Ricardo Daniel Lizama Soberanis
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ricardo Daniel Lizama Soberanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase por recibido el oficio que remite el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil de esta ciudad, mediante el cual solicita se informe estado procesal que guarda el presente asunto, toda vez que se encuentra suspendido el juicio de origen. Se informa. Por tanto, infórmese al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil de esta ciudad, que por auto de veintidós de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo, auto el cual quedó firme el doce de abril siguiente, por lo que en esa fecha se ordenó el archivo del asunto como concluido. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Oficio. Por recibido el oficio signado por el secretario del acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual dicho órgano colegiado remite testimonio de la resolución pronunciada dentro de la queja laboral 279/2022; resolución en la cual la superioridad determinó: "ÚNICO. SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el presente recurso de queja laboral 279/2022, interpuesto por Sigfrido Macías Pérez, Titular y Director General de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en contra del auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo indirecto 1141/2022". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo la ejecutoria en comento. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Reanudación de procedimiento. Ahora bien, de conformidad con el artículo 102 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, se reanuda el procedimiento, y de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley en aplicación, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las once horas con cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la unidad de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la nueva Ley de Amparo; asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución. Efectos de la concesión. En términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, son las siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones previstas en los artículos 13 al 17, 44 Bis y 52 fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa las cantidades que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2022-2258374 y 2022- 2258395, fechados el dos de febrero de dos mil veintidós, por los conceptos de inscripción de un contrato de compraventa de inmueble y otro de crédito hipotecario. 3. Devuelva a la parte quejosa las cantidades totales que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación, así como el Impuesto de Modernización de los Registros Públicos, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenidas en los recibos de pago con números de transacción 2022- 2258374 y 2022- 2258395, fechados el dos de febrero de dos mil veintidós. En el entendido que las cantidades deberán devolverse debidamente actualizadas, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido." Notifíquese.
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