Ricardo Delgado Villareal

Expediente 1393/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1393/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2016

Partes del expediente

  • Ricardo Delgado Villareal

Actuaciones

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente del presente juicio de amparo, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, en virtud de que el referido acuerdo se le notificó por lista de acuerdos el diez de octubre de dos mil dieciséis, surtió efectos el once del mismo mes y año y transcurrió del trece al diecinueve de octubre del año en curso, descontándose los días doce, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, por considerarse inhábiles, sin que hubiera dado cumplimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en dicho acuerdo y con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por no presentada la demanda de garantías, al no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado en dicho acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)"

  2. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1077/2015-II-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Diana Jarib García Espíndola, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Diana Jarib García Espíndola, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se precisa que, los actos reclamados en el presente asunto son: "Actos u omisiones reclamadas: De la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, lo constituye: 1. La cuestionable restitución que hizo de mi menor hija Aniela Gissey Rivera García la institución denominada: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, a favor de mi señora madre Diana Dolores García Espindola y del individuo llamado Arturo Hernández Salazar. 2. La omisión al imponer condiciones tendientes a vigilar periódicamente el debido cumplimiento de las condiciones que garanticen, la estabilidad psicológica, física y emocional de mi menor hija Aniela Gissey Rivera García, de acuerdo a las leyes en la materia y tratados internacionales que ha signado el Estado Mexicano al respecto. De la Agencia del Ministerio Público especializada en la atención a menores sujetos de Asistencia Social, lo es: 1. La omisión de no verificar las condiciones que garanticen un análisis periódico respecto de la estabilidad psicológica, física y emocional de mi menor hija Aniela Gissey Rivera García. 2. Omitir que al dar la anuencia a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de dar a mi menor con mi señora madre y su pareja en turno en restitución viola al interés de mi menor hija en la investigación en cuestión, distorsionando consecuentemente, el criterio que guarda mi menor hija para con la averiguación previa que está conformando, violando así el principio de imparcialidad latente en toda averiguación previa y en las actuaciones posteriores". Y, la parte quejosa solicitó la suspensión en los siguientes términos: (.) "respetuosamente requiere de este honorable tribunal, decrete la suspensión del acto reclamado y en su momento la definitiva, que en concreto lo es la indebida restitución de mi menor hija para con mi señora madre y su pareja en turno, quién fue indebidamente practicada por las autoridades que he señalado, y de las cuales, bajo su omisión y consentimiento ha permanecido latente y dañando cada día más el proceso imparcial y objetivo que deben guardar las etapas de este proceso así como de la averiguación, sin olvidar el estado de incertidumbre jurídica en cuanto a lo que su salud y seguridad se refiere. De este acto que yo acuso, no se desprende ningún daño a la sociedad, ni perjuicio al interés social, por lo tanto, requiriendo se suspenda ese acto injustificado de un otorgamiento de tutela, que la menor sea reintegrada lo más pronto posible al DIF Estatal hasta en tanto se concluya con este juicio, así como con la Averiguación Previa por parte del Ministerio Público en cuestión." (.) TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Previo Foja 1 Agencia del Ministerio Público Especializada en la Atención a Menores Sujetos de Asistencia Social de Puebla Aceptó 30 y 31 2 Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla en representación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Puebla. Aceptó 32 y 33 Ahora bien, del informe previo rendido por la autoridad responsable 2. Agencia del Ministerio Público Especializada en la Atención a Menores Sujetos de Asistencia Social de Puebla, se advierte que la averiguación previa 3339/2013/AESEX/AMSAS de su índice, con fecha siete de noviembre de dos mil quince, fue consignada por la licenciada Maricela Vélez Aguilar, entonces Agente del Ministerio Público de dicha Agencia Especializada quien determinó el ejercicio de la acción penal persecutoria en contra de la hoy quejosa Diana Jarib García Espíndola, como probable responsable del delito de violencia familiar, cometido en agravio de la menor A.G.R.G., quedando radicada en el libro índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de la causa penal 43/2015 del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Sin embargo, atendiendo a que el citado juez penal señaló haber negado la orden de aprehensión dictada en contra de la aquí quejosa (determinación que fue impugnada por la Agente del Ministerio Público de su adscripción misma que conoce la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla) y no haber hecho pronunciamiento alguno respecto a la situación de la menor A.G.R.G.; al respecto, se determina: CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar solicitada. En virtud de que, en la especie el acto reclamado se traduce en que la menor A.G.R.G., sea reintegrada al Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F) del Estado de Puebla; al respecto, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, atendiendo a que la Procuraduría General de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Puebla, determinó la restitución de la referida menor a Diana Dolores Espíndola García (abuela) y Arturo Hernández Salazar (abuelastro), atendiendo al interés superior del menor; y, la medida suspensiva no puede tener efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva esta incidencia. QUINTO. Procedencia de la medida cautelar solicitada. En otro sentido, atendiendo a que la hoy quejosa manifiesta que no tiene contacto con su menor hija debido a que se encuentra bajo la guarda y custodia de Diana Dolores Espíndola García (abuela) y Arturo Hernández Salazar (abuelastro) por la determinación de la Procuraduría General de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Puebla, quien ordenó la restitución de la menor a éstos, con fundamento en el artículo 4 Constitucional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en términos de los diversos 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, y a fin de conservar la materia del juicio de garantías, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que de así quererlo la peticionaria de amparo se le permita visite a su menor hija en el lugar en el que señale la Procuraduría General de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Puebla, atendiendo para ello al interés superior de la menor, bajo la vigilancia y supervisión que determine ésta para no poner en riesgo de que la menor sea sustraída, pues lo anterior, no implica la entrega de la menor a su madre Diana Jarib Garcia Espíndola. Para ello, la autoridad responsable Procuraduría General de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Puebla, deberá realizar lo siguiente: Deberá obtener en comparecencia la anuencia de la menor A.G.R.G., para ver a su progenitora Diana Jarib García Espíndola. Deberá ponderar el estado emocional de la menor para que pueda ver a su madre. Una vez realizado lo anterior, deberá fijar los lineamientos para la visita de la aquí quejosa a su hija A.G.R.G., en el lugar que determine la referida autoridad responsable; y, Lo anterior deberá comunicarlo INMEDIATAMENTE a este órgano jurisdiccional a efecto de que la quejosa tenga conocimiento de los lineamientos bajo los cuales podrá convivir con su menor hija. Lo anterior es así, tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos a los que se refiere el artículo 128 de la Ley de Amparo y en el presente caso no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones del orden público; en cambio, de no concederse la medida solicitada, a la parte quejosa, se le pudieran causar con la ejecución del acto reclamado, daños y perjuicios de difícil reparación. Cobran aplicación los siguientes criterios: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. MENORES DE EDAD. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA. LA AFECTACIÓN A SU INTERÉS SÓLO SE JUSTIFICA EN ARAS DE TUTELAR SU INTEGRIDAD Y CORRECTA FORMACIÓN. Las disposiciones y acciones dirigidas a tutelar un valor sustantivo, se deben formular, interpretar y llevarse a cabo de tal manera, que tengan como resultado la satisfacción de la finalidad perseguida y no efectos opuestos a ella. Al aplicar esa consideración con base en la protección de los intereses de los menores de edad, considerados uniformemente como valores superiores dentro del sistema jurídico y de la organización social, conduce a determinar que ese interés no debe verse limitado en modo alguno sino cuando la limitación resulte la única medida posible para asegurar la integridad física y psicológica de los sujetos protegidos o evitar la distorsión de su formación integral. La convivencia entre padres e hijos se considera un elemento de gran importancia para la formación integral de los niños en su proyección hacia la edad adulta y sus posibles compromisos familiares y sociales, motivo por el cual, las medidas que se asuman al respecto deben buscar invariablemente su prevalencia, de modo que sólo podrá ser objeto de suspensión temporal, en los casos en que las condiciones prevalecientes pongan de manifiesto que a través de la convivencia se pone en riesgo insuperable la vida, la integridad personal o psicológica, o la formación de los menores, y no se vea posibilidad alguna de evitar esos peligros sin suprimir la convivencia. Esto es, la suspensión de esas relaciones únicamente debe imponerse en los casos de extrema gravedad, en que la autoridad judicial, como garante de los derechos de los menores, considere que existe una afectación al interés superior, precisando la situación de hecho y el grado de afectación que produce, con la finalidad de que el familiar que se vea afectado por la decisión judicial, conozca las causas que justificaron el menoscabo a su derecho de convivencia. En el entendido de que dicha convivencia parte de que la menor acepte y de que su progenitora también así lo desee, condiciones a las que se sujeta la suspensión otorgada. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Diana Jarib García Espíndola, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Diana Jarib García Espíndola, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano