Ricardo Jiménez Quezadas

Expediente 414/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
414/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Jiménez Quezadas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que el veintiséis de junio del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el expediente citado al rubro y se turnaron los autos para la elaboración de la resolución correspondiente; por tanto, con el fin de no dejar promoción pendiente de acordar, agréguese en el cuaderno de antecedentes previamente aperturado, el oficio signado por la 1. Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias de las que se desprende que obra el convenio de veintidós de junio de este año, celebrado por Erika Ruth Barrera Villegas y José de Jesús Cruz Díaz Ramírez, y el acuerdo de treinta de junio de este año dictado en el expediente 284/2012 de su índice, a través del cual dicho órgano jurisdiccional, aprobó dicho consenso como si se tratara de una sentencia ejecutoriada del que, en lo que aquí interesa se desprende que los contendientes convinieron: "CLÁUSULAS: PRIMERA.- Ambas partes reconocen que el inmueble ubicado en la casa identificada como D, edificada sobre el lote de terreno número oficial siete (7), del Condominio denominado "Privada DIJON" del conjunto urbano "URBI QUINTA MONTECARLO" ubicado en la ex hacienda San Miguel, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es propiedad de RICARDO JIMÉNEZ QUEZADAS...por lo cual dada la imposibilidad del suscrito JOSÉ DE JESÚS CRUZ DÍAZ RAMÍREZ, de restituir a la menor.en el domicilio antes citado, ambas partes convienen en que el domicilio donde habitará la menor.será el ubicado en.que es el domicilio donde actualmente habita la suscrita ERIKA RUTH BARRERA VILLEGAS." Por ende, no obstante que las citadas documentales fueron exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, al emitir la sentencia respectiva, el suscrito juzgador se encuentra facultado para valorar tales pruebas al sobrevenir una causa de improcedencia; se invoca al efecto la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), registro 2000902, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 414/2023-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recepcionado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México y turnado el diez de abril siguiente a este Juzgado de Distrito, el quejoso Ricardo Jiménez Quezadas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. El once de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público a la Federación adscrito y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. Asimismo, el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo como terceros interesados a 1. Erika Ruth Barrera Villegas y a 2. José de Jesús Cruz Días Ramírez, de quienes se ordenó su emplazamiento, el cual se practicó respectivamente, el veintitrés y veintinueve de mayo siguiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama: La orden de privación y/o desposeimiento y/o desalojo respecto del inmueble "casa identificada como D, edificada sobre el lote de terreno número diez (10), de la manzana doce (12), marcada con el número oficial siete (7), del Condominio denominado "Privada DIJON" del conjunto urbano "URBI QUINTA MONTECARLO", ubicado en Ex hacienda San Miguel, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como los efectos y consecuencias directas e indirectas derivadas de dichos actos ordenados por el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el expediente 284/2012 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar, promovido por Erika Ruth Barrera Villegas contra José de Jesús Cruz Díaz Ramírez. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades: 1. Jueza y 3. Actuaria, ambos adscritos al Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli (promociones 6094 y 6253), dado que al rendir dicho informe con justificación, lo aceptaron. En ese sentido, no obstante la negativa de la autoridad responsable Magistrado Semanero Integrante de la 2. Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla (promoción 5225), se tiene por cierto el acto que se le atribuye, toda vez que queda desvirtuada por la manifestación que realiza en su informe, en torno a la existencia, tanto del recurso interpuesto dentro del expediente de origen y del acto desposesorio del inmueble, que aduce es motivo del incidente de ejecución de convenio en el juicio natural. Orienta a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, de Julio de 1994, Octava Época, materia común, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con los dos legajos de diversas constancias en copias certificadas relativas al expediente 284/2012 y el expediente electrónico del incidente de ejecución de dicho sumario. De igual forma, como se ordenó en auto de uno de junio de este año, no obstante que las mismas no fueron remitidas físicamente en este sumario, se tienen como hecho notorio las constancias recibidas en el diverso juicio de amparo 192/2023-I -como anexo al informe justificado que rindió como autoridad responsable (Juzgado Segundo Familiar del Distrito de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, México)-, consistentes en: copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 284/2012 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar, promovido por Erika Ruth Barrera Villegas contra José de Jesús Cruz Díaz Ramírez del índice de dicho juzgado; cuadernillo original del incidente de ejecución de convenio y el original del toca de apelación 1182/2022 del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, México. Documentales que gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Previo a ello, debe precisarse que en el presente caso, la parte quejosa aduce que los actos reclamados transgreden en su perjuicio el contenido de lo previsto en los numerales 1 y 14 Constitucionales, respecto a las formalidades esenciales del procedimiento necesarias para emitir actos privativos, toda vez que no fue emplazado a la controversia de origen, lo que generó como consecuencia que en el incidente de cumplimiento de convenio, se ordenara poner en posesión del inmueble de su propiedad a Erika Ruth Barrera Villegas, sin que gozara del derecho de propiedad ni ella ni su esposo (ex arrendatario). Ahora bien, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes que aquí interesan: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, Erika Ruth Barrera Villegas, por su propio derecho y en representación de su hija menor de edad A. K. D. B., promovió incidente de ejecución forzosa de convenio -ratificado el veinte de noviembre de dos mil doce, ante el juez familiar- contra José de Jesús Cruz Díaz Ramírez (aquí terceros interesados). Consenso en el que, en lo que aquí interesa, acordaron: "CLÁUSULAS PRIMERA. CUSTODIA DE LA HIJA Y DOMICILIO DE LOS CONCUBINOS. (.) 1.4. Durante el procedimiento como después de ejecutoriada la sentencia que ponga fin al juicio, la casa habitación que servirá como domicilio a Erika Ruth Barrera Villegas y su hija A. K. D. B. será el ubicado en la Calle Privada Dijón, Número 7, Fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El concubinario por su parte señala como domicilio durante el procedimiento y después de ejecutoriada la sentencia, el ubicado en: el edificio llamada Torre A con el número 503 del edificio llamado La Jolla 15 Colonia Hacienda del parque Municipio Cuautitlán Izcalli Estado de México. Ambas partes se obligan a notificarse recíprocamente de sus nuevos domicilios para el caso de mudarse de los actuales arriba mencionados. (.) TERCERA. BIENES.- Las partes manifiestan que con independencia de haber vivido en CONCUBINATO, con respecto a éstos estarán a lo siguiente: 3.1. PERTENENCIAS PERSONALES.- Las partes se han puesto en posesión de los bienes y pertenencias personales que actualmente poseen cada uno en particular, sin reserva de ninguna especie y por lo que respecta a los bienes en común las partes convienen lo que más adelante se especificará. 3.2. EL CONCUBINARIO reconoce y acepta que la casa que sirve de domicilio para la Concubina y nuestra menor hija que es el inmueble ubicado en la Calle Privada Dijón, Número 7, Fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue adquirido del Sr. Ricardo Jiménez Quezadas mediante el traspaso de su crédito hipotecario ante el banco o institución financiera Patrimonio Hipotecaria con número de crédito 13827, traspaso que no ha sido notificado a este banco o institución, pero se obligan las partes a acudir a notario público a fin de llevar a cabo la tramitación correspondiente. 3.3. Por virtud de lo anterior, el Concubino reconoce los derechos que le asisten a la Concubinaria y convienen que así se hará constar en el contrato privado y en la escritura pública en que se formalice esa operación con el vendedor; no obstante lo cual el Concubinario se obliga a seguir efectuando los pagos mensuales del precio y de la hipoteca de la casa hasta la liquidación total y en la misma proporción de los derechos que les corresponden pagará cada uno las contribuciones de predial, consumo de agua, luz y demás servicios y reparaciones. 3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES.- Las partes convienen que la CONCUBINA administrará durante el procedimiento como una vez ejecutoriada la sentencia el inmueble mencionado en la cláusula 1.4. 3.5. Una vez liberada de la hipoteca la casa y escriturada que sea las partes se pondrán de acuerdo respecto a si la misma se transmite por donación de la nuda propiedad a favor de nuestra hija A. K. D. B. y que el usufructo lo conserve la Concubina, o alguna modalidad conveniente. (.) CUARTA.- Ambas partes manifiestan que el presente Convenio es apegado a la verdad y no contiene Cláusula contraria a la Moral, al Derecho, o a las Buenas Costumbres que pudiera invalidarlo total o parcialmente, lo han revisado y concuerda con su intención por lo que están de acuerdo en estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratase de una Sentencia con carácter de ejecutoriada. (.)" 2. En proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se admitió la incidencia planteada, con la cual se dio vista a José de Jesús Cruz Díaz Ramírez para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera. 3. Por medio de escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, el requerido desahogó la vista otorgada, en donde se opuso a la ejecución del convenio citado. 4. Seguida la secuela procesal, el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, la jueza familiar emitió SENTENCIA INTERLOCUTORIA en el incidente de ejecución, en los términos siguientes: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ejercitada por ERIKA RUTH BARRERA VILLEGAS, quien acreditó los extremos de la acción incidental que ejercitó en contra de JOSÉ DE JESÚS CRUZ DÍAZ RAMÍREZ, en consecuencia. SEGUNDO: Se condena a JOSÉ DE JESÚS CRUZ DÍAZ RAMÍREZ, a poner en posesión del inmueble ubicado en Calle Privada Dijon, número 7 (siete), en el Fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a ERIKA RUTH BARRERA VILLEGAS así como a su hija A. K. D. B., lo que deberá hacer en un plazo de OCHO DÍAS, a partir que sea ejecutable la presente resolución. TERCERO: No se hace condena en costas en esta instancia." 5. Inconforme con esa determinación, José de Jesús Cruz Díaz Ramírez interpuso recurso de apelación, el cual por razón de turno correspondió conocer a la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien dictó sentencia el quince de diciembre de dos mil veintidós, en la que RESOLVIÓ: "PRIMERO. Resultaron inoperantes e infundados los agravios expresados por JOSÉ DE JESÚS CRUZ DÍAZ RAMÍREZ; por lo tanto: SEGUNDO. Se confirma la sentencia interlocutoria de fecha (31) treinta y uno de octubre del (2022) de dos mil veintidós, dictada por la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE CONVENIO. TERCERO. No se condena al pago de costas en esta Instancia..". (Resolución que constituyó el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 192/2023-I de este índice, en el que se negó la protección de la justicia federal al ahí quejoso José de Jesús Cruz Díaz Ramírez, lo que como se dijo, se tiene como hecho notorio). Previo a resolver el presente asunto, debe tomarse en cuenta que en esta data se tuvo por recibido el oficio signado por la 1. Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli (promoción 10271), a través del cual remitió copia certificada de diversas constancias de las que se desprende que obra el convenio de veintidós de junio de este año, celebrado por Erika Ruth Barrera Villegas y José de Jesús Cruz Díaz Ramírez, y el acuerdo de treinta de junio de este año dictado en el expediente 284/2012 de su índice, a través del cual dicho órgano jurisdiccional, aprobó dicho consenso como si se tratara de una sentencia ejecutoriada del que, en lo que aquí interesa se desprende que los contendientes convinieron: "CLÁUSULAS: PRIMERA.- Ambas partes reconocen que el inmueble ubicado en la casa identificada como D, edificada sobre el lote de terreno número oficial siete (7), del Condominio denominado "Privada DIJON" del conjunto urbano "URBI QUINTA MONTECARLO" ubicado en la ex hacienda San Miguel, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es propiedad de RICARDO JIMÉNEZ QUEZADAS...por lo cual dada la imposibilidad del suscrito JOSÉ DE JESÚS CRUZ DÍAZ RAMÍREZ, de restituir a la menor.en el domicilio antes citado, ambas partes convienen en que el domicilio donde habitará la menor.será el ubicado en.que es el domicilio donde actualmente habita la suscrita ERIKA RUTH BARRERA VILLEGAS." Por ende, no obstante que las citadas documentales fueron exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, el suscrito juzgador se encuentra facultado para tomarlas en consideración, al sobrevenir una causa de improcedencia, como quedará evidenciado en párrafos siguientes; se invoca al efecto la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), registro 2000902, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por tanto, respecto a del acto reclamado en este juicio constitucional, se advierte oficiosamente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos jurídicos de la determinación de la que, de manera destacada se duele la parte impetrante al verse afectado el inmueble que defiende como de su propiedad. En efecto, de las constancias que remitió la jueza responsable, se desprende en lo sustancial que las partes acudieron ante el juzgado de origen para conciliar en diligencia formal, a través de la ratificación de un convenio con el que darían por concluida la controversia relativa al expediente 284/2012 de su índice. En consecuencia, se aprobó dicho consenso, quedando las partes obligadas a cumplir las condiciones estipuladas, toda vez que el mismo constituye la verdad legal con efectos de una sentencia ejecutoriada; dejando, como consecuencia jurídica inmediata, sin efectos las medidas decretadas en autos. Ahora bien, la cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria el acto reclamado deja de tener vida jurídica; de tal manera que la esfera de derechos del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión u omisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del gobernado, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/98, registro 196820, que a la letra establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIO´N DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo narrado anteriormente se pone de manifiesto que cesaron los efectos de los actos reprochados, porque la autoridad responsable en proveído de treinta de junio de este año dictado en el expediente 284/2012 de su índice, aprobó dicho consenso como si se tratara de una sentencia ejecutoriada; de ahí que se esté en presencia de una situación jurídica que destruyo´ los efectos del acto que motivó el amparo, por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada y se restituyo´ al gobernado en el goce del derecho fundamental -de propiedad- que pudiera haberse violado con aquélla. Es aplicable a lo anterior la tesis con número de registro 241713, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 64, Cuarta Parte, página 23, Séptima Época, Materias(s): Civil, de rubro y texto siguiente: "CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, "La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada..."; y a su vez, el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: "todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales". Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, si las partes en convenio judicial expresamente transigen con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es este convenio judicial el que a partir de su celebración, obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Lo anterior se afirma, pues del convenio celebrado por Erika Ruth Barrera Villegas y José de Jesús Cruz Díaz Ramírez, aprobado y homologado por la jueza responsable como si se tratara de una sentencia ejecutoriada, se desprende que las partes signantes reconocieron expresamente que la propiedad del inmueble ubicado en la casa identificada como D, edificada sobre el lote de terreno número oficial siete (7), del Condominio denominado "Privada DIJON" del conjunto urbano "URBI QUINTA MONTECARLO" ubicado en la ex hacienda San Miguel, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la detenta el aquí quejoso Ricardo Jiménez Quezadas, como lo acreditó -este último- en el presente juicio de amparo, por lo que la menor de iniciales A. K. D. B, no podrá ser incorporada a ese domicilio. Por lo tanto, si la afectación al derecho de propiedad del inmueble que el quejoso tuteló a través de este juicio de amparo, desapareció por reconocimiento expreso de las partes, quienes afirmaron su derecho de propiedad y, por ende, modificaron el convenio primigenio, de tal manera que no se le perturbara en aquel derecho -propiedad-, lleva a concluir que la afectación inicialmente reclamada desapareció y, por ende, cesaron sus efectos los perjuicios que pudieron generar los actos reclamados por el quejoso. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. Atento a los razonamientos vertidos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; en términos de la tesis II.3o. J/58, registro 214593, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 70, Octubre de 1993, Materia(s): Común, Página: 57, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo en los términos señalados en esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por lista a la tercera interesada 1. Erika Ruth Barrera Villegas, en términos de lo ordenado en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; personalmente a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y al diverso tercero interesado 2. José de Jesús Cruz Días Ramírez -en el domicilio que se tuvo señalado en acuerdo de treinta de mayo de este año-, vía oficio a las autoridades responsables; de igual forma, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de la 1. Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, comunica que solicitó a la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla México, que le envíe copia certificada del expediente 284/2012 de su índice, informando que fueron remitidas a este órgano jurisdiccional para substanciar el diverso juicio de amparo 192/2023-I de este índice, promovido por José de Jesús Cruz... En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales dado, se tienen como hecho notorio las constancias que dichas constancias que requirió se tuvieron por recibidas en el diverso juicio de amparo -como anexo al informe justificado que rindió como autoridad responsable (Juzgado Segundo Familiar del Distrito de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, México) en el diverso juicio de amparo 192/2023-I-, consistentes en: copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 284/2012 relativo a la controversia sobre el estado civil de las personas y de derecho familiar, promovido por Erika Ruth Barrera Villegas contra José de Jesús Cruz Díaz Ramírez del índice del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli; cuadernillo original de incidente de ejecución de convenio y el original del toca de apelación 1182/2022 del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, México. Sin embargo, no obstante que las mismas no fueron remitidas al presente sumario constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las referidas documentales, sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional, teniéndose a la vista al momento de resolver el presente juicio de amparo. Con las mismas, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora bien, considerando que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva en el diverso juicio de amparo 192/2023-I; para el caso de causar ejecutoria o ante la eventual interposición del recurso de revisión, para el caso de devolución de los autos originales a las responsables o remisión al Tribunal Colegiado competente, se ordenará obtener copia certificada del mencionado incidente de ejecución de convenio y del referido cuaderno de apelación. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista las constancias de emplazamiento de los terceros interesados 1. ********************y 2. ********************por lo que respecta al primero de ellos, téngase aclarando que el nombre correcto de la privada es condominio ******************** y no ********************. Por cuanto hace al segundo de ellos, se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal el que señaló en la diligencia de emplazamiento, el ubicado en: ********************, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Por otra parte, a fin de no trasgredir derechos del segundo de los terceros interesados en mención y para no contravenir las reglas del procedimiento; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, dése vista por un término de ocho días para que manifieste lo que a su interés convenga. Finalmente, dada la vista ordenada en esta data y atento a que el llamamiento a juicio, se practicaron respectivamente el veintitrés y veintinueve de mayo del año en curso, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano