Ricardo Dorantes Jiménez
Expediente 1200/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Dorantes Jiménez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1200/2021. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El numeral 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación; c) cuando no se haya acompañado el documento que acredite la personalidad; y, d) en el caso de que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otra parte, el ordinal 108, fracciones I y IV de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, los siguientes: a) el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; y, b) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame. A su vez, el normativo 11 del citado ordenamiento estatuye que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. En el caso, el promovente no colma plenamente el requisito previsto por el precepto 108, fracción I, de la Ley de Amparo, porque manifiesta que acude a esta instancia constitucional promoviendo por su propio derecho y como apoderado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE); Lo anterior genera confusión, porque no se tiene la certeza si también es su intención promover este juicio constitucional en representación de el mismo como persona física y éste debe ser considerado como quejoso, o bien, si el promovente sólo ejerce la acción de amparo como mandatario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE). Por otra parte, el promovente exhibió copia fotostática simple del poder notarial cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro, pasado ante la fe del Notario Público Gabriel Benjamín Díaz Soto, ciento treinta y uno con sede en la ciudad de México, con la que pretende acreditar el carácter con el que comparece a esta instancia constitucional en representación del inconforme. Sin embargo, dicha documental es insuficiente para demostrar el presupuesto procesal de la personalidad, porque al margen de que exhibe ese instrumento en copia fotostática simple, el cual por su naturaleza carece de valor probatorio alguno, conforme a lo estatuido por el numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Tal situación da pauta a considerar que el documento exhibido es insuficiente y no es apto para acreditar la supuesta representación que Ricardo Dorantes Jiménez, tenga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE). Así también, del escrito de demanda se desprende que el disidente del amparo exhibió cuatro copias de la demanda y de sus anexos, y en caso son necesarias cinco copias; ello, en razón de que una es para correr traslado a la autoridad responsable, otra para la tercero interesada, una más para el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado y dos más para el incidente de suspensión que solicita. En esos términos, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente los requisitos legales señalados, debiendo acompañar las copias suficientes de su escrito aclaratorio, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: 1. Manifieste si también promueve la demanda por su propio derecho o únicamente como apoderado legal del ente público de quien se ostenta ser apoderado. 2. Exhiba el original o en su caso copia certificada del poder notarial con el que pretende acreditar su personalidad; en el entendido que deberá exhibir copias suficientes para correr traslado con el mismo, a cada una de las partes. 3. Exhiba una copia más de la demanda y sus anexos. En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atiendan los puntos uno y dos se tendrá por no presentada la demanda en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y en el caso de no cumplir con el punto tres se postergará el trámite del incidente de suspensión, hasta en tanto cumpla con esa prevención. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo vigente, establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso o su abogado cuando afirmen hechos falsos. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal del inconforme el que indica en su ocurso. Por otra parte, se tiene como autorizado del justiciable en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa, porque no se encuentran registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni acreditaron con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciado en derecho. En otro aspecto, téngase a la parte quejosa señalando los correos electrónicos y los números de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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