Ricardo Hernandez Anacleto
Expediente 193/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Hernandez Anacleto
- Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal Y Ejecución de Todas las Regiones Judiciales En el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Puebla, Puebla, dos de junio de dos mil veintitrés. DECLARATORIA DE DÍAS INHÁBILES Visto el contenido de los cuatro comunicados de la Magistrada Coordinadora de Magistradas y Magistrados del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, con sede en San Andrés Cholula, Puebla y de la Jueza Coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito del Sexto Circuito, del Centro de Justicia Penal Federal y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Puebla, mediante los cuales comunican que con motivo de que el Estado de Puebla continúa en Fase 3 del Semáforo de Alerta Volcánica, que supone actividad intermedia a alta del volcán Popocatépetl, lo cual puede tener repercusión en la salud de las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales, las y los titulares del Sexto Circuito y Segunda Región Auxiliar, acordaron que el lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de mayo de 2023, se declararan días inhábiles (no laborables), por caso fortuito, por lo que no corrieron los términos de ley. CAUSA EJECUTORIA Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. SE GLOSA CUADERNO INCIDENTAL Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DESTRUIBLE, lo anterior en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, se procederá en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. DESTINO INCIDENTE ÚNICO De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno único del cuaderno incidental, es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso c) del acuerdo general aludido, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada, por todos los actos reclamados; por lo que acorde con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, al carecer de relevancia documental, se ordena la destrucción del original del cuaderno incidental, previa formulación del acta de baja documental respectiva y relación correspondiente para la plena identificación de dicho expediente, por lo que una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de tal Acuerdo. ANOTACIONES EN LAS CARÁTULAS Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa NO ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PRAL. 193/2023 En Puebla, Puebla, a las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el expediente relativo al juicio de amparo 193/2023, promovido por Ricardo Hernández Anacleto; en audiencia pública Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien actúa asistido de Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes. Al efecto, el Secretario da lectura a la demanda, relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no presentaron documento alguno con el que deba darse cuenta en este acto. A lo que el Juez provee: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, con fundamento en el numeral 123 de la ley de la materia se abre el periodo probatorio, en donde se hace constar que ninguna parte las ofreció y no existe alguna que deba desahogarse; con ello, se cierra la etapa respectiva. Luego, una vez abierta la fase de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los expresó; por lo tanto, se cierra este periodo. A continuación, se dicta la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 193/2023, promovido por Ricardo Hernández Anacleto; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla y remitida a este juzgado federal el veintiocho de febrero siguiente, Ricardo Hernández Anacleto solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, y otras autoridades, por considerar que los actos reclamados infringen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos actos los hizo consistir en la orden de búsqueda, aprehensión, detención, presentación, comparecencia, arresto, citación y la integración de una carpeta de investigación en su contra, así como su correspondiente ejecución. SEGUNDO. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado federal registró la demanda con el número 193/2023, desechándola respecto de la orden de citación y la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso reclamada a las autoridades administrativas penales, por lo que únicamente se admitió a trámite la demanda de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en: la orden de búsqueda, aprehensión, detención, arresto, presentación y/o comparecencia reclamados al ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades jurisdiccionales y administrativas penales, así como su ejecución; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esta adscripción; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. TERCERO. En auto de trece de marzo de dos mil veintitrés se dejaron de tener como autoridades responsables a las ahí precisadas; asimismo, en el mismo auto se tuvo como autoridad responsable a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión los actos combatidos, para lo cual debe decirse que del estudio integral de la demanda de amparo así como de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: - La orden de búsqueda, aprehensión, detención, arresto, presentación y/o comparecencia, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Todas las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron los actos reclamados, mismos con los que se dio vista al impetrante del amparo a efecto de que tuviera conocimiento de su contenido. Así mismo, el Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado3 informó mediante oficio a este órgano jurisdiccional que se instauró en contra de Ricardo Hernández Anacleto, la carpeta judicial administrativa 1455/2020/PUEBLA, por el hecho con apariencia de delito contra la salud en su modalidad de posesión de los narcóticos denominados cocaína y lsd, con fines de suministro; asimismo, informó que en audiencia de siete de junio de dos mil veintidós se ordenó el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión condicional, por lo cual se extinguió la acción penal y el sobreseimiento total de dicha causa, por tal motivo el catorce de febrero de dos mil veintitrés se ordenó el archivo definitivo de la referida carpeta, sin que exista dentro de la carpeta aludida antecedente de un acto restrictivo de la libertad. A pesar de lo anterior, la parte quejosa no aportó probanza alguna que fuera apta para desvirtuar dichas negativas, aun cuando le correspondía la carga de probar su existencia en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que los actos reclamados a las autoridades resulten inexistentes. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. Luego, toda vez que la parte quejosa omitió ofrecer prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, en relación con la existencia de los actos reclamados, emerge la causal de sobreseimiento prevista en la invocada disposición legal, motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Sirve de base para la anterior precisión, la tesis jurisprudencial4 con datos de localización siguientes: "Sexta Época. Registro: 1002350. Instancia: Pleno. Jurisprudencias. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento. Materia: Común. Tesis: 284. Página: 305. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". 3 Promoción con número de registro 3607. 4 Criterio aplicable en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo. CUARTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Ricardo Hernández Anacleto, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no obra la constancia de notificación electrónica del auto admisorio a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional de amparo; en consecuencia, se instruye al actuario adscrito a este juzgado para que efectúe de manera electrónica la notificación del auto a través del usuario proporcionado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR: "Puebla, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Hernández Anacleto, contra los actos del ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 193/2023. CONSIDERACIONES PREVIAS Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades jurisdiccionales penales los siguientes: La orden de búsqueda, aprehensión, detención, presentación, arresto y/o comparecencia. Respecto a las autoridades ordenadoras penales administrativas, reclama: La orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia, arresto, citación y la integración de una carpeta de investigación en su contra. Finalmente, téngasele reclamando la ejecución de los referidos actos reclamados. DESECHA DEMANDA RESPECTO DE LA ORDEN DE CITACIÓN RECLAMADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PENALES Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional de amparo advierte que respecto de la ORDEN DE CITACIÓN al no afectar directamente la esfera jurídica del quejoso conforme a los antecedentes que narró en la demanda, se considera que aquellos, real y jurídicamente, se traducen en la citación a fin de que se le hagan saber los hechos denunciados y en su caso, se tome su entrevista como imputado, respectivamente. Dicho acto, no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación de la autoridad ministerial mediante la cual requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, con lo cual, no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. De ahí que, contra dichos actos reclamados es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO."5 En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en el artículo 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción IV de la invocada ley, se desecha parcialmente la demanda respecto del acto reclamado a las autoridades administrativas penales, consistente en la citación girada por la autoridad ministerial para que acuda ante su potestad con el fin de que se le hagan saber los hechos denunciados y, en su caso, se tome su entrevista como imputado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN RECLAMADA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PENALES Respecto del acto reclamado a las autoridades ordenadoras ministeriales que la parte quejosa señaló en la demanda que se provee, consistente en la integración de una carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional. Ahora bien, conforme al primero de tales preceptos, el juicio de amparo es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". El diverso precepto constitucional, establece: "La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función." De lo transcrito se advierte que el Ministerio Público es una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la Sociedad. A tal institución le corresponde ejercitar la acción penal si procediere, siempre que existan elementos para ello, iniciar y llevar a cabo la investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período de investigación de los datos de prueba sobre hechos que pueden constituir un delito, para que, en su caso, esté en posibilidad legal de solicitar la acción penal. En tal virtud, las actuaciones del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal no transgreden los derechos sustantivos del gobernado de un modo directo e inmediato, a menos que en dicha actuación la autoridad ministerial ordene la privación de la libertad, posesiones o derechos. Abundando, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, de tal manera que los actos desplegados en la integración de la carpeta de investigación, son en ejercicio del interés social, para la persecución de los delitos; por tanto, las actuaciones realizadas en el ejercicio de esa facultad, no pueden considerarse conculcatorias de garantías, partiendo de la base de que se trata de un derecho social, y no privado, que lo hace no ser susceptible de entrar a la esfera jurídica de los particulares, aun cuando se trate de los mismos a quienes se dirige la investigación; habida cuenta que de no ser así, se verían restringidas sus facultades exclusivas, de las que fue dotado para actuar en representación de la sociedad; a menos que en ellas como ha quedado asentando, se ordenara que se prive al quejoso de su libertad, de sus posesiones o derechos, o cuando acuda 5 Registro digital: 2025762; Instancia: Plenos de Circuito; Undécima Época; Materias(s): Común, Penal; Tesis: PC.VI.P. J/3 P (11a.); Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tipo: Jurisprudencia. ante el órgano de control judicial, en cuyo caso al decidir el Juez del conocimiento sobre la procedencia de la acción ejercitada, sería en todo caso el momento en que se pudiera ver afectada la esfera jurídica del accionante de amparo. Apoya tal consideración la tesis de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."6 Así como la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO."7 En estas condiciones, es evidente que los actos que reclama la parte quejosa a las autoridades administrativas penales, consistentes en la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, no están contenidos entre los supuestos para la procedencia del juicio de amparo, sino que constituye una facultad concedida al Ministerio Público como representante social prevista en el precepto 21 de la Carta Maga, en protección a la garantía social y no a las individuales y, por ende, el amparo enderezado en su contra es improcedente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 21, párrafo primero, constitucional, se DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE, respecto de los actos consistentes en la integración de una carpeta de investigación en contra del referido quejoso, reclamada a las autoridades administrativas penales que señaló en su demanda de amparo. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, la demanda promovida por Ricardo Hernández Anacleto, se admite únicamente respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión, detención, arresto, presentación y/o comparecencia, reclamados al ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA y otras autoridades jurisdiccionales y administrativas penales, así como su ejecución reclamada a las autoridades ejecutoras señaladas en su demanda. APERTURA DE INCIDENTES Con fundamento en el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese por separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado y fórmese el expediente único. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo 6 Registro digital: 180028. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Penal. Tesis: 1a. CXXXV/2004. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Diciembre de 2004, página 351. Tipo: Aislada. 7 Registro digital: 2012423. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Tesis: (X Región)2o.1 P (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2592. Tipo: Aislada. primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala como autoridades ordenadoras a diversos Jueces adscritos al Juzgado de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sedes en puebla y Cholula, así como a los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por economía procesal y atento a los constantes cambios de adscripción y suplencia por el goce de los periodos vacacionales, a fin de evitar mayores dilaciones en perjuicio de las partes y privilegiar el principio de tutela jurisdiccional efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, se requiere al Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado y al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para que en ejercicio de su función administrativa, previa búsqueda de antecedentes en la base de datos de la Casa de Justicia Penal de todas las Regiones Judiciales del Estado y del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, respectivamente, rindan el informe justificado requerido en párrafos precedentes a los Jueces adscritos a dicha casa de justicia y al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado. Apercibidas las autoridades antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dese la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ANGÉLICA PALACIOS ZÁRATE, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "ANGELICAPALACIOS", y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA 06/02/26 13:01:01 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.31.32.35.33.37.35.31 MONICA GRISELL HERNANDEZ VELAZQUEZ Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de los Fiscales o agentes del Ministerio Público que solicitaron orden restrictiva de libertad, o formularon imputación o intervienen en el proceso penal instruido en contra de la aquí parte quejosa. 2.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados de manera restringida a las personas que menciona, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones; lo anterior, por no proporcionar número de cédula profesional, siendo ésta una carga procesal de la parte quejosa; en la inteligencia de que dicho aspecto podrá ser demostrado ante este juzgado en cualquier momento debiendo proporcionar las documentales que lo demuestren, y en caso de encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, deberá informar los números de registros correspondientes. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y DE MANERA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO."
- Principal
Puebla, Puebla, a veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista con el informe justificado del FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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