Ricardo González Vargas
Expediente 1046/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1046/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/08/2018
Partes del expediente
- Ricardo González Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de agosto de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de julio del año en curso (fojas 51 a 53). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Ricardo González Vargas, se advierte que acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de las autoridades y acto siguiente (foja 3): "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes; y 2) Director de Administración de Concesiones y Permisos; Ambos de la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, con domicilio oficial bien conocido ubicado en esta Ciudad de Puebla. IV. ACTO y/u OMISIÓN QUE SE RECLAMA. La violación directa a la Constitución Federal que se materializa con la falta de acuerdo y/o respuesta al escrito presentado con fecha 20 de abril de 2018." Por su parte, la autoridad responsable Directora Jurídica Contenciosa de la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto reclamado que se le atribuye; al manifestar lo siguiente: ". Precisado lo anterior, de la literalidad del acto reclamado, se advierte que ES CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA A ESTA AUTORIDAD, más NO VIOLATORIO DE GARANTÍAS. Ello es así en virtud, de que tal como manifestó el impetrante en la demanda de amparo, el veinte de abril del año que transcurre presentó un escrito en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, en el que solicitó diversa información a esta Dependencia. En ese tenor, del contenido del ocurso de mérito se advirtió que la información requerida, de acuerdo al organigrama de esta Dependencia y al artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, se encuentra en posesión de la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos, se turnó a esta con la finalidad de que le dieran trámite al escrito en mención, lo que no constriñe una violación al quejoso, en virtud de que, del precepto citado, se advierte que la Dirección de mérito tiene facultades para atender lo solicitado. Lo que encuentra sustento en la Tesis aislada de rubro y contenido siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. SE VE SATISFECHO, AUN CUANDO UNA AUTORIDAD DISTINTA A LA QUE SE HIZO LA SOLICITUD, SEA LA QUE DA RESPUESTA DE MANERA CONGRUENTE A LO SOLICITADO, Y ORDENA SU NOTIFICACIÓN AL INTERESADO. En tratándose del derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste se satisface, aun cuando es una autoridad, no señalada como responsable, y distinta a la que se le hizo la petición, la que da respuesta de manera congruente al escrito de que se trate y además ordena notificar su determinación al interesado, aunado a que la que dio contestación es la facultada conforme a sus atribuciones para atender lo solicitado, y no la autoridad ante quien se presentó la petición respectiva. Así las cosas, la Dirección en comento, a través del oficio DACP-2116-2018, de once de junio del año en transcurso, se dio respuesta, de manera fundada y motivada, al escrito que presentó el impetrante de garantías. Lo que origina que hayan cesado los efectos del acto reclamado de tal manera que esta nueva situación restituye al quejoso en el goce del derecho violado, toda vez que la dilación reclamada ha quedado subsanada, lo que hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo." (Foja 29 vuelta). Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que la parte quejosa Ricardo González Vargas, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla mediante oficio DACP-2116-2018, de once de junio de dos mil dieciocho, dio respuesta al escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho que presentó el impetrante de garantías. Igualmente, se conoce que lo anterior se hizo del conocimiento a la parte quejosa el trece de junio del año en curso (foja 33). Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad señalada como responsable acordara el escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho. Aquélla se vio satisfecha en la medida en que, la Dirección de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla mediante oficio DACP-2116-2018, de once de junio de dos mil dieciocho, dio respuesta al escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho que presentó el impetrante de garantías; asimismo, se advierte que dicha respuesta se le hizo del conocimiento a la parte quejosa el trece de junio del año en curso. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que Ricardo González Vargas, reclamó al Secretario de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla y otra autoridad, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho. Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con trece minutos del doce de julio de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías (foja 46), sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado del Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como delegados de su parte en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a los licenciados que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que se encuentra en trámite el emplazamiento de las terceras interesadas personales morales denominadas "Agroindustrias Lomar Productora de México", Sociedad Anónima de Capital Variable y "Bufete Arquitectónico de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de edictos. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con treinta y un minutos del veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. Notifíquese.
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