Ricardo Jose Herrera Zapata

Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
314/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Jose Herrera Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1063/2019, signado por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del expediente original 671/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, que remitió como justificación a su informe de ley, requerido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    IV. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de ocho de marzo del año en curso, pronunciado en este juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otra parte, devuélvase al Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el expediente original ******************** relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, así como un disco compacto DVD, que remitió como justificación a su informe de ley, requerido por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, solicitándole acuse recibo del mismo. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    IV. Se tiene por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa los autos originales del juicio de amparo directo 125/2019, de su índice, promovido por RICARDO JOSÉ HERRERA ZAPATA, junto con tres copias del escrito de fecha diecinueve de febrero del año en curso, signado por el referido quejoso, el expediente original 671/2018, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos, del índice del Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de esta ciudad, así como un disco compacto DVD. En efecto, dicho Tribunal de Alzada, mediante acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, en virtud de que el acto reclamado, consistente en la resolución dictada en la audiencia preliminar por la Juez Cuarto de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el expediente 61/2018, de su índice, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, se decretaron alimentos provisionales a favor de sus menores hijos M.M.H.H., R.H.H., y M.V.H.H., además de que se le condenó a pagar provisionalmente a Diana Berenice Hernández Rouco, en representación de los referidos menores, en concepto de pensión alimenticia, una cantidad equivalente al cuarenta y ocho por ciento, del monto total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que perciba como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública, se trata de un acto dictado fuera de juicio; motivo por el cual, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 43 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento; comuníquese lo anterior, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para los fines conducentes. En mérito de lo anterior, se tiene a RICARDO JOSÉ HERRERA ZAPATA, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Así, en el caso el quejoso reclama del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretaria de su adscripción: - La resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada en la audiencia preliminar por la Juez Cuarto de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 61/2018, de su índice, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, en la que se decretaron alimentos provisionales a favor de sus menores hijos M.M.H.H., R.H.H., y M.V.H.H., y se le condenó a pagar provisionalmente a Diana Berenice Hernández Rouco, en representación de los referidos menores, en concepto de pensión alimenticia, una cantidad equivalente al cuarenta y ocho por ciento, del monto total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que perciba como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública. -La falta de notificación para presentarse en la audiencia preliminar, realizada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en autos del citado procedimiento judicial relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos número 671/2018. Una vez sentado lo anterior, debe decirse que, por lo que respecta a los actos reclamados en el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional estima que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución; y, c) Que ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es, la figura jurídica de litispendencia entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en que los elementos esenciales de las acciones respectivas son los mismos. En otras palabras, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo, sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Ilustran lo anterior, las tesis del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así en el caso, se estima pertinente indicar que los asuntos sometidos al conocimiento de este Secretario en funciones de Juzgador Federal, constituyen un hecho notorio, lo cual es susceptible de ser invocado en cualquier momento. Se aplica al caso la jurisprudencia que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento."; y certifíquese una copia de la demanda y sentencia definitiva del citado expediente de amparo para que se agregue a los presentes autos para los efectos legales pertinentes." Por tanto, resulta un hecho notorio para este Juzgador, las constancias que integran el juicio de amparo 307/2018.II del índice de este juzgado, las cuales son invocadas en este asunto conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, y se ordena glosar en copia certificada al presente juicio; de las que se advierte que el aquí quejoso RICARDO JOSÉ HERRERA ZAPATA, presentó un diverso juicio de amparo, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el seis de marzo de dos mil diecinueve, y que por razón de turno también tocó conocer a este Juzgador, en contra de actos del Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y Secretaria de su adscripción, por los actos reclamados consistentes en: - La resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada en la audiencia preliminar por la Juez Cuarto de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 61/2018, de su índice, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria, en la que se decretaron alimentos provisionales a favor de sus menores hijos M.M.H.H., R.H.H., y M.V.H.H., y se le condenó a pagar provisionalmente a Diana Berenice Hernández Rouco, en representación de los referidos menores, en concepto de pensión alimenticia, una cantidad equivalente al cuarenta y ocho por ciento, del monto total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones mensuales que perciba como trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública. -La falta de notificación para presentarse en la audiencia preliminar, realizada el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en autos del citado procedimiento judicial relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos número 671/2018. Siendo que dicho juicio de amparo 307/2018.II, fue admitido mediante proveído de siete del mes y año en curso, ordenándose la apertura del incidente de suspensión. Con lo anterior, es dable advertir que el ocursante, con anterioridad a la demanda cuyo análisis nos ocupa, desde el seis de marzo del año en curso, presentó un diverso juicio de amparo contra los mismos actos y autoridades responsables que se impugnan en el presente, en tanto que la presente demanda de amparo, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito el siete de marzo del presente año, tal y como se advierte de la boleta de turno, que obra glosada a los autos. En esas condiciones, se estima la actualización de dicha causal de improcedencia, cuenta habida que existe otro juicio en trámite por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general, por lo tanto, procede desechar de plano la demanda promovida por RICARDO JOSÉ HERRERA ZAPATA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de la materia. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo y se le autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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