Ricardo Jaimes Lechuga
Expediente 363/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Jaimes Lechuga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO) CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE VEINTITRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL QUE SE ACORDO:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de tres de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese únicamente el original del incidente de suspensión y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. Por tanto, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y el ORIGINAL DE DEPURACIÓN, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y de las determinaciones en la que se concedió la medida suspensión, y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. De igual manera, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de referencia, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que exhibió con su demanda de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días posteriores a que se ordene el archivo del presente asunto, correrán la misma suerte que el expediente principal. Se precisa a la parte quejosa que para poder acudir a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda, conforme a los artículos 3° y 4° del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema Agenda OJ, a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las copias certificadas del expediente 356/2015, que remitió el Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de su índice, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a la autoridad antes requerida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Finalmente, cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron dos tomos de copias certificadas del expediente 356/2015, que había enviado como complemento de su informe justificado. Atento a lo anterior, este juzgador toma conocimiento para los efectos legales conducentes y deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó al oficiante Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia de tres de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese únicamente el original del incidente de suspensión y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su Capítulo Segundo, artículo 6, fracción II; y, Capítulo Octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;. Por tanto, SE ESTIMA QUE EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y el ORIGINAL DE DEPURACIÓN, debiéndose dejar únicamente en el original, la copia de la demanda y de las determinaciones en la que se concedió la medida suspensión, y en su oportunidad remítanse al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. De igual manera, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado acuerdo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de referencia, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que exhibió con su demanda de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia certificada de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días posteriores a que se ordene el archivo del presente asunto, correrán la misma suerte que el expediente principal. Se precisa a la parte quejosa que para poder acudir a recoger la documental que anexó a su escrito de demanda, conforme a los artículos 3° y 4° del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema Agenda OJ, a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las copias certificadas del expediente 356/2015, que remitió el Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, de su índice, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Se apercibe a la autoridad antes requerida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Finalmente, cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 363/2021-VII, promovido por -------------, por su propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial y turnado en esa misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y recibido en la misma data al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, -------------, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO ORDENADORA. 1.- C. JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL CON RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 2.- C. JUEZ OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA CON RESIDENCIA EN ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 3.- C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 4.- C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 5.- C. JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 6.- C. JUEZ SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 7.- C. JUEZ DECIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 8.- C. JUEZ DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 9.- C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO. 10.- C. JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B).- COMO EJECUTORA. 1.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ESTADO DE MÉXICO. 2.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL Y DE EXTINCION DE DOMINIO DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 4.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 5.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. 6.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 7.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 8.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA, CON RESIDENCIA EN VILLA NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO. 9.- EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 10.-EL EJECUTOR (A) ADSCRITO (A) AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTACIA, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO. 1. De las autoridades señaladas como ORDENADORA, lo es el (SIC) posible ORDEN DE DESALOJO, DESOCUPACION O ENTREGA, de la casa que ARRENDO, la cual se encuentra ubicada en FRACCIÓN --------------------, DE LA AVENIDA RUIZ CORTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE COMO: AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, MARCADO CON EL NUMERO ----------------, DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO ----------, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ya sea por expediente principal o vía exhorto, sin conocer el motivo por el cual PRETENDAN DESPOJARME DE LA POSESION DE LA PROPIEDAD QUE ACTUALEMENTE TENGO EN LA CALIDAD DE ARRENDATARIO, YA SEA QUE EL SUSCRITO Y EN OBVIO DE REPETICION ME ENCUENTRO EN POSESION DEL INMUEBLE MENCIONADO EN LA CALIDAD DE ARRENDATARIO, SITUACION QUE SE ACREDITA CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MISMO QUE SE ANEXA PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, POR LO TANTO HE TENIDO LA POSESIÓN DEL INMUEBLE DESDE EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 2. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS, lo es el CUMPLIMIENTO DE ESA ORDEN DE DESALOJO DESOCUPACIÓN Y ENTREGA, de la casa que tengo en posesión en calidad de arrendatario y la cual se encuentra ubicada en FRACCION ------------, DE LA AVENIDA RUIZ CORTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, ACTUALMENTE COMO: AV. ----------------------, DEL CONJUNTO EN CONDOMINIO DENOMINADO-----------------, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, DECONOCIENDO EL MOTIVO POR EL CUAL PRETENDEN DESPOJARME." SEGUNDO. Trámite del asunto. En auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, admitió a trámite el asunto, lo radicó con el número de amparo 934/2020-III-B, requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; además dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de nueve e abril de dos mil veintiuno, el referido Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, ordenó remitir los autos del juicio de amparo a este órgano federal al considerar que se actualizaba un supuesto de conocimiento previo. Hecho lo anterior, el seis de mayo de dos mil veintiuno, este juzgado federal tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo, asumió el conocimiento del asunto y declaró la validez de las actuaciones llevadas a cabo por el referido homólogo federal, registrándose el expediente con el número 363/2021-VII, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se estableció fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguida la secuela procesal, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y forma parte de esta resolución; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37, 107, de la Ley de Amparo, y 48 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en su caso, el acto reclamado tendrá ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, concretamente en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en esencia consisten en: La orden de lanzamiento ordenada en el juicio ordinario civil 356/2015, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, respecto del inmueble ubicado en Avenida --------------, del Conjunto en Condominio denominado ----------------, del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, sin que se le haya llamado a ese procedimiento al aquí quejoso, no obstante que refiere tener la posesión del mismo y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se precisan, al momento de rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman: 1. Ejecutor del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Tlalnepantla; 2. Jueza Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla; 3. Notificadora en Funciones de Ejecutora del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla; 4. Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Tlalnepantla de Baz; 5. Ejecutora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla; 6. Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla; 7. Jueza Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero; 8. Ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial Tlalnepantla con residencia en Nicolás Romero; 9. Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez; 10. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez; 11. Ejecutora del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero; 12. Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero; 13. Ejecutora adscrita al Juzgado Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero; 14. Juez Décimo Primero Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero; 15. Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez; 16. Ejecutor adscrito al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez; y, 17. Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, todos del Estado de México. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con el contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa de la existencia de los actos reclamados. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer el presente juicio. Sobreseimiento, que se hace extensivo a los actos reclamados a la autoridad responsable Ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, pues no obstante de que fue omiso en rendir su informe justificado, al ser inexistentes los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora Juez Séptimo de lo Civil en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es indudable que no existen los actos reclamados a la autoridad ejecutora, dada la jerarquía y funciones que tienen encomendadas. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México; en su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues al efecto aceptaron la existencia del procedimiento ordinario civil sobre otorgamiento de escritura y firma número 356/2015, promovido por ------------, contra la moral -----------, Sociedad Anónima de Capital Variable, relacionado con el inmueble que defiende el aquí quejoso. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Juez Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como complemento al mismo, relativas al juicio ordinario civil 356/2015, de su estadística; documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se procede analizar de oficio las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, cuarto párrafo, ambos de la Ley de Amparo. 1 Para evidenciar lo anterior, es necesario precisar que la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que dicho interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. El interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado por los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; empero, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, cuya finalidad de esa resolución es evitar que exista incertidumbre sobre qué posesión debe protegerse en el juicio de amparo indirecto y qué debe demostrar el promovente del amparo para acreditar su interés jurídico, concluyó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pero no de una simple posesión material de un bien. Sobre esa base, arrojó luz para que los operadores jurídicos estén sabidos que, para que la posesión de un quejoso, que se ostenta extraño a un juicio sea susceptible de protección constitucional, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y, para no dejar lugar a dudas, la propia Corte especificó que debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión, lo cual de entrada prueba que quien acude al juicio de amparo tiene un interés jurídico para ello, pues sólo de ese modo no se estará analizando la posible afectación a una posesión simple que, a su vez, conllevara a un estudio absurdo e injusto de esta última; tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.". De suerte tal que la parte quejosa que se ostente como tercero extraño al juicio natural está obligado a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión del inmueble que defiende. Exigencia, que prevalece tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley secundaria, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En ese sentido, si el quejoso -------------, acudió al presente juicio de amparo, ostentándose como tercero extraño al juicio ordinario civil 356/2015, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es necesario que demuestre que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión del bien inmueble ubicado en: Avenida -------------, del Conjunto en Condominio denominado ----------------, del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció como prueba la siguiente: Contrato de arrendamiento de fecha dos de febrero de dos mil veinte, celebrado por ---------------- (arrendadora), con el quejoso ------------- (como arrendatario) respecto del bien inmueble ubicado en: Avenida --------------------------------, del Conjunto en Condominio denominado -------------------, del Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para acreditar que la parte quejosa es poseedora del bien inmueble que defiende, puesto que el contrato de arrendamiento de fecha dos de febrero de dos mil veinte, celebrado por ----------------- (arrendadora), con el quejoso ------------- (como arrendatario) respecto del bien inmueble antes indicado carece de fecha cierta, constituyendo un documento meramente privado y que al consignar un acto traslativo de dominio, es requisito indispensable para que surta efectos contra terceros; es decir, que conste en escritura expedida por Fedatario Público, que se encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, o bien que hubiese fallecido alguno de los firmantes, sin que ninguno de éstos extremos se encuentre satisfecho en el asunto que nos ocupa, al no haberse allegado medio de convicción que así lo demuestre. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en abril de dos mil ocho, en el tomo XXVII, página once: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.". Además, de que la misma, al no encontrarse adminiculada con algún otro medio probatorio, resulta insuficiente para demostrar su interés jurídico. En ese contexto, al haberse restado eficacia demostrativa a la documental ofrecida por el quejoso, debe estimarse que carece de causa o título jurídico para determinar que posee un derecho protegible respecto del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Cabe añadir que de autos no se desprende algún otro elemento que, concatenado con aquél, pueda generar en este órgano jurisdiccional la convicción de la afectación al interés jurídico del quejoso, máxime que el interés jurídico es una carga procesal que debe satisfacer el peticionario y que como ya fue delineado no satisfizo. Bajo ese contexto, es evidente que la parte quejosa carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, pues no exhibió documento idóneo que demostrara que tiene algún derecho sobre el bien inmueble que defiende. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V , del citado ordenamiento, procede sobreseer el presente juicio de amparo2. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por -------------, por su propio derecho, respecto de los actos preciados en el segundo considerando, y por los razonamientos expresados en el tercero y quinto considerando de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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