Ricardo Gómez Lagunas
Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ricardo Gómez Lagunas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, en específico el proveído de esta fecha, en el que se decretó el archivo como asunto totalmente concluido; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, y dado que en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional solicitada, es susceptible de ser depurado, ello, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), segundo párrafo, del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Háganse las anotaciones respectivas, en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E".
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio, ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y notifíquese a las autoridades responsables a través de oficio que al efecto se gire, al cual deberá anexarse copia autorizada de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales conducentes, dado que el presente asunto se resolvió el día de la audiencia y se notificó por lista en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, al no quedar cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, y acuérdese lo conducente en autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio, en virtud de que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Por lo anterior, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General antes referido. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Asimismo, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Incidental
Visto el escrito de cuenta firmado por José Alberto Gallardo Pérez, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, respecto a la imposibilidad que refiere tener para generar por sí mismo la generación del código QR, a efecto de poder ingresar a este juzgado e imponerse de los autos del cuaderno incidental en que se actúa, así como para que se le haga entrega de la copia de la suspensión provisional a la que hace alusión, se provee: Dada la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19 que afronta el país, por única ocasión con sustento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR), se señalan las TRECE HORAS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que el autorizado promovente comparezca ante este Juzgado Séptimo de Distrito, ubicado en Boulevard Vicente Guerrero, número 125, kilómetro 274, Fraccionamiento la Cortina, debidamente identificado con credencial de validez oficial y una copia de la misma, a fin de que pueda consultar el presente cuaderno incidental, así como para que se le haga entrega de la copia de suspensión que refiere. En la inteligencia de que para el ingreso a las instalaciones del edificio en que se ubica este órgano de control constitucional, deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas en la puerta de acceso por la administración del edificio, así como el uso obligatorio en todo momento de cubrebocas; lo anterior, se reitera debido a la contingencia sanitaria que se vive en el país derivado del virus denominado COVID-19, y a fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores del edificio así como de los propios justiciables; con el apercibimiento, que de no comparecer ante este órgano jurisdiccional el día fijado para ello, y en los términos indicados, no se generará una nueva cita con código QR, y tendrá que generarlo por su cuenta. Lo anterior, hágase del conocimiento al promovente, haciéndole llegar además por conducto del actuario judicial que corresponda, una copia del código de acceso (QR), y así esté óptimas condiciones de presentarse en este órgano jurisdiccional en la hora y día señalado en párrafos que anteceden. Por otra parte, se le tiene al promovente, proporcionando el correo electrónico halcon1979@outlook.com, así como los números telefónicos 7472750132, 7471063062 y 7471099205, a efecto de ser localizado y para recibir las notificaciones que deriven del presente incidente; por lo cual, se instruye al actuario judicial adscrito que las subsecuentes notificaciones se realicen por este medio, debiendo confirmar su recepción vía telefónica y asentar la razón respectiva; ello, únicamente hasta en tanto permanezcan las medidas sanitarias adoptadas con motivo de la pandemia declarada a consecuencia del virus denominado COVID-19. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de este último ordenamiento legal, expídase a su costa las copias certificadas de los informes previos que obran agregados en autos, previa razón que por su recibo deje asentada en autos. En el entendido que, la expedición de dichas copias, queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice el autorizado de la quejosa, establecidas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR). Finalmente, por cuanto hace a la expedición de copias certificadas de los informes justificados, dígasele que esa petición deberá realizarla en el juicio principal, dado que éste se tramita por cuerda separada al incidente de suspensión que nos ocupa.
- Principal
Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; así como en armonía a los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020 y 01/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE, y da cuenta con el escrito inicial de demanda y proveído en el que se admite a trámite la misma; constancia de notificación a las autoridades responsables, informes justificados y proveídos en que se tienen recibidos los mismos. Asimismo, la Secretaria certifica, que previa revisión de los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables se aprecia que estas negaron el acto que a cada una les atribuye el impetrante, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguno que deba tomarse en consideración. EL JUEZ ACUERDA: En virtud de no existir pruebas que recibir, se cierra este período. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS: La secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. EL JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes precluido el derecho para formular alegatos, por lo que se cierra el presente periodo. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia.V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 159/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican. "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: Fiscal Regional de la Zona Centro de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad. EJECUTORA: Coordinador Regional Zona Centro de la Policía Ministerial del Estado, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "Lo constituye la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN AL MARGEN DEL DEBIDO PROCESO JUDICIAL decretada en mi contra por la ordenadora y de la ejecutora reclamo también su cumplimiento." Actos que el impetrante del amparo, estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 159/2021, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además por reclamarse actos atribuidos a autoridades con residencia en la circunscripción territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la quejosa son los siguientes: La orden de aprehensión y el cumplimiento o ejecución de dicha orden. TERCERO. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En esa tesitura, se tiene que las autoridades responsables al rendir su respectivo informe con justificación negaron los actos atribuidos por el impetrante del amparo; consistente en la orden de aprehensión, así como su cumplimiento o ejecución. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa". Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa de los actos reclamados, corresponde al quejoso acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los mismos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. "En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia de los actos que de ellas reclama, es dable concluir que los actos motivo de la presente litis constitucional, no existen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En consecuencia, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mismo que fue notificado por lista de acuerdos el veintisiete de mayo siguiente, como se constata de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 63 fracción IV, y 73 y 74 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos y autoridades mencionados en el resultando primero y por las razones precisadas en el punto considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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