Ricardo Dorantes Jiménez
Expediente 1201/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Dorantes Jiménez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se tuvo por no presentado el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veinticinco de noviembre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. De este juicio constitucional se desprende que el plazo de cinco días con el que la parte quejosa contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el acuerdo de cuatro de noviembre pasado, transcurrió en dos períodos: el primero, comprende del nueve al doce de noviembre del año en curso; y, el segundo, abarca el veintitrés de noviembre actual, sin que la persona moral inconforme haya atendido esa prevención en dicho lapso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado en tal proveído y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Por otro lado, agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Ricardo Dorantes Jiménez, quien se ostenta como apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado pretender cumplir la prevención formulada en el auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Al respecto, dígase al promovente que no es factible emitir un pronunciamiento sobre su ocurso, porque éste se presentó de manera extemporánea, dado que se exhibió hasta el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, como consta en el sello puesto por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, y el plazo para cumplir la prevención formulada feneció el veintitrés de noviembre del año en curso; por tanto, deberá estarse a lo decidido en los párrafos anteriores. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Ricardo Dorantes Jiménez, quien se ostenta como apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en el auto de cuatro de noviembre pasado, en el que se requirió al promovente para que por escrito realizara lo siguiente: 1. Tendrá que aclarar si ejerce la acción de amparo por sí y, en el supuesto de que sea afirmativa esa situación, en términos de lo prescrito por el ordinal 108, fracción V, de la Ley de Amparo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado si como persona física figura como parte en el juicio contencioso administrativo 940/21-15-01-2 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa, de donde emana el acto reclamado y tendrá que indicar cuál es el carácter que tiene reconocido en ese contradictorio como persona física. 2. Deberá exhibir el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción de amparo a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado en Oaxaca. 3. Tendrá que exhibir un ejemplar del escrito inicial. Por parte, del contenido de la promoción de cuenta se detecta que el promovente solamente atendió las prevenciones señaladas en los puntos 1 y 3, sin que haya atendido el aspecto precisado en el punto 2. Es así, porque manifiesta que promueve el juicio constitucional en representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado y exhibe una copia de traslado de la demanda; empero, no aportó el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción de amparo a nombre del referido organismo descentralizado. Se sostiene lo anterior, porque si bien exhibió el instrumento cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público Ciento Treinta y Uno, con ejercicio en la Ciudad de México, lo cierto es que de esa documental no se desprende la cadena de transmisión de facultades de quien otorgó el mandato que consta en ella. Es efecto, en ese documento no consta que el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado haya otorgado a favor del diverso mandatario José Febo Trujeque Ramírez en su carácter de Director Normativo de Procedimientos Legales de ese organismo descentralizado la facultad para otorgar poderes generales o especiales a favor de terceros, ni consta la instrucción del referido Director General para que el aludido Director Normativo de Procedimientos Legales otorgue ese tipo de mandatos a favor de servidores públicos o prestadores de servicio del propio organismo descentralizado en términos de lo dispuesto por el ordinal 11, fracción XXVII, del Estatuto Orgánico de este último. Luego, si del instrumento notarial exhibido no se advierte que el mandatario José Febo Trujeque Ramírez en su carácter de Director Normativo de Procedimientos Legales del citado instituto tenga la facultad para otorgar poderes generales o especiales a favor de terceros y tampoco consta la instrucción del mencionado Director General para que el referido Director Normativo de Procedimientos Legales otorgue ese tipo de mandatos a favor de servidores públicos o prestadores de servicio del propio organismo descentralizado en términos de lo dispuesto por el ordinal 11, fracción XXVII, del Estatuto Orgánico de este último, es inconcuso que dicho documento no es idóneo para demostrar que Ricardo Dorantes Jiménez es apoderado del referido organismo, precisamente porque no existe esa cadena de transmisión de facultades que haya autorizado al primero otorgar a favor del segundo un poder general limitado para pleitos y cobranzas que consta en la documental aportada. En ese sentido, el documento exhibido no es idóneo para acreditar la personalidad de Ricardo Dorantes Jiménez como apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, porque de su contenido no puede advertirse que quien le otorgó el poder general limitado para pleitos y cobranzas que consta en él tenga la atribución para hacerlo; de ahí que el promovente no acredita la representación convencional que aduce tener para ejercer la acción de amparo a nombre del referido organismo descentralizado. En esos términos, se detecta que el promovente no atendió la prevención establecida en el punto 2 del auto preventivo en cuanto al tópico de la personalidad, el cual constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio oficioso, de cuyo examen si está plenamente demostrado, este Tribunal de amparo debe hacerlo constar en el acuerdo admisorio; de ahí la necesidad de que se satisfaga ese aspecto, sin que se haya colmado, por lo que hágasele del conocimiento al promovente que no cumple íntegramente los requerimientos formulados en el auto inicial. En otro punto, de este asunto se desprende que el auto preventivo fue notificado a la parte quejosa el cinco de noviembre del año en curso, por lo que esa comunicación procesal surtió efectos el ocho de noviembre siguiente, de acuerdo con lo previsto por el arábigo 31, fracción II, de la Ley de Amparo. Luego, si la promoción de cuenta se presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca el doce de noviembre de la presente anualidad, es inconcuso que han transcurrido cuatro de los cinco días que le fueron concedidos inicialmente, por lo que sólo resta un día para que atienda íntegramente el requerimiento formulado; por tanto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que dentro de ese plazo -un día- tendrá que atender la prevención indicada y que esa temporalidad iniciará a correr al día siguiente al en el que surta efectos la notificación del presente auto para que esté en aptitud de cumplir íntegramente el requerimiento apuntado, en el entendido de que se mantiene vigente el apercibimiento formulado en el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el caso de que no atienda la prevención realizada. En apoyo de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1201/2021. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El numeral 114, fracciones I, II, III y V de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación; c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; y, d) en el supuesto de que no se hayan exhibido las copias necesarias de la demanda para el traslado de las partes. Por otra parte, el ordinal 108, fracciones I y IV de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, el nombre y el domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación. A su vez, el ordinal 110 de la ley de la materia estatuye que con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. En el caso, el promovente no colma plenamente el requisito previsto por el precepto 108, fracción I, de la Ley de Amparo, porque manifiesta que ejerce la acción de amparo por sí y como apoderado de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado en Oaxaca; empero, de los antecedentes del acto reclamado que relató en el escrito inicial no se advierte que figure como parte -como persona física- en el juicio contencioso administrativo 940/21-15-01-2 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa; lo anterior adquiere mayor relieve si se tiene en cuenta en un juicio contencioso administrativo las personas físicas pueden figurar como demandadas de manera excepcional, en los supuestos en donde actúen como auxiliar o en acato a un mandato de autoridad, situación que no se advierte en la especie de los antecedentes de la actuación combatida. Por otra parte, el promovente exhibió copia fotostática simpe del instrumento cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, pasado ante la fe del Notario Público ciento treinta y uno con ejercicio en la Ciudad de México, con el cual pretende acreditar el carácter de apoderado con el que comparece a promover en representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado en Oaxaca. Sin embargo, dicha documental es insuficiente para demostrar el presupuesto procesal de la personalidad, porque ese instrumento fue aportado en copia fotostática simple, el cual por su naturaleza carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Tal situación da pauta a considerar que el documento exhibido es insuficiente y no es apto para acreditar la supuesta representación convencional que Ricardo Dorantes Jiménez afirma tener respecto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado en Oaxaca. El promovente solo exhibió cuatro copias de traslado del escrito inicial y sus anexos y son necesarios cinco ejemplares para distribuirlas entre las partes en términos de lo que dispone el normativo 110 de la Ley de Amparo, a saber, una para la autoridad responsable, una para el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, una para la tercero interesada y dos para el trámite del incidente de suspensión. En esos términos, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días por escrito y con las copias de traslado necesarias cumpla íntegramente los requisitos legales señalados, por lo que deberá realizar lo siguiente: 1. Tendrá que aclarar si ejerce la acción de amparo por sí y, en el supuesto de que sea afirmativa esa situación, en términos de lo prescrito por el ordinal 108, fracción V, de la Ley de Amparo deberá manifestar bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto reclamado si como persona física figura como parte en el juicio contencioso administrativo 940/21-15-01-2 del índice de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la capital de esta entidad federativa, de donde emana el acto reclamado y tendrá que indicar cuál es el carácter que tiene reconocido en ese contradictorio como persona física. 2. Deberá exhibir el documento idóneo con el que acredite su personalidad para ejercer la acción de amparo a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado en Oaxaca. Precisa señalar que la personalidad es un presupuesto procesal de análisis oficioso y de orden público, de cuyo examen si está plenamente demostrado, este Tribunal de amparo debe hacerlo constar en el acuerdo admisorio, por esa razón es necesario que se satisfaga ese aspecto. En este punto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 43/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." 3. Tendrá que exhibir un ejemplar del escrito inicial. Infórmese a la parte quejosa que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendidos por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estas últimas no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se apercibe a la disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su ocurso y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no tienen registradas sus cédulas profesionales de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditó con documento alguno que ejerzan la profesión de abogados. Por otro lado, téngase a la parte quejosa por señalados los correos electrónicos y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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