Ricardo Gaytán Acevedo

Expediente 59/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
59/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Gaytán Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual transcribe el proveído de veinte de febrero de la anualidad que trascurre, en el que refiere que no insiste en declinar la competencia, por lo que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata; de lo que este Juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto lo actuado dentro del presente juicio, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que auto de quince de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada y ordenó remitir los autos al Juez Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Morelia, mismo que asumirá el conocimiento del asunto; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo aplicable, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que este asunto es destruible de conformidad con el punto vigésimo del acuerdo general 1/2009 anteriormente mencionado. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Recepción de Incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 2746/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional dentro del juicio de amparo número 102/2019 de su estadística, por el cual remite los autos originales de dicho juicio, en virtud de que en ese proveído determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata, promovido por Ricardo Gaytán Acevedo, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán. Registro de expediente. Por lo tanto, se ordena registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 59/2019, y se procede hacer el pronunciamiento correspondiente en los términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. Razones por las que se declinó la competencia. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través de su auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, puntualizó las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio en que haya tenido ejecución el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Asimismo, precisó que del estudio integral de la demanda de amparo advertía que el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ".El auto de once de enero de dos mil diecinueve, pronunciado dentro del toca civil I-379/2018, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, que confirmó el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 27/1995, por el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, en el que declaró improcedente el incidente de oposición en contra del auto que aprobó y confirmó el proyecto de partición presentado por el albacea, respecto al inmueble denominado "EI Ocote", con superficie de 348-00-00 trescientas cuarenta y ocho hectáreas cero áreas cero centiáreas, compuesto por las fracciones de terreno 92 y 93, ubicado en el municipio de Aquila, Michoacán.". Aunado a lo anterior, el Juez declinante expuso que se actualizaba el primer párrafo del precepto legal invocado -atendiendo al lugar de ejecución del acto reclamado- es decir, pues considero que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio, ello es así, porque donde se está ejecutando el acto reclamado consistente en el bien inmueble, que se encuentra ubicado en Aquila, Michoacán, de la Jurisdicción de este Juzgado. Por tal motivo, estimó que compete el conocimiento de la demanda de amparo signada por Ricardo Gaytan Acevedo, a un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en virtud de que dentro del territorio en que ejercen jurisdicción dichos órganos se está ejecutando el acto reclamado. Y agregó, que no obstaba el hecho de que la autoridad señalada como responsable tuviera su domicilio en Morelia, Michoacán, pues la competencia planteada se atendía. ". el acto reclamado se materializa en donde se encuentra ubicado en el inmueble de que se trata." Por el cual arribó a la conclusión de que se actualizaba la primera regla para la fijación de la competencia contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Decisión sobre la aceptación de competencia. Al respecto, este Juzgado de Distrito de manera muy respetuosa no comparte la postura del Juez declinante por los motivos que se expondrán a continuación: En principio, debe tenerse en consideración el marco jurídico que estatuye la competencia de los Jueces de Distrito en lo relativo al lugar en donde los actos tienen ejecución, para determinar válidamente su aplicación al caso concreto. En ese tenor, se tiene que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción de este artículo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. La competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, para determinar qué supuesto aplica en el caso concreto, primero habrá de determinarse si el acto reclamado requiere ejecución. Ahora, para mejor contextualización del asunto resulta necesario señalar que de la lectura a la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: "III. Autoridad responsable: Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia." IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame "La ejecutoria de fecha 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, pronunciada en el toca Civil número I-379/2018, la que me fue notificada el día 14 catorce de enero del año 2019 dos mil diecinueve". Del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos se advierte que la resolución reclamada fue pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-379/2018, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el coheredero Ricardo Gaytan Acevedo (quejoso), en contra de la sentencia interlocutoria de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que declaro improcedente el incidente de oposición, en contra del proyecto de división y partición de herencia dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coahuayana, Michoacán, dentro del juicio sucesorio intestamentario 27/1995,la cual confirma dicha determinación. Por tanto, se estima que la resolución reclamada del Magistrado responsable es meramente declarativa y, por ende, no tiene ejecución material, ni directa ni indirecta. Ahora bien, es menester acotar que las resoluciones declarativas son precisamente aquéllas que -como su nombre indica- declaran derechos, respecto del punto controvertido, de modo que su contenido se agota en la declaración que hacen. Sirve de apoyo, la tesis aislada siguiente: "SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL, DECLARATIVAS Y DE CONDENA, DIFERENCIAS. En materia civil, todas las sentencias contienen una declaración de derechos en su parte resolutiva. Pero las meramente declarativas no contienen otra cosa más, en lo que respecta la cuestión principal deducida en el pleito; esto es, que su contenido se agota en la declaración que hace. Las sentencias de condena contienen, por una parte, una declaración respecto del derecho del actor y de la obligación correlativa del demandado; además, ordena la ejecución forzosa para el caso de que el demandado, dentro de un plazo determinado, no cumpla la obligación declarada, este fallo hace cierto e indubitable el derecho del actor y manda al órgano de ejecución que lo haga efectivo, en el supuesto citado. Por esta circunstancia, toda sentencia de condena es al mismo tiempo declarativa y además ejecutiva. Citando a Chiovenda, se puede decir que 'La diferencia está, pues, en que la sentencia de condena tiene dos funciones distintas, y la de declaración hay una sola'" (Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Página 962. Tomo XII, Diciembre de 1993. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación). En ese orden de ideas, el acto reclamado del Magistrado responsable no tiene ejecución material ni directa ni indirecta, sino que se trata de un acto meramente declarativo, toda vez que se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, sin que lleve aparejada una ejecución material, puesto que no implica modificación alguna a derechos o situaciones existentes, esto es, que su contenido se agota precisamente en la declaración que hace. Dicho de otra forma, la resolución reclamada del Magistrado responsable es meramente declarativa, porque no ordena que se verifique materialmente algún acto de ejecución en este distrito judicial, amén de que aquéllos acuerdos o medidas legales que -en su momento procesal oportuno- llegara a emitir el juez responsable, derivarían ya de sus determinaciones propias, pero no de esa resolución. Aunado a que en la resolución reclamada no se impuso condena en costas. Luego, es evidente que se actualiza la hipótesis del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, de modo que procede concluir que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA UNA INTERLOCUTORIA QUE SÓLO PRODUCE EFECTOS DECLARATIVOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA AUTORIDAD DE DIVERSA JURISDICCIÓN, SI NO SE RECLAMAN POR VICIOS PROPIOS.- La sentencia de segunda instancia que confirma una interlocutoria de primer grado en la que se resuelve un incidente, que por su intrínseca naturaleza produzca efectos meramente declarativos y, por lo mismo, carezca de ejecución material, se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en términos del cual la autoridad competente para conocer del juicio de garantías, es el Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la autoridad que dictó la sentencia reclamada; de ahí que la sentencia dictada por una Sala que confirmó la interlocutoria de primera instancia sea una resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio que por su propia naturaleza constituye una determinación de carácter declarativo pues, por sus efectos, únicamente clarifica el derecho obtenido con la sentencia definitiva, sin imponer condena alguna que traiga aparejada ejecución. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que reside en la jurisdicción donde radica la Sala que dictó la sentencia reclamada, la competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido en su contra, sin que sea obstáculo que también se reclamen actos de ejecución atribuidos al Juez de primera instancia de otra jurisdicción, porque no se combaten por vicios propios, sino sólo por ser consecuencia lógica y jurídica de la sentencia dictada por la autoridad ordenadora" (Novena Época. Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXI, Enero de 2005. Tesis: XXI.4o. J/6. Página: 1499). De igual forma, sirven de apoyo, las tesis aisladas siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS. Cuando los actos declarativos no se traducen ni pueden traducirse en actos inmediatos de ejecución, la competencia para conocer del amparo relativo, corresponde al Juez de Distrito del lugar en donde se hizo la declaración; y aun cuando dichos actos pudieran tener una ejecución mediata, como se trata de actos futuros, la competencia no puede corresponder al juez del lugar en donde dicha ejecución puede realizarse" (Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXV. Página: 36). "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora" (Novena Época. Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, Agosto de 2001. Tesis: I.1o.A.44 A. Página: 1299). En esa tesitura y tomando en consideración que como ya quedó de manifiesto, la autoridad señalada como responsable en este asunto tiene su residencia en Morelia, Michoacán, es inconcuso que el competente para conocer de la demanda de garantías que se atiende, es el Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en dicha ciudad; máxime que no fue señalada ninguna autoridad ejecutora ni ordenadora con residencia en el territorio donde este órgano judicial ejerce jurisdicción. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, tercer párrafo, y 48, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia legal, planteada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, por lo que se ordena remitir el cuaderno de amparo IV-102/2019, del índice de ese juzgado, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, de lo cual se solicita al Juez declinante acuse el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones relativas en el Libro de Gobierno. Autorización de oficios. Se autoriza a los secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano