Ricardo Daniel Zarate Maya

Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
49/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • RICARDO DANIEL ZARATE MAYA y Otros.
  • Ricardo Daniel Zarate Maya
  • Marco del Callejo Perez Salazar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de mayo, al dieciocho de junio del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. PARTE QUEJOSA DESAHOGA VISTA. Agréguese a los autos, el escrito signado electrónicamente por Ricardo Daniel Zarate Maya, en su carácter de defensor particular del quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar, a través del cual, desahoga la vista que le fue otorgada en auto de catorce de mayo del año en curso, relativa al cumplimiento de la ejecutoria constitucional informado por la autoridad responsable, exponiendo los argumentos por los que estima que el juez responsable no dio cabal cumplimiento a la sentencia amparadora; al respecto, acuérdese lo procedente, una vez que se analicen las constancias que obran en autos. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CONSTITUCIONAL. Ahora bien, vista la certificación con la que se da cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando dicha vista únicamente la parte quejosa, como se advierte del escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar, por conducto de su defensor particular Ricardo Daniel Zárate Maya, contra el acto reclamado al Juez de lo Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, para el efecto que, una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, realizara lo siguiente: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y, en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Marco del Callejo Pérez Salazar, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice en la causa penal 366/2011 y su acumulado 371/2011 de su índice, lo siguiente: a) Provea de manera fundada, motivada, congruente, completa y exhaustiva la petición formulada por el quejoso a través del escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte; esto es, deberá: a.1. Citar los preceptos legales que fundamenten su determinación; a.2. Pronunciarse sobre su competencia para resolver la solicitud de traslado planteada; a.3. En caso de ser competente para ello, resolver sobre su procedencia o improcedencia; y, a.4. En caso de no ser competente, deberá precisar cuál es la autoridad competente y, de inmediato, remitir el escrito relativo para que provea sobre su contenido. b) Notifique la aludida resolución en el domicilio señalado en dicho escrito; conforme a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, c) Remita las constancias que acrediten el cumplimiento de los efectos precedentes. Sin que lo anterior signifique, necesariamente, que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, y de manera fundada y motivada, lo que se le solicita; sin que el presente fallo implique necesariamente, que la pretensión del peticionario sea legítima, fundada en derecho o procedente, lo cual habrá de determinar la autoridad responsable, al contestar el escrito, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia. (.)" En acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, y se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio 1844 de veintisiete de abril del año en curso, el Juez Penal del distrito judicial de Cholula, Puebla, informó que por acuerdo dictado en la misma fecha, en el proceso 366/2011 y su acumulado 371/2011, de su índice, determinó lo siguiente: "(.) Agréguese a sus autos el escrito de cuenta con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 49, 52 fracciones I y II de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social derogado y de aplicación ultractiva y 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se acuerda: I.- Visto el contenido del escrito del procesado MARCO CALLEJO PEREZ SALAZAR, en el que solicita ser cambiado del Instituto de Reclusión de Villa Comatitlan Chiapas a un Centro Penitenciario de Puebla, dada la naturaleza de la petición el suscrito Juez es competente para resolver respecto de la misma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 7 del Código Procesal de a Materia y 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud que el procesado de referencia, se encuentra a disposición de esta autoridad interno en el Instituto de Reclusión de Villa Comatitlán Chiapas con motivo de la orden de traslado ejecutado el 25 veinticinco de julio de 2020 dos mil veinte. Ahora bien, es cierto como lo indica el procesado MARCO CALLEJO PEREZ SALAZAR, en este Juzgado se le instruyen las causas penales 366/2011 y 371/11 acumulados, los cuales se encuentran en periodo de instrucción, sin embargo también lo es, que el análisis del expedientillo de actuaciones formado con motivo del traslado del procesado MARCO CALLEJO PEREZ SALAZAR, al Centro Federal de Readaptación 15 "CPS CHIAPAS" y que esta autoridad con fecha 26 veintiséis de julio del 2020 dos mil veinte calificó de legal, mismo que cuenta con pleno valor probatorio en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, el haber sido llevado a dicho centro federal fue con motivo del riesgo objetivo que representaba a la seguridad, estabilidad y gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios de San Pedro Cholula, Tepexi de Rodríguez Ciudad Serdán y Centro Penitenciario de Puebla (San Miguel) en que ha estado, por lo que fue necesario adoptar medidas especiales de seguridad, no solo para los establecimientos penitenciarios en que estuvo, sino además para el mismo, pues la conducta observada y los estudios realizados al procesado por los integrantes del Comité Técnico Consultivo del Centro de Reinserción Social de Puebla, (Lomas de San Miguel) último centro penitenciario en que estuvo en esta ciudad antes de su traslado, se precisó que el interno MARCO CALLEJO PEREZ SALAZAR, necesita medidas especiales de seguridad , pues aquellas con las que cuentan los centros penitenciarios de esta entidad habían sido rebasadas y sus diversos traslados se habían dado con motivo de los problemas generados por el mismo procesado al no respetar las normas en ellos establecidos y querer ejercer su propio poder en el interior, sin tener el más mínimo respeto a las autoridades, consideraciones que llevaron a esta autoridad a calificar de legal su traslado al centro penitenciario en que actualmente se encuentra, toda vez que de acuerdo a lo informado por el subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla cuenta con todo lo necesario para una adecuada estancia del promovente y no se de su desaptación (sic) social teniendo un adecuado plan de actividades. En esas condiciones, en respeto a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicanos sea parte y al no existir hasta este momento pruebas que acrediten que algún Centro de Reinserción Social de este estado cuente con las áreas y medidas de seguridad, con el personal de seguridad y custodia capacitado, así como las instalaciones educativas, laborales, deportivas, escolares y recreativas adecuadas, que garanticen la integridad moral, física , sexual y psicológica a que toda persona privada de su libertad tiene derecho, así como aquellos que sufren prisión preventiva; que son importantes para la reinserción de social del procesado MARCO CALLEJO PEREZ SALAZAR, NO HA LUGAR a trasladar al encausado de referencia a un centro penitenciario de este estado como lo pide, pues aquellos con los que se cuenta en la entidad y ha estado el promovente han sido rebasados en todos sus ámbitos por la conducta adoptada por el procesado mostrando durante su estancia un total irrespeto a las normas y las autoridades penitenciarias, aunado al hecho que requiere medidas especiales de seguridad. (.) PRIMERO. Se deja insubsistente el acuerdo de fecha 26 veintiséis de octubre del 2020 dos mil veinte, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en lo relativo a la petición de procesado MARCO CALLEJO PÉREZ SALAZAR, de ser cambiado del Instituto de Reclusión de Villa Comatitlán, Chiapas a un Centro Penitenciario de Puebla y de mandar oficio al subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a fin de hacerle saber esta petición. SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, este tribunal del fuero común procede a pronunciarse nuevamente en relación al estado procesal que guarda la causa, al tenor de las razones y fundamentos legales esgrimidos a lo largo del presente proveído. (.)" Por misiva 1924 de tres de mayo de la anualidad en curso, el referido juez responsable remitió copia certificada del auto de veintinueve de abril del año en curso, dictado en la causa penal 366/2011 y su acumulada 371/2011, de su índice, en el que se ordenó girar oficio al Juez Penal en turno del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que en su auxilio, notificara al procesado Marco del Callejo Pérez Salazar -aquí quejoso-, el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en el referido proceso de origen, en el domicilio señalado en su escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte. Finalmente, mediante comunicado 2074 de doce de mayo del año en curso, la autoridad encargada del cumplimiento, remitió copia certificada del oficio 944 de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual, le informó que el diligenciario de su adscripción asentó una razón en la que manifestó su imposibilidad para notificar el auto de veintisiete de abril del año que transcurre, dictado en la causa natural, al procesado Marco del Callejo Pérez Salazar -aquí quejoso-, en el domicilio que señaló para efectos de su notificación, pues al constituirse en dicho lugar, le manifestaron en el área de recepción que ahí no habita el buscado. Con dichos documentos, valorados en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se acredita que la autoridad encargada del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. Mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, dictado en el proceso 366/2011 y su acumulado 371/2011, de su índice, proveyó la petición formulada por el quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar, a través del escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues para tal efecto, realizó lo siguiente: a) Citó los preceptos legales que estimó necesarios para fundamentar su determinación (".artículos 2, 49 y 52, fracciones I y II de la Ley Nacional de Ejecución Penal; 7 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social derogado y de aplicación ultractiva; y, 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla."); b) Se declaró competente para resolver la solicitud de traslado planteada (".en términos del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en relación con los diversos 7 del Código Procesal de la Materia y 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en virtud que el procesado de referencia, se encuentra a disposición de esta autoridad interno en el Instituto de Reclusión de Villa Comatitlán Chiapas con motivo de la orden de traslado ejecutado el 25 veinticinco de julio de 2020 dos mil veinte."); y, c) Por las razones que expuso en la propia determinación, resolvió improcedente la solicitud de trasladar al encausado Marco del Callejo Pérez Salazar -aquí quejoso-, a un Centro Penitenciario del Estado de Puebla. 2. Acreditó haber realizado las gestiones para notificar dicha determinación al procesado Marco del Callejo Pérez Salazar -aquí quejoso-, en el domicilio que señaló para tal efecto en su escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, conforme a las reglas que establece el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, sin que haya sido posible, pues en dicho lugar manifestaron que no habita el buscado; y, 4. Remitió a éste órgano de control constitucional las constancias que justificaron el cumplimiento de la sentencia protectora. No se inadvierte que uno de los efectos de la sentencia amparadora, fue para que se notificara la determinación que recayera al escrito materia de la litis, en el domicilio precisado en el propio ocurso; sin que haya sido posible dicha notificación, por causas no atribuibles a la autoridad responsable, pues el fedatario judicial asentó su imposibilidad para llevar a cabo dicha diligencia, dado que en dicho lugar le informaron que no habita el buscado. No obstante lo anterior, resulta evidente que el quejoso fue notificado, a través de su defensor particular (promovente de este juicio) del acuerdo dictado el veintisiete de abril de dos mil veinte, en la causa penal origen, pues esta autoridad Federal, mediante acuerdo de catorce de mayo pasado, ordenó darle vista con el contenido del oficio 1844 signado por el juez responsable, y anexo consistente precisamente en la copia certificada del mencionado acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa de origen; dejando a su disposición en la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional copia autorizada de dicha documental, lo que se notificó vía electrónica el dieciocho de mayo del presente año, como se asentó en la certificación secretarial que antecede. En tales condiciones, es incuestionable que dicha parte procesal conoce el contenido del multicitado acuerdo, tan es así, que en el escrito de cuenta realizó diversas manifestaciones en relación a su contenido, e incluso insertó una imagen de la parte considerativa del indicado acuerdo. Sustenta la determinación anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Finalmente, no se desatienden las manifestaciones vertidas por Ricardo Daniel Zarate Maya, en su carácter de defensor particular del quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar, mediante el escrito con el que se dio cuenta, en torno a que la ejecutoria de amparo no está debidamente cumplida, pues medularmente refiere: a) Que en relación con la imposibilidad invocada para notificar al quejoso el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en domicilio ubicado en calle 19 Sur, número 501, cuarto piso, despacho 14, colonia La Paz, municipio de Puebla, fue incorrecto que el Juez de lo Penal de Cholula Puebla, pretendiera notificarlo en dicho sitio, a sabiendas que el procesado se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlan, Estado de Chiapas; b) Que juzgador responsable no respetó los principios de congruencia y de exhaustividad, toda vez que no cumplió con los elementos mínimos que debe contener cualquier determinación de autoridad en la que se ve involucrada la esfera de derechos de los gobernados; como lo son la falta de fundamentación y motivación, así como la inadecuada expresión de los fundamentos y motivos tomados en consideración para la emisión de la determinación con la que dio cumplimiento; y, c) Que los argumentos que expuso el juzgador natural, no se encuentran concatenados, sustentados, ni son válidos para haber determinado improcedente la solicitud de traslado que realizó su defendido. Al respecto, en relación con el tema de la notificación -inciso a)-, cabe precisar que el lugar donde debía llevarse a cabo, fue determinado en la propia sentencia amparadora, por lo que la autoridad responsable, llevó a cabo las diligencias necesarias para tal fin, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria constitucional. Además, también quedó evidenciado que dicha parte procesal ya ha sido notificada por parte de esta autoridad Federal, del acuerdo materia de análisis. En relación con los incisos b) y c), tal y como fue desglosado y explicado previamente, el juez encargado del cumplimiento sí atendió cada uno de los efectos de la ejecutoria de amparo, lo cual no se reitera, en obvio de repeticiones innecesarias; además, los artículos citados y las consideraciones que a su arbitrio tomó en cuenta la autoridad responsable para dictar la resolución de veintisiete de abril del año en curso, no podrían ser analizadas en este momento, al no haber sido materia de estudio en el fallo protector; por lo que, este Juzgado Federal está impedido para analizar la legalidad o no de las razones que sustentan dicha determinación, pues en todo caso, aquéllas tendrían que ser estudiadas en un diverso juicio de amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el oficio 2074, signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, con anexo, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria constitucional, y para tal efecto remite copia certificada del oficio 944 de cuatro de mayo del año en curso, signado por la Secretaria Encargada de Despacho del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, del que se advierte que no le fue posible notificar al aquí quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar, pues le fue informado al diligenciario adscrito al citado Juzgado Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que en el domicilio indicado no habita persona alguna con ese nombre. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta signado por la autoridad responsable (y anexo), así como con el diverso 1844 (y anexo), registrado con el folio 7553 de este índice, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; quedando a su disposición en la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional copia autorizada de los oficios con los que se da vista -y sus correspondientes anexos-. Apercibida que, de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa por conducto de su defensor particular; y, mediante oficio a la autoridad tercera interesada.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 1924, signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada en este juicio de derechos fundamentales, pues remite copia certificada del auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 366/2011 y su acumulado 371/2011 de su índice, a través del cual giró oficio al Juez Penal en turno del Distrito Judicial de Puebla, a fin de que en auxilio de las labores de dicho órgano jurisdiccional, ordene notificar el auto de veintisiete de abril del año en curso al quejoso Marco del Callejo Pérez Salazar en el domicilio precisado por la parte quejosa en el escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, remita copia de la constancia de notificación del citado acuerdo, realizada al procesado (aquí quejoso) en el domicilio señalado en su escrito de veintidós de octubre de dos mil veinte. En el entendido que subsisten los apercibimientos formulados en auto de veintiuno de abril del año en curso. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida y por lista a las demás partes.

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