Ricardo Hipólito Jiménez
Expediente 1155/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Hipólito Jiménez
- LIBRADA MENDOZA VAZQUEZ policía en turno de la agencia municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlan de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca
- LUIS HIPOLITO CRUZ Agente Municipal de la agencia municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlan de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano y esta determinación. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma, se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 18 del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventas días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1155/2021, promovido por********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como responsables han librado orden verbal de detención en su contra. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veinte de octubre de dos mil veintiuno. Dicho libelo constitucional se turnó en la misma data, donde quedó registrado con el progresivo 1155/2021; se admitió a trámite en la propia fecha; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que el impetrante de amparo reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: Agente Municipal Síndico Municipal Alcalde Único Constitucional Agencia Municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca. Orden privativa de la libertad librada en su contra. Regidor de Seguridad Policías en Turno Agencia Municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca. Ejecución material de la orden privativa de la libertad. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables no rindieron su informe justificado, a pesar de encontrarse notificados de la solicitud de aquél el veintidós de octubre del año en curso, conforme a lo informado por el encargado de la sucursal telegráfica de Telecomunicaciones de México -TELECOMM- mediante oficio acordado el pasado doce de noviembre, por ende, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 117 de la Ley de Amparo se presumen ciertos los actos reclamados en esta instancia. Aunado a que, de la documental aportada por el impetrante de amparo [acordada en determinación emitida el treinta de noviembre del actual] se aprecia que libraron orden de detención verbal y escrita en contra de aquél; medio de convicción al cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." El suscrito advierte que respecto de los actos reclamados que se atribuye a las responsables, consistente en la orden privativa de la libertad [detención] y su ejecución material; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de la documental que aportó el impetrante de amparo al presente juicio de amparo -la cual fue valorada en el apartado que antecede- se advierte que mediante oficio suscrito el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno por el agente Municipal, alcalde único Constitucional y regidor de Seguridad, todos ellos de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapa, Oaxaca, dejaron sin efecto la orden de detención verbal y escrita librada en contra del aquí quejoso; por ende, se estima que ha cesado los efectos de ese acto reclamado. En consecuencia, resulta evidente que la orden privativa de la libertad reclamada ha dejado de existir, puesto que las autoridades responsables citadas en párrafos que anteceden dejaron sin efectos aquélla. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido los actos reclamados, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo 1155/2021 el veinte de octubre de dos mil veintiuno, según se aprecia de la plataforma virtual del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en tanto que la determinación a que se hace alusión se dictó el veintiséis de octubre siguiente, debe concluirse que los actos reclamados cesaron en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinarlos si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cuanto hace al acto reclamado relatado, de ahí que, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, por lo que respecta a dicho acto de disenso. Apoya este criterio la tesis 2a./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, resulta innecesario ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado por lo que a dicho acto respecta, puesto que no es propio de los fines del amparo realizar el estudio de fondo respecto de la conducta que atribuye a la responsable, la cual cesó y, por lo tanto, ya no ocasiona agravio alguno a la parte quejosa. Sustentan lo aquí vertido, las tesis 509 y 1028, consultables en las páginas 335 y 708, respectivamente, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." DECISIÓN Consecuentemente, al hacerse patente la causa de improcedencia analizada en el apartado que antecede, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, respecto de los actos reclamados que atribuyó a las autoridades señaladas como responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VI de este fallo. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para los efectos legales consiguientes; en relación a su contenido, se tiene al encargado de la sucursal telegráfica de Telecomunicaciones de México, cumpliendo con el requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el pasado cinco de noviembre. Ahora bien, debido a que dicha autoridad informa que los oficios telegráficos expedidos a los entes responsables -mediante los cuales se les notifica el proveído inicial- fueron entregados el veintidós de octubre del año en curso, sin que a la fecha aquéllos hayan rendido su informe relativo a la suspensión de plano concedida en este juicio constitucional, por tanto, se requiere al a) agente Municipal, b) síndico Municipal, c) alcalde Constitucional, d) regidor de Seguridad y e) policías en turno, todos ellos de la Agencia Municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, para que de forma inmediata rindan su informe en acato a la suspensión de oficio y de plano concedida al quejoso ********************. Apercíbase a las autoridades responsables que de no cumplir con dicho requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinte de octubre del actual. Hágase del conocimiento, que se pone a disposición el correo oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de dar celeridad a este procedimiento. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que las autoridades responsables, no han rendido su informe justificado ni existe constancia en la que se advierta que se encuentran notificadas de la solicitud de aquél. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, requiérase al gerente Estatal en Oaxaca de TELECOMM Telégrafos; para que, dentro del plazo de tres días, informe la fecha en que fueron entregados los oficios telegráficos 1) 30046/2021, 2) 30047/2021, 3) 30048/2021, 4) 30049/221, 5) 30050/2021 y 6) 30051/2021, dirigidos al a) agente Municipal, b) síndico Municipal, c) alcalde Constitucional, d) regidor de Seguridad y e) policías en turno, todos ellos de la Agencia Municipal de Yucuquimi de Ocampo, Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, respectivamente, los cuales fueron depositados en la oficina a su cargo el veintiuno de octubre del año en curso. Apercíbasele, que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, al momento de realizar la conducta sancionada. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere para las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.
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