Ricardo Gallardo Gallardo

Expediente 986/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
986/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Gallardo Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó de plano la demanda de amparo intentada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del citado Acuerdo, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, con base en los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ramón Jurado Guerrero, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cuatro de junio de dos mil diecinueve; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ******+, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Suministro de Servicios Básicos de la División Centro Sur, Zona Comercial Cuautla y otra autoridad, por tanto se provee lo siguiente. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II inciso b), ambos de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos de autoridad y de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad; por el contrario, será improcedente contra actos que no provengan de esos entes, siendo el último de los supuestos jurídicos en mención lo que en el caso interesa. Por su parte, específicamente del texto de la segunda fracción del artículo 5 de la Ley de la materia, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto público particular como autoridad responsable: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que ofrece el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado; así se ha determinado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En el presente asunto, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad, Suministro de Servicios Básicos de la División Centro Sur, Zona Comercial Cuautla y encargada superintendencia comercial suministro básico aérea Cuautla, por el que reclama la orden de pago de ajustes a la facturación de diecisiete de abril de dos mi diecinueve. Por tanto, en el caso concreto no puede considerarse a la Comisión Federal de Electricidad y encargada superintendencia comercial suministro básico aérea Cuautla, con el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en razón de que el acto reclamado deriva de un contrato celebrado entre particulares, por lo que dichas autoridades carecen de la imperatividad y coercitividad que caracterizan todo acto de autoridad, por lo que en términos de los artículos 103, fracción I constitucional y 1o., fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra sus actos, pues el acto reclamado consistente en el oficio sin número de diecisiete de abril de dos mil diecinueve, en el cual se le realizó un ajuste de la facturación por el consumo de energía eléctrica, deriva del contrato que celebro con la Comisión Federal de Electricidad y por ello no es un acto de autoridad. Esto es así, en tanto que, si bien se trata de una empresa Pública que presta el servicio en forma exclusiva, lo hace par virtud de haberse obligado en un plano equivalente al de los particulares, al suscribir un contrato mercantil, cuyos efectos no son los de generar consecuencias de derecho de manera unilateral y coactiva, sino la de cumplir con los deberes jurídicos adquiridos mediante un acuerdo de voluntades. Es aplicable al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 167/2011 (9a.), con número de registro: 159944, Décima Época, Instancia: Segunda Sala, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, visible en la página 1457 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.]). Asimismo, en lo conducente e interpretada a contrario sensu, cobra aplicación la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del documento que fue allegado por el quejoso, consistente en la comunicación mediante la que la Comisión Federal de Electricidad le solicita el pago de ajuste a la facturación, se aprecia la improcedencia del juicio de amparo ante la existencia de contrato para el suministro de energía eléctrica. 3).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista Eduardo Camacho Barrera, sin que haya lugar a tener por autorizados a los demás en razón que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; por tanto, se le tiene por autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la materia. 4).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente.

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