Ricardo Hernandez Montes
Expediente 1759/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
Partes del expediente
- Ricardo Hernandez Montes
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios con el número 3414/2021 firmados electrónicamente por el juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante los cuales informa las gestiones realizadas para remitir la información solicitada mediante diverso 37924/2021 de veintiséis de octubre del año en curso; de lo que esta autoridad toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de la tercera interesada Jacqueline Tlamani Pajarito, por el que da contestación a la vista que se le dio en el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para lo cual señala las constancias que deben remitirse al tribunal que deba resolver sobre el recurso de queja planteado por Rosalba González Meza, en su carácter de autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Ernesto Pantoja Vargas, contra el acuerdo de tres de septiembre del año en curso dictado en autos. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó darles vista a efecto de que señalaran las constancias que en copia certificada debían remitirse al tribunal que deba resolver sobre el recurso de queja interpuesto por Rosalba González Meza, autorizada del quejoso en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre la materia de la queja, remitiéndose el escrito de queja interpuesto, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo al tribunal que corresponda resolver dicho recurso. Por otro lado, agréguense a sus autos los escritos signados por Rosalba González Meza, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Ernesto Pantoja Vargas; visto su contenido se provee: En relación con el ocurso con número de registro 23878, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizada para recibirlas a la persona que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos. Para dar lugar a lo anterior, la promovente deberá acudir ante este órgano judicial, una vez que genere su cita en términos del artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, pues al no ser este juzgado federal quien requiere la presencia física de la ocursante a recibir las copias certificadas que pide, deberá ser la parte solicitante quien proceda a generar la cita respectiva, a través del sistema OJ que se encuentra en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, generando el Código QR correspondiente, que permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el presente juicio, ingresen a las instalaciones que ocupa este órgano. En tal sentido, hágase del conocimiento de la promovente, que deberá comparecer el día y hora que le sea señalado, exhibiendo identificación oficial vigente y el Código QR generado a fin de permitirle su acceso. Igualmente, en términos del artículo 7, del aludido acuerdo, se le exhorta para que acuda puntualmente a la cita que en su caso se programe y cumpla con las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito, así como usar cubreboca en todo momento. Es importante destacar que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Por lo anterior, deberá de considerar una segunda visita para recogerlas -dentro de los diez días siguientes al que gestione las copias-, a fin de evitar concentración de personas y exceder el tiempo límite permitido para permanecer dentro del juzgado -veinticinco minutos-; además de otorgar un tiempo prudente para que el personal del Juzgado desempeñe sus labores de manera eficiente, entre las que se encuentran la certificación de las constancias solicitadas. Ahora bien, por lo que hace al ocurso registrado con el número 23879, téngasele realizando diversas manifestaciones relacionadas con las pruebas testimonial y pericial en topografía y agrimensura, que el peticionario del amparo ofreció en su escrito de demanda, señalando que toda vez que los terceros interesados no ampliaron el cuestionario e interrogatorio respectivos, se les tenga por conformes con los exhibidos por el oferente de las pruebas; al respecto, dígasele que a la fecha aún no se han admitido dichas probanzas. Consecuentemente, tomando en consideración que los terceros interesados Jacqueline Tlamani Pajarito y Bernardino Córdova Cruz, ya se encuentran debidamente emplazados a este juicio, procédase a acordar las pruebas que el impetrante anunció en el escrito de demanda. En primer término, por lo que hace a la prueba de inspección judicial, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha, ya que lo que pretende probar con ese medio de convicción es que se encuentra en posesión del inmueble ubicado en calle Lituania número cincuenta y ocho, modulo treinta y dos, lote seis, manzana treinta y uno, del conjunto habitacional Bosques del Pilar, Quinta Etapa, identificado con el número oficial ciento veinte, de la calle Boulevard Atempan del fraccionamiento Bosques de San Sebastián de la ciudad de Puebla; siendo que, en primer término, un actuario judicial no puede dar fe de quién detenta la posesión o no de un bien inmueble, pues tal circunstancia no puede ser comprobada a través de la referida probanza, pues el fin de ésta es verificar por medio de los sentidos de manera instantánea hechos o circunstancias que acontezcan durante el desarrollo de la diligencia respectiva, pero la posesión requiere de una observación permanente, que no es posible realizar en una diligencia dada su duración tan limitada; de ahí que no puede ser justificada con una simple inspección transitoria. Apoyan a lo anterior, las jurisprudencias sustentadas por los entonces Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Sexto Circuito, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan: Asimismo, debe indicarse que la prueba de inspección judicial no es apta para establecer la identidad de determinado predio pues, como se dijo, sólo tiene por objeto que el funcionario que la desahoga dé fe de lo que percibe a través de sus sentidos, sin necesidad de practicar ninguna diligencia, como en el caso lo sería el cerciorarse de que el predio en que se constituyó efectivamente corresponde al que el quejoso aduce es de su propiedad y habita, o bien, que proceda a su descripción física. PREDIOS, IDENTIFICACIÓN DE LOS, LA INSPECCIÓN JUDICIAL, ES INEFICAZ PARA ELLO. La prueba de inspección judicial no es eficaz por sí sola para verificar la identidad de un predio, porque los hechos que se tratan de probar no caen bajo el simple dominio de los sentidos, sino que es necesario practicar determinadas medidas y cálculos, lo cual requiere la intervención de personas técnicas. Ahora, en relación con las pruebas pericial en topografía y agrimensura y testimonial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten dichas probanzas. En tal virtud, en términos del párrafo séptimo del numeral citado, distribúyase entre las partes copia del cuestionario e interrogatorio respectivos, sobre los cuales versarán las indicadas pruebas, para que en el plazo de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, si lo consideran necesario, por escrito los amplíen, y en el caso de la prueba pericial nombren perito de su parte, con apercibimiento que de no hacerlo, las mismas se desahogarán únicamente al tenor del cuestionario e interrogatorio, formulados por la parte quejosa. De igual manera, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con el 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que presente a sus testigos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, debidamente identificados, a satisfacción de este Juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por desierta la misma en su perjuicio, en el entendido de que se reserva generar los códigos QR para el ingreso respectivo de los testigos ante este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se desahogue la indicada prueba pericial. Atento a lo anterior, requiérase al coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación correspondiente, designe a un perito en materia de topografía y agrimensura, a efecto de que funja como oficial por parte de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, respecto al escrito con registro 23880, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto Nacional Electoral para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, informe lo conducente y remita copia certificada de las constancias que la aquí parte quejosa refiere en el ocurso que se acuerda, respecto del cual se acompaña copia sin certificar para su pronta referencia; pues las mismas fueron ofrecidas como pruebas dentro del presente juicio de amparo, apercibido que de incumplir con lo anterior o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Del mismo modo, toda vez que el juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, no ha informado la vinculación de los juicios de amparo 482/2021 y 861/2021 de su índice, que se solicitó en el auto de veintidós de octubre del año en curso; en tal sentido, solicítese al citado órgano judicial, para que de no tener inconveniente legal alguno, con apoyo en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, ordene a quien corresponda, vincule los expedientes electrónicos derivados los juicios de amparo que se indican, al presente sumario 968/2021, o en su caso, indique la imposibilidad que tenga para ello. En el entendido, de que la observancia de dichas constancias, será para resolver el presente juicio de amparo; y, en caso de ser necesario copias certificadas, se solicitarán con la anticipación debida. En otro contexto, respecto del escrito registrado con el número 23887, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja contra el proveído dictado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de garantías. Por tanto, remítase copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo en que se actúa, en vía de informe al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para agilizar el trámite, la integración y la resolución del recurso de queja y, con ello, garantizar a los justiciables el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las garantías judiciales y la protección judicial establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ende, se estima innecesario otorgar plazo a las partes para que señalen las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. Remítanse a la superioridad los agravios originales. Con copia del recurso de queja, córrase traslado a las partes para que, dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga, ante el tribunal de alzada. Finalmente, se ordena suspender el procedimiento hasta en tanto se resuelva el referido medio de impugnación, por lo que se dejan sin efecto las nueve horas con veintiún minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos oficio signado por la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, por medio del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Ahora, en el caso que nos ocupa, el oficio de cuenta y su anexo, fueron remitidos de manera electrónica, ya que como lo establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, es optativo para el promovente presentar su escrito u oficio en forma impresa o electrónica. Así, cuando el promovente, presente su escrito u oficio en forma electrónica, se empleará el uso de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, lo cual se encuentra regulado en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2015 emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se establece la posibilidad de que las partes ingresen documentos por medio de la firma electrónica implementada. Sin embargo, el artículo 12, inciso f del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico, Del precepto antes citado, se advierte que los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla, para que en el término de tres días siguientes al que reciba el oficio notificatorio, remita a este juzgado copia certificada completa y legible de los documentos que adjuntó a su oficio de cuenta, o bien manifieste bajo protesta de decir verdad si los mismos son copia íntegra e inalterada del documento impreso en original o copia certificada. Ello, en términos del artículo 12, inciso f, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes.
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