Ricardo González Ovalle
Expediente 993/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 993/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo González Ovalle
Actuaciones
- Principal
QUEJOSO CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese la constancia de notificación practicada al quejoso, mediante la cual desahoga la prevención formulada en proveído de veinte de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, se provee: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es necesario realizar la precisión del acto que reclama la parte quejosa, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención con el análisis integral del escrito de demanda; se tiene como acto controvertido: La orden de traslado ejecutada del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato". SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ricardo González Ovalle, contra actos del director del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social Varonil de Cienegiullas Zacatecas y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.
- Principal
EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 993/2019. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo establecido por los artículos 103 y 107 constitucionales, 108, fracción IV, 112, 114, fracción IV, y relativos de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda, REQUIÉRASE a la parte promovente para que en el plazo de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del proveído, bajo protesta de decir verdad consciente de las penalidades en que puede incurrir en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, exponga lo siguiente. La totalidad de los antecedentes del acto reclamado, esto es: Si después de realizado el traslado por parte de la autoridad administrativa, recibió notificación por parte del juez que conoce de su causa respecto la convalidación del movimiento; La fecha en que tuvo conocimiento de esa determinación; y, Si contra esa resolución hizo valer algún recurso. Lo anterior si se toma en cuenta que la orden de traslado tildada de inconstitucional fue ejecutada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, data en la cual, en términos del artículo segundo transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya se encontraban vigentes las reglas relativas a los traslados involuntarios. Ello es así, pues de los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, se advierte el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados, de las cuales, se desprende que, tratándose de traslados involuntarios, la ley faculta a las autoridades administrativas de realizar el movimiento de la persona privada de su libertad, y con posterioridad, hacerlo del conocimiento del juez competente. De ahí que, resulte necesario conocer la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, a fin de cumplir con el numeral 108, fracción V de la Ley de Amparo. Requisito indispensable a fin de analizar la procedencia del juicio biinstancial, o en su caso, para que todas las autoridades que intervinieron en el acto reclamado puedan ser llamadas a juicio, con el propósito de que estén en aptitud de rendir sus informes de Ley. Reitérese al promovente de los delitos en que incurren LOS QUEJOSOS cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con el requerimiento formulado en el término indicado, conforme al numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo se tendrá por no presentada su demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a, y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señala en su demanda, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial).
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