Ricardo Jose Mier Y Teran Camara
Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ricardo Jose Mier Y Teran Camara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, glósese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y dos anexos que acompaña, mediante el cual informa que le ha transcurrido el término al quejoso Ricardo José Mier y Terán Cámara para interponer recurso de reclamación contra el auto de Presidencia de veintitrés de junio del año en curso, y que ha causado estado; asimismo, devuelve a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado el expediente original 369/2021-I y un cuaderno auxiliar; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se otorgó la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo antes citado; por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte final del acuerdo antes citado. De igual modo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, glósese copia autorizada del presente auto en los cuadernos incidentales. Finalmente, atendiendo al estado que guardan los presentes autos, devuélvase a la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, la copia certificada del Juicio Extraordinario Hipotecario 402/2017.
- Principal
Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual cuenta con la evidencia criptográfica correspondiente, con el que acusa recibo del juicio de amparo 369/2021-I, que fue enviado por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********************, parte quejosa en el presente juicio, en contra la resolución dictada el diecinueve de mayo del año en curso; asimismo, informa que se formó el toca 193/2021 respectivo, y dado que dicho medio de impugnación fue interpuesto en forma extemporánea, se desechó el recurso de revisión interpuesto.
- Principal
Agréguense a los presentes autos el escrito de Ricardo José Mier y Terán Cámara, parte quejosa en el presente juicio, con el que interpone recurso de revisión contra la resolución dictada el diecinueve de mayo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes; y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los presentes autos y nuevamente los oficios de la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuaria adscrita a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que rindieron su informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, y del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, que el quejoso Ricardo José Mier y Terán Cámara, señala como actos reclamados, los siguientes: De la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán: El acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio extraordinario hipotecario número 402/2017, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado Héctor Humberto Herrera Góngora, contra Ricardo José Mier y Terán Cámara, en el que en virtud de que el aludido demandado es de domicilio ignorado, se ordenó la notificación de los proveídos de diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad de Mérida. Del Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado: La notificación hecha mediante publicación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, del edicto que contiene el acuerdo de siete de enero de la aludida anualidad. En razón de lo anterior, esta Juzgadora Federal, de oficio, considera que en relación con el acto reclamado atribuido a la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]". En primer término, es conveniente reseñar los antecedentes del caso, que se desprenden del juicio de origen: I. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda promovida por Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderado Héctor Humberto Herrera Góngora, en juicio extraordinario hipotecario contra Ricardo José Mier y Terán Cámara, en el expediente 402/2017, del índice del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En dicho acuerdo, entre otras disposiciones, se decretó sujeto a juicio hipotecario el inmueble materia de la litis y se ordenó emplazar a la parte demandada, para lo cual se dispuso que se le corra traslado con la demanda que dio origen al juicio. II. El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado se apersonó en el domicilio señalado como el del demandado, en donde no encontró al quejoso Ricardo José Mier y Terán Cámara, razón por la cual dejó citatorio para que éste lo esperara en ese lugar, el veintiséis de mayo referido, a las nueve horas con veinte minutos. III. El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, al no haber encontrado al demandado, no obstante el citatorio previo, el Actuario responsable realizó el emplazamiento mediante diligencia que se llevó a cabo con una persona que se encontraba en ese momento en el domicilio señalado para tal efecto. IV. En auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el juez responsable declaró en rebeldía a la parte demandada al haber transcurrido el plazo legal concedido sin que hubiera contestado la demanda en su contra; posterior a lo cual, citó a las partes para oír sentencia definitiva, misma que se emitió el treinta y uno de agosto de la referida anualidad, en la cual se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. V.- En auto de tres de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró que la sentencia ha causado ejecutoria y en auto de dieciséis de noviembre siguiente, se fijó a la parte demandada el término de tres días para que cumpla con la ejecutoria. VI.- En auto de diez de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por presentado al perito de la parte actora Delfín José Canto Pérez y a la parte actora, exhibiendo sus avalúos respecto al inmueble materia de la Litis y se ordenó dar vista a las partes para el uso de sus derechos. VII.- En proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se comisionó nuevamente al actuario adscrito al juzgado responsable a fin de que notifique el auto de diez de julio de dos mil dieciocho. VIII. Por sentencia dictada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 203/2019-III, promovida por Ricardo José Mier y Terán Cámara, en fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento al juicio extraordinario hipotecario número 402/2017, el cual con fecha veinticinco de junio de esa anualidad causó ejecutoria. IX.- El siete de enero de dos mil veintiuno, en virtud de que se agotaron los medios de investigación idóneos para localizar el domicilio de la parte demandada, siendo entonces de domicilio ignorado, se ordenó realizar las notificaciones ordenadas en los proveído de diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad; determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. X.- Escrito de veintidós de febrero de dos mil veinte, presentado por la parte actora Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, al que adjuntó un ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, de fecha veinticuatro de febrero del presente año, que contiene la publicación del edicto para notificar al demandado Ricardo José Mier y Terán Cámara, los autos de diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y siete de enero de dos mil veintiuno. Así las cosas, este Juzgadora Federal estima que la parte quejosa, antes de instar la vía constitucional debió agotar el principio de definitividad que rige en materia de amparo, pues en la determinación de siete de enero de dos mil veintiuno, en la que se ordenó realizar las notificaciones ordenadas en los proveído de diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho al actor, aquí quejoso Ricardo José Mier y Terán Cámara, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad, es impugnable a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley, tendente a revocar, modificar o nulificar la decisión de la Jueza responsable, esto es, el recurso de revocación previsto por los artículos 365 a 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que resulta ser el idóneo, por ser la normatividad que rige al acto reclamado. De la interpretación literal de dichos dispositivos legales se desprende que la revocación es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de primera instancia en los procedimientos civiles y procede contra decretos y autos dictados en esa instancia que no sean apelables. Así, el recurso de revocación es un medio de impugnación que se interpone dentro del curso del proceso, y se clasifica también como recurso ordinario, en cuanto que procede contra una generalidad de resoluciones judiciales y no sólo contra resoluciones judiciales determinadas o específicas. De esta forma, tenemos que los decretos o autos que no fueren apelables, pueden ser impugnados a través del recurso de revocación y, el propio órgano jurisdiccional de primera instancia puede tomar alguna de las siguientes decisiones: (i) confirmar su propia resolución, en el caso de que la encuentre ajustada a derecho, o bien, (ii) modificar parcialmente o (iii) revocar totalmente su propia resolución, en el caso de que la considere no apegada a derecho. Ello es así, toda vez que conforme al párrafo primero del artículo 364, del invocado ordenamiento legal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó; entonces, los autos dictados en los juicios extraordinarios hipotecarios, son impugnables mediante el recurso de revocación. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente al no ser el acto reclamado en este juicio, susceptible de análisis por esta vía, en virtud que respecto del mismo previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es el de revocación. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia XIX.2o.13 K, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...". En tales circunstancias, se dice que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, en virtud que las constancias relatadas ponen de manifiesto que en el auto de siete de enero de dos mil veintiuno, en el que se ordenó realizar las notificaciones ordenadas en los proveídos de diez de julio y veintitrés de agosto de dos mil dieciocho al demandado, aquí quejoso Ricardo José Mier y Terán Cámara, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico diario de los que se editan en esta ciudad, al no tener la parte quejosa el carácter de tercero extraño en el juicio de donde emana el acto reclamado, era jurídicamente posible que previamente al ejercicio de la acción constitucional, interpusiera el recurso de revocación ante la propia jueza responsable, dentro de los tres días siguientes a que surtió efectos la notificación del proveído a impugnar, para que dicha determinación pudiera ser confirmada, modificada o revocada. Se dice lo anterior, porque desde que el aquí quejoso promovió el juicio de amparo indirecto al que le recayó el número 203/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, tuvo conocimiento pleno del juicio extraordinario hipotecario, según se advierte de la demanda de amparo que generó el aludido juicio de amparo, la cual constituye un hecho notorio para esta juzgadora federal, por corresponder a un expediente de su conocimiento; por tanto, obténgase copia certificada de la demanda de mérito y agréguese a los presentes autos, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número 2ª./J.103/2007, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." De lo anterior, es dable señalar que el aquí quejoso no posee el carácter de tercero extraño por equiparación, en el que pretende controvertir un auto dictado en el juicio de origen, porque la finalidad para la cual fue legislada la procedencia del amparo en tratándose de personas extrañas al juicio por equiparación, obedeció a ponderar y tutelar el derecho humano de audiencia, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiterados criterios, ha sustentado que un tercero extraño es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. En otros términos, el objeto de otorgar al gobernado la posibilidad de acudir al juicio de amparo cuando no fue emplazado o que habiéndolo sido, se le hizo en forma distinta a la prevenida por la ley, atiende a que la persona catalogada como tercera extraña -en estricto sentido o por equiparación-, ignora o desconoce los pormenores del juicio del cual se ostenta como extraño, mismo del que puede resentir o resiente una afectación a su esfera legal. Esto se justifica en la medida que sólo mediante el conocimiento de los hechos, acción ejercitada y demás aspectos propios de un litigio, el gobernado está en posibilidad real de ejercer su derecho de defensa cuando es llamado a una controversia judicial. Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y dos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materias Común, con número de registro electrónico 2017849, la cual establece: TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión. Ante tal circunstancia, se advierte que el solicitante de amparo no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio de origen, pues conoce los pormenores y circunstancias del contradictorio del cual se ostenta extraño. Por tanto la parte quejosa al promover el juicio de amparo indirecto, sin agotar previamente el recurso procedente, para que la citada autoridad estuviera en aptitud de oír las razones y resolver lo que en derecho proceda, en consecuencia, pasó por alto el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional, adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al tanto de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitirá, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar; de manera que, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada. Al respecto se cita la siguiente jurisprudencia VI.2o.C. J/259, que se comparte, del Sexto Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 175974, cuyo rubro y texto son: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". En las relatadas consideraciones, en relación al acto reclamado citado con antelación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado atribuido al Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, consistente en la notificación hecha mediante publicación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, del edicto que contiene el acuerdo de siete de enero de la aludida anualidad, se advierte se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XVIII, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" En efecto, la suscrita juzgadora considera que respecto al mencionado acto reclamado que la quejosa hizo consistir en la notificación hecha mediante publicación de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, del edicto que contiene el acuerdo de siete de enero de la aludida anualidad, en autos del juicio extraordinario hipotecario 402/2017, en donde es parte demandada, puede ser combatido ante el juez responsable, a través del incidente de nulidad de actuaciones. Ahora, en primer lugar tenemos que el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa hasta de 10 veces el salario mínimo vigente en la ciudad de Mérida, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el mismo Juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquél en que tenga conocimiento de la notificación." Del precepto antes transcrito, se advierte que cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta de una notificación o una notificación realizada en contravención a lo establecido en la propia ley, en un juicio de naturaleza civil, como el que nos ocupa, el juicio de amparo es improcedente, porque dicho acto puede ser modificado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado de conformidad con el numeral 37 antes señalado, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Por tanto, atendiendo a lo que establece dicho numeral, resulta evidente que la parte quejosa, antes de promover el juicio de amparo, debió promover incidente de nulidad de actuaciones respecto de la notificación que dice le fue mal practicada en el juicio de origen, pues al no haber agotado dicho medio de impugnación inobservó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Máxime que el aquí quejoso, como ya se dijo, es parte reconocida en el expediente de origen; por tanto, estuvo en aptitud de promover el aludido incidente sobre declaración de nulidad de dicha actuación. En tales condiciones, es claro que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues contra el acto que aquí reclama la parte quejosa procede el incidente sobre declaración de nulidad, que contempla el artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Da sustento a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 430, Tomo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, con número de registro 178685, cuyo rubro y texto disponen: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones solo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a esta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 876 del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 601, Tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, con número de registro 394832, del texto siguiente: "NOTIFICACIÓN, NULIDAD DE LA, NO PUEDE DECLARARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. El término para promover el juicio de garantías, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación por lista de acuerdos de la sentencia reclamada, cuando así se haya hecho, sin que sea óbice lo alegado en el sentido de que tal acto debió de haberse notificado personalmente, ya que atento a la técnica del juicio de garantías este no resulta ser el medio idóneo para declarar la nulidad de la notificación de los actos reclamados, sino en todo caso el incidente de nulidad, a través del cual las partes pueden impugnar las notificaciones que a su juicio adolecen de vicios; ya que de no hacerlo así, se llegaría al desconocimiento de los procedimientos previamente establecidos en las leyes aplicables; de tal manera que los tribunales de amparo no deben ignorar ni pasar sobre las notificaciones realizadas por la autoridad responsable en el procedimiento donde emanan los actos reclamados; porque ello equivaldría a declararlos nulos sin que medie el procedimiento adecuado, lo cual no corresponde realizar a un tribunal constitucional." Tiene aplicación la tesis asilada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 356, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1998, Materia Civil, Octava Época, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES, INCIDENTE DE. NECESIDAD DE AGOTARLO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Aunque es verdad que el incidente de nulidad de actuaciones no está catalogado como recurso, ello no significa que, para cumplir con el principio de definitividad en que descansa el juicio de garantías pueda omitirse su tramitación previamente a la de dicho juicio, dado que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuye que se deben agotar recursos antes de intentar el juicio de garantías, sino también medios de defensa, y es obvio que el incidente que se comenta encaja dentro de esta última denominación, puesto que mediante él puede lograrse la modificación, revocación o nulificación del acto materia de tal incidente, esto es, el objetivo de cualquier medio de defensa." En las relatadas consideraciones, en relación al acto reclamado citado con antelación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, cabe señalar que el acuerdo reclamado de siete de enero de dos mil veintiuno y su notificación por edictos, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Al respecto cabe precisar que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la resolución definitiva impugnable en amparo, tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia sostenida por la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, con fecha de publicación: viernes 22 de abril de 2016 10:22 h, Materia(s): (Común), Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.), con número de registro 2011474, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." En esa tesitura, el auto de siete de enero de dos mil veintiuno y su notificación por edictos, no constituyen la última resolución pronunciada dentro de ese procedimiento de remate del juicio de origen que pueda ser impugnado mediante el juicio de amparo, dado que no se trata de la determinación que en forma definitiva ordena indistintamente el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Lo que traería como consecuencia la actualización de la diversa causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, éste interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse las causales de improcedencias previstas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esta última fracción, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, éste interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DE HOY. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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