Ricardo García Contreras
Expediente 2242/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2242/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 12/08/2019
Partes del expediente
- Ricardo García Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia terminada de engrosar el nueve de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se negó la protección constitucional a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda documentos en original (fojas 6 a 7 bis), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación dentro del plazo que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia terminada de engrosar el nueve de julio del año en curso. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley en comento, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 214 de la Legislación de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se negó la protección constitucional a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, ya que la parte quejosa adjuntó a su demanda documentos en original (fojas 6 a 7 bis), con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos; apercibida que de no hacerlo, el mismo podrá ser destruido junto con el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. VISTOS, para resolver, los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto 2242/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Ricardo García Contreras solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y por las autoridades siguientes: Acto reclamado. 1.- La discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la Ley de ingresos del municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico los artículos 12 y 42. 3.- La aplicación presentes y futuras de esos artículos, mediante el pago de pago (sic) de recargos por incumplimiento a artículo (sic) 44 de la ley de hacienda municipal para el Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho por la cantidad de $5,440.60 pesos moneda nacional, respecto la (sic) solicitud de registro catastral de la escritura con número 22,811 veintidós mil ochocientos once de fecha veintidós de diciembre de dos mil seis otorgada ente la fe del notario público número 01 de la primera demarcación notarial Licenciado José Daniel Saucedo Berecochea. d) Autoridades responsables Legisladoras. 1.- El Gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Con domicilio en Palacio de gobierno en avenida México esquina con calle Abasolo zona centro de Tepic, Nayarit. 2.- El Secretario general de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en Palacio de gobierno en avenida México esquina con calle Abasolo zona centro de Tepic, Nayarit. 3.- El Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en Avenida México esquina con Avenida Allende zona centro de Tepic, Nayarit. 4.- El director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Zacatecas entre Avenida Juárez y calle Mina zona centro de Tepic, Nayarit. Posteriormente, en cumplimiento a la prevención formulada, la parte quejosa el nueve de noviembre de dos mil dieciocho amplió su demanda en los siguientes términos: c) Acto reclamado. 1.- La discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la Ley de ingresos del municipio de Tepic de Nayarit (sic), par el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho en específico los artículos 12 y 42. Así como la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda municipal para el Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico el artículo 44 3.- La aplicación presentes y futura de esos artículos, mediante el pago de pago de recargos (sic) por incumplimiento al artículo 44 de la ley de hacienda municipal para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho por la cantidad de $5,440.60 pesos moneda nacional, respecto la (sic) solicitud de registro catastral de la escritura con número 22,811 veintidós mil ochocientos once de fecha veintidós de diciembre de dos mil seis otorgada ante la fe del notario público número 01 de la primera demarcación notarial Licenciado José Daniel Saucedo Berecochea. d) Autoridades responsables Legisladoras. 1.- El Gobernador constitucional del Estado de Nayarit. Con domicilio en Palacio de gobierno en avenida México esquina con calle Abasolo zona centro de Tepic, Nayarit. 2.- El Secretario general de Gobierno del Estado de Nayarit, con domicilio en Palacio de gobierno en avenida México esquina con calle Abasolo zona centro de Tepic, Nayarit. 3.- El Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en Avenida México esquina con Avenida Allende zona centro de Tepic, Nayarit. 4.- El director del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, con domicilio en calle Zacatecas entre Avenida Juárez y calle Mina zona centro de Tepic, Nayarit." Asimismo, mediante libelo presentado el treinta y uno de enero del año en curso, el promovente de garantías, en cumplimiento al proveído de veintitrés de enero del año en curso, amplió su demanda de garantías de la siguiente manera: Acto reclamado. 1.- La aplicación presentes y futura de los artículos 12 y 42 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, mediante el pago de pago de (sic) recargos por incumplimiento al artículo 44 de dicha ley de $5,440.60 pesos moneda nacional, respecto la solicitud de registro catastral de la escritura con número 22,811 veintidós mil ochocientos once de fecha veintidós de diciembre de dos mil seis otorgada ante la fe del notario público número 01 de la primera demarcación notarial Licenciado José Daniel Saucedo Berecochea. d) Autoridades responsables Aplicadora. La Tesorería municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por conducto de su titular, con domicilio en las oficinas ubicadas frente a la plaza principal del centro histórico, Palacio Municipal. De Tepic, Nayarit. Al que le Atribuyo el segundo acto reclamado. Actos que consideró violatorios de los derechos humanos previstos en el artículo 1, 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Previo cumplimiento a la prevención formulada a la parte quejosa por acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por una parte, desechó la demanda de garantías por lo que hace a las autoridades responsables denominadas Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y por otra, admitió a trámite la demanda respecto de las diversas responsables, la cual se registró con el número 2242/2018; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por ampliada la demanda de garantías por la parte quejosa donde señaló como autoridad responsable a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, por ende, se solicitó su informe con justificación se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se promueve en contra de una norma administrativa emitida por autoridades estatales, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del arábigo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que se reclama: Del Congreso y Gobernador del Estado de Nayarit, la aprobación, expedición promulgación, refrendo y orden de publicación de la Ley de Ingresos para el municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en particular los artículos 12 y 42, así como el ordinal 44 de la Ley de Hacienda municipal para el Estado de Nayarit. Del Director de Catastro e Impuesto Predial y del Tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. La aplicación de los preceptos legales reclamados. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido al Congreso del Estado de Nayarit, toda vez que al rendir su respectivo informe justificado así lo manifestó por conducto de su Presidente de la Comisión de Gobierno, consistente en la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y la Ley de Hacienda municipal para el Estado de Nayarit. Por su parte, el Gobernador del Estado de Nayarit, por conducto del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, aceptó el acto reclamado consistente en la promulgación de las leyes aludidas; por tanto, éste resulta cierto. Asimismo, el Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitución de Tepic, Nayarit, aceptó la existencia del acto, consistente en la aplicación del cobro que ahora se reclama; por ende, se tiene por cierto dicho acto. Informes que merecen valor probatorio pleno, de conformidad con lo que establecen los preceptos 202, en relación con el 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados de manera supletoria a la Ley de Amparo en su artículo 2°. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la certeza de los preceptos reclamados se desprenden del ordenamiento legal reclamado, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2º de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, fue publicada en el Periódico Oficial de la Entidad, por lo que son del conocimiento de este Juzgado de Distrito. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, número sesenta y cinco, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta, del Tomo XII, agosto del año dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por su parte, el Tesorero municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, negó la exacción que se le atribuye. Lo anterior, sobre la base que la documental ofrecida resulta insuficiente para acreditar los actos atribuidos a la responsable de referencia. Sin embargo, procede desvirtuar dicha negativa, toda vez que el promovente de garantías allegó con su demanda de amparo el original del recibo oficial de ingresos del que se advierte que erogó la cantidad de $5,440.60 por concepto de "RECARGOS DE ISABI CATASTRO" expedido a su favor. En ese contexto, si tal concepto se encuentra contenido en el artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, es evidente que el pago aludido constituye el acto de aplicación del citado precepto legal. Máxime, que el recibo de pago se encuentra expedido por la Tesorería municipal de Tepic, Nayarit, de lo anterior se infiere que dicha oficina recaudadora es la encargada, precisamente, de recaudar las contribuciones municipales previstas en esa legislación fiscal. Por tanto, se concluye que es cierto el acto reclamado al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. El Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Gobernador del Estado, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que, a su decir, la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto de los actos reclamados en mención. El alegato anterior debe desestimarse en razón de lo siguiente. En efecto, los dispositivos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación." De conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, un requisito esencial de la demanda es que en caso de que las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; en tanto, que la fracción VIII del referido precepto legal establece que uno de los requisitos de la demanda de amparo es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, máxime que el asunto que nos ocupa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el ordinal 79 de la Ley de Amparo, para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. Ahora, de la demanda de amparo se aprecia la existencia de argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen causa de pedir respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y orden de publicación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, en específico los artículo 12 y 42, así como la Ley de Hacienda municipal para el Estado de Nayarit, en su numeral 44, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho aquí combatido, el cual no se reproduce en obvio de repeticiones innecesarias y que más adelante se resumen, lo que prueba para esta juzgadora constitucional que se le proveyó de argumentos jurídicos concretos, para razonar el sentido en que se resolverá. En consecuencia, se reitera, la causa de improcedencia en estudio es infundada. Por otra parte, el Director de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Tepic, Nayarit, asegura que respecto de los actos reclamados se actualiza la causal improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Argumenta, que el cobro efectuado por recargos, no transgrede la esfera jurídica al ser un cobro comprendido y regulado dentro del cuerpo normativo tanto federal como local. Lo anterior es infundado. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho jurídica o legítimamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. En el caso, el quejoso reclama en esencia los artículos 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, así como los diversos 12 y 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit. Lo anterior, con motivo del cobro de recargos al haber efectuado el pago del registro catastral de la escritura pública 22,811. Como se explicó, el quejoso Ricardo García Contreras allegó a esta instancia constitucional el original del aviso de traslado de dominio y el recibo de pago de nueve de octubre de dos mil dieciocho por concepto de recargos, con lo que acredita que se realizó al pago motivo de reclamo. Documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los dispositivos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del arábigo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, los actos reclamados afectan el interés jurídico del quejoso y, por tanto, contrariamente a lo que argumenta la autoridad responsable, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio y resolución del asunto. En virtud de que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia y toda vez que tampoco se advierte alguna que deba invocarse de oficio, de conformidad con el ordinal 62, de la Ley de Amparo, procede estudiar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso reclama, esencialmente, la inconstitucionalidad de los preceptos 12 y 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como el diverso 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. Lo anterior argumenta, porque el aviso de traslado de dominio en el que se le impone el pago por concepto de recargo por incumplimiento al artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, trasgrede su esfera jurídica al no establece categóricamente la ley aplicable para penalizar el retardo del pago del impuesto correspondiente, en caso de actualizarse alguno de los supuestos del precepto de referencia. Asimismo refiere que el artículo 42 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, es una norma en blanco que para efectos de aplicación, en caso de cobro de recargos por créditos fiscales generados, en el caso la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, delega o remite a la interpretación de su cálculo al que fije la Federación; de ahí, que al no especificar la ley o reglamento que defina dicho concepto fiscal lo deja en estado de indefensión. Los motivos de disenso resultan infundados en virtud de las siguientes consideraciones: Cabe precisar que la fracción IV, del artículo 31 constitucional, dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Lo anterior constituye el fundamento constitucional de la potestad tributaria del Estado, así como de la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, tanto de la Federación como del Estado y del Municipio en que residan. De este precepto fundamental derivan principios reguladores de normas jurídico-fiscales en las que participan, por un lado, el Estado como persona moral pública con derechos y obligaciones derivadas de la relación tributaria y, por otro, el gobernado como persona física o moral de derecho privado, también con derechos y obligaciones relacionados con los gastos del Estado. En la fijación de las contribuciones el Estado debe regirse, según lo estatuye la citada disposición constitucional, por los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público, los que deben ser observados en las leyes respectivas. En relación con lo anterior, las contribuciones de mérito deben satisfacer los siguientes principios constitucionales: a) El principio de legalidad; b) El principio de proporcionalidad: c) El principio de equidad; y, d) El principio de destino al gasto público. El principio de legalidad tributaria que constituye el único motivo de disenso del quejoso, implica la obligación inherente al Estado de que, los elementos esenciales de las contribuciones, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa, excepciones y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley. Tal exigencia responde a la necesidad de que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de tributos imprevisibles o a título particular, sino que al Estado no le quede otra opción que la de aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y así, el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida, este principio, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior. En ese tenor, debe decirse que las precisiones que han quedado reseñadas sobre el principio de legalidad tributaria, adopta características diversas, al atender a la categoría de la contribución de que se trate y en razón de su naturaleza jurídica. Ahora, en el presente asunto el promovente de garantías efectuó el pago con motivo del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles el cual se encuentra regulado en los artículos 40, 41, 42 43 y 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit. Por ende, al pagar el impuesto contenido en dicha ley la parte quejosa reclama en esencia la aplicación de la Ley en comento, específicamente su artículo 44 el cual literalmente dispone: "ARTICULO 44.- El pago del impuesto deberá hacerse dentro del mes siguiente a aquel en que se actualice cualquiera de los supuestos que a continuación se señalan y su entero deberá ocurrir en las oficinas que para tal efecto constituya el ayuntamiento. I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión a los tres años de la muerte del autor de la misma, si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, inmediatamente del que se cause por el cesionario o por el adquirente. III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos del Código Fiscal de la Federación. IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva. V. En los contratos de compra - venta con reserva de dominio y de arrendamiento financiero, cuando se celebre el contrato respectivo. VI. En la promesa de adquirir se presumirá celebrada el contrato prometido cuando venza el plazo fijado en el contrato respectivo, y en ese momento será exigible el impuesto correspondiente, salvo que se pruebe con instrumento público, que el futuro adquirente cedió sus derechos. VII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en (sic) registro público para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho civil; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes." La lectura del artículo reproducido permite apreciar que el pago del impuesto relativo a la adquisición de bienes inmuebles debe hacerse dentro del mes siguiente a aquel en que se actualice cualquiera de los supuestos que se precisan en dichas fracciones, lo cual deberá efectuarse en las oficinas que para tal efecto constituya el Ayuntamiento. En ese orden de ideas, los numerales 12 y 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, establecen: "Artículo 12. Las obligaciones de pago que se generen conforme a esta ley, exclusivamente para efectos de cobro, tendrán el carácter de crédito fiscal, quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para su recuperación, junto con sus accesorios legales, indemnización, recargos, multas y gastos de ejecución, generados con motivo de la falta de pago de la contribución, así como las multas que se impongan por incumplimiento a los reglamentos municipales. Se consideran créditos fiscales, las responsabilidades pecuniarias que cuantifique la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la Contraloría Municipal del propio Ayuntamiento, en contra de los servidores públicos municipales, y aquellos a los que las leyes les den ese carácter. El Procedimiento Administrativo de Ejecución se regirá de conformidad a lo establecido en el Código Fiscal para el Estado de Nayarit." "Artículo 42. Los recargos se causarán en un porcentaje igual al que fije la Federación, para el presente ejercicio fiscal, en lo que a créditos fiscales se refiera, tanto en la prórroga de créditos fiscales como en el pago extemporáneo de los mismos; aplicándose las modalidades que la misma establezca." De la lectura de los numerales transcritos se advierte que el primero regula las obligaciones de pago que se generen conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, exclusivamente para efectos de cobro, tendrán el carácter de crédito fiscal, quedando la autoridad exactora municipal en aptitud de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para su recuperación junto con sus accesorios legales, indemnización, recargos, multas y gastos de ejecución, generados con motivo de la falta de pago de las contribuciones, así como las multas que se impongan por incumplimiento a los reglamentos municipales. El último numeral se encuentra en el título quinto "Aprovechamientos" capítulo primero "Recargos", mismo que refiere que los recargos se causarán en un porcentaje igual al que fije la Federación, para dicho ejercicio fiscal en lo que a créditos fiscales se refiere, tanto en la prórroga de créditos fiscales como en el pago extemporáneo de los mismos. Por otra parte los artículos 1, 2 y 5 de la Ley de Hacienda Municipal para el estado de Nayarit, a la letra dicen: "ARTICULO 1. La Hacienda Pública de los Municipios del Estado, para cumplir con los gastos y demás obligaciones de su organización, administración y prestación de servicios públicos, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos que establezcan las leyes Fiscales aplicables. ARTICULO 2.- Son leyes fiscales del municipio: I. La presente Ley de Hacienda; II. Las leyes de Ingresos. III. Las que autoricen ingresos extraordinarios; IV. Las que organicen los servicios administrativos necesarios para la recaudación, distribución y control de los ingresos y egresos. V. (DEROGADA, P.O. 15 DE DICIEMBRE DE 2007) ARTICULO 5. Par (sic) efectos de esta ley se atenderán las siguientes clasificaciones y definiciones: A. Las contribuciones municipales se clasifican en impuestos, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo. II. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. III. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público municipal, así como por recibir servicios que presta el municipio en sus funciones de derecho público. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del municipio. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y en su caso las indemnizaciones son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas. B. Se entiende por aprovechamientos los ingresos que percibe el municipio por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación municipal. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de éstos y participan de su naturaleza. C. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. D. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el municipio o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el municipio tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el municipio tenga derecho a percibir por cuenta ajena. De los arábigos transcritos se advierte, que la Hacienda Pública de los Municipios del Estado de Nayarit, para cumplir con los gastos y demás obligaciones de su organización, administración y prestación de servicios públicos, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos que establezcan las leyes Fiscales aplicables como son: la Ley de Hacienda Municipal, las Leyes de Ingresos, las que autoricen ingresos extraordinarios y las que organicen los servicios administrativos necesarios para la recaudación, distribución y control de los ingresos y egresos. Por su parte el numeral 5, en las primeras tres fracciones clasifica y define los conceptos de impuestos, contribuciones de mejoras y derechos, así como lo relativo, entre otros, a los recargos. Ahora, como se adelantó, los conceptos de violación que hace valer el promovente de garantías, resultan infundados como a continuación se precisa. En efecto, como lo aduce la parte quejosa, si bien, en el artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el estado de Nayarit, no se precisa la ley aplicable para el caso de no haber ralizado el pago del impuesto dentro del mes siguientes cuando se actualice cualquiera de los supuestos indicados en dicho mumeral, no menos cierto es, que en la propia legislación haciendaria se establece con precisión los ordenamientos aplicables tratándose de materia haciendaria como se precisó con antelación, de ahí lo infundado de los conceptos de violación que vierte el quejos. Se dice lo anterior, pues el propio ordinal 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepic, Nayarit, en lo relativo a recargos, refiere que se causarán en un porcentaje igual al que fije la Federación, para dicho ejercicio fiscal en lo que a créditos fiscales se refiere, tanto en la prórroga de éstos como en el pago extemporáneo de los mismos; de ahí, que al precisar que la federación es quien fijará el porcentaje para el caso de cobro de recargos no existe omisión por parte del legislador de establecer quien y como se efectuará dicho cobro. Por ende, resulta inexacto lo aducido por el quejoso al manifestar que no se establece con exactitud el supuesto aplicable para efectuar el cobro del impuesto por recargos al haber realizado el trámite con posterioridad al término que precisa el artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, pues no debe perderse de vista, como se dijo, que si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se señalen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se establecen en la ley de ingresos respectiva, pues tales elementos no necesariamente deben consignarse en una determinada ley, sino que se establezcan en ley, como en el caso ocurre, pues el numeral 2 de la ley hacendaria de referencia, precisa que las leyes aplicables al caso resultan ser la Ley de Hacienda Municipal y las Leyes de Ingresos, inclusive en el propio artículo 42 de la Ley de Ingresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit, indica que en materia de recargos, estos se causarán en un porcentaje igual al que fije la federación; de ahí, que al existir normatividad sobre dicho cobro, resulta incuestionable lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Ilustra lo anterior, la tesis P. XXII/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 37, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DERECHOS. PARA QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA BASTA CON QUE SUS ELEMENTOS ESENCIALES SE CONSIGNEN EXPRESAMENTE EN UNA LEY, AUN CUANDO ESTA SEA LA DE INGRESOS. Si el principio de legalidad tributaria consiste en que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en una ley, se respeta tal principio cuando los elementos esenciales de algún derecho se consignan en la Ley de Ingresos respectiva, pues el principio de legalidad no exige que tales elementos se consignen en una determinada ley, sino sólo que se establezcan en ley". En abono a lo anterior, no debe perderse de vista que el artículo 44 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, establece que el pago del impuesto deberá hacerse dentro del mes siguiente a aquel en que se actualice cualquier supuesto enumerados en las fracciones de la I a la VII, sin que estuviera obligado a señalar en el propio artículo la ley que en su caso, sancionaría dicha extemporaneidad lo que implica en modo alguno la violación al principio de legalidad previsto en el artículo 16 y el de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, ambos de la Constitución General de la República, puesto que tales elementos derivan de los conceptos que incluye la propia legislación de la materia en forma amplia y particularizada para cada tributo, los cuales obviamente no podrían estar enumerados de manera casuista en un solo dispositivo legal, como lo es en el citado artículo 44 de la ley de referencia, en virtud de que se encuentran comprendidos en las legislaciones fiscales vigentes que regulan las distintas contribucione; máxime que el numeral 12 de la Ley de Ingresos del municipio de Tepic, Nayarit, precisa la obligación de pago que se genere conforme a dicha ley exclusivamente para efectos de cobro entre otros de recargos generados con motivo de la falta de pago de contribuciones y el diverso artículo 42 de la normatividad en cita, establece la obligación de pago por recargos, los que se causarán en un procentaje igual al que fije la federación; lo que evidencia que no se deja al arbitrio de las autoridades la ley aplicable; sino que, en dicho numeral se precisa que los recargos se causarán en un porcentaje igual al que fije la federación para el ejercicio fiscal correspodientes, aunado a que la propia ley hacendaria establece las legislaciones aplicables en materia tributaria. Cobra aplicación por analogía la tesis VI.1o.A.138 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, página 1066, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "CRÉDITO FISCAL. EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE LO QUE DEBE ENTENDERSE POR ESE CONCEPTO, NO TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 16 Y 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONALES, AL NO ESPECIFICAR LOS ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN, NI LA FORMA Y PERSONA QUE LO DEBE EMITIR. Por técnica legislativa el legislador se refirió en el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente a lo que debe entenderse por crédito fiscal, sin que estuviera obligado a señalar ahí mismo de manera indefectible los elementos que lo constituyen o cómo y quién lo debe emitir, sino que válidamente se concretó a verter un concepto de crédito fiscal sustentado en las cantidades que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados por concepto de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, debido a lo cual la circunstancia de que en dicho precepto legal no se haya hecho alusión a los elementos que lo pueden integrar, la forma en que se constituye y quién lo emite, no implica que viole el principio de legalidad previsto en el artículo 16 y el de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, ambos de la Constitución General de la República, puesto que tales elementos derivan de los conceptos que incluye la propia legislación de la materia en forma amplia y particularizada para cada tributo, los cuales obviamente no podrían estar enumerados de manera casuista en un solo dispositivo legal, como lo es el citado artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que se encuentran comprendidos en toda la legislación fiscal vigente que regula las distintas contribuciones, como acontece por ejemplo en relación con el impuesto sobre la renta en tratándose de personas morales y el impuesto al valor agregado, siendo que por lo que hace al primero, el crédito fiscal se obtiene a partir de la aplicación de la tasa correspondiente al resultado fiscal que se obtenga de restar a los ingresos acumulables las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y del 17 al 31 de dicha ley, cuyo monto debe actualizarse conforme lo previsto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, respecto del cual el mencionado código tributario señala el pago de recargos, multas y gastos de ejecución como accesorios ante el incumplimiento de la obligación de pagar esa contribución y, por lo que toca al impuesto al valor agregado, el crédito fiscal se determina aplicando al valor de los actos o actividades que grava la ley que regula dicho impuesto, de conformidad con su artículo 1o. las tasas que al efecto se establecen en los diversos artículos 2o. y 2o.-A de ese mismo ordenamiento, cuyos montos son igualmente susceptibles de ser actualizados y a los cuales se pueden agregar las cantidades correspondientes por el pago de recargos, multas y gastos de ejecución, cuando el retenedor o sujeto indirecto de la obligación tributaria no las entere al fisco federal en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 1o.-A de la aludida Ley del Impuesto al Valor Agregado; lo que evidencia que no se deja al arbitrio de las autoridades la manera en cómo se integra el crédito fiscal, pues éstas se encuentran obligadas a fiscalizar los créditos fiscales por los conceptos y en la forma que lo disponen las leyes y en contra de los particulares que se ubiquen en los supuestos legales que en éstas se prevén, de ahí que no resulta inconstitucional el artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación, por no especificar quién y cómo se emite el crédito fiscal, puesto que ello está regulado para cada tributo en particular como ha quedado antes precisado." En esa tesitura, y toda vez que el quejoso sólo se duele del principio de legalidad tributaria, y no hace valer diverso concepto de violación, y al no estarse en alguno de los supuestos que para suplir la queja deficiente enumera el artículo 79 de la Ley de amparo, procede negar a Ricardo García Contreras, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados Por lo expuesto y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 76, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo García Contreras, respecto de los actos reclamados indicados en el considerando segundo atribuido al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, Director de Catastro e Impuesto Predial y Tesorero municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, todos con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, hasta el día de hoy nueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en que concluyó su dictado y lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Secretaria Alma Angélica Conde Chávez, que autoriza y da fe. Doy fe.- AACCH.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del nueve de abril de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 2242/2018, promovido por Ricardo García Contreras; la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida de la secretaria Alma Angélica Conde Chávez, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, da cuenta con: a) Escrito inicial de demanda, libelo aclaratorio y anexo que acompañó a los mismos; b) Informes con justificación rendidos por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal de Gobernador Constitucional y del Presidente de la Comisión de Gobierno del Poder Legislativo del Congreso, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. c) Ocurso signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula alegato ministerial. d) Informe con justificación rendido por el Director de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Tepic, Nayarit, con residencia en esta ciudad y constancia que acompañó a su informe. e) Libelo de ampliación de demanda. f) Informe con justificación que rindió el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit con sede en esta ciudad y constancia que acompañó al mismo. Sin más constancias que deban relacionarse, la Juez de Distrito acuerda: En términos del arábigo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de autos y por rendidos los informes justificados. Asimismo, con apoyo en los arábigos 119 y 123 de dicha Ley, se inicia el período probatorio, dentro del cual se admiten y se tienen por desahogadas, en razón de su propia naturaleza, las pruebas documentales mencionadas en la cuenta que antecede. Con lo anterior, se cierra tal período y se abre el de alegatos, donde ninguna de las partes los hizo valer. Se cierra dicho periodo y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta en términos del numeral 124 de la ley de la materia, firmando los que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. DOY FE. LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA SECRETARIA
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