Ricardo David Garcia Herrera
Expediente 1278/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Ricardo David Garcia Herrera
- Legislatura del Gobierno del Estado de Mexico
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso el siguiente auto: En Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. El Secretario. Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.. Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintinueve de septiembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 147 a 165 de autos) 2. Inconforme con dicha determinación, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos del amparo en revisión número 444/2015, el dieciocho de febrero del año en curso, resolvió (foja 195 a 219 de autos): "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. - - -SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RICARDO DAVID GARCÍA HERRERA, contra el acto reclamado de la Legislatura del Estado de México y otra autoridades, de conformidad con lo establecido en el considerando último de la sentencia recurrida.". Derivado de ello, por auto de diez de marzo del año en curso, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparado a la autoridad responsable. (Folio 220 y 221 de actuaciones) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. El Tribunal de Alzada confirmó la concesión el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el efecto que: "a) No se aplique a la quejosa, la Tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C), rango 6 de la tarifa, y el artículo 95, fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México, vigente en dos mil catorce. - - - b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro de liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, por ende, deberá devolver la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, con fecha límite de pago dos de diciembre siguiente (foja 64), por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y enterado el treinta y uno de julio de dos mil quince, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación. - - - [.] - - - c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley ($1,521.00- un mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. - - - [.].". En ese tenor, a través de misiva presentada ante este Juzgado de Distrito el treinta y uno de marzo del año en curso, la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se emitió el cheque número 0004249, válido por la cantidad de $29,061.75 (veintinueve mil sesenta y un pesos 75/100 moneda nacional), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del quejoso Ricardo David García Herrera, precisando que dicha cantidad constituía el monto total a restituir al quejoso, aplicando la tarifa mínima prevista por el artículo declarado inconstitucional a cada uno de los actos contenidos en la línea de captura objeto de devolución, más el factor de actualización correspondiente; asimismo, informó que esa autoridad determinó que no aplicaría al peticionario de amparo la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 y fracción II, rango 6 de la Tarifa prevista en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce y, para tal efecto, remitió copia certificada del citado documento de valor. (Foja 227 a 229 de autos) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a las presentes actuaciones. Por auto de uno de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que hubiesen hecho uso de tal derecho. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, no aplicó al quejoso, la Tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C), rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México, vigente en dos mil catorce; asimismo, le devolvió la cantidad que éste pagó [$30,492.00 (treinta mil cuatrocientos noventa y dos 00/100 moneda nacional)], por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, con fecha límite de pago dos de diciembre siguiente (foja 64), por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y enterado el treinta y uno de julio de dos mil quince, pues al efecto expidió el cheque número 0004249, válido por la cantidad de $29,061.75 (veintinueve mil sesenta y un pesos 75/100 moneda nacional), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del quejoso Ricardo David García Herrera, precisando que dicha cantidad constituía el monto total a restituir al quejoso, aplicando la tarifa mínima prevista por el artículo declarado inconstitucional a cada uno de los actos contenidos en la línea de captura objeto de devolución, más el factor de actualización correspondiente; pues, en la ejecutoria de amparo, se precisó que el efecto de la protección constitucional no tenía el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito, por lo que ello no implicaba que no debiera pagar por el servicio, lo cual, en todo caso, debería hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el instituto responsable, no aplicó al quejoso la porción normativa declarara inconstitucional; asimismo, le devolvió la cantidad que pagó, por los conceptos a que se refería el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en el entendido de que ello no tenía el alcance de liberar totalmente a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. Así, en atención a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las consideraciones siguientes: I. Antecedentes de la sentencia ejecutoriada: 1. El veintinueve de septiembre de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la que se concedió la protección de la justicia de la Unión. (Fojas 147 a 165 de autos) 2. Inconforme con dicha determinación, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien en los autos del amparo en revisión número 444/2015, el dieciocho de febrero del año en curso, resolvió (foja 195 a 219 de autos): "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. - - -SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a RICARDO DAVID GARCÍA HERRERA, contra el acto reclamado de la Legislatura del Estado de México y otra autoridades, de conformidad con lo establecido en el considerando último de la sentencia recurrida.". Derivado de ello, por auto de diez de marzo del año en curso, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparado a la autoridad responsable. (Folio 220 y 221 de actuaciones) II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. El Tribunal de Alzada confirmó la concesión el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son para que el efecto que: "a) No se aplique a la quejosa, la Tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C), rango 6 de la tarifa, y el artículo 95, fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México, vigente en dos mil catorce. - - - b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro de liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la agraviada, por ende, deberá devolver la cantidad que pagó la solicitante de garantías, por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, con fecha límite de pago dos de diciembre siguiente (foja 64), por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y enterado el treinta y uno de julio de dos mil quince, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de su aplicación. - - - [.] - - - c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley ($1,521.00- un mil quinientos veintiún pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. - - - [.].". En ese tenor, a través de misiva presentada ante este Juzgado de Distrito el treinta y uno de marzo del año en curso, la Directora Técnico-Jurídica en representación de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informó que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se emitió el cheque número 0004249, válido por la cantidad de $29,061.75 (veintinueve mil sesenta y un pesos 75/100 moneda nacional), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del quejoso Ricardo David García Herrera, precisando que dicha cantidad constituía el monto total a restituir al quejoso, aplicando la tarifa mínima prevista por el artículo declarado inconstitucional a cada uno de los actos contenidos en la línea de captura objeto de devolución, más el factor de actualización correspondiente; asimismo, informó que esa autoridad determinó que no aplicaría al peticionario de amparo la porción normativa correspondiente al artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 y fracción II, rango 6 de la Tarifa prevista en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce y, para tal efecto, remitió copia certificada del citado documento de valor. (Foja 227 a 229 de autos) Constancia a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agregada a las presentes actuaciones. Por auto de uno de abril del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con tal constancia se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que, en relación al cumplimiento dado al fallo protector, manifestaran lo que a su derecho conviniere, sin que hubiesen hecho uso de tal derecho. Establecido lo anterior, y al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, en el que se tuvo presente el límite señalado en la ejecutoria, así como la libertad de jurisdicción que fue otorgado a la responsable ordenadora, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, por las siguientes razones: El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, no aplicó al quejoso, la Tarifa contenida en el artículo 95, fracción I, inciso C), rango 6 de la tarifa, y fracción II, rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México, vigente en dos mil catorce; asimismo, le devolvió la cantidad que éste pagó [$30,492.00 (treinta mil cuatrocientos noventa y dos 00/100 moneda nacional)], por los conceptos a que se refiere el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, con fecha límite de pago dos de diciembre siguiente (foja 64), por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y enterado el treinta y uno de julio de dos mil quince, pues al efecto expidió el cheque número 0004249, válido por la cantidad de $29,061.75 (veintinueve mil sesenta y un pesos 75/100 moneda nacional), de la institución bancaria denominada Scotiabank, en favor del quejoso Ricardo David García Herrera, precisando que dicha cantidad constituía el monto total a restituir al quejoso, aplicando la tarifa mínima prevista por el artículo declarado inconstitucional a cada uno de los actos contenidos en la línea de captura objeto de devolución, más el factor de actualización correspondiente; pues, en la ejecutoria de amparo, se precisó que el efecto de la protección constitucional no tenía el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito, por lo que ello no implicaba que no debiera pagar por el servicio, lo cual, en todo caso, debería hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la autoridad obligada a cumplir la concesión de amparo acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por este órgano de control constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, ya que el instituto responsable, no aplicó al quejoso la porción normativa declarara inconstitucional; asimismo, le devolvió la cantidad que pagó, por los conceptos a que se refería el volante universal expedido el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, en el entendido de que ello no tenía el alcance de liberar totalmente a la gobernada del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita. Por tanto, se estima que la ejecutoria ha sido atendida en su núcleo esencial. De igual manera, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no se advierte que se hubiese llevado a cabo un pronunciamiento de manera parcial o incompleta, pues por el contrario, se ajustó al tenor exacto del fallo, no extralimitándose en su cumplimiento, es decir, no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. En las relatas circunstancias, al advertirse que la sentencia protectora se observó cabalmente, sin exceso o defecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo y 214, ambos de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Notifíquese; personalmente al quejoso y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Óscar Jesús Segundo Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual solicita le sea devuelto el testimonio notarial exhibido en el escrito de demanda inicial. Atento a lo anterior, como lo solicita el promovente, de conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su numeral 2, devuélvase el documento que refiere, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico Jurídica, por instrucciones de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante el cual informa sobre la forma en que dio cumplimiento a la ejecutoria de diez de los cursantes y remite copias certificadas para acreditar su dicho; asimismo, solicita se informe al quejoso que el cheque 0004249 de la Institución Bancaria Scotiabank, se encuentra a su disposición en el departamento de tesorería de ese Instituto, en un horario de nueve a dieciocho horas, de lunes a viernes. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la partes con el cumplimiento otorgado por la responsable, para que manifiesten lo que en su derecho proceda; de igual forma, infórmese al quejoso del título de crédito que se encuentra a su disposición; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su oportunidad, de oficio, se determinará si la ejecutoria amparante quedó o no cumplida. Notifíquese; como legalmente corresponda. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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