Ricardo Guerrero Manzo
Expediente 529/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Guerrero Manzo
- Juan Carlos Mariano González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el Juez de Ejecución de Sanciones Penal, Región Judicial con sede en esta Ciudad, mediante el cual en su atención infórmese que el juicio de amparo en que se actúa, con data diecinueve de julio de dos mil veintidós, se declaró firme el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo por encontrarse totalmente concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, y en consideración a que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de once de febrero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. ... NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias que remitió la autoridad responsable el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, relativas a la resolución de dieciocho de octubre del año pasado, dictada en el toca penal I-32/2020, con las que argumentó que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sin que haya hecho manifestación al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo, pues no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. ACTOS RECLAMADOS Cabe recordar que Ricardo Guerrero Manzo, en cuanto víctima indirecta en el juicio del que deriva la carpeta de ejecución PRCE-46/2020, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de actos del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, y otra autoridad, que hizo consistir en: "Del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: La sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veinte, en el toca I-32/2020, en la que revocó la resolución emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de Uruapan, Michoacán, que había declarado improcedente el beneficio de preliberación promovido por el sentenciado Juan Carlos Mariano González en la controversia de ejecución PRCE 46/2019, deducido del proceso penal 170/2002, y su acumulado 101/2003, por el delito de secuestro en agravio de Agustín Guerrero Oseguera. Y su ejecución por parte de Juez de Ejecución de Sanciones Penales región Uruapan, dentro de la controversia de ejecución PRCE-46/2019." EFECTO DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, -la cual causó ejecutoria en auto de siete de octubre siguiente-, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los efectos siguientes: "1.- Deje insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca I-32/2020. 2.- Emita una nueva resolución en la que, con base en los razonamientos expuestos en la presente resolución considere que la fecha en que quedó firme la sentencia del juicio de origen, es la relativa a la resolución de segunda instancia, fecha en la cual inicia el procedimiento de ejecución. 3.- Analice de oficio en su integridad, la resolución reclamada, lo anterior para verificar que no existan violaciones a derechos humanos y, de advertir que las hubo, deberá reparar las violaciones oficiosamente, supliendo en ellos la deficiencia de la queja, lo cual deberá quedar asentado en la nueva resolución que emita. 4.- Dé contestación a la totalidad de los agravios esgrimidos por los inconformes, y CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN resuelva lo que conforme a derecho proceda." DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO Mediante oficio número 1134, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informó que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, y para acreditar su dicho, remitió testimonio de la resolución de dieciocho de octubre del año pasado, dictada en el toca penal I-32/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto contra el auto que resolvió el procedimiento ordinario de solicitud para acceder al beneficio de pre liberación, emitido por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro de la controversia judicial número PRCE-46/2019, que emitió en cumplimiento al fallo protector. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA. Como se advierte del examen de la documental aludida en el párrafo precedente, la que adquiere valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, cumplió con la sentencia de amparo; es así, pues en la propia resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, realizó lo siguiente: a) Dejó insubsistente la diversa resolución de diez de noviembre de dos mil veinte, dictada en el toca I-32/2020. b) Emitió una nueva decisión en la que consideró que la fecha en que quedó firme la sentencia del juicio de origen, es la relativa a la resolución de segunda instancia, esto es, el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, fecha en la cual inicia el procedimiento de ejecución. c) Al analizar la resolución emitida por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro de la controversia judicial número PRCE-46/2019, por la que negó a Juan Carlos Mariano González, la solicitud para acceder al beneficio de pre liberación solicitado, verificó que en dicha determinación judicial existió una violación a los derechos humanos del citado sentenciado; la cual hizo consistir en que el Juez de Ejecución, no obstante haber reconocido en su resolución que el procedimiento de ejecución inició el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, esto es, cuando se encontraba en vigor la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de Libertad, publicada el once de noviembre de mil novecientos setenta y dos, la cual fue abrogada el veintisiete de enero de dos mil cinco, y que era la legislación aplicable a la solicitud del sentenciado, no la aplicó para resolver la solicitud del beneficio de pre liberación que le fue solicitado por el citado Mariano González, pues únicamente se limitó a negar dicha petición, argumentando que la misma se había formulado con base en una legislación intermedia que no es la Ley aplicable al caso concreto, es decir, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán, publicada el catorce de junio de dos mil once y concluyó su vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis. d) En atención a lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determinó ordenar la reposición parcial de la audiencia de la que derivó el auto de catorce de septiembre de dos mil veinte, impugnado en apelación, para ahora determinar que el procedimiento de ejecución inició a partir de que se dictó sentencia condenatoria firme en segunda instancia, esto es, el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, y que ello aconteció cuando la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de Libertad, publicada el once de noviembre de mil novecientos setenta y dos, se encontraba vigente, por lo que esa es la legislación aplicable al caso concreto; y, devolvió jurisdicción al Juez de Ejecución para que analice íntegramente la viabilidad de la petición de solicitud de pre liberación que le fue puesta a consideración, valorando las pruebas que fueron ofrecidas en aras de respetar el principio de inmediación, con base en la legislación correcta. En consecuencia, procede concluir que ya fue reparado el agravio sufrido por la parte quejosa, ya que el Magistrado responsable, en su nueva resolución, se ajustó adecuadamente a los lineamientos descritos en el fallo protector para restituir a la parte peticionaria de amparo, en sus derechos fundamentales vulnerados; por tanto, se declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que signado por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa de recibo del diverso comunicado 19641, por el cual se le remitieron los anexos que adjunto a su informe justificado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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