Ricardo Cruz Aguilar

Expediente 1161/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1161/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México
  • Ricardo Cruz Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que supracitada, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Ricardo Cruz Aguilar; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente sumario. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito el duplicado del cuaderno incidental, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo.

  2. Incidental

    Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual causó ejecutoria la sentencia dictada, por lo que procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efecto las medidas decretadas en el mismo.

  3. Principal

    VISTO, para resolver los autos del juicio de amparo 1161/2016, promovido por Ricardo Cruz Aguilar, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 1 a 14), en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y turnado a este Juzgado Quinto en esa mismo día, Ricardo Cruz Aguilar por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México. Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. ACTOS RECLAMADOS: "De las responsables se reclama la reserva dictada en la etapa de depuración procesal con respecto a las excepciones de prescripción y trabajador de confianza emitida el cinco de julio del año dos mil dieciséis en el cual declara procedentes las excepciones de prescripción trabajador de confianza opuestas por la patronal en el expediente laboral principal 181/2015, seguido por Ricardo Cruz Aguilar, en contra de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, tramitado en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en Toluca, Estado de México. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 5°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis (fojas 18 a 21), este Juzgado, registró la demanda de garantías con el número de amparo 1161/2016 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, el cual no formuló pedimento alguno, y se tuvo como tercero interesado a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, quien fue emplazado al sumario por oficio el cinco de agosto de dos mil dieciséis (foja 24). En su oportunidad se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción V, 48 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, fracción I, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo vigente, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, en virtud de que los actos que impugna el quejoso, son atribuibles a autoridades que residen dentro de la jurisdicción donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, la Titular de este órgano jurisdiccional, procede a precisar y fijar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto; por lo que, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo y el informe justificado rendido por las responsables, los actos reclamados consisten en: La emisión del proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 181/2015, en donde el Tribunal laboral, declaró procedentes las excepciones de prescripción y trabajador de confianza, opuestas por la parte demandada. Así pues, bajo esa perspectiva se analizará el presente asunto. Es aplicable a lo anterior, la tesis P. VI/2004, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia de actos. Las autoridades Presidenta, por sí y en representación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (foja 30), al rendir su informe justificado, aceptó parcialmente los actos atribuidos por el quejoso; sin embargo, de las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 181/2015, documentales que constan en autos, a las cuales se les concede valor pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte la existencia del acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis; de ahí, que se tengan por ciertos los actos a ellas atribuidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Brinda apoyo por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causas de improcedencia. En el presente asunto, se procede analizar si en el caso opera alguna causal de improcedencia, por tratarse de orden público, acorde con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora, en el sumario, el peticionario reclama la emisión del proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio laboral 181/2015, en donde la Tribunal laboral, declaró procedentes las excepciones de prescripción y de trabajador de confianza. En la especie, este juzgado advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia contendida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que opera cuando hay un cambio de situación jurídica, la cual aduce: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Ello es así, en virtud de que la Presidenta del Tribunal responsable, remitió copia certificada de la diligencia de diez de agosto de dos mil dieciséis, a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se advierte que las partes llegaron a un convenio en su modalidad de laudo de pago, por la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), suma que la parte demandada se comprometió a entregar el veinticinco de octubre del año en curso, el cual fue ratificado por las partes, fijando como una pena convencional la cantidad de $100.00 (Cien pesos 00/100 monada nacional), por cada día que la demandada incurre en mora, haciendo alusión la responsable que una vez que se cumplimente en su totalidad el convenio, ordenará el archivo definitivo. De lo que se colige, que a la fecha, las partes ya llegaron a un acuerdo de la forma en la que se va a entregar la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), que fue convenida por ambas partes, a fin de dar por concluido el juicio laboral de origen. De lo antes expuesto se sigue que, la autoridad laboral comunicó que las partes llegaron a un convenio celebrado por las partes con la finalidad de dar por terminada la relación de trabajo entre el aquí quejoso y tercero interesado, mismo que fue ratificado, lo que se demuestra con las copias certificadas de la diligencia aludida; razón por la cual debe concluirse, que ha operado un cambio de situación jurídica. En efecto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo resulte o no constitucional. De lo que se colige, que en la especie opera el cambio de situación jurídica, al convenir las partes el monto y forma del pago a fin de dar por concluido en el juicio laboral de origen, elevándose a categoría de laudo, obligándose las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar; por tanto, la situación del quejoso ya no dependerá del proveído de cinco de julio de dos mil dieciséis, a través del cual declaró procedentes las excepciones de prescripción y de trabajador de confianza, emitido en expediente 181/2015, sino del cumplimiento que se de en las clausulas pactadas dentro de dicho convenio, de ahí, que en el presente asunto, se actualiza un cambio de situación jurídica. Por tanto, si se ha celebrado un convenio, que ha establecido la forma de pago respecto a las prestaciones reclamadas por el actor, ratificado por las partes, es incuestionable que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica en el juicio labora que nos ocupa; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XVII, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente sumario. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia II.2º.P J/8 publicada en la página 1168, Tomo X, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Al surtirse la causal de improcedencia antes analizada, y por la que se decretó el sobreseimiento, la suscrita se ve impedida a entrar al estudio y análisis del fondo del asunto. Al caso es aplicable, la Jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de garantías número 1161/2016, promovido por Ricardo Cruz Aguilar, en contra de las autoridades y actos precisados en el resultando primero, y por lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese legalmente según corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con residencia en Toluca, por medio del cual rinde su informe justificado y remite diversas documentales relativas al expediente laboral 181/2015. Con el citado informe dése vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que exhibe, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Finalmente, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se tiene por invocada la causal de sobreseimiento de la responsable, la que se analizará en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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