Ricardo Hiram Díaz Saavedra y Otros.

Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Hiram Díaz Saavedra y Otros.
  • Ricardo Hiram Díaz Saavedra

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, y en su calidad de hermano de la menor de iniciales K.I.S.V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en el presente juicio de amparo no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, se ordena su archivo definitivo. Lo anterior, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, 21, inciso d, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;." Se estima que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. En otro orden de ideas, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en el local de este órgano jurisdiccional, para recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, en el entendido que deberá presentar original y copia de identificación oficial, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos, apercibida que de no recogerlos en el término otorgado, los mismos serán destruidos junto con el presente expediente. Se precisa que para poder acudir a recogerlos, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicio jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, debiendo precisar si pretende comparecer a recoger los referidos documentos, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Ello, dado que en dicho acuerdo se regula la manera en que se deberán obtener las citas para el fin requerido por el promovente, esto es, para que pueda acudir de manera física a este recinto judicial a efecto de recoger los documentos que se dejan a su disposición; de ahí que deberá realizar lo ahí explicado para poder agendar esa cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito por medio del cual Ricardo ******, desahoga la prevención formulada mediante proveído dictado el treinta de julio de dos mil veintiuno. En mérito de lo anterior, se tiene por desahogada la prevención formulada y, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y los escritos aclaratorios, suscritos por ******* contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Mesa Dos, y otra autoridad, se provee: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, y de su escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en la omisión de la Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Mesa Dos, de tomar la entrevista a la menor de iniciales K.I.S.V., en su calidad de víctima, dentro de la carpeta de investigación número interno de control FVG/VGC/00/MPI/443/00441/21/02, (número único de causa: CUA/FVG/VGC/032/030389/21/02), con número económico 267/2021. Acto respecto del cual este juzgador estima que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales concede un recurso o medio de defensa, por virtud del cual, se pueden reclamar las omisiones del ministerio público. En efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede advertir que la víctima u ofendido puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, por lo que previamente a promover la acción de amparo, debe agotar ese medio de impugnación. Este medio de defensa resulta idóneo para que la víctima pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en el referido numeral 258, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público realice la investigación correspondiente. De ahí que el medio de defensa previsto en los citados artículos 109, fracción XXI y 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Al particular, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 57, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 943, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, que refiere: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.". De lo antes expuesto, se pude advertir que en la fase de investigación el encargado de la misma, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Sin que sea un obstáculo para lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya señalado como autoridad responsable ejecutora a la Policía de Investigación adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres Cuautitlán Izcalli, Estado de México, dado que de sus antecedentes se advierte que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Dos de dicho Centro de Justicia es la autoridad que no ha realizado las gestiones necesarias para recabar la entrevista de la menor de iniciales K.I.S.V., pues a la presentación de la demanda, los quejosos no tienen respuesta de cuando se llevará a cabo dicha diligencia, ni a qué autoridad le corresponde desahogarla. Es por eso que se llega a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ricardo Hiram Díaz Saavedra, por propio derecho, y en su calidad de hermano de la menor de iniciales K.I.S.V. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de julio de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por Ricardo Hiram Díaz Saavedra, por propio derecho, y su calidad de hermano de la menor de iniciales K.I.S.V., contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Mesa Dos, y otra autoridad; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 731/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Ricardo Hiram Díaz Saavedra, por propio derecho, y en su calidad de hermano de la menor de iniciales K.I.S.V., para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1) Precise de manera clara cuál es el acto en específico que le reclama a la autoridad responsable, debido a que en el apartado correspondiente a los antecedentes del acto reclamado, señala lo siguiente "Lo constituye la inconstitucionalidad e ilegalidad del acto de autoridad consistente en el auto admisorio de demanda DE FECHA OCHO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, DONDE ADMITIÓ LA DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR INTERPUESTA POR LOS SUSCRITOS, en donde dicho acto de autoridad violenta los derechos humanos de la menor de nombre K. I. S. V., toda vez que por una parte ordena terapias Psicológica grupal, sin observar el daño físico, psicológico, y emocional que pueda tener la menor al estar con su progenitora; luego entonces, al negar la guarda y custodia a los suscritos, con el argumento de conocer la posesión de las partes, dejando la posibilidad que la tercero interesado no solo pueda agredir físicamente a la menor, sino también, la sustraiga o realice todo acto tendiente a lesionar a dicha menor, sin que esto se le pueda impedir al ejercer la Guarda y Custodia la progenitora, poniendo en eminente riesgo a la menor de nombre antes citada." No obstante lo anterior, en el apartado de actos reclamados precisa como tal la omisión de tomar la entrevista a la menor de identidad resguardada, de iniciales K.I.S.V., en su calidad de víctima dentro de la carpeta de investigación NIC: FVG/VGCC/00MPI/443/00441/21/02, NUC: CUA/FVG/VGC/032/030389/21/02, con número económico 267/2021. Lo que provoca confusión de cuáles son los actos que en específico pretende controvertir en el presente juicio de amparo, toda vez que de la demanda de amparo no se advierten con claridad cuáles son los actos reclamados, pues bien pudiera ser que pretenda reclamar ambos, o sólo uno de ellos, lo cual obstaculiza que se pueda fijar de manera adecuada la litis. 2) De señalar algún acto que derive de un procedimiento diverso a la carpeta de investigación NIC: FVG/VGCC/00MPI/443/00441/21/02, NUC: CUA/FVG/VGC/032/030389/21/02, con número económico 267/2021, deberá precisar a que autoridad lo atribuye y, en todo caso, exhibir los documentos con los que acredite la representación de la MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 menor de iniciales K.I.S.V., o bien si cuenta con alguna personalidad reconocida dentro de ese procedimiento. Esto, a fin de tener debidamente precisado el acto o los actos que se combaten en el presente asunto e integrar debidamente la litis constitucional. Tiene aplicación la tesis número 227,883, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio 1989, página 54, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." 3) Asimismo, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio, para distribuirse de la siguiente manera: una para el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, una para la tercera interesada y una para la autoridad responsable. Cabe precisar que la exhibición de las copias del desahogo, es con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba al promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer, qué acto se reclama, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver el conflicto, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P.VII/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE.". Se apercibe al promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en los incisos 1) y 2), dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. De igual forma, se tienen como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Guillermo David Pallares Cea, toda vez que su respectiva cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, respecto de las demás personas que se señalan quedan autorizadas en los términos que se precisan, esto es, sólo para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 Por otra parte, toda vez que la parte quejosa proporciona el nombre de usuario "dpallares123", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que realice las gestiones necesarias. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en Avenida Ferronales Poniente, Número 126, Colonia Guadalupe, Cuautitlán México. En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y MARIA DEL ROSARIO GARCÍA LARA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b8.45 12/03/22 11:31:52 celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma, Óscar Durán Valdés, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, Encargado del Despacho en términos del artículo 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2422/2021, de cinco de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de María del Rosario García Lara, Secretaria que da fe.

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