Ricardo Guadalupe Zepeda Rodríguez

Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
160/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Guadalupe Zepeda Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintidós. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ténganse por recibidos los oficios 28027/0028 y 28027/0029, signados por la Jefa de la Oficina Telegráfica en esta ciudad, por medio de los cuales informa que nuestros comunicados 175/2022-3 y 176/2022-4, se encuentran en lista de rezago; en consecuencia, sólo agréguense a sus autos para que obren como correspondan, toda vez que resulta innecesario su reenvío. Finalmente, como está ordenado en proveído de veintinueve de marzo del año en curso, remítase este expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación que antecede y estado que guardan los autos del presente asunto, se advierte que no existe diligencia alguna por desahogar, mandato pendiente de cumplimentar, ni promoción alguna por acordar, ni obran agregados documentos originales; es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído ante la negativa de los actos reclamados y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia XIX1ºA.C.,J/1 (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. Se ordena a la secretaría esté pendiente de recabar los acuses de recibo de los oficios girados a las autoridades responsables foráneas en vías de notificación de la sentencia definitiva y hecho que sea lo anterior, se resuelva sobre el archivo definitivo del presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 160/2021-II, promovido por Ricardo Guadalupe Zepeda Rodríguez, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, ante este Juzgado Federal, Ricardo Guadalupe Zepeda Rodríguez promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Comisionado del Órgano Desconcentrado y Readaptación Social Nacional de Seguridad. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal. Titular de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República. Todos con sede en la Ciudad de México. Director del Centro de Ejecución de Sanciones. Con sede en esta ciudad. Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y reinserción Social del Gobierno de Tamaulipas. Con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ACTOS RECLAMADOS: De todas y cada una de ellas, reclamo la Orden de Traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta Ciudad H. Matamoros, Tamaulipas, hacia cualquier otro lugar, establecimiento o Centro de Reclusión diferente en cualquier parte de la República Mexicana." Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. En auto de dos de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 160/2021-II; la admitió a trámite, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado; dio la intervención que le corresponde al Fiscal de la Federación adscrito; solicitó a las autoridades responsables sus informes relativos a la suspensión de plano y justificados; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado este expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La orden del traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro lugar, establecimiento o centro de reclusión, en cualquier parte de la República Mexicana. TERCERO. Las autoridades responsables Directora de Área en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, quien actúa en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador de Prevención y Readaptación Social; Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación de ésta última, y Titular de la Policía Federal Ministerial, todos con sede en la Ciudad de México; encargado del despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en esta ciudad y encargada del despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclamaron. La parte quejosa no desvirtuó esas negativas con prueba en contrario; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las Responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 62, 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ricardo Guadalupe Zepeda Rodríguez, respecto de los actos que reclamó a las autoridades señaladas en el considerando tercero, conforme a los razonamientos expresados en dicho apartado. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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