Ricardo Javier González Durán
Expediente 1293/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/04/2022
Partes del expediente
- Ricardo Javier González Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada ley reglamentaria, en contra del auto emitido el ocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1293/2021-I, promovido por Ricardo Javier González Durán; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo relativo a las autoridades responsables, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido del mismo afectara el acto que les fue reclamado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 2000/AMPARO/1203/2022 signado por el Presidente Especial de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, por medio del cual remitió diversas constancias. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 470/2020, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y anexo; en tal razón, agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan, sin que resulte necesario ponerlo a la vista de las partes en virtud de las consideraciones que enseguida se expondrán. Ahora bien, se precisa que de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades que señaló como responsable, de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada dentro del expediente laboral 239/6/2020, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mismo que se ordenó llevar a cabo a través del exhorto correspondiente, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, debido a que del contenido de las constancias con que se da cuenta, se advierte que el Presidente Especial de la Decimosexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara, devolvió sin diligenciar el exhorto que se le había enviado para el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, debido a que el fedatario encargado de llevar a cabo la diligencia respectiva, manifestó haberse constituido en el domicilio señalado para tales efectos; sin embargo, una persona le manifestó que ese sitió se encuentra vacío desde hace tiempo, lo que corroboró a simple vista, pues al efecto recabó diversas fotografías del lugar que acreditan el abandono que le refirieron. En tales condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues es evidente que las autoridades responsable llevaron a cabo todos y cada una de las exigencias para lograr el emplazamiento de la parte demandada en el procedimiento de origen, aún y cuando éste no se haya verificado, ya que la omisión de realizarlo no puede ser imputable a las autoridades responsables, sino que se debió a causas ajenas a ellas por los motivos que ya se expusieron. De ahí que se afirme que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. Finalmente, no constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se aprecia que la Presidente Especial de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Guadalajara, Jalisco, al momento de rendir el informe justificado solicitado en este expediente, manifestó que era cierto que no se había acordado el exhorto materia del acto reclamado dentro del juicio de garantías que nos ocupa, pero que el tres de noviembre de dos mil veintiuno, radicó el mismo, ordenando notificar a las demandadas, tal y como se lo solicitó la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad; sin embargo, omitió remitir la constancia relativa a dicho emplazamiento o, en su defecto, la razón por la que el mismo no pudo llevarse a cabo. En consecuencia, a efecto de que este Juzgado de Distrito se encuentre en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que reclama el agraviado, en términos del artículo 75 de la ley de la materia, a fin de recabar de oficio los medios de prueba que permitan a este juzgador integrar debidamente la litis y con ello, emitir el fallo que en derecho corresponda, requiérase a la Presidente Especial de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días remita copia debidamente certificada de la constancia que acredite el emplazamiento de la demandada al expediente laboral 239/E06/2020, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación Arbitraje en el Estado, con residencia en esta localidad; o, en su defecto, la razón por la que el mismo no pudo llevarse a cabo. Por las consideraciones que la informan, lo anterior encuentra apoyo en la Tesis VI.1°.85 K, visible en la página 521, tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. PROCEDE CUANDO FALTAN CONSTANCIAS NECESARIAS PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN. Cuando ante la autoridad responsable se aporta determinada prueba y ésta o su copia certificada no se acompaña con el informe justificado, siendo necesaria para la resolución del asunto, el juez de amparo debe diferir la audiencia constitucional y recabarla de oficio, en términos del artículo 78 de la Ley de la Materia, para no dejar en estado de indefensión al quejoso; y, si no se hace así, procede ordenar la reposición del procedimiento para ese efecto." Apercibida que en caso de incumplimiento, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional); ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad en lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós para su verificativo Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 137/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de enero de dos mil veintidós, remite copia certificada de las constancias que le fueron requeridas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda; además, téngase a dicha autoridad responsable dando cumplimiento con la exigencia que establece el quinto párrafo del numeral 117 de la legislación de la materia, pues en apoyo su dicho remite diversas documentales. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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