Ricardo Desentis García

Expediente 443/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
443/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Desentis García

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte tercera interesada "Juan Hilario de Jesús, Eli Hilario Arraiga y el Agente del Ministerio Público que haya intervenido en la causa penal JCC/096/2017" la sentencia de veinte de junio de dos mil diecisiete, en virtud de que no obstante de encontrarse debidamente emplazados al presente juicio no han comparecido al mismo ni ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que, como se les apercibió en autos, practique la notificación de la sentencia de veinte de junio del año en curso a la parte tercera interesada de referencia, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE... Resolución que en lo conducente dice: RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil diecisiete, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado al día siguiente quince a este Juzgado de Distrito, Jovita Campuzano Jiménez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Arturo Ampudia Amaro, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso, dictado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete en la causa penal JCC/96/2017. SEGUNDO. Por auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, este juzgado ordenó registrar la demanda con el expediente 433/2017-I, y la admitió a trámite, por lo que solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que diferida en una ocasión, inició en los términos del acta que antecede TERCERO. Por oficio 03432 recibido ante este juzgado el veinticinco de mayo pasado, la autoridad judicial responsable, remitió un disco compacto que contiene el registro de audio y video (DVD) de la audiencia fechada el doce de abril pasado, por lo que se ordenó formar cuaderno de antecedentes debido a que la audiencia constitucional se encontraba iniciada. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, fracción XVIII, menciona que el Juzgado Segundo de Distrito, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia de Control, Juez Oral y Ejecución de Sanciones de Primer Distrito Judicial del Estado, Arturo Ampudia Amaro, consistente en el auto de vinculación a proceso, dictado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete en la causa penal JCC/96/2017, toda vez que al rendir su informe justificado así lo aceptó y para acreditarlo anexó copias certificadas del mencionado toca penal y un disco compacto que contiene el registro de audio y video (DVD) de la audiencia en la que se emitió la resolución reclamada. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado al Director de la Cárcel Distrital de Jojutla, Morelos, pues a pesar de no haber rendido su informe justificado, la autoridad ordenadora aceptó la existencia del acto reclamado. TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En este caso, sobreviene una causal de improcedencia que se analizará en este apartido, debido a que durante el engrose de esta sentencia, la autoridad responsable dio noticia del estadio procesal de la causa penal JCC/96/2017, y para tal efecto, remitió un disco compacto que contiene el registro de audio y video (DVD) de la audiencia en fechada el doce de abril pasado, al que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y VII, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su propio artículo 2º. Sirve de sustento la jurisprudencia 2ª./J. 25/2012 (10ª.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ve en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, materia común, página 1279, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." De dicha audiencia, este juzgador advierte que deriva la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;." El anterior presupuesto impide examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento expreso del quejoso, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales, de tal suerte que para que se actualice el consentimiento expreso es indispensable que concurran los elementos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó al resolver el amparo en revisión 4395/79 y que dio origen al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." (Séptima Época. Núm. registro: 232527. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 139-144, Primera Parte. Materia(s): Común. Página 13). El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o normas generales reclamadas. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Lo anterior apoyado en la siguiente tesis: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN. La Suprema Corte ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Por tanto, si la aquiescencia del quejoso se refiere a un acto futuro, que es inexistente al momento de su manifestación de voluntad, no se cumple el primer requisito necesario para que resulte aplicable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que lo normal es que el gobernado consienta lo que conoce, una vez que haya ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de su asentimiento, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad, una vez que éste haya sido emitido, por lo que el consentimiento otorgado en esas condiciones es ineficaz para sobreseerse en el juicio." (Tesis aislada del Tribunal Pleno publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, tesis P. LXXVI/97, página ciento cincuenta y siete). b) Que el acto reclamado cause un agravio en la esfera jurídica del gobernado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Una forma de consentimiento expreso es el desistimiento de la demanda previsto en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, en donde no hay posibilidad de interpretación para el juzgador; y otra, cuando el consentimiento se deduce de diversas manifestaciones de voluntad realizadas por el quejoso, supuesto en el que la autoridad de amparo debe verificar si alguna actuación o manifestación entraña consentimiento respecto del acto reclamado. Una vez explicado lo anterior, en el caso concreto, el acto reclamado es en el auto de vinculación a proceso, dictado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete en la causa penal JCC/96/2017. Sin embargo, el juez responsable remitió la audiencia en fechada el doce de abril pasado, en la cual, el fiscal solicitó al juzgador la homologación del acuerdo reparatorio de tracto sucesivo celebrado el doce de abril de dos mil dieciséis ante el agente del Ministerio Público entre la imputada Jovita Campuzano Jiménez y Juan Hilario Jesús, como ofendido por los hechos constitutivos del delito de daño y representante de la víctima por los hechos constitutivos del ilícito lesiones. En dicho convenio, se acordaron cuatro pagos de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), cada uno, realizando el primer pago el doce de abril pasado -que fue la fecha de firma del acuerdo- y el último, el once de julio siguiente; conformando la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), con la que se dan por reparadas las víctimas de los citados hechos. Asimismo, en la audiencia en cita, el Juez explicó a la imputada, las consecuencias de dicho acuerdo y hecho lo anterior, resolvió aprobar dicho acuerdo reparatorio y señaló las nueve horas del once de julio de este año, para que el desahogo de la audiencia en donde constataría el cumplimiento el acuerdo reparatorio de marras. De lo anterior, se precia que dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir la causa penal a través de un mecanismo de solución alterna, que es el acuerdo reparatorio de tracto sucesivo, lo acepta para todos los efectos legales. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 220/2016, determinó lo siguiente: ".cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión del proceso a prueba, dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal a través de un mecanismo de solución alterna debe entenderse para todos los efectos legales. Es así porque, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, pasa por buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, estos es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así las cosas, la circunstancia de que la quejosa haya suscrito el acuerdo reparatorio y, ante el juez de la causa lo haya ratificado y solicitado su aprobación, se traduce en una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento con el auto de vinculación a juicio, máxime que el juez responsable sí aprobó dicho acuerdo. Lo anterior, con independencia de que la imputada cumpla o no con el acuerdo reparatorio, en virtud de que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de la citada vía de solución alterna, se externó desde la suscripción del convenio, ya que uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Debido a que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan (como sucede en los ilícitos de daño y lesiones), pueden ser renunciables. Lo anterior se apoya en la ejecutoria antes señalada que, incluso, dio origen a la jurisprudencia 1ª./J. 33/2017 (10ª.), de la Décima Época, con registro 2014495, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 16 de junio de 2017, materia común, que señala: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 73 a 79, 107 fracción I, 119 y 124 de la Ley de Amparo; así como por los numerales 1º fracción V, 48 y 52 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 433/2017-I, promovido por Jovita Campuzano Jiménez, contra el acto que reclamó del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado, Arturo Ampudia Amaro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 878 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 139/2017, interpuesto por la parte quejosa Ricardo Desentis Gracia, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: Único. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por RICARDO DESENTIS GARCÍA. En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 139-2017. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1-2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1-2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, tomando en consideración que en el presente juicio se interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano de demanda de garantías promovida por Ricardo Desentis García; y, se declaró infundado el recurso de queja, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio 2900/2017 signado por la Secretaria de Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual, acusa recibo del legajo de copias enviados con motivo del recurso de queja, asimismo, informa que por auto de veinte de abril del año actual, se dio entrada el recurso de queja interpuesto por Ricardo Desentis García, parte quejosa en el presente asunto, quedando registrado con el número 139/2017; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Enrique Encarnación Martínez Sinco, que autoriza y da fe. YARIGH*

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito signado por Ricardo Desentis García, parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por dicha parte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja respectivo. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Cabe hacer mención, que la parte recurrente no señaló las copias certificadas que deberán remitirse al Tribunal de Alzada que conocerá del citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, así como el escrito original de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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