Ricardo González Pino
Expediente 1285/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ricardo González Pino
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído doce de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por********************, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, ha quedado firme. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por ........, personalidad que acredita con las actas de nacimiento de los referidos menores, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 1285/2017, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo que promueve Ricardo González Pino, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Constanza Regina e Iker Leonardo ambos de apellidos González Gutiérrez, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución que declara fundada la excepción de incompetencia por declinatoria, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, sobre de la cual la que suscribe considera procedente desechar la demanda presentada, con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo Vigente, dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Por su parte, el peticionario del amparo reclama lo siguiente:..........Así, la que suscribe advierte que en relación a dicho acto en el caso justiciable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, de cuya interpretación jurídica se obtiene que, cuando se reclaman violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando dichos actos tengan una ejecución de imposible reparación. Los actos tienen una ejecución de imposible reparación, por regla general, cuando afectan de forma directa alguno de los derechos subjetivos públicos tutelados por la Constitución Federal, es decir, cuando afectan a las garantías individuales; de ahí que, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio es improcedente de conformidad con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu. Ilustra a lo anterior la tesis siguiente: ........No obstante a ello, debe tenerse presente que la Ley de Amparo vigente en su numeral 107, fracción VIII, establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial en contra de resoluciones que "determinen" declinar competencia de un asunto; sin embargo, esa norma no debe interpretarse literalmente sino debe asumirse en relación con la diversa fracción V del aludido numeral, que establece la procedencia del amparo contra actos en juicio cuando sus efectos sean de imposible reparación; luego, a partir de una connotación más amplia, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente dado que ni la presidencia del Tribunal Superior de Justicia ni el Juez en turno de Primera Instancia en Materia Familiar del municipio de Jesús María, Aguascalientes, ambos con residencias oficiales en aquel Estado, se han pronunciado respecto a si aceptan o no la competencia planteada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, al haber determinado, en la resolución ahora reclamada, que el competente para conocer y resolver el juicio Guarda y Custodia lo es un juez de aquél Estado. Es así, pues para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, como se dijo anteriormente, la parte quejosa se duele de la existencia de una resolución emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la que se declaró fundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la aquí tercera interesada Erika Yasmin Gutiérrez Padilla, y en consecuencia, declaró nulo todo lo actuado ante la Jueza declarada incompetente en el juicio de guarda y custodia, así también, le ordena a dicha jueza envíe los autos del juicio de origen a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, para que a su vez lo remita a su igual jerárquico del Estado de Aguascalientes, para que de considerarlo apegado a derecho conozca y resuelva el referido juicio de guarda y custodia, sin que exista determinación alguna al respecto por la autoridad correspondiente al Estado de Aguascalientes. Esto es así, en atención a que la resolución ahora reclamada, pronunciada por la referida autoridad, no tiene el carácter de definitiva para efectos del presente juicio de amparo, ni puede considerarse de ejecución irreparable, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, esto es, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Aguascalientes o en su caso, el Juez en turno de Primera Instancia en Materia Familiar del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, por lo que en última instancia, la resolución que éstos emitan, serán la que cause agravio a la parte quejosa y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto, o bien, la que dirima esa circunstancia, en caso que ni uno ni otro órgano jurisdiccional admitan la competencia. Por tanto, se estima que la resolución en la que la autoridad responsable declara legalmente incompetente a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia oficial en Acapulco de Juárez, Guerrero, para conocer del juicio de guarda y custodia promovida por el aquí quejoso Ricardo González Pino, en contra de Erika Yazmin Gutiérrez Padilla, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que es un planteamiento de incompetencia en el cual la autoridad a favor de quien se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no; por ende, resulta indudable que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, esto es, en el caso de que los Tribunales de Aguascalientes, a favor de la cual se declinó la competencia, no aceptaran la misma, razón suficiente para determinar que la resolución de la Sala Familiar responsable no tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio biinstancial; en consecuencia, de momento no irroga ningún perjuicio al quejoso. Es aplicable al caso por analogía la jurisprudencia por 3a. (7a. Época) de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que fue modificada por la Primera Sala de nuestro más alto Tribunal Constitucional, de conformidad con la solicitud de modificación 7/2010, visible en la página 5, Tomo XXXI, Junio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCIÓN DICTADA EN APELACIÓN, CUANDO ESTIMA FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO. Del análisis relacionado de los artículos 106 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, 114, fracción IV de la Ley de Amparo y 32, 33, 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que si bien es cierto que una resolución de esa naturaleza debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 114, fracción IV citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación, que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, pues al no obligarlos la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrán que ser ellos los que acepten o rechacen la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. Por otra parte, si el Juez de Distrito o el Juez común, de otra jurisdicción a la del Tribunal Superior que dictó la resolución que estimó fundada la excepción de competencia por declinatoria, aceptan la misma, será su resolución, o la del recurso que la confirma, en caso de que proceda, la que causa perjuicio irreparable, pudiéndose combatir en amparo indirecto. Si, por el contrario, el Juez común o el Juez de Distrito no aceptan la competencia, así lo comunicarán al Juez requirente y, como éste se encuentra obligado por la resolución dictada en apelación, tendrá que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el conflicto competencial. Si su decisión es en el sentido de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, contra ella no procederá el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción I de la Ley de Amparo, pero ello resulta irrelevante puesto que el motivo de esta disposición radica en que la controversia es resuelta por el Máximo Tribunal ante el que pueden llegar los conflictos, independientemente de la vía que se haya ejercido." De ese modo, se obtiene que la determinación reclamada no constituye un acto de imposible reparación que cuente con definitividad para la procedencia del juicio biinstancial, con lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia siguiente:........Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracciones V y VIII de la Ley de Amparo vigente, el juicio biinstancial reclamado respecto al acto reclamado consistente en la resolución de incompetencia por declinatoria emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que refiere el quejoso, por esta vía resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA LA DEMANDA DE CUENTA. No pasa inadvertido que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo." Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luís Roque Martínez y Arturo Miranda Cisneros, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el registro de profesionales del derecho.
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