Ricardo Francisco Cabrera Albarran
Expediente 1006/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Francisco Cabrera Albarran
Actuaciones
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo promovida por RICARDO FRANCISCO CABRERA ALBARRAN y MARIO LÓPEZ ORDAZ, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III-4 Huajuapan de León, Oaxaca, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1006/2021. Se instruye a la Secretaria de Juzgado a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; así como para que firme los oficios que deriven de este asunto. Ahora del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, por una parte reclama, la negativa por parte de la responsable de devolverle los objetos que le fueron asegurados por su autoridad, y, por otra, la omisión de acordar el escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el que nuevamente se solicita la devolución de objetos, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/HL/0001238/2021. Ahora, la lectura de la demanda de amparo, y, por supuesto de la ley de amparo, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad (agotar recursos), esto es, que el juicio de amparo será improcedente cuanto contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. Por otro lado, la legislación penal, motivo del acto reclamado, específicamente en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Dicho precepto señala que ciertas determinaciones del Ministerio Público deberán ser notificadas a la víctima u ofendido, para que, en su caso, dentro del plazo de diez días, las impugne ante el juez de control, quien mediante audiencia definitiva citara a las partes (víctima u ofendido, ministerio público, imputado y su defensor) para su resolución. Y ante la inasistencia de la víctima, ofendido o sus representantes legales a la audiencia, el juzgado de control declarará sin materia dicha impugnación, el que será irrecurribles. Ahora, en el caso en concreto, la parte quejosa reclama a la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula III-4 Huajuapan de León, Oaxaca, la negativa de devolver diversos objetos, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/HL/0001238/2021, mismo que deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de amparo, pues previamente a la interposición del presente recurso de garantías contra el aseguramiento de objeto (vehículo automotor, el quejoso debió agotar el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque, si bien es cierto que el anterior precepto establece las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, sin que aluda a los objetos asegurados dentro de una carpeta de investigación, también lo es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1ª./J.27/2018 (10ª.) y 1ª./J 28/2018 (10ª), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde resolvió que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación. Concluyendo que la negativa de devolución del bien asegurado dentro de una carpeta de investigación, previo a su reclamo en amparo, deber ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio deducido del Semanario Judicial de la Federación, con datos de localización siguiente: Tesis: X.1º. 1 P (10ª), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias (s): Común, Penal, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 2430, Registro digital: 2023161. ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Así como la diversa Tesis: 1ª./J.28/2018 (10a), Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias (s): Común, Penal, Libro 57, Agosto de 2018. Tomo I, página 943. SISTEMA PENAL ACUSTORIO, CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRIUNICIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y, 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Asimismo, atendiendo a los antecedentes expuestos, sobre la omisión de acordar el escrito en el que se solicita la devolución de objetos, dentro de la carpeta de investigación FED/OAX/HL/0001238/2021, se advierte que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos dentro de un juicio, que sean de imposible reparación, los que entenderá como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos derivados de la Constitución Federal y en los tratados internacionales que el Estado es parte. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Sin embargo, cuando un particular se duele exclusivamente de una violación cometida dentro de un procedimiento judicial, los actos reclamados de esa naturaleza no pueden ser considerados como de ejecución "irreparable", sino más bien como violaciones de carácter adjetivo, ya que no trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que sucede justamente dentro del mismo. Aun cuando uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación realizada a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 constitucional; no obstante a ello, tal afectación no sucede de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, deducido de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2011580, y de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Dicho lo anterior, tampoco se advierte se actualice el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; esto es, que el acto reclamado en la demanda se advierta la existencia de una abierta dilación del procedimiento o evidente paralización total, pues es un hecho notorio, y por ende, de conocimiento público que desde el mes de marzo de dos mil veinte y hasta la actualidad, la población mundial atraviesa por una emergencia sanitaria, derivado del virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad del COVID-19, lo cual ha suspendido el desarrollo ordinario de los procedimientos jurisdiccionales a los asuntos urgentes que tengan una afectación directa y material a derechos sustantivos de modo tal que no pudieran obtener reparación ni con el dictado del fallo que en su momento se emita, lo cual no es el caso que se reclama. Ciertamente, el hecho notorio por razón de salud pública, excusa a la autoridad responsable a reanudar sus actividades hasta en tanto, las autoridades competentes a ésta, consideren viable el retorno de labores en esa institución. Apoya a lo anterior el criterio jurisprudencial III.3o.T. J/3 (10a.), deducida del Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, registro digital: 2013301, de rubro y texto siguientes: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse. En tales consideraciones, al actualizarse una causal de improcedencia en el juicio, en términos de lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación la fracción V del artículo 107, 61, fracción XX, en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Hesiquio Diego Flores, así como para recibirlas e imponerse de autos a Fidel Alejandro Maceda Estrada, dado que no se encuentra en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25 del mismo pleno, se le tiene señalando el número de teléfono que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Finalmente, se comunica a las partes que acorde al oficio CCJ/ST/3190/2021 de seis de septiembre en curso, la Comisión de Carrera Judicial, otorgó licencia al Titular de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Licenciado RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, por un periodo superior a quince días, por lo que el suscrito licenciado Ramiro García Simón, como encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentra autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir de esta data y, por consiguiente para dictar sentencias; por lo que quedan expeditos los derechos de las partes para plantear conforme a su interés convenga. Notifíquese personalmente y cúmplase. LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)
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