Ricardo Emilio Sosa Lopez
Expediente 1198/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1198/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Emilio Sosa Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, por el cual transcribe el proveído de quince de los corrientes, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 745/2021. Del citado proveído se advierte que en cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en este incidente, el titular de dicho Juzgado tuvo a la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones informando las gestiones realizadas para no descontar el treinta por ciento de la nómina del aquí quejoso en su salario. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza civil, especializado en materia mercantil, seguido ante una autoridad jurisdiccional federal, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: Autoridades responsables Actos reclamados Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, con sede en esta población. Interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que declaró infundado el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil 745/2021-III. Incidente que se promovió contra la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de seis de julio de dos mil veintidós. Actuaria adscrita a dicho juzgado federal encargada del expediente 745/2021. La notificación de la citada determinación judicial. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. SON CIERTOS los actos reclamados al Juez y al Actuario señalados como responsables, ya que así lo manifestaron en sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: En el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 745/2021, promovido por Adriana Coyolicatzin Sosa López contra el aquí quejoso como deudor principal. Por auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en la vía y términos propuestos y se ordenó el emplazamiento y embargo contra el demandado. Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido un escrito de la parte actora en el que señaló un domicilio del demandado para realizar el emplazamiento en términos de lo ordenado en auto de doce de agosto de dos mil veintiuno. El dieciséis de junio del actual, se ordenó agregar un escrito de la parte actora en el que señaló un nuevo domicilio del demandado para realizar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en términos de lo ordenado en auto de doce de agosto de dos mil veintiuno y veintinueve de abril del actual. Mediante diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de seis de julio del actual, la actuaria responsable, realizó la diligencia de mérito. Al respecto, mediante escrito de dieciocho de julio de dos mil veintidós, el quejoso promovió incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento respecto de dicha diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. En auto de veinte de julio del actual, se admitió a trámite dicha incidencia. Mediante resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se resolvió el incidente de nulidad por defecto en el emplazamiento promovido por el demandado aquí quejoso, el cual se declaró infundado y se le notificó personalmente por conducto de su autorizado el veintitrés de septiembre del actual. Dicha resolución y su notificación, constituyen los actos reclamados en este juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: La resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, ya que omite precisar en qué se basa para determinar que el incidente es infundado y los argumentos que realiza no tienen que ver con el fondo del asunto, únicamente se fundamenta en los preceptos legales que se refieren a los requisitos de fondo en la diligencia y deja por un lado las formalidades que deben cubrir la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que son de suma importancia para que la parte demandada quede legalmente enterada y pueda formular una defensa legal adecuada. No basta entregar a la parte demandada la copia de la demanda y del documento base de la acción sino que también es importante saber el o los acuerdos previamente dictados para llevar a cabo la diligencia de mérito, ya que en el juicio de origen se dictaron acuerdos con fecha seis y doce de agosto de dos mil veintiuno y dieciséis de junio de dos mil veintidós, en los que se ordena llevar a cabo la diligencia de mérito en su contra. La diligencia es ilegible y confusa y se omite anexar el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós o transcribir su texto en la diligencia, lo que le impide formular una defensa adecuada por lo que desconoce la forma y términos en que se desarrolló dicha diligencia. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN expuestos por la quejosa RESULTAN INFUNDADOS, sin que exista queja deficiente por suplir. Es INFUNDADO el primer concepto de violación del quejoso, ya que la resolución reclamada sí funda y motiva las consideraciones que el Juzgador federal tomó en consideración para declarar infundado el incidente de nulidad de emplazamiento, aunado a que contesta los agravios planteados por el aquí quejoso -relativos a que no se le corrió traslado con el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente de origen y que la letra de la diligencia es totalmente ilegible ya no se entiende-. Ello, porque al respecto el Juez de Distrito responsable en la resolución reclamada: Precisó las reglas básicas que deben observarse para efectuar el emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil y que éstas se encuentran contenidas en los artículos 1392 al 1396 del Código de Comercio. Indicó las razones de por qué se ajustaba la diligencia de emplazamiento a dichos preceptos y la razón de por qué el auto de veintinueve de abril del actual, no resultaba necesario para producir la contestación de la demanda en tiempo y forma, ya que el demandado contaba con copias de la demanda y anexos. Aunado a que no se ordenó que se corriera traslado con el auto de veintinueve de abril del actual, sino que el actuario realizara la diligencia en términos de ese proveído -en que se ordenó cumplir con lo ordenado en auto admisorio de doce de agosto de dos mil veintiuno, con el que sí se corrió traslado a la parte demandada. Y precisó que la diligencia de emplazamiento contiene copias de la demanda y de los documentos que se anexaron a la misma, las cuales se encuentran debidamente selladas y cotejadas con sus originales; asimismo, que la fedatario hizo constar que entregó a la persona con quien entendió la diligencia: la cédula de notificación, la demanda con todos sus anexos y el acta levantada con motivo de dicha diligencia, sin que fuera deseo de la persona con quien se entendió la diligencia firmar el acta respectiva. Y respecto a que el emplazamiento es totalmente ilegible, el Juez responsable manifestó que la escritura plasmada es clara y se permite comprender lo sucedido durante la diligencia, de ahí que estimó infundados sus agravios. De lo anterior, se advierte que la autoridad judicial responsable fundó y motivó su resolución, pues atendió los agravios que le fueron planteados y determinó declararlos infundados porque la resolución que refirió el quejoso no se anexó a la diligencia (veintinueve de abril de dos mil veintidós) no era necesaria para que conociera del juicio instaurado en su contra; de igual forma le refirió que la letra plasmada en la diligencia por la fedataria judicial si era clara y legible, por lo que no era un impedimento para comparecer al juicio a contestar la demanda instaurada en su contra. Consideraciones que este Juzgador de amparo comparte, ya que en cuanto a las formalidades que debe regir el emplazamiento, la diligencia de emplazamiento cumplió con los requisitos que prevé el artículo 1394 del Código de Comercio, pues se corrió traslado al demandado con copia certificada de la demanda y anexos, así como del auto admisorio, por lo que fue correcta la determinación del juez responsable de declarar infundado el incidente de nulidad en la resolución reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 39/2020 (10a.), registro 2022118, Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204 de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.". De igual forma resulta INFUNDADO el segundo concepto de violación del quejoso, ya que la finalidad del emplazamiento es garantizar al demandado su ejercicio de defensa, por lo que se le debe proporcionar con certeza jurídica los términos en que el accionante formuló su demanda y los documentos anexos, es decir no solo las prestaciones que le son reclamadas sino también los documentos con los cuales el accionante sustenta su acción. De modo que los acuerdos que refiere el quejoso fueron previamente dictados para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento (seis y doce de agosto de dos mil veintiuno y dieciséis de junio de dos mil veintidós, así como el auto de veintinueve de abril del actual), no son indispensables para garantizar su derecho a una defensa adecuada. Es así pues en tales autos, por lo que hace al auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, únicamente se previno a la parte actora para que aclarara su demanda, y en los autos restantes (dieciséis de junio y veintinueve de abril del actual) solo se ordenó que se practicara la diligencia de exequendum en los términos y bajo los apercibimientos decretados en auto admisorio de doce de agosto de dos mil veintiuno -el cual sí fue entregado a la persona con quien se entendió la diligencia de emplazamiento (Rafael Pérez quien refirió ser familiar del demandado aquí quejoso)-. De igual forma, resulta INFUNDADO el último concepto de violación del quejoso, en el que esencialmente aduce que la letra de la diligencia de emplazamiento es ilegible y confusa, ya que no obstante que sí se puede apreciar claramente el contenido de la diligencia de emplazamiento, ello no obstaculizó su garantía de defensa, pues se reitera, se le hizo de conocimiento la existencia del juicio ejecutivo mercantil instaurado en su contra y se le corrió traslado con copia de la demanda y anexos. Y como refirió el Juez responsable, tal circunstancia no fue un obstáculo para conocer las prestaciones que le fueron reclamadas y los hechos en que la parte actora fundamentó su pretensión, a fin de en su caso, estar en aptitud de contestar la demanda instaurada en su contra. Así, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE JUSTICIA FEDERAL a Ricardo Emilio Sosa López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, precisados en este considerando. Negativa que se hace extensiva a la notificación de la resolución reclamada, debido a que no se reclamó por vicios propios, sino en virtud de la legalidad de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones apuntadas en el último considerando. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Actuario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, por el cual transcribe el proveído de cuatro de los corrientes, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 745/2021, del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se advierte que el titular de dicho Juzgado realizó las gestiones pertinentes a fin de cumplir con la suspensión definitiva dictada en este incidente. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado del Actuario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un plazo de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Asimismo, se tiene por hecha su manifestación relativa a que se adhiere a las constancias remitidas por la autoridad ordenadora, mismas que fueron admitidas en auto de veinticinco de octubre del actual. NOTIFÍQUESE
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