Ricardo José Guerrero Quintero
Expediente 717/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 717/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo José Guerrero Quintero
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo José Guerrero Quintero, contra los actos del JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 717/2023. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el quejoso, en su demanda, reclama en primer punto, de la Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, lo siguiente: 1. Reclamo la negativa verbal y/u omisión de permitir el acceso a la Carpeta de Investigación número FGEP/CDI/FEIDVGCMN/SACHOLULA-I/004001/2023, en calidad de imputado, así como la negativa verbal de expedir copias de dicha Carpeta, a fin de ejercer actos de defensa. Es decir, el peticionario del amparo reprocha a la representante social, jurídicamente, la negativa a darle acceso a la carpeta de investigación indicada, así como la negativa de expedirle copias de la misma. Acto respecto al cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones III, IV y V, de la Ley de Amparo. En efecto, del análisis integral de dichos preceptos se advierte que tanto en los procedimientos seguidos en forma de juicio como en los actos realizados antes de juicio o después de concluido se limita la procedencia del juicio de amparo, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que indica la fracción V, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que la negativa a dar acceso a la carpeta de investigación y la no expedición de copias de lo actuado, no trasciende directamente los derechos de la parte quejosa. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 149/2021 estableció que el Ministerio Público tiene la obligación de aportar los elementos demostrativos que acrediten la existencia de un delito, y en contraposición a ello, el inculpado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del ilícito o su no participación en el mismo Así indicó, que los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen el momento procesal en el cual los registros ya no podrán mantenerse en reserva para el imputado, los cuales son: a) cuando se encuentre detenido; b) cuando sea citado para comparecer como imputado; o c) sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Es decir, en cualquiera de los supuestos anteriores, el imputado y su defensor deben tener acceso a los datos de la investigación que obran en la carpeta de investigación Finalmente, la citada Sala concluye que el Ministerio Público debe mantener, respecto del indiciado, en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se de alguno de los supuestos de los cuales habla el párrafo tercero del artículo 218 del código adjetivo en mención Sirve de apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Ahora bien, si en el caso no se advierte que el quejoso haya sido detenido, ni que sea objeto de algún acto de molestia, es decir, el impetrante no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 218 citado; de ahí que evidentemente la negativa de responsable de darle al quejoso intervención en la carpeta de investigación, no afecta materialmente los derechos de defensa del quejoso, en tanto que únicamente estará en aptitud de ejercer el mismo hasta que se ubique en alguno de los supuestos del citado precepto legal, tal y como lo estableció la Primera Sala en el criterio invocado. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de criterios 2/2022, estableció que es improcedente la demanda de amparo promovida por quien sospecha ser investigado por un hecho considerado como delito y le niegan el acceso a una carpeta de investigación, pues solo tiene ese derecho hasta que sea privado de su libertad, citado a comparecer o afectado por otro acto de molestia realizado en su contra con el carácter de imputado. Esto, al considerar que, en la etapa de investigación en el proceso penal acusatorio, el derecho de acceder a los registros contenidos en la carpeta de investigación corresponde únicamente a las partes involucradas; de manera que, para que la persona interesada pueda reclamar mediante juicio de amparo la omisión o negativa del Ministerio Público para permitirle el acceso a ésta, es necesario que se encuentre detenida, sea citada para comparecer o sea sujeta de un acto de molestia como imputada dentro de la etapa de la investigación inicial. Y que la simple sospecha de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo para acceder a la carpeta de investigación, de manera que es indispensable que la autoridad ministerial lleve a cabo alguna diligencia de investigación en perjuicio del investigado, como las referidas previamente, para que la persona pueda reclamar el acceso a los registros de la investigación. Por tanto, cuando una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos solo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigada y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), será procedente desechar de plano la demanda de amparo. Y, finalmente, la Primera Sala destacó la importancia de que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que la persona juzgadora de amparo debe tener el cuidado de revisar la demanda para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de quien solicite la protección constitucional. Conforme a esto último, debe decirse que de lo relatado en la demanda de amparo no se advierte la existencia de un derecho subjetivo que amerite protección respecto al quejoso, esto es, que amerite admitir y resolver este asunto, pues es evidente que el quejoso está gozando de su libertad y no ha sido detenido a virtud de algún hecho señalado en la ley como delito y puesto a disposición de la autoridad ministerial que señala como responsable, ni se le ha citado a comparecer. Ante ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo y, en consecuencia se desecha de plano la demanda respecto a dicho acto. Ahora, en cuanto al segundo acto que el quejoso reclama a la propia agente del Ministerio Público, mismo que hace consistir en: 2. "Asimismo, señalo como acto reclamado la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia con la supuesta víctima DENIS ANDREINA NAVEA GUTIÉRREZ, manifestando que desconozco la fecha en que esta fue ordenada, en virtud de que no me ha sido notificada dicha medida de protección, además desconozco si ya se llevó a cabo la audiencia relativa a la ratificación, modificación o cancelación de la misma, aunado a lo anterior que no tengo mayores datos, más los que están señalados en el capítulo de antecedentes de esta demanda de amparo." Medida de protección, que de existir, como alega el quejoso, debió emitir tal agente en uso de las facultades que le confiere el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales Conforme a lo anterior, respecto a la medida de protección decretada en favor de la agraviada dentro del procedimiento de origen y en contra del aquí quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: :. III. - Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: : b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y". De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que la agente del Ministerio Público señalada como autoridad responsable al haber decretado una medida de protección en contra del aquí quejoso, consistente en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia en contra de la víctima, decretada dentro de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FEIDVGCMN/SACHOLULA-I/004001/2023, no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del quejoso, pues la afectación a su esfera jurídica, en su caso, está sujeta a factores cuya verificación se desconocen. Pues como se precisó, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese sentido, debe concluirse que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del quejoso, pues la medida de protección concedida tuvo como fin el que no se realicen a la parte agraviada actos o conductas intimidantes y de molestia, sin que ello cause un perjuicio de forma directa al impetrante, dado que no transgredió alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni tiene el carácter de irreparable, el amparo es improcedente. En efecto, del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados, se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto. Resulta aplicable la jurisprudencia con los siguientes datos de identificación, rubro y texto: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE respecto al acto analizado. Finalmente, respecto del tercer acto que el quejoso reclama a los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, lo hace consistir en: 3. "Así como también reclamo la orden de citación y/o detención dictada en mi contra, formado con motivo de la Carpeta de Investigación ejercida por la Representación Social por el Delito de Violencia Familiar." Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso manifestó tener conocimiento de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FEIDVGCMN/SACHOLULA-I/004001/2023, que, según relata, inició la víctima Denis Andreina Navea Gutiérrez, por el delito de Violencia Familiar, en la cual, incluso, refiere que se decretaron medidas de protección, misma que, en caso de haberse judicializado, pudo tener como consecuencia que se haya librado en su contra un citatorio para audiencia inicial para formulación de imputación, el cual puede atribuirse a cualquiera de las autoridades responsables de carácter jurisdiccional; en ese contexto, es evidente que el acto que el quejoso denomina orden de detención o cita, realmente se trata de la citación para formularle imputación por ese hecho en la audiencia inicial. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que no afecta directamente su esfera jurídica, por lo cual se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XII , en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, como el acto reclamado emanaría de un procedimiento jurisdiccional y atendiendo a la causa de pedir del impetrante resultaría ocioso analizar si demostró o no un interés legítimo, ya que al comparecer aduciendo ser titular de un derecho subjetivo que se afecta con el acto de autoridad, corresponde al quejoso acreditar la afectación directa al derecho cuya titularidad refiere. Del contenido del artículo 107, fracción I, constitucional, así como de los numerales citados con antelación, se establece que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Así mismo, debe entenderse por perjuicio, para efectos de juicio de amparo, la afectación de un derecho legítimamente tutelado que es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, lo cual faculta a su titular acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo demandando el cese de esa transgresión. De igual manera, el perjuicio debe ser actual, por referirse a una situación que está causando afectación en el momento de promoverse la demanda de amparo, o por estar pronta a suceder o que inminentemente se le causará, pues cuando la afectación sólo es probable e incierta, no es susceptible de considerarse para efectos del juicio de amparo. Esto es, el interés jurídico en el juicio de amparo surge cuando el acto reclamado causa un perjuicio personal y directo a la esfera jurídica del gobernado, entendiendo por esta última el cúmulo de derechos y obligaciones de los que es titular. Entonces, para pedir amparo el peticionario debe demostrar, en primer lugar, ser titular del derecho que invoca y defiende en el juicio, lo cual debe acreditarse fehacientemente, con los elementos de prueba idóneos que permitan al juzgador tener certeza que el quejoso, al momento de la emisión del acto, gozaba del derecho o prerrogativa cuya afectación reclama en el juicio de amparo, en segundo lugar, la vulneración directa a los derechos con ese acto . En el caso, no se justifica el segundo requisito para la procedencia de la acción constitucional, pues si bien el acto reclamado se dirige al impetrante con la finalidad de que comparezca ante la autoridad judicial, es con el objeto de que el Ministerio Público formule imputación en su contra, por lo cual la citación a audiencia inicial, por sí sola no afecta de manera directa su esfera jurídica. Ello, porque la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que, contra la citación a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En tal sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en la que estableció que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación a la audiencia inicial de imputación, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, respecto de la citación para formarle imputación atribuida a las autoridades jurisdiccionales referidas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII , en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. AUTORIZADOS Se tiene por autorizado a ******************** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a ********************, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley, toda vez que después de realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales no se encontró su cédula profesional. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ramiro Ramírez y Escobedo, Secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,898 expedientes
- Ricardo Henaine Mezher1487/2016
- Ricardo Hernandez Anacleto193/2023
- Ricardo Hernández Anacleto608/2020
- Ricardo Iker Espinoza Luna632/2023
- Ricardo Isaac Breton Paez41/2021
- Ricardo Isaì GuzmàN Cortes643/2022
- Ricardo Juarez Ortega1468/2016
- Ricardo López Meza489/2017
- Ricardo López Meza626/2017
- Ricardo López Vieyra862/2020
- Ricardo Manuel Tello Vera114/2022
- Ricardo Martinez Nochebuena922/2019