida de apremio. Orienta lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." No es obstáculo que el Juez Civil citado todavía no sea señalado como autoridad responsable, pues lo relevante es que el Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo del conocimiento que la medida de apremio fue decretada por el Juzgador precisado, y que ahora el representante de la parte quejosa también informa que el acto reclamado dejó de existir por la emisión del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, del cual exhibe copia con código QR cuyo escaneo dirige al sitio http://..., que corresponde al Módulo de Identificación de Documentos Electrónicos del Poder Judicial de la Ciudad de México; portal donde se corroboró que corresponde a un acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós emitido por un órgano del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y por ende tiene valor probatorio suficiente para demostrar que el acto reclamado quedó sin efectos. Por tanto, al tratarse de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del numeral 61 de la ley de la materia. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  3. Principal

    Visto el oficio que contiene la demanda de ..., quien ratificó la demanda el catorce de octubre de dos mil veintidós, contra actos del Director del Centro de Sanciones Administrativas (Torito), Secretario de Seguridad Ciudadana y Subsecretaría de Operación Policial, todos de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1227/2022. Tramítese el presente asunto, observando los términos del artículo 3° de la legislación de la materia. Dicho lo anterior, con fundamento en los preceptos 107 y 115 de la propia legislación, SE ADMITE LA DEMANDA. A efecto de continuar con la prosecución del juicio biinstancial se ordena mediante notificación personal, hacer del conocimiento del quejoso la radicación del juicio ante el suscrito. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Sobre el informe justificado. Requerimiento de informe justificado y las constancias para resolver. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, que habrán de rendir cumpliendo con lo prescrito en los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, dentro del término máximo de quince días. Al oficio relativo deberán anexar copias certificadas con sello y firmas oficiales de lo siguiente: Acto reclamado y la secuela procesal que lo haya precedido (por ejemplo, actuación recurrida, agravios, etc.). Toda constancia y pruebas que se hayan relacionado (señalado) y valorado para su emisión; así como aquellas sobre las que se apoyen los conceptos de violación. En general, de cualquiera elemento del negocio y su estado procesal, que sea indispensable para la resolución del asunto. En su comunicado, la autoridad deberá indicar si el acto reclamado se dictó en cumplimiento a una ejecutoria de amparo -especificando detalladamente cuál-; y en su caso, si hay juicios constitucionales previos y ante qué órgano jurisdiccional se radicaron. En ese sentido es innecesario que se envíen todas las constancias, tomos y cuadernos relacionados al asunto de origen, ya que sólo se pide lo que sea indispensable para resolver, a fin de vigilar el adecuado manejo de los recursos materiales e insumos, así como fomentar la protección al medio ambiente, de acuerdo a los deberes y responsabilidad que a cada autoridad competen en términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Bajo apercibimiento que, de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, con fundamento en el dispositivo 237 fracción I en relación al 260 ambos de la Ley invocada, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Hágase del conocimiento de las partes que en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al arábigo 251 de la Ley de Amparo. III. Terceros Interesados. Se reserva señalar a quien le corresponde el carácter de parte tercera interesada en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como ordenar su emplazamiento, hasta en tanto obren en autos las constancias del proceso de origen. Al respecto se cita, por analogía, la tesis VI.2o.C.263 K, visible en la página 1404 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, registro 173651, cuyo rubro dice: "TERCERO PERJUDICADO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DEBE ANALIZAR SI QUIEN RECURRE TIENE ESE CARÁCTER, PUES SU INTERVENCIÓN COMO TAL SÓLO DEPENDE DE QUE SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO Y NO DEL SEÑALAMIENTO QUE HAGA EL QUEJOSO O DEL RECONOCIMIENTO EXPRESO EFECTUADO POR EL JUEZ DE DISTRITO." IV. Incidente de Suspensión. No se apertura el incidente, por no solicitar expresamente la suspensión provisional, conforme a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo. No obstante, debido a que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México decretó de oficio y de plano la suspensión, para efecto de que se dejara en libertad, se ordena estarse a dicha concesión. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. VI. Prevención. Vistas las constancias remitidas, se advierte que el Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es la autoridad que ordenó la orden de arresto, empero, no fue señala como responsable. En consecuencia, requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al citado Juez. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III de junio de 1996, página 250, con registro 200588, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el presente proveído, dentro del término concedido para tal efecto, no se tendrá como autoridad responsable al Juez Cuadragésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y precluirá su derecho para señalarlo más adelante. En el entendido, que una vez que sea señalado; el quejoso estará en oportunidad de en su caso, solicitar la medida provisional respectiva. VII. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, diez de octubre de dos mil dieciocho y seis de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren en este expediente, serán tratados conforme a los lineamientos aplicables en tales normas y sólo serán utilizados para el análisis materia de este asunto. De conformidad con las normas derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VIII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a la persona que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. IX. Acceso al expediente electrónico. En cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la autorización con los nombres de usuario proporcionados por las partes, para consultar el expediente a través de la vía electrónica. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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