Ricardo Garza Madera

Expediente 1609/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1609/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Garza Madera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso pudieran perjudicarle las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara que QUEDA FIRME dicho auto, para todos los efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, la copia certificada de la causa penal 152/2016-3, antes 16/2015 que anexó a su informe justificado, con las cuales se formaron los anexos I, II, III y IV; lo anterior, privilegiando el ahorro y racionalización de los recursos, con el objeto de que los mismos puedan ser reutilizados; sin que exista necesidad de exigir acuse de recibo por escrito, pues basta para ello el sello de su recepción que para tales efectos se asiente en la constancia de notificación respectiva. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 6°, de los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de abril de dos mil catorce, y publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce.

  2. Principal

    Agréguense únicamente para que obren como corresponda, los sobres que devuelve el administrador de Correos, en razón de que el presente juicio de amparo fue sobreseído fuera de audiencia, el veintidós de marzo de este año. Por último, se hace del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/211/2018, de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó la reubicación del Juez Benito Eliseo García Zamudio, a este juzgado de Distrito, a partir del uno de abril de dos mil dieciocho; lo anterior, para los efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintidós de marzo del dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ha trascurrido el término de veinte días concedido al quejoso Ricardo Garza Madera, a través de su autorizado Andrés Saavedra Avendaño, quien recibió los edictos en comparecencia de trece de febrero del año en curso, sin que a la fecha haya acreditado haber entregado para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana los edictos ordenados en auto de seis de febrero del año en curso, para emplazar a juicio a la parte tercero interesada Martín Mora Jensen, sin que dentro del plazo concedido lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, y en comparecencia de trece de febrero de este año, y con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO, para todos los efectos legales consiguientes. Lo anterior es así, en razón de que el agraviado incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Órgano Judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio del quejoso, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por su contenido jurídico, apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, es aplicable por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, correspondiente a la Novena Época que a la letra dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.". Por consiguiente, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Finalmente, se tiene por recibido los sobres devueltos por el administrador de Correos de esta ciudad, los cuales contienen los oficios 6674-9, dirigido al Director de la Policía Judicial del Distrito Federal, y 6675-9, dirigido al Director de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República. Respecto al sobre que contiene el oficio 6674-9, dirigido al Director de la Policía Judicial del Distrito Federal, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, en razón que de autos de desprende que la misma se tuvo por inexistente. Por cuanto hace al oficio 6675-9, dirigido al Director de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República; se ordena su reenvío con la denominación correcta, que lo es Titular de la Policía Federal Ministerial de la ciudad de México. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada Miguel Darío Santana González, Graciela Ordorica Romay, María Elena Malda Maza y Mariano Suárez Uriarte, por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que ha trascurrido el término de veinte días concedido al quejoso Ricardo Garza Madera, a través de su autorizado Andrés Saavedra Avendaño, quien recibió los edictos en comparecencia de trece de febrero del año en curso, sin que a la fecha haya acreditado haber entregado para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana los edictos ordenados en auto de seis de febrero del año en curso, para emplazar a juicio a la parte tercero interesada Martín Mora Jensen, sin que dentro del plazo concedido lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, y en comparecencia de trece de febrero de este año, y con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo, y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO, para todos los efectos legales consiguientes. Lo anterior es así, en razón de que el agraviado incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Órgano Judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio del quejoso, con lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por su contenido jurídico, apoya lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a fojas 211, del Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, de la Novena Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5°, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, es aplicable por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1045 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Junio de 2006, correspondiente a la Novena Época que a la letra dice: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL. En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.". Por consiguiente, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con nueve minutos del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Finalmente, se tiene por recibido los sobres devueltos por el administrador de Correos de esta ciudad, los cuales contienen los oficios 6674-9, dirigido al Director de la Policía Judicial del Distrito Federal, y 6675-9, dirigido al Director de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República. Respecto al sobre que contiene el oficio 6674-9, dirigido al Director de la Policía Judicial del Distrito Federal, se ordena agregar únicamente para que obre como corresponda, en razón que de autos de desprende que la misma se tuvo por inexistente. Por cuanto hace al oficio 6675-9, dirigido al Director de la Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de la República; se ordena su reenvío con la denominación correcta, que lo es Titular de la Policía Federal Ministerial de la ciudad de México. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.

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