Ricardo Emigdio Llamas Arciniega
Expediente 1106/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1106/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/09/2018
Partes del expediente
- Ricardo Emigdio Llamas Arciniega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que la notificación de la sentencia terminada de engrosar el veinte de agosto de la presente anualidad (fojas 57 a 73), que sobreseyó en el presente juicio, fue practicada a la parte quejosa el veintiuno de agosto de la presente anualidad (foja 82), surtió sus efectos al siguiente día hábil, por lo que a la fecha feneció el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno; luego, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley en cita, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa, que en su carácter de superior jerárquico requirió a las autoridades responsables, a efecto de que cumplan con la sentencia concesoria del amparo, tal y como lo acredita con los comunicados que adjunta a su ocurso de cuenta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense al presente sumario, para los efectos legales procedentes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio 600-04-02-03-00-2018-45720, de catorce de mayo del año en curso, suscrito por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de los administradores generales Jurídico, de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio Exterior, de Aduanas, de Servicios al Contribuyente o de Recursos y Servicios, con sede en la Ciudad de México, recibido el uno de junio del año actual en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (foja 679, tomo II), se comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente sumario constitucional, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la empresa quejosa "Servicios el Tacote", Sociedad Anónima de Capital Varible. Luego, mediante proveído de cuatro de junio de la presente anualidad (foja 682, tomo II), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el ocho de junio del presente año (foja 685, tomo II); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el once de julio de dos mil catorce, por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, dentro del presente sumario constitucional (fojas 399 a 481), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguientes: "Una vez que esta sentencia cause ejecutoria, no se aplique a la quejosa lo previsto en el artículo 27 fracción XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce; esto es, se le permita deducir la totalidad de todos aquellos pagos, debidamente probados ante la autoridad exactora, con motivo de gastos de previsión social." Resolución que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el veintidós de marzo del año en curso, dentro del amparo en revisión 388/2014 (fojas 597 a 663). Luego, a través del oficio 600-04-02-03-00-2018-45720, de catorce de mayo del año en curso, suscrito por el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de los administradores generales Jurídico, de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio Exterior, de Aduanas, de Servicios al Contribuyente o de Recursos y Servicios, con sede en la Ciudad de México, recibido el uno de junio del año actual en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito (foja 679, tomo II), se comunicó la forma en que la aludida responsable dio a la resolución concesoria de amparo y para tal efecto, informó lo siguiente: Que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa, el contenido del artículo 27, fracción XI, párrafos cuarto y octavo (último) de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del año dos mil catorce, para el efecto de que en el presente y futuro no le sean aplicadas dichas porciones normativas, hasta en tanto se modifique, derogue o pierda su vigencia. Que a la quejosa contribuyente es a quien corresponde ejercer el derecho consagrado en el fallo protector; es decir, en caso de que la norma invalidada se hubiese individualizado en su esfera jurídica y, por ende, se hubiere calculado el impuesto sobre la renta a su cargo aplicando la limitante antes mencionada, dicho tributo deberá determinarse nuevamente, pudiendo obtener dicha peticionaria la devolución del monto que hubiese pagado en exceso por efectos de la norma impugnada, con su correspondiente actualización, o bien, determinar o incrementar la pérdida fiscal del ejercicio, según en el caso, en términos de las disposiciones aplicables. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Gloria Carolina Vázquez Aldaco, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa y anexos que acompaña, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional dentro de los presentes autos. Ahora bien, con fundamento en el artículo 88, párrafo segundo de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, a efecto de que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación personal, exhiba UNA copia más de su escrito de agravios, pues del sello de recepción de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, se observa que sólo acompañó el original y cinco copias del mismo, siendo necesarias SEIS copias; lo anterior, a fin de distribuirlas entre las partes de la siguiente forma: una para el expediente, otra para cada una de las autoridades responsables que resultan ser cuatro y otra más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Se apercibe a la compareciente que de no dar cumplimiento al requerimiento de previa mención, en el término indicado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación, de conformidad con el último párrafo del arábigo 88 de la Ley de Amparo.
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