Ricardo Hermosillo Muñoz

Expediente 975/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
975/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
16/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Hermosillo Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE que en resumen dice: Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . En el caso, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [..] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] B) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.] Esos numerales disponen que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en contra de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En otras palabras, en lo que interesa para la resolución del asunto, el texto constitucional sólo enuncia la procedencia del juicio de amparo en contra de actos "cuya ejecución sea de imposible reparación" y delega en la legislación secundaria las características que deben tener dichos actos. Así, el precepto 107 de la Ley de Amparo , en dos de sus fracciones contempla sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. Los actos de imposible reparación ya los define la norma como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos; es decir, cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable como lo son, por ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arrestos, etcétera, sujeto también a las reglas previstas para la definitividad de los actos. Para efecto de comprobar la materialización de la causa de improcedencia en estudio se narran los antecedentes siguientes: 1. El uno de abril de dos mil diecinueve ***(aquí quejoso) demandó la acción de petición de herencia. 2. El catorce de agosto de dos mil diecinueve la parte demandada allegó como prueba las testimoniales a cargo de cinco testigos, la cual fue admitida. 3. El veintinueve de octubre del año en curso tuvo verificativo el desahogo de dicha probanza. 4. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve el hoy quejoso promovió tacha de testigos. 5. El seis de noviembre de dos mil diecinueve se desechó la tacha de testigos. 6. En contra de dicha determinación, la parte quejosa promovió recurso de revocación, el diecinueve de ese mismo mes y año, la responsable, de plano, desechó ese medio de defensa por resultar notoriamente improcedente (acto reclamado). Como se observa, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal al desechar la tacha de testigos que se relaciona con el valor probatoria que se le pueda otorgar a la aludida testimonial en sentencia. De modo que su consecuencia se proyectará de manera concreta hasta cuando se dicte la sentencia definitiva en primera instancia: si el quejoso obtiene resolución favorable, es decir, que se le reconozca con derecho a heredar la eventual violación procesal (desechamiento de recurso) resultaría inocua. Lo que no impide que si la parte peticionaria obtiene resolución desfavorable pueda alegar esa eventual violación procesal mediante el juicio de amparo directo en términos del artículo 172, fracción IX, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal , ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas.

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