Ricardo Legorreta Cruz

Expediente 1863/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1863/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Legorreta Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por..., con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1863/2018-II-B. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa -demandada en el juicio de origen- reclama la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho; en la cual, la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, declaró improcedente en el incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del expediente J.8/430/2018, de su índice. DESECHAMIENTO Ahora bien, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ...". Esto es así ya que el artículo 107 de la Ley de Amparo establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados en juicio, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento de que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado consistente en la resolución de quince de noviembre de dos mil dieciocho; en la cual, la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro del expediente J.8/430/2018, de su índice, únicamente implica violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga laudo favorable, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación procesal a través del medio de defensa correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se dicta laudo, por lo que puede ser combatido mediante el amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución que se emita, si es que es contraria a sus intereses, de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Federal, 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues en esas hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Además, no se le está privando a la parte quejosa, del derecho de defensa que en cada uno de estos procedimientos tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en ellos, porque en todo caso podrá constituir una infracción al procedimiento reclamable en amparo directo, en el que será factible impugnar la mencionada violación por haber trascendido al resultado del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, visible en la página 256, Febrero de 2009, Tomo XXIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federal, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO". En tales condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo señaló expresamente. Téngase como sus autorizadas a las personas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

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