Ricardo Coapango Amador
Expediente 1411/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Coapango Amador
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1411/2018-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el trece de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Mediante auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, se recibió el oficio procedente de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual remitió el original y copia del escrito de demanda de amparo promovida por RICARDO COAPANGO AMADOR, el informe justificado, las constancias de notificación a las partes, así como copia certificada del expediente TJA/5ªSERA/022/2018-JDN; sin embargo, dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda, por las razones ahí expuestas y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos. Es así que el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dichos autos se presentaron ante la Oficina de Correspondencia Común antes señalada, siendo turnados en esa misma data a este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Mediante auto de cinco de septiembre del año en curso, este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, por lo que se admitió dicha demanda quedando registrada con el número 1411/2018-I; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, donde tiene ejecución la resolución combatida. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama la resolución de tres de julio de dos mil dieciocho, emitida con motivo del recurso de reconsideración que interpuso contra el auto de veintitrés de abril del año en curso, dictado en el juicio de nulidad identificado con el número TJA/5ªSERA/022/2018-JDN, del índice de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo precisó la autoridad responsable al emitir el informe justificado (fojas 30 a 35). Se corrobora, además con las constancias certificadas del expediente administrativo de origen, a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer, ni alguna que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos. En ese sentido, debe decirse que conforme a las consideraciones que se verterán en esta resolución, los conceptos de violación que esgrime la quejosa en el escrito de demanda, resultan inoperantes en una parte e infundados en otra, no advirtiéndose en este aspecto queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), con registro electrónico 2014203, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, mayo de dos mil diecisiete, tomo I, página 12, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.". A efecto de sustentar la anterior conclusión, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. Es así que de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que por auto de nueve de junio de dos mil diecisiete, la Visitaduría General de la Fiscalía General del Estado de Morelos, inició el procedimiento de responsabilidad administrativa, en contra del quejoso, quien se desempeñaba como agente de la Policía de Investigación Criminal adscrito a dicha fiscalía, por incurrir en presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones; mismo que se registró bajo el número QA/SP/025/2017-06, del índice de la dependencia en comento. Seguido el procedimiento correspondiente, por resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado, confirmó la propuesta de sanción emitida por la agente del Ministerio Público Visitador, en los autos del procedimiento administrativo que se especificó en el párrafo que antecede, consistente en la separación del cargo de elemento policiaco que ostentaba el quejoso, al existir elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad administrativa en que incurrió. Es importante destacar que en dicha resolución, se determinó que la conducta del ahora quejoso, actualizó una causa justificada de remoción del cargo que ostentaba, de conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, toda vez que el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía en comento, concluyó que no se condujo con probidad, debido a que su actuación implicó un ejercicio indebido del cargo, de conformidad a las consideraciones que se plasmaron en esa resolución. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil dieciocho, el ahora quejoso interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, contra la resolución definitiva de treinta y uno de enero del año en curso, dictada por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la que se determinó la separación del cargo de agente de la Policía de Investigación Criminal; demanda en la que solicitó la suspensión del acto reclamado, a efecto de que no se materializara la sanción impuesta. Una vez que se subsanó la prevención formulada, mediante auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, admitió la demanda presentada por el quejoso, la cual se registró bajo el número TJA/5ªSERA/022/2018-JDN. Destacando que en el auto citado, se determinó que no era procedente conceder la suspensión que solicitó el ahora quejoso, respecto a la sanción que se le impuso en el procedimiento administrativo que se inició en su contra, al no satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente, pues se señaló que de concedérsele dicha medida cautelar, se afectaría el interés social, por las consideraciones ahí plasmadas. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciocho, el impetrante interpuso recurso de reconsideración contra el auto de veintitrés de abril del año en curso, en el que -como se especificó-, se negó la suspensión que solicitó; por lo que mediante proveído de tres de mayo siguiente, el Magistrado titular de la Sala Especializada antes citada, ordenó la tramitación del recurso planteado. Substanciado el procedimiento correspondiente, mediante resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable, declaró parcialmente fundados los agravios identificados como "primero", "segundo" y "tercero" que formuló la ahora quejosa, por ello determinó la procedencia parcial del recurso de reconsideración interpuesto y modificó el acuerdo impugnado, únicamente en cuanto a la fundamentación y motivación relativa a la suspensión del acto impugnado; sin embargo, subsistió la determinación de negar dicha medida cautelar; esta es la resolución que combate el peticionario de amparo, a través del presente juicio. Ahora, como se adelantó los motivos de disenso formulados por la quejosa, resultan inoperantes en una parte, e infundados en otra, atendiendo a que pretenden desvirtuar la determinado por la responsable en lo relativo a la negativa de conceder la suspensión del acto que impugnó a través del juicio de nulidad. Esencialmente en el primer concepto de violación, el quejoso señala que la responsable vulnera en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución, en lo relativo al debido proceso, igualdad y legalidad, atendiendo a que nuevamente determinó que no es posible conceder la suspensión que solicitó, basándose en el hecho de que se emitió una resolución por no haber cumplido con los requisitos de ingreso y permanencia, lo cual aduce es contrario a las constancias que conforman el proceso administrativo instruido en su contra, que en copias certificadas se remitieron a la sala responsable y que ello la causa perjuicio respecto al derecho de una tutela efectiva, dado que la finalidad de promover el recurso de reconsideración que dio origen a la resolución reclamada, lo fue para conocer de manera exacta la causa por la cual no era posible se le concediera la suspensión del acto reclamado en esa instancia administrativa; señalando además que la interlocutoria emitida lo deja en estado total de incertidumbre, porque la responsable no cumplió con la motivación correspondiente. Respecto al segundo concepto de violación, el quejoso aduce que la resolución reclamada en esta instancia constitucional, le causa agravio puesto que lo que motivó la tramitación del juicio de nulidad, en contra de la resolución que determinó su remoción en el cargo de agente policiaco, lo fue que al momento en que se dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa QA/SP/025/2017-06, nunca se le hizo del conocimiento la hipótesis legal en la cual el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado, se basó para removerlo del cargo y que por ello, desde ese momento se le dejó en estado de indefensión, pues al contestar los hechos que le fueron imputados, no pudo hacer valer ningún medio de defensa, respecto de la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Circunstancia que aduce trasciende en el fallo recurrido, en razón de que la autoridad responsable indebidamente hizo valer cuestiones totalmente ajenas al fondo del asunto, para decretar que no operaba la suspensión del acto impugnado, ya que se determinó que no se reunió un requisito de permanencia en el cargo, alegando que ésta no fue la causa real y cierta, pues nunca se detalló qué requisito de permanencia incumplió, lo cual a su decir resulta violatorio del artículo 16 del Pacto Federal. Asimismo, en el tercer motivo de disenso el quejoso agrega que la autoridad responsable, omitió de nueva cuenta, fundar y motivar la resolución reclamada ante esta instancia constitucional, puesto que la fracción IV del ordinal 110 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, le impone la obligación de exponer al impetrante los preceptos legales por los que a su consideración se cumple o no, con la hipótesis prevista en esa fracción, y en la resolución reclamada no se citó qué disposición se contravendría al otorgarse la suspensión del acto impugnado y tampoco se expuso de manera detallada los motivos o las razones del porqué al concedérsele la suspensión se causaría un perjuicio al interés social. Ahora, debe señalarse que las argumentaciones contenidas en el segundo concepto de violación, resultan inoperantes, pues aun cuando el quejoso señale que nunca se le informó qué requisito de permanencia incumplió, dicha cuestión forma parte del fondo del asunto y debe ser analizada por el Magistrado responsable al emitir la resolución definitiva en el juicio de nulidad interpuesto; mientras que para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, únicamente se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece los requisitos de procedencia para la concesión de la citada medida cautelar; lo cual -como se especificará en los párrafos siguientes-, fue tomando en consideración por la responsable. Por otra parte, como puede advertirse de los motivos de disenso identificados como primero y tercero, el quejoso se duele de la falta de fundamentación y motivación, que aduce incurrió la responsable; sin embargo, dichas consideraciones, resultan infundadas. En efecto, el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el primer párrafo lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De dicho precepto legal se advierte que todo acto de molestia debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también debe señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Resulta aplicable la Jurisprudencia con registro 238212, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97-102, Tercera Parte, página 143, con el rubro y texto: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.". Además, resulta importante hacer una distinción entre indebida motivación y falta de motivación; por ende, debe especificarse que la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se expone motivos, pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto; en cambio, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos; asimismo, la falta de fundamentación difiere de la indebida fundamentación en la medida en que la primera implica la ausencia total de preceptos que sustenten la actuación de la autoridad en el acto reclamado, mientras que la segunda conlleva una falta de adecuación, entre el texto de los preceptos citados en el acto y los motivos que justifican su emisión. Por los principios jurídicos que contiene, se invoca la Jurisprudencia I.3o.C. J/47, con registro170307, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, consultable en la página 1964, con el epígrafe: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.". En cualquiera de los casos, la falta o indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, transgrede lo dispuesto en el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional. En esas condiciones, contrario a lo puntualizado por la parte quejosa, el acto que por esta vía se reclama, consistente en la resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil dieciocho, emitida con motivo del recurso de reconsideración que interpuso contra el auto de veintitrés de abril del año en curso, dictado en el juicio de nulidad identificado con el número TJA/5ªSERA/022/2018-JDN, no carece de fundamentación y motivación, pues al analizar dicha determinación, se advierte que la responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables al caso; asimismo, expuso las razones y motivos por los que determinó resolver en los términos antes señalados; los cuales como se verá, se adecuan al caso concreto y por ende se surten las hipótesis legales a que se refieren. Lo anterior se afirma, dado que de la simple lectura de la determinación reclamada, se desprende que el Magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, citó el artículo 28, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 106 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, siendo que el precepto legal señalado en primer término lo faculta para resolver conforme a su competencia los incidentes, recursos de reconsideración y de queja previstos en la Ley de Justicia Administrativa; mientras que el diverso precepto, establece que la Sala dictará la resolución relativa al recurso de reconsideración en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su publicación en la lista. Asimismo, determinó que fue correcta la vía intentada por el aquí quejoso, en virtud de que el ordinal 104 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, determina la procedencia del recurso de reconsideración, siendo que el recurrente atacó el auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual, entre otras cuestiones, se negó la suspensión que solicitó a la responsable. Posteriormente, el Magistrado responsable procedió al análisis de los agravios que ante esa instancia formuló el impetrante, advirtiendo que calificó como parcialmente fundados los identificados como primero, segundo y tercero, pues concluyó que de la lectura del acuerdo impugnado, se hacía necesaria una fundamentación y motivación más abundante. Mientras que los restantes motivos de inconformidad que el aquí impetrante hizo valer se calificaron como infundados, puesto que la responsable determinó que contrario a lo alegado, la negativa a otorgarle la suspensión de lo reclamado no le impide al quejoso, laborar en alguna área diversa, aunado a que los miembros de las corporaciones policiales no tienen derecho a gozar de estabilidad en el empleo. De igual forma, se determinó que contrario a lo expuesto con el acuerdo impugnado, no se vulneró su derecho a la seguridad jurídica, debido proceso, certeza jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, debido a que aun y cuando se le negó la suspensión, con el auto de admisión de la demanda, se le dio la oportunidad de acceder a la justicia. Además, se estableció que si bien el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se aprobó una reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que dicha reforma aun no resultaba aplicable, debido a que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, debe emitir dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, los lineamientos correspondientes para la ratificación y condiciones de reingreso para servidores públicos que se encontraban en esta situación, por lo que se determinó que en ese momento no resultaban aplicables las modificaciones constitucionales que aludió el recurrente. Por ende, la responsable determinó que en caso de que el acto de autoridad combatido en esa vía, sea tildado de ilegal, resultaría improcedente llevar a cabo una reinstalación en sus funciones, al existir una prohibición absoluta, de conformidad a lo previsto en el aludido precepto constitucional, para reinstalar o reincorporar a los miembros de las instituciones policiales, debido a que la reforma del citado artículo de la norma fundamental, privilegió el interés general para el combate a la corrupción y la seguridad, por encima del interés personal o la afectación que pudiera sufrir el agraviado, por lo que independientemente de la razón de cese, existe impedimento constitucional para reincorporarlo al servicio al aquí quejoso. Además, la responsable consideró que el no otorgamiento de la suspensión no le causa perjuicio al recurrente, ya que la resolución mediante la cual se le sancionó, al no causar estado por encontrarse sujeta al juicio de nulidad, no ha sido ejecutada. Posteriormente, al haberse declarado parcialmente fundados los agravios formulados, la responsable modificó el acuerdo impugnado, en cuanto a la fundamentación y motivación de la negativa a la suspensión, para quedar como se precisó en la resolución que se reclamó en esta instancia constitucional. Por tal motivo, teniendo como base lo dispuesto por el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece los requisitos de procedencia para conceder la suspensión del acto reclamado, la responsable determinó que no era procedente otorgar la medida cautelar solicitada, atendiendo a que no se cumple con el requisito previsto en la fracción II del aludido precepto legal, debido a que a que de concederse dicha medida, se contravendría una disposición de orden público, derivado que contra el ahora quejoso, ya se emitió una resolución definitiva de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. Por lo que se reiteró que no se satisfacía el requisito indicado, dado que se impediría la ejecución de un acto tendiente al debido desempeño de la Seguridad Pública y se estaría privilegiando el interés particular del ahí demandante, sobre el interés de la colectividad, causando un perjuicio evidente al interés social, considerando que se le causa perjuicio, cuando de concederse la medida suspensional se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la instituciones policiales. Es así que el análisis de lo expuesto por la autoridad responsable -precisado en los párrafos que anteceden-, permite concluir que los preceptos legales invocados como sustento del acto reclamado resultan aplicables al caso concreto, si partimos del hecho de que el artículo 28, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el diverso 106 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, faculta al Magistrado responsable para resolver conforme a su competencia los incidentes, recursos de reconsideración y de queja previstos en la Ley de Justicia Administrativa; mientras que el diverso precepto, le obliga a dictar la resolución relativa al recurso de reconsideración en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su publicación en la lista; de ahí que resulten aplicables al caso que ahora se analiza. Además, se colige que la determinación relativa a negar la suspensión de la resolución administrativa que combatió el quejoso mediante el juicio de nulidad, se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que la responsable fundamentó dicha determinación en el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente en ese momento, precepto legal que establece: "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.". (Lo subrayado no es de origen). Precepto legal que establece que se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales, entre otros supuestos, lo que en el particular acontece. Advirtiéndose de lo expuesto que la autoridad responsable expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para negar la medida cautelar en el procedimiento administrativo, basándose en las disposiciones contenidas en el precepto legal transcrito. Siendo correcto que la responsable determinara que la resolución administrativa mediante la cual se sancionó al quejoso, no ha sido ejecutada, al no causar estado por encontrarse sujeta al juicio de nulidad, puesto que el artículo 181 de Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, dispone que las resoluciones que por votación tome el Consejo de Honor y Justicia, causarán ejecutoria una vez transcurrido el término para impugnar la misma; por ende, si contra la determinación de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se promovió juicio de nulidad, es inconcuso que aún no causa ejecutoria. De ahí que deba concluirse que la responsable cumplió con las exigencias constitucionales de fundamentación y motivación; además que no sólo se limitó a citar los motivos y fundamentos que rigen su actuación, sino que éstos resultan ser los exactamente aplicables al caso, adecuándose las normas invocadas al supuesto jurídico que se analiza Asimismo, las restantes argumentaciones que sobre este tema aduce la quejosa resultan infundadas, pues el hecho de que la autoridad responsable le haya negado la suspensión del acto que en esa instancia reclamó, no lo deja en estado de indefensión, atendiendo a que como se advierte de las actuaciones que remitió la responsable, mediante auto de veintitrés de abril del año en curso, admitió la demanda que interpuso contra la determinación emitida el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por el Consejo de Honor y Justicia de la Fiscalía General del Estado, dando origen al juicio de nulidad identificado con el número TJA/5ªSERA/022/2018-JDN, de donde deriva el acto reclamado; cuya tramitación constituye un medio de defensa, de acuerdo al artículo 1° de de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece que en el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales, a través del juicio de nulidad, a fin de que la determinación reclamada pueda ser anulada en términos del artículo 4 de la citada legislación. Luego, los motivos por los cuales aduce pidió la suspensión no son atendibles, pues no son materia de análisis para otorgar dicha medida cautelar, precisamente porque no constituyen una excepción a la disposición legal que clasifica como atentatorio del interés general la actuación que pide sea suspendida. De igual forma, tocante al motivo de disenso relativo a que la responsable hizo valer cuestiones ajenas al fondo del asunto, para decretar que no operaba la suspensión del acto impugnado, debe señalarse que también resulta infundado. En efecto, el numeral 110 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos, establece para los efectos de la fracción II, que se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. En ese sentido, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, fue jurídicamente correcta la determinación de la responsable de negar la suspensión que solicitó el impetrante, respecto a la sanción que se le impuso en el procedimiento administrativo que se inició en su contra, al no satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente, puesto que en el caso no es procedente conceder dicha medida cautelar, atendiendo a que como acertadamente lo determinó la responsable, de acceder a la petición del quejoso, causaría un perjuicio evidente al interés social. Lo anterior, debe adminicularse con lo dispuesto por el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, que establece una prohibición absoluta de reinstalar a los agentes policiales cuando son cesados en sus cargos, aún y cuando interpusieran un medio de defensa en contra de su separación, y obtuvieran una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, ya que en tales supuestos, el Estado no tiene la obligación de reincorporarlos en sus funciones policiales, pero sí a cubrir una indemnización; por ende, no se está incluyendo aspectos de fondo en la determinación sometida al recurso que por esta vía se combate, en la medida que existe disposición expresa, incluso restricción constitucional directa que autoriza la actuación de la responsable en los términos en que lo hizo, lo que sin prejuzgar en el fondo del asunto, no puede estimarse que deja sin efecto alguno la pretensión del gobernado al someter a juicio de nulidad la determinación de cese definitiva emitida en su contra, dado que la propia norma fundamental dispone la prohibición a suspender los efectos indicados una vez emitida ésta, al no ser factible su reincorporación, pero sin dejar de lado la posibilidad de acreditar el reclamo formulado y acceder a la nulidad de la misma, pues para tales efectos solo permite la obtención de las reparaciones correspondientes. Lo expuesto encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.), con registro electrónico 2002199, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1517, con el rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.". En tal virtud, toda vez que los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultaron inoperantes e infundados, no advirtiéndose en este aspecto queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a RICARDO COAPANGO AMADOR, contra el acto reclamado y autoridad precisada, conforme a las consideraciones plasmadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio de la autoridad oficiante los que designa. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe. Ser*
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