Ricardo González García
Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo González García
- Jueza Titular en funciones de Magistrada de la Primera Sala Penal Unitaria del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la comunicación señalada en la cuenta al expediente en que se actúa mediante el cual la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo de las constancias remitidas en auto de once de octubre del año en curso, relativas al recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***; asimismo, hace del conocimiento que dicho medio de impugnación se admitió a trámite bajo registro amparo en revisión 328/2023. En consecuencia, téngase a la Superioridad informando lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar en el presente juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que las partes se encuentran notificadas de la sentencia dictada en este juicio de amparo indirecto, así como del auto por el cual se tuvo al quejoso Ricardo González García, interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia; en consecuencia, remítanse el escrito original de agravios, con una copia, un tomo de pruebas, un disco versátil digital, y el juicio de amparo 54/2023, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en turno, del Décimo Tercer Circuito, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que las actuaciones practicadas en el presente juicio electrónico se encuentran a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para su consulta y descarga si así lo estima conveniente. Por ende, se autoriza la vinculación de forma permanente del expediente para su relación y posterior consulta. Se comisiona a la analista jurídica encargada del referido sistema, para que proceda a realizar la autorización respectiva. Este actuar es atendiendo a la utilización preferente de medios tecnológicos y soluciones digitales en el trabajo de conformidad con el numeral 254 del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a su contenido, téngase al quejoso *** interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, un tomo de pruebas y un disco versátil digital, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Notifíquese personalmente.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 54/2023, promovido por Ricardo González García, en contra de la resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 21/2022, del índice de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 723/2022 de la estadística del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por la probable participación del quejoso en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 Bis fracción II y sancionado en el diverso 405, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Tania Ramírez Gutiérrez. ANTECEDENTES De las documentales que obran en autos, se tiene acreditado que ante el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, se radicó la causa penal 723/2023, instruida en contra de Ricardo González García, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 Bis fracción II y sancionado en el diverso 405, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de Tania Ramírez Gutiérrez. En audiencia de cinco de octubre de dos mil veintidós, la fiscalía formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso. En atención a dicha solicitud el juez de origen determinó vincularlo a proceso por su probable participación en dicho ilícito e imponerle diversas medidas cautelares encaminadas a proteger la integridad de la víctima -último tópico que no fue materia del acto reclamado en este juicio de amparo. Inconforme con esa determinación la defensa de la parte quejosa interpuso recurso de apelación, por lo que mediante resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós la Primera Sala Penal Unitaria, confirmo el auto de vinculación a proceso recurrido. (Determinación que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el trece de enero de dos mil veintitrés. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día, el cual quedó registrado con el progresivo 54/2023; se admitió a trámite el dieciséis de enero del año en curso; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de veintisiete de enero pasado, se ordenó emplazar a los terceros interesados Tania Ramírez Gutiérrez y al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala responsable. El dos de febrero siguiente, se emplazó a la mencionada víctima -por medio de lista, y el treinta de enero de este año al fiscal adscrito a la sala responsable -por oficio. La audiencia constitucional tuvo verificativo el cuatro de septiembre del actual, al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de la Jueza Titular en funciones de Magistrada de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 21/2022, de su índice, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal 723/2022 de la estadística del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de Tania Ramírez Gutiérrez. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Jueza Titular en funciones de la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, quedó legalmente acreditado a partir de su informe justificado, en el que reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia del acto de disenso. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las copias certificadas del toca penal 21/2022, que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, así como el disco versátil digital (DVD), relativo al registro en audio y video de diversas audiencias llevadas dentro de la causa penal 732/2022; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." LEGITIMACIÓN Ricardo González García, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6° de la Ley de Amparo, al revestirle el carácter de imputado en la causa penal de origen y con la resolución que combate, a su decir se deja en estado de indefensión, ya que lo obliga a seguir un proceso penal en su contra, por un ilícito que refiere no cometió. Por consiguiente, tiene legitimación para controvertir la resolución de segunda instancia en sede constitucional. OPORTUNIDAD Del original del toca penal 21/2022 que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que el actuario correspondiente notificó al imputado mediante correo electrónico el cinco de enero de dos mil veintitrés. Bien, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los numerales 82, fracción I, inciso b, 83 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "CAPÍTULO V NOTIFICACIONES Y CITACIONES Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; [.]" "Artículo 83. Medios de notificación Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital." "Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. [.]" Lo resaltado es propio De dichas porciones normativas, se puede apreciar que una de las formas de notificación permitidas por la ley es por medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal, como los correos electrónicos. En el que el notificador correspondiente deberá imprimir copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto. Así, la notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. En el caso concreto, si bien no obra la constancia de acuse recibo por parte del quejoso, bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda manifestó que se le notificó el seis de enero de dos mil veintitrés, surtiendo efectos la notificación en esa propia fecha. De ahí, que el plazo de los quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintisiete de enero de dos mil veintitrés, descontando los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós, por ser sábados, domingos e inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. Por ende, si la demanda de amparo se presentó el trece de enero del año en curso, se considera que la demanda de amparo es oportuna. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se aprecia la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Resulta innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, al no existir dispositivo legal alguno que imponga esa obligación, máxime que a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad los mismos habrán de ser analizados al momento de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De igual forma, conviene hacer notar que por cuestión de método los conceptos de violación se estudiarán en forma diversa a la planteada, sin que ello irrogue perjuicio alguno al quejoso, en razón de que no interesa la forma en que se emprenda el análisis de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, con independencia de la forma utilizada. ESTUDIO DEL ASUNTO Apuntado lo anterior, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere fundamentalmente, lo siguiente: Los datos de prueba fueron insuficientes para establecer que cometió el delito de violencia familiar, y que por ende exista la probabilidad de que lo haya cometido, ya que aduce que la Magistrada Unitaria no analizó de una manera libre y lógica, ni apreció integral y armónicamente los medios de prueba que obran en autos, con base en los principios de pertinencia, idoneidad y suficiencia. Se vulneró su derecho a una defensa adecuada, ya que refiere que la juez que en primer momento lo vinculó a proceso, no le permitió a su defensor requerir precisiones o aclaraciones al Agente del Ministerio Público, violando con ello lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Violación al principio de no autoincriminación y presunción de inocencia. Refiere que no se encuentra acreditada la relación de noviazgo que tenía con la víctima, ya que los medios probatorios que acreditaron dicha circunstancia resultan incongruentes. No se le hicieron saber las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los hechos que se le atribuyen (veintiocho de octubre de dos mil veinte y veinticuatro de abril de dos mil veintidós), aunado a que ello no se encuentra robustecido con algún dato de prueba. Indebida fundamentación y motivación. Ahora bien, se impone precisar que los sintetizados conceptos de violación guardan similitud con los agravios planteados en el recurso de apelación; no obstante, al ser el quejoso el imputado en el expediente penal de origen, opera a su favor la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, por lo que el suscrito realizará un estudio oficioso, a fin de advertir si el acto reclamado cumple con lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre este punto, se impone aclarar además que el acto reclamado que será analizado, es la resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitida en el toca penal 21/2022 por la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Expuesto lo anterior, se precisa que de acuerdo con el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Conforme a dicha disposición, el derecho a la jurisdicción debe reunir ciertas condiciones, entre las cuales se encuentra el derecho a ser oído con las debidas garantías. A esto se le llama el debido proceso. Dentro de los derechos que constituyen el debido proceso puede considerarse el derecho a la sentencia, es decir, a que el tribunal atienda o resuelva sobre todo lo pedido por las partes dentro de un juicio y, en el ámbito de la segunda instancia, a que el tribunal de alzada decida sobre los agravios formulados, sin omisiones. Este derecho tiene correspondencia con el de justicia completa previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque sólo mediante la resolución y atención sobre todo lo pedido por las partes mediante el ejercicio del derecho de acción o de defensa, se satisface el derecho a la jurisdicción ante los tribunales. Por lo que no basta con solo dar oportunidad al justiciable para exponer ante el tribunal sus planteamientos, sino también que éste cumpla su función, mediante el dictado de una resolución donde el pedimento del promovente se atienda, esto es, sin incurrir en omisiones. Ahora bien, el recurso de apelación tiene por objeto examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, si se violaron los preceptos reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron los hechos; ello atendiendo a los agravios expresados por el apelante; de manera que, conforme al resultado de tal examen, el tribunal de alzada confirmará, revocará o modificará la resolución apelada; o bien, ordenará la reposición del acto que dio lugar de la misma. En ese sentido, en ninguna disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos al recurso de apelación, existe alguna regla sobre cómo formular o redactar el escrito de agravios, ni sobre cómo abordar su estudio en la sentencia. Sin embargo, en cuanto a la expresión de agravios, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha abandonado la exigencia de ciertas formas solemnes o determinadas, para considerar suficiente la expresión clara de la causa de pedir, esto es, la indicación de la lesión resentida y las razones o motivos por los cuales se considera la existencia de esa lesión. Respecto al estudio de los agravios en la sentencia del tribunal de alzada, aunque en ninguna disposición se establece expresamente alguna forma o método, los principios rectores de la actividad jurisdiccional, como el de congruencia y exhaustividad de las resoluciones, así como al deber de fundamentación y motivación establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, llevan a concluir que la sentencia debe ser clara sobre los temas tratados, así como demostrativa de los motivos y fundamentos que tiene el tribunal para confirmar, revocar o modificar la sentencia de primer grado, o bien, ordenar la reposición del acto. En ese orden de ideas, el tribunal de alzada, en primer lugar, debe identificar correctamente en qué consisten los agravios, pues es fundamental para cumplir el deber de resolver con congruencia y en forma exhaustiva, es decir, sobre lo efectivamente pedido y sobre todo lo que se pide, y para ello es importante considerar los hechos jurídicamente relevantes. En tanto el análisis de los motivos de inconformidad identificados, el tribunal de alzada puede hacerlo en el orden en que son presentados, por considerar que ese orden y tratamiento son los correctos, o bien, que lleve a cabo el estudio en un orden distinto al propuesto por el apelante, o que analice en forma conjunta lo expuesto en dos o más apartados, incluso de todos, entre otros ejemplos, cuando entre ellos exista alguna vinculación que lo justifique, como cuando traten del mismo tema o lesión causada por la sentencia, cuando deriven de la misma premisa de derecho, o cuando traten cuestiones iguales o repetidas; pero todo esto, a condición de que todos los aspectos y detalles expuestos por el inconforme, sobre las cuestiones controvertidas, sean resueltos. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay afectación al derecho a la jurisdicción ni a las garantías del debido proceso por la sola circunstancia de que pueda hacerse un estudio de agravios en forma conjunta, si se toma en cuenta que no hay impedimento alguno para que ese estudio abarque o comprenda todas las cuestiones o aspectos de los agravios, sobre los puntos controvertidos. Por lo que, la forma de estudio, conjunta o separada, no es lo determinante para satisfacer las garantías del debido proceso o el derecho a la jurisdicción, sino la circunstancia de que el estudio abarque todos los argumentos sobre las cuestiones controvertidas, sin omisión alguna. Se invoca al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, en materia común, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 176546, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Así como la tesis 1a.CVIII/2007, en materia constitucional, de la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, publicada en la página 793, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172517, de rubro: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES". Ahora bien, el quejoso expresó los siguientes agravios ante la Sala responsable: ".Es fuente de agravio en primer término el hecho que mi defensor particular solicitó en primer lugar la nulidad de lo actuado en el parte informativo de fecha 24 de abril de 2022, suscrito y firmado por el policía tercero René Ignacio Martínez Juárez, quien fue la persona que detuvo al suscrito el día 24 de abril de 2022, y dicha nulidad fue promovida porque dicho parte informativo fue vertido como dato de prueba por parte de la Agente del Ministerio Público, y como lo evidenció mi defensa particular dicho parte es violatorio a lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IX, que establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. En el caso en particular se advierte que después de analizar el parte informativo fui detenido a las 18:30 horas del día 24 de abril de 2022, por parte del policía aprehensor René Ignacio Martínez Juárez, policía tercero (PV 110, elemento de la Dirección de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca); por lo que en todo momento debió de haberse cumplido con lo que establece el apartado B del artículo 20 de la Constitución federal, en su fracción II, es decir, se me debieron de hacer saber los motivos de mi detención, además de que se me debió de haber dado conocimiento de mi derecho a guardar silencio, resaltando mi derecho de no auto incriminarme, lo cual de ninguna manera sucedió, esto porque el policía aprehensor me detuvo, y todavía me inquirió el porqué me había introducido según él al domicilio de la señora Leticia Gutiérrez Santiago, y después obtener una confesión que en todo caso nunca fue asistida de mi defensor particular con la cual se evidencia la nulidad de la misma. [.] De la misma manera me agravia la determinación de la Juez natural, de dictarme auto de vinculación a proceso como probable responsable dl delito de violencia familiar de tipo psicoemocional, que se dice fue cometido en agravio de Tania Ramírez Gutiérrez, porque tal determinación es contraria a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no existe acreditada la relación de parentesco que existía entre el suscrito y la víctima. Pues de la denuncia rendida por la propia víctima, no se estableció la fecha exacta en que comenzamos nuestra relación de noviazgo y mucho menos el tiempo que lleváramos de novios..aunado a que la Agente del Ministerio Público, me refirió en un primer lugar que existía una relación de noviazgo, después refirió que había existido una relación de noviazgo (lo cual me genera una confusión en cuanto a la temporalidad del noviazgo) asimismo también refirió que el suscrito tuve una relación de convivencia con la que se dice víctima del delito, y considero que no puede existir una relación de noviazgo con un relación de convivencia, con lo cual se advierte que el auto de vinculación a proceso que me fue dictado, carece de la debida fundamentación y motivación adecuadas. De igual manera debe decirse que por lo que respecta al hecho que se me atribuye y que supuestamente sucedió el 28 de octubre de 2020, en ningún momento se estableció la hora y el lugar en que supuestamente sucedió tal hecho, haciendo evidente con ello la imposibilidad de poder formular una defensa adecuada. por otra parte y al pretender que se hicieran algunas aclaraciones y precisiones por parte de la Agente del Ministerio Público, esto no se pudo llevar a cabo porque tanto la fiscal como la asesora jurídica se opusieron argumentando que ya se había dejado pasar esa posibilidad, y que la jueza de control así también lo consideró, lo cual lo considero no es adecuado porque el artículo 311 dl código nacional de procedimientos penales, no es limitativo o exclusivo en delimitar el momento en donde se pueden hacer estas precisiones o aclaraciones. [.] En tales condiciones se advierte que los datos de prueba vertidos por la Agente del Ministerio Público, al momento de formularme imputación no son congruentes, pertinentes y suficientes entre sí, y que por el contrario se contradicen entre ellos mismos. [.] .nunca quedó acreditado la circunstancia de lugar en que supuestamente se llevó a cabo mi detención por parte del policía aprehensor. Por último, respecto del dato de prueba consistente en la pericial psicológica llevada a cabo por el perito Ángel Fernando Espinosa Ramos, el cual fue incorporado por la Agente del Ministerio Público, el mismo es insuficiente para acreditar el delito de violencia familiar que se me atribuye en su comisión, lo anterior porque si bien es cierto, existe dicho dictamen pericial en la carpeta de investigación, que en dicha dictamen se estableció una metodología, las técnicas utilizadas, un planteamiento del problema un resultado de los test aplicado y se refirieron 4 conclusiones, empero de ninguna manera se incorporó por lectura el motivo de dicho dictamen psicológico, y menos aun los hechos que dieron origen al resultado o a las conclusiones a la que llegó el perito, como para tomarlo en cuenta y determinar mi probable responsabilidad en la comisión del delito que se me atribuye su comisión. De lo hasta aquí expuesto, se obtiene que los conceptos de violación, que como ya se dijo guardan estrecha vinculación con los agravios planteados en el recurso de apelación. Apuntado lo anterior, se destaca que la Sala responsable dio contestación a los agravios del impetrante al tenor de lo siguiente: ".CUARTO. Ahora, la Aquo estuvo en lo correcto al conceder valor probatorio a los datos de prueba que narró el ministerio público y que obran en su carpeta de investigación, en contra del imputado RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA. Cabe resaltar que de acuerdo con lo que establecen los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la valoración de los datos de prueba debe realizarse de manera libre y lógica, lo que empleó la resolutora de primera instancia justificando el valor otorgado a las pruebas en base a la apreciación integral y armónica de todos los elementos probatorios por su pertinencia, idoneidad y suficiencia; que no es más que utilizar las reglas de la sana crítica, y por ende el correcto entendimiento común, con las limitaciones de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos, de manera individual y en su conjunto. La jueza al valorar los datos de prueba de manera individual y en su conjunto, consideró que al no haber realizado manifestación alguna el defensor, quien ejerce el control horizontal de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación del ministerio público, se tiene que toda la información de dichos datos de prueba vertida por la representación social fue obtenida de forma legal, esto es, que no se violentaron los derechos fundamentales del imputado RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA, que por ende se trata de información lícita, de ahí que tales datos de prueba sean pertinentes porque tienen relación con los hechos denunciados por la víctima; que los mismos son útiles porque dan a conocer la forma en que se efectuaron los hechos denunciados y para acreditar la identidad de la persona que los cometió, y que contrario a lo que afirma la defensa son suficientes para acreditar, hasta este momento, los extremos que establecen los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que se comparte, dada la naturaleza de la etapa procesal en la que nos encontramos, esto es, de probabilidad. Así también tenemos que la A quo al valorar la declaración de la víctima TANIA RAMIREZ GUTIERREZ, de manera correcta consideró que es fiable, porque es la propia víctima quien relata los hechos que vivió en su persona; que conoce a su agresor, con quien afirma tuvo una relación de noviazgo de aproximadamente cuatro años, ya que asegura que empezó en el año dos mil dieciocho, y no en el dos mil diecinueve. como lo refiere la juzgadora; de ahí que es creible que pueda proporcionar datos de su relación amorosa, cómo es que conoció al imputado porque él trabajaba como policia en el auditorio Guelaguetza, y la mamá de dicha víctima tenía un puesto de vendimia en ese lugar, que desde que lo conoció empezó a cortejarla y posteriormente iniciaron su relación de noviazgo, primero por whasap; que después de un tiempo su relación se tornó álgida, porque el imputado, su novio, cambió ya que la celaba y la insultaba constantemente, al decirle que era una puta, una zorra, entre otras cosas; por lo que de esas circunstancias en las que describe la victima su relación con el imputado, es creíble que los hechos hayan sucedido en la forma en que lo relata, tanto el del día veintiocho de octubre de dos mil veinte, como el del veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Y que si bien es cierto que en el primero no menciona un lugar específico con denominación de donde se hayan suscitado, sí lo refiere al afirmar que sucedieron en donde salen las suburban que van para Nochixtlán, y a donde ella se dirigía para efectuar actividades de su escuela, y tomando en consideración la forma en que ella narra como la trataba el imputado, es creíble, que éste la haya seguido hasta ese lugar, que le haya quitado o arrebatado su celular, que se lo haya devuelto en la forma que lo narra y que posteriormente la haya insultado y agredido a través de mensajes, al decirle, entre otras cosas, que sus compañeros le pedían fotografías desnuda. Así también resulta creíble por cuanto refiere los hechos que vivió el día veinticuatro de abril de dos mil veintidós, cuando se encontraba en el interior de su casa, viendo la televisión con su hermana, cuando hasta el patio de su casa se presentó el imputado a gritarle que saliera, que si estaba cogiendo con otro porque no le contestaba sus mensajes. Dado que esa declaración, como lo estimó la jueza de primera instancia, es coherente y congruente en sí misma, no hay dato alguno que permita determinar que sea contradictoria para restarle valor probatorio, y da una razón suficiente de su dicho, como es precisamente la relación que la une con el imputado y la forma en que ha sido agredida verbalmente por dicho imputado; que no se trata de un dato aislado, ya que está corroborado con los demás datos de prueba proporcionados por el ministerio público, como son la declaración de la ateste LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO, el dictamen psicológico emitido por el perito psicólogo oficial, el parte informativo y la diligencia de inspección ocular, como se verá posteriormente. Es cierto que hasta este momento solo existe como dato de prueba que sustente el hecho acaecido el día veintiocho de octubre de dos mil veinte, el dictamen psicológico emitido por el perito psicólogo oficial en donde se determina la sintomatología que presenta la victima por los hechos que ha vivido con el imputado, lo que de alguna manera corrobora la declaración de la propia víctima, la cual es claro que tiene valor probatorio el cual se torna preponderante porque al ser un caso de violencia familiar, es claro que debe tomarse en cuenta el contexto individual de las partes involucradas, como en el caso es la victima TANIA RAMÍREZ GUTIÉRREZ y el imputado RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA, así como el contexto social de esos hechos; en cuanto al primero, tenemos que al ser dos personas que se conocen y que tienen una relación de noviazgo, en donde el imputado es mayor de edad que la víctima, pues existe una diferencia de más de diez años entre ellos, lo que refleja una asimetría de poder entre ambos, además de que en el caso la víctima es objeto de violencia psicoemocional por parte del imputado, como se verá en su oportunidad, es lo que permite determinar la credibilidad de la declaración de la víctima en cuanto al primer hecho, y por esas razones resultan infundados los agravios del recurrente. En efecto, el imputado impugnante afirma que la jueza no debió concederle valor probatorio a la declaración de la víctima porque no está acreditada la relación de parentesco entre la victima e imputado, por las fechas que fueron mencionadas por la representación social, que lo confunden, más cuando afirma que existía una relación de noviazgo y después dice que existió una relación de noviazgo, y luego dice que existió entre ambos una relación de convivencia, lo que no puede subsistir, esto es, la relación de noviazgo y la relación de convivencia. No le asiste la razón a la defensa, porque si bien pudieran existir esas inconsistencias en cuanto a las fechas y los vocablos que usa el ministerio público, lo cierto es que refiere la forma cómo conoció al imputado, esto es, por el negocio que tiene su mamá en las afueras del auditorio Guelaguetza, en el año dos mil dieciocho, como así se aprecia de su declaración, y no de dos mil diecinueve como lo indicó la juzgadora y la representación social; que desde el inicio el imputado empezó a cortejarla, y posteriormente se hicieron novios por teléfono, que incluso ella fue a la casa de los papás del imputado, lo que también corrobora la testigo LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO, madre de la pasivo, quien si bien se enteró hasta el día del evento, el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, ello es comprensible, porque como lo refiere la víctima, ni a su mamá, ni a su papá le hizo del conocimiento esta situación. Por lo anterior, es claro que en la fecha de los hechos había esa relación de noviazgo entre la victima e imputado, porque no hay ninguna circunstancia que permita determinar lo contrario, y el que el ministerio público haya confundido la relación de noviazgo con la de convivencia, no es indicativo de que no haya existido la primera, es decir, la relación de noviazgo entre las partes; consecuentemente, los agravios en este sentido, del apelante, son infundados. De igual forma la juzgadora estuvo en lo correcto al otorgar valor probatorio al parte informativo suscrito por el policía municipal RENÉ IGNACIO MARTÍNEZ JUÁREZ, efectuado en la fecha de los segundos hechos, esto es, el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, en donde se pone de manifiesto que cuando realizaba un recorrido la carretera ciento noventa, a la altura del Mirador, precisamente en la calle de Niño Artillero, a la altura del número ciento dieciséis, de la colonia Azucenas, le fue solicitado el auxilio por la testigo LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO quien le dijo que un sujeto al parecer en estado de ebriedad se había metido a su domicilio antes indicado, sin su consentimiento; que con la autorización de dicha ateste el policía se introdujo a dicho domicilio en donde efectivamente encontró al imputado, quien dijo llamarse RICARDO GONZÁLEZ GARCÍA y procedió a su detención. Dado que las actividades que llevó a cabo el referido policía, como son el brindarle auxilio a la madre de la víctima, trasladarse a su casa, introducirse a ella, con la previa autorización de la propietaria y proceder a la detención del imputado por el señalamiento de la persona que le pidió auxilio, se encuentran dentro de las facultades de dicho policía municipal, porque de acuerdo con lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es precisamente al ministerio público y a la policía a quienes les corresponde realizar actos en la investigación y persecución de los delitos, el cual aunado a lo que dispone el artículo 16 Constitucional, otorgan la facultad incluso, de que cualquier persona pueda detener a otra en la comisión de un delito, tal como aquí sucedió. Es cierto que el imputado apelante en vía de agravios alegó que desde la audiencia de formulación de la imputación, su defensor solicitó la nulidad de lo actuado en el parte informativo que nos ocupa, por ser contrario a lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IX, que establece que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula, porque de ese mismo dato de prueba se advierte que el apelante fue detenido a las dieciocho horas con treinta minutos del día veinticuatro de abril de dos mil veintidós, y por ello se debió haber cumplido con lo que establece el apartado B del artículo 20 Constitucional, en su fracción II, esto es, que se le debieron hacer saber los motivos de su detención, además de que se le debió decir que tenía derecho a guardar silencio, su derecho a no autoincriminarse, lo que no sucedió, por el contrario el policía aprehensor le preguntó por qué se había metido al domicilio de LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO y obtuvo una confesión por parte del imputado, la cual es nula porque nunca estuvo asistido de su defensor. Que después de esto, a las dieciocho horas con cuarenta y un minutos, una vez obtenida la declaración del imputado, le leyeron sus derechos en términos del artículo 20 de la Constitución Federal, y de los numerales 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es evidente que todo ello es nulo por violación a su derecho humano de no autoincriminarse, y que la juzgadora al momento de resolver su incidencia dijo que no era procedente porque no estaba debidamente fundada ni motivada, y que era contraria a lo que establecen los artículos 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando en la tramitación de este tipo de incidencias no existen formalidades expresas y en todo caso, si se fundó la violación a su derecho de no autoincriminarse, porque se estableció que se violaba lo dispuesto por el artículo 20 Constitucional, y se motivó y argumentó el por qué se había violado el derecho de no autoincriminarse por parte del policía aprehensor, y que lo más grave fue que la jueza argumentó que la solicitud de nulidad no se había presentado por escrito, lo que no es correcto porque se promovió en la audiencia de formulación de imputación y se desconocía hasta ese momento, por parte del imputado y su defensor, si el ministerio público vertería ese dato de prueba, y por ende en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales se debió decretar la nulidad propuesta de la defensa, porque al no hacerlo hace nugatorio el derecho a un recurso sencillo, rápido y eficiente, como lo establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No tiene razón el imputado apelante, ya que si bien es cierto que, como lo afirma en sus agravios, en la audiencia de formulación de imputación inicial, al contestar la solicitud de vinculación de la representación social, solicitó la nulidad del parte informativo, por las razones que indica, en el caso la jueza natural estuvo en lo correcto al considerar que no era procedente. Ello es así, porque la presencia del policía aprehensor en el lugar de los hechos se debió a la llamada de auxilio de la madre de la víctima, la señora LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO, quien fue la persona que autorizó la entrada del policía a su domicilio, de ahí que ese acceso fue con autorización; es cierto como lo afirma el apelante, que del contenido del parte informativo que nos ocupa no se advierte que previo a la detención del imputado el policía le haya hecho saber el motivo de su detención ni sus derechos, pero no es cierto como lo afirma el recurrente que se haya obtenido una confesión por su parte, y mucho menos que se haya tomado esa confesión como dato de prueba para vincularlo, por ende esas omisiones en que incurrió el policía municipal aprehensor al no asentar que le había hecho saber sus derechos y el motivo de su detención, resulta irrelevante porque fue el mismo ministerio público quien lo puso en libertad y no lo llevó a control de detención, por ende, en caso de haber existido alguna irregularidad en ese parte informativo, su alcance no causó afectación alguna al recurrente, dado que fue puesto en libertad dentro del término que la Constitución establece, y en ningún momento se ha evidenciado que exista una confesión por parte del apelante, entendida ésta como la aceptación de haberse introducido a la casa de la víctima para agredirla verbalmente; en consecuencia, aunque la jueza expresó otros motivos para declarar improcedente esta incidencia de nulidad, lo cierto es que la misma no resulta procedente por las razones antes dadas, porque ese parte informativo no fue la base para declarar de legal la detención del imputado, ni mucho menos para acreditar la conducta asumida por el recurrente, lo que sí acredita que el día veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el imputado se encontraba en el domicilio de la víctima, es de ahí que corrobora periféricamente la declaración de la víctima. En cuanto al dictamen psicológico efectuado por el perito oficial en psicología ÁNGEL FERNANDO ESPINOZA RAMOS, la jueza estuvo en lo correcto al concederle valor probatorio, porque le generó credibilidad, ya que dicho perito cuenta con su cédula profesional, lo que le da la patente para ejercer su profesión de psicólogo; se trata de un perito oficio por pertenecer a la Fiscalía General del Estado, de donde resulta la calidad e idoneidad del perito para emitir su opinión; su dictamen no es meramente dogmático, sino que se encuentra sustentando con los métodos y test que aplicó para llevarlo a cabo y que se encuentran plasmados en el propio dictamen, de ahí que concluyó que la víctima presentaba una sintomatología de ansiedad, miedo, zozobra e inseguridad como consecuencia de los hechos vividos en su persona el día del evento. El apelante en vía de agravios afirma que el dictamen psicológico que se analiza es insuficiente para acreditar el delito de violencia familiar porque si bien es cierto que el mismo existe en la carpeta de investigación, que en ese dictamen se estableció una metodología, las técnicas utilizadas, un planteamiento del problema, un resultado de los test aplicados y se refirieron cuatro conclusiones, sin embargo, de ninguna manera se incorporó por lectura el motivo de dicho dictamen psicológico y menos aún los hechos que dieron origen al resultado o a las conclusiones a las que llegó el perito para tomarlo en cuenta y determinar su probable responsabilidad en la comisión de los hechos que se le atribuyen. No le asiste la razón al recurrente, en primer término, porque no solo fue el referido dictamen el que se tomó en cuenta para acreditar los hechos denunciados, sino que éste se concatenó con otros datos de prueba; en segundo término, aunque en el caso la representación social no hizo una lectura literal del contenido del dictamen psicológico, sino refirió que en el mismo se encontraban detallados los test y métodos que utilizó el perito, así como todas las partes que lo componen, es decir, refirió su existencia, y en el caso el propio imputado apelante en sus agravios acepta que efectivamente está compuesto de la forma en que lo indicó el ministerio público, con su metodología, sus test, su planteamiento del problema, sus conclusiones; de ahí que si la defensa que es la que ejerce el control horizontal de la carpeta de investigación del ministerio público acepta que el dictamen si está conformado como lo dijo el ministerio público, aunque no se pronunció específicamente sobre cada uno de los puntos, como si lo hizo con las conclusiones, es por ello que sí merece valor probatorio, y puede, como en efecto lo fue, ser tomado en cuenta para corroborar la declaración de la víctima, por ello, resultan infundados sus agravios en este aspecto. Finalmente, por lo que hace a la inspección ocular practicada por el Agente Estatal de Investigaciones Manuel de Jesús Ortiz Carrasco, la jueza natural estuvo en lo correcto al concederle valor probatorio, puesto que el referido agente estatal de investigaciones se constituyó precisamente en el domicilio donde sucedieron los hechos, al cual acceso por la autorización de la ateste Leticia Gutiérrez Santiago, lo que quedó ilustrado con el set fotográfico que se reprodujo en audiencia; de donde se tiene que dicha diligencia se encuentra contemplada dentro de las facultades que tiene el agente estatal de investigaciones para llevarla a cabo, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Constitución Federal, pues precisamente establece que es precisamente al ministerio público y a su policía a quienes les corresponde la investigación y persecución de los delitos que son puestos a su consideración, quien además hizo constar en acta circunstanciada todo lo que tuvo a la vista. El imputado apelante asegura en vía de agravios que en el presente caso no quedó acreditada la circunstancia de lugar de los hechos, porque en la diligencia de inspección ocular y de las fotografías que fueron proyectadas en el plasma del juzgado no se advierte que quedara establecido un patio, ni el nombre de la calle donde está ubicado el domicilio, lo único que se evidenció fue una casa de color azul y unas escaleras. De ser cierta la afirmación de la defensa resultaría intrascendente porque fue precisamente la ateste LETICIA GUTIÉRREZ SANTIAGO, quien pidió el auxilio del policía municipal, quien le indicó su domicilio donde dijo había entrado el imputado en la forma ya conocida, y es precisamente en ese lugar donde fue detenido por el policía aprehensor el referido imputado; por ello aunque no esté precisado el nombre de la calle, ni haya datos de la existencia de un patio ello no trasciende en el caso, dado que no nos encontramos ante un hecho de allanamiento de morada; consecuentemente, con esa inspección judicial sí se acredita el lugar de los hechos, y por ende resultan infundados los agravios del inconforme. [.] De lo transcrito, se obtiene que la Sala responsable refiere que la conducta del activo se trata de una agresión psicoemocional, que es la conducta señalada por los artículos 404 y 404 Bis, fracción II, del Código Penal del Estado de Oaxaca. Que las circunstancias propias del delito de violencia familiar se surten categóricamente, pues de las pruebas valoradas por la Jueza natural y la propia Sala responsable, se obtiene el siguiente escenario fáctico. 1. Que la víctima Tania Ramírez Gutiérrez, con fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, conoció al imputado quien empezó a cortejarla, contactándola por medio de WhatsApp, medio por el cual le pidió que fuera su novia, manteniendo una relación con dicho imputado, por lo que después de un año de relación sentimental la relación empezó a ser disfuncional, pues el imputado Ricardo González García, le revisaba su teléfono celular y la insultaba diciéndole que era una lesbiana, porque tenía muchas amigas, que era infiel, puta, una zorra, infiel, lesbiana y que iba a coger con otros, porque era bien caliente, al grado de que la víctima le pidiera perdón. 2. Que el día veintiocho de octubre de dos mil veinte, cuando la víctima caminaba para tomar su transporte pues iba a tener sus prácticas en la escuela, el imputado la interceptó y le dijo "ya te vas de loca como siempre", arrebatándole su teléfono celular y diciéndole que sus compañeros le pedían fotos desnuda y que era puta y una zorra. 3. Que el día veinticuatro de abril de dos mil veintidós, siendo aproximadamente las diecisiete horas con cincuenta minutos, la víctima Tania Ramírez Gutiérrez, se encontraba en el interior de su domicilio ubicado en calle Niño Artillero, número doscientos dieciséis, colonia Azucenas, Centro, Oaxaca, cuando el imputado Ricardo González García ingresó a dicho domicilio de manera furtiva y sin su consentimiento de su propietaria la señora Leticia Gutiérrez Santiago, madre de la víctima, para enseguida comenzar a gritarle "Tania sal, de seguro estás cogiendo con otros, porque no me contestas los mensajes". 4. Que por los hechos vividos la víctima Tania Ramírez Gutiérrez presenta una alteración auto cognitiva y auto valorativa ya que la relación disfuncional de noviazgo que sostuvo con el imputado le causó un estado de ansiedad, miedo, zozobra e inseguridad, por lo que debe recibir terapia por seis meses. Hechos que como bien lo estimó tanto la Juez natural como la Sala responsable, se encuentran acreditados, por lo que hace al primer evento acontecido el veintiocho de octubre de dos mil veinte, con la declaración de la víctima Tania Ramírez Gutiérrez, al mencionar en su denuncia que ese día, cuando se dirigía a la población de Nochixtlán, por cuestiones escolares, se encontró con el imputado Ricardo González García, quien al parecer la iba siguiendo y al darle alcance la empezó a insultar diciéndole que ya se iba de loca como siempre, arrebatándole su celular, el cual en un primer momento no quería entregárselo y por ello la víctima decidió subirse a la suburban, no obstante el imputado la detuvo y se lo entregó. Concatenado a lo anterior se encuentra el dictamen psicológico emitido por el perito oficial Ángel Fernando Espinosa Ramos, en el que se describe la sintomatología que presenta la víctima por los hechos que ha vivido con el imputado y que corrobora el primer evento, aunado a ello, debe tomarse en cuenta el contexto en el que se suscitó el mismo, ya que resulta poco probable que al suscitarse en la vía pública y no encontrarse acompañada, alguien pueda corroborar su dicho. Asimismo, la propia víctima ha referido que la relación de noviazgo que mantuvo con el imputado no es buena porque constantemente la agrede verbalmente, por lo que se ha tornado tóxica y dada la diferencia de edades -más de diez años, existe un desequilibrio y asimetría de poder, tan es así que la víctima refiere que dada esa circunstancia ocultó a sus padres la relación sentimental que mantenía con el imputado, de la cual se enteró su progenitora el día del segundo evento, es decir, el día veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Por lo que se refiere al segundo hecho, acontecido el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta minutos, resulta relevante la declaración de la víctima, quien afirma que ese día y a esa hora, se encontraba en el interior de su domicilio con sus hermanos y progenitora, ubicado en la calle Niño Artillero, número doscientos dieciséis, colonia Azucenas, Centro, Oaxaca, cuando escuchó los gritos del imputado, quien le decía que saliera, "que seguro estaba cogiendo con otros porque no le contestaba los mensajes". Suceso que se corrobora con la declaración de la señora Leticia Gutiérrez Santiago, quien refirió que ese día cuando se encontraba en su domicilio escuchó los gritos del imputado a quien ya conocía, pidiéndole a su hijo que llamara a la policía y éste le dijo que era el señor Ricardo González García, quien era novio de Tania, no obstante por los insultos que dirigía hacia su hija, decidió salir a buscar apoyo de la policía y a quien autorizó posteriormente entrar a su casa y detener al imputado. Robustece lo anterior, el dictamen psicológico oficial, en donde se reitera, se describe la sintomatología que presentaba la víctima al momento de valoración, los cuales son propios de una persona que ha vivido violencia psicoemocional. De igual forma, del parte informativo suscrito por el elemento René Ignacio Martínez Juárez, se obtuvo que el día de los segundos hechos recibió una petición de auxilio por parte de la mamá de la víctima, la señora Leticia Gutiérrez Santiago, motivo por el cual se trasladó a su domicilio, previa autorización se introdujo al mismo y ante el señalamiento de la aludida testigo procedió a la detención del imputado. Por último de la inspección ocular practicada por el agente estatal de investigaciones Manuel de Jesús Ortiz Carrasco, se evidencia la existencia del domicilio en el que sucedieron los hechos. Expuesto lo anterior, se impone precisar que de acuerdo a los numerales 313, 314, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación constituye la fase en la que se recopilan datos de prueba y no pruebas en sí mismas, los cuales deben entenderse como el contenido o indicios probables que provienen de los actos de investigación que fueron recabados y registrados por el Ministerio Público para el esclarecimiento de un hecho que la ley señala como delito, lo cual es contrario a lo que sucede con las pruebas en el sistema penal escrito, ya que en el oral acusatorio los datos de prueba no permanecen en las siguientes etapas procesales y su integración en la carpeta de investigación no requiere de una tarea investigadora reforzada, ya que la finalidad del Ministerio Público no es acreditar el "cuerpo del delito" sino únicamente un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, del acto reclamado se advierte que la Sala responsable sostiene que el hecho que la ley señala como violencia familiar, se acredita principalmente con la declaración de la víctima y su progenitora, así como con el dictamen pericial en psicología, el parte informativo e inspección ocular en el lugar de los hechos, consideraciones que el suscrito comparte. Lo anterior, en razón de que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la prueba pericial en psicología no tiene como objeto directo demostrar los hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas valer, también lo es que, razona- dada la naturaleza de dicha probanza, en concatenación de otros datos que se obtengan, ésta puede servir como prueba directa de la violencia familiar, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente cuáles fueron. Sobre esa base, como lo sostiene la autoridad responsable, los hechos denunciados consisten en agresiones verbales y psicológicas, y en este caso, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia familiar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante. Resulta aplicable, la tesis 1a. LXXIX/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 234, registro digital 162020, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA. Los psicólogos que se desempeñan en la atención y evaluación de los conflictos familiares, caracterizados por situaciones de maltrato o violencia, tienen la tarea primordial de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para presentarlo en un informe pericial suficientemente claro, de utilidad para los encargados de impartir justicia. Así, el peritaje psicológico de la violencia en las familias es más que un conjunto de instrumentos destinados a responder a una pregunta requerida por el juez, ya que representa el punto donde se intersectan la psicología y el derecho, porque investiga el mundo afectivo, volitivo y cognitivo de los sujetos involucrados en un litigio para respaldar un saber científico. De ahí que la prueba pericial en psicología no tiene como objeto directo demostrar los hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas valer, pues dicha probanza sólo permite conocer la situación psicológica de las partes para determinar, en función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la familia. En ese sentido y dada la naturaleza de dicha probanza, puede servir como prueba directa de la violencia familiar, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente cuáles fueron." Así como la tesis III.2o.P.157 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2187, registro digital 2019751, que establece: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito. De ahí que los datos de prueba que resultan relevantes en este tipo de asuntos, es la declaración de la propia víctima y el dictamen psicológico realizado a ella, que entrelazados tienen valor probatorio preponderante como lo sostuvo la Sala Penal responsable, por tratarse del delito de violencia familiar. Ello es así, porque el estándar probatorio exigido para la emisión del auto de vinculación a proceso, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos, sino que únicamente se requiere que existan indicios razonables, que representan un estado de convencimiento de probabilidad, a través de un hecho indicador (dato probatorio) de cada uno de sus elementos y no convencimiento fuera de toda duda razonable. Lo anterior, es contrario a lo que acontece al emitir una sentencia definitiva dictada en juicio oral, pues esta determinación sí debe basarse en pruebas plenas desahogadas ante el tribunal de juicio oral, y en esa etapa, la convicción de su culpabilidad debe ser más allá de toda duda razonable, como lo disponen los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, en el estado en el que actualmente se encuentra el procedimiento de origen, no se habla de prueba, sino de datos de prueba (fuente de prueba), que constituye la información que proporcionó el Ministerio Público, los cuales la Juez de Control y la Sala responsable consideran suficientes, pertinentes e idóneos; lo que es compartido por el suscrito. En esa línea argumentativa, contrario a lo que sostiene el quejoso, en el caso, se reitera, hasta la etapa procesal en la que se encuentra el proceso de origen, y dada la naturaleza del hecho por el que se vinculó al quejoso, los datos de prueba consistentes en la denuncia de la víctima, el dictamen psicológico, la declaración de Leticia Gutiérrez Santiago -madre de la víctima y quien se encontraba presente al momento de los hechos ocurridos el veinticuatro de abril de dos mil veintidós, el parte informativo del elemento René Ignacio Martínez Juárez y la inspección ocular llevada a cabo por Manuel de Jesús Ortiz Carrasco, adminiculados entre sí, resultan suficientes, pertinentes e idóneas para el estándar probatorio requerido en dicha etapa, a fin de acreditar el hecho y la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- lo cometió, sin que deba quedar plenamente acreditado como lo trata de hacer notar en sus conceptos de violación. Por tanto, la valoración que realizó la Sala responsable es correcta. Conclusión a la que se llega, ya que en el nuevo sistema de justicia penal la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión como para el auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste para que resulten suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, registro digital 2014800, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Luego, si el estándar probatorio mínimo exigido tratándose del auto de vinculación, no requiere demostrar de manera plena, sino sólo probable, que Ricardo González García utilizó violencia psicoemocional en contra de Tania Ramírez Gutiérrez, con quien sostuvo una relación de noviazgo y que ello le causara una afectación en su psíque, derivando en una sintomatología de ansiedad, miedo, zozobra e inseguridad, como lo consideró la Sala Penal responsable se encuentra acreditada, toda vez que bastan datos, es decir, referencia al contenido de un determinado medio de convicción idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, tal como lo prevé el artículo 261 del Código Nacional de procedimientos Penales, que constituye un estándar mínimo que permite la continuación de la investigación, en la que ambas partes tendrán oportunidad de reunir sus elementos de convicción para sostener su tesis de acusación o defensa; y esos datos, como también lo razona la Sala, resultan ser la denuncia de la víctima, la declaración de su progenitora y el dictamen médico psicológico que se le realizó. Por lo anterior, es acertado lo que expone la autoridad responsable, en el sentido de que se acredita la violencia psicológica con el señalamiento que hace la aquí tercera interesada, que entrelazada con el dictamen que se le practicó, tienen valor preponderante y hacen probable que entre el quejoso y la víctima existió una relación de noviazgo con una notable asimetría de poder, que trajo como consecuencia un estado de zozobra, inseguridad y miedo para la víctima. De manera que la resolución reclamada de quince de diciembre de dos mil veintidós, que confirmó el auto de vinculación a proceso de cinco de octubre de dos mil veintidós, está debidamente fundada y motivada, y por ende, no resulta violatoria de los derechos fundamentales del quejoso. Es en razón de lo expuesto con anterioridad es que resultan infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso, encaminados a demostrar que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, porque se realizó una inadecuada valoración de los datos de prueba, sin que se encuentren motivos para suplir la deficiencia de la queja. Lo anterior, porque como se estableció en las líneas que anteceden, la autoridad responsable estimó de manera libre y lógica los datos de prueba aportados por las partes, como lo prevé el artículo 265 del invocado código e indicó qué era lo que se obtenía de cada uno y los hechos que corroboraban. Aunado a que este juzgador no advierte violaciones procesales, aun cuando el quejoso refiera que el juez de control no le permitió a su defensa realizar precisiones o aclaraciones a la Agente del Ministerio Público, en términos del artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo dicha petición la realizó de manera extemporánea, es decir, una vez que concluyó la audiencia de formulación de imputación y se encontraban desahogando la diversa de vinculación a proceso -diversa estadía procesal, pues se destaca que dicho numeral en su parte final refiere que el Juez de control a petición del imputado o de su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público. Máxime que la jueza natural le indicó al defensor particular que podía realizar sus precisiones o aclaraciones en el momento de contestar la solicitud de vinculación, derecho que hizo valer, tan es así que promovió incidente de nulidad del parte informativo de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, tópico que ya fue materia de análisis en esta determinación. Ahora bien, en un diverso motivo de disenso, el quejoso refiere que no se demostró con ningún dato de prueba la relación de noviazgo que la víctima afirma tuvieron, por lo que no se acredita entonces del delito de violencia familiar. En este punto, es necesario precisar que al pedir la vinculación a proceso del imputado, la Representación Social incorporó la denuncia de Tania Ramírez Gutiérrez, en la cual la nombrada indicó que sostuvo una relación con Ricardo González García la cual comenzó en el año dos mil dieciocho; agregando que fue el imputado quien le pidió que fuera su novia por medio de mensajes y que después de un año la relación se volvió muy tóxica ya que el imputado tenía una actitud y comportamiento violento en contra de la víctima, a tal grado que refiere que después de los eventos en los que la insultaba y la menospreciaba ella le pedía perdón. Por su parte, en la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, la Juez de Control indicó que uno de los elementos que integran el delito de violencia familiar es que el imputado tenga o haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad, afinidad legal, concubinato o noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya tenido una relación similar con la víctima, advirtiendo que Tania Ramírez Gutiérrez y Ricardo González García tuvieron una relación de noviazgo por un periodo de cuatro años -dos mil dieciocho a dos mil veintidós. En ese sentido, no le asiste la razón al quejoso cuando apunta que no existe dato de prueba incorporado del que se desprenda que tuvo una relación de noviazgo con la víctima, porque al respecto el artículo 404 del Código Penal para el Estado de Oaxaca no se limita a los parentescos por consanguinidad, afinidad legal, concubinato y noviazgo como los tipos de relaciones que protege de la violencia familiar, sino que incorpora también las relaciones de convivencia o relación similar que hayan tenido víctima y victimario, dentro o fuera del domicilio familiar. De ahí que resulte infundado el concepto de violación en el cual el quejoso pretende exponer que no se acredita el elemento consistente en la relación que tuvo con la víctima y que resulta necesaria para que se integre el delito de violencia familiar, ya que no se le vinculó a proceso por haber tenido una relación de concubinato o noviazgo, sino que se le vinculó por haber sostenido una relación de convivencia con Tania Ramírez Gutiérrez. Ya que en materia penal se juzgan hechos no actos jurídicos, por lo que en la etapa procesal en la que se dicta la vinculación a proceso, no necesita acreditarse formalmente el vínculo que unió al sujeto pasivo con el activo, sino que es suficiente que el reconocimiento por parte de la víctima la existencia de dicha relación (denuncia). En ese orden de ideas, atendiendo al principio pro persona y que el Estado Mexicano se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; así como asegurar su acceso efectivo a la justicia; se estima que para efectos de configurar el delito de violencia familiar, resulta innecesario que se acredite plenamente el vínculo que unió al sujeto pasivo con el activo, ya que existe el dato de prueba consistente en la denuncia de Tania Ramírez Gutiérrez, en la cual hace un señalamiento directo y categórico de Ricardo González García como su agresor, identificándolo porque sostuvieron una relación de noviazgo. Aunado a que el quejoso, cuando se dictó el auto de vinculación confirmado por la Sala Penal responsable no incorporó dato de prueba alguno con el cual pretendiera desconocer la relación que tuvo con la víctima, ni centró su teoría del caso en ese punto. Así como tampoco controvirtió que se ubicara en el día, hora y lugar de los hechos, como lo mencionó la víctima en su denuncia y la madre de ésta, ni exhibió dato de prueba para probar su teoría del caso, aunado a que la declaración de la víctima tiene valor preponderante y que se adminiculó con el dictamen psicológico. Es por ello, que hasta este momento procesal, contrario a lo que apunta el quejoso, sí existe dato de prueba que permite acreditar la relación de noviazgo que sostuvo con la aquí tercero interesada y que se encontraba presente en las fechas en las que propinó insultos y malos tratos a la víctima, es decir, el veintiocho de octubre de dos mil veinte y veinticuatro de abril de dos mil veintidós. Sin que pase inadvertido que al momento de solicitar la vinculación a proceso y relatar el dato de prueba consistente en la denuncia de la víctima Tania Ramírez Gutiérrez, la agente del Ministerio Público haya precisado que la relación que sostuvieron la nombrada y el imputado sucedió en dos mil diecinueve y no así en dos mil dieciocho, como lo indicó la Juez de Control al dictar el auto de vinculación a proceso; sin embargo, esa precisión no varía la esencia de la declaración misma, es decir, que la pasivo y el imputado sostuvieron una relación de noviazgo, ya que la temporalidad en la que sostuvieron esa relación afectiva no es una circunstancia con trascendencia jurídica que deba acreditarse. En tales condiciones, conforme a lo antes expuesto, es posible concluir que el quejoso ejerció violencia psicoemocional sobre Tania Ramírez Gutiérrez, durante el tiempo en el que sostuvieron una relación de noviazgo, dado que la víctima refirió que después de un año de empezar la relación con el imputado, este se volvió celoso y le infirió en diversas ocasiones insultos y mostró actitudes que la denostaban como mujer y que por supuesto afectaron su dignidad humana, a tal grado que la víctima presentó una alteración auto cognitiva, que le generó un estado de ansiedad, miedo y zozobra, motivo por el cual debe recibir terapia; de tal manera que debe considerarse, como lo estimó la Sala, que están acreditados los elementos materiales del delito de violencia familiar, previsto por los artículos 404 y 404 Bis fracción II y sancionado en el diverso 405, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. DECISIÓN Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y al no advertir deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Ricardo González García. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo González García, en contra del acto reclamado a la Primera Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado X de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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