Ricardo Daniel Lizama Soberanis
Expediente 933/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Juzgado Primero de Primera Instancia En Materia Mercantil En Torreón, Coahuila
- Ricardo Daniel Lizama Soberanis
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, dígase al juzgado promovente, que en veintitrés de julio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por el quejoso... en virtud de que el citado quejoso no cumplió con el requerimiento de seis de julio del año en curso; auto que causó estado el catorce de agosto de dos mil dieciocho y en esa misma fecha se ordenó su archivo; lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que ha ya lugar. Notifíquese; mediante oficio a la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad.
- Principal
De la certificación puesta en esta fecha por la secretaría de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de julio del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Ricardo Daniel Lizama Soberanis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, al no existir actuación pendiente por realizar, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en el se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese.
- Principal
se notifica por lista al promovente: Vista, la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 114 párrafo segundo de la Ley de Amparo, sin que el promovente ... haya cumplido con el auto aclaratorio del seis de julio del año en curso. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 párrafo segundo del ordenamiento legal en cita, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo a que se refiere este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente al quejoso
- Principal
se notifica por lista al promovente: Por recibido el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y anexos que acompaña; mediante el cual, y de acuerdo al proveído de presidencia emitido por dicho tribunal el cuatro de julio de dos mil dieciocho, remite la demanda de amparo interpuesta por Ricardo Daniel Lizama Soberanis, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número 933/2018-III, y háganse las anotaciones correspondientes. Acúsese recibo de estilo. En tales condiciones y en cumplimiento al proveído de presidencia emitido el cuatro de julio del año en curso, por la superioridad, este juzgado de distrito asume el conocimiento de la demanda de amparo interpuesta por Ricardo Daniel Lizama Soberanis. A fin de proveer lo que corresponda respecto de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 en relación con el 108, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad: 1). Especifique el acto que reclama de las autoridades señaladas como ejecutoras. 2). Precise el número de juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado; lo anterior toda vez que en el capítulo de actos reclamados señala como tal el juicio 794/2014, y en el capítulo de antecedentes señala el juicio 794/2018. 3). Manifieste la etapa procesal en que se encuentra el juicio del que derivan los actos reclamados. Asimismo, se le requiere a fin de que acompañe las copias suficientes de su escrito de aclaración para su distribución entre las partes a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, para las autoridades responsables, para los terceros interesados, autos incidentales toda vez que solicita la suspensión de los actos reclamados, y para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Prevención que es necesaria para dar cabal cumplimiento a los requisitos que imponen al promovente los artículos 108 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos con antelación, dentro del término que para tal efecto se le concede, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo que regula la tramitación del presente expediente, se tendrá por no presentada la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Apercibido también, que de declarar falsamente ante esta autoridad lo solicitado por la misma, se tendrá a lo dispuesto por el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales(.)". De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuarlas. Por otro lado, en relación a la suspensión del acto reclamado, concedida por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad, y en atención a lo determinado por la superioridad en auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, debe decirse que la medida cautelar decretada por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia de la Unión, ha dejado de surtir efectos, a partir de que este órgano jurisdiccional asume el conocimiento del asunto, toda vez que tal determinación la realizó dentro del trámite del amparo promovido en la vía directa, por lo que a partir de este momento, se deberá de estar a las reglas que rigen la vía indirecta para la tramitación del mismo; aunado a que la autoridad responsable no se encuentra facultada para proveer sobre la suspensión del acto reclamado en los juicio de amparo competencia de los jueces de distrito. De ahí que la medida cautelar decretada por la responsable ha dejado de surtir sus efectos, con este auto inicial. Se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 85/2016 sustentada por la Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 2, página 1105, del texto siguiente: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL AMPARO DEL QUE DERIVA DICHO RECURSO SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO A PARTIR DE QUE EL JUEZ INICIA SU TRÁMITE. Cuando un tribunal colegiado de circuito se declara incompetente para conocer de un juicio de amparo, por corresponder a un juez de distrito su trámite y resolución, debe declararse sin materia el recurso de queja promovido con fundamento en el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la situación de facto sobre la suspensión y los medios de defensa relacionados, está supeditada al trámite del amparo directo, pues la autoridad responsable emite su decisión en torno a la suspensión u omite pronunciarse al respecto, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal y, por tanto, al declararse incompetente el tribunal colegiado de circuito para conocer del juicio de amparo, pierde esa calidad, para conservar únicamente la de autoridad responsable y deja de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión y, en consecuencia, la materia del recurso de queja, ya sea en su omisión o pronunciamiento, desaparece cuando el juez de distrito recibe los autos del juicio de amparo e inicia su trámite". Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Abraham Humberto Jaik Medrano; así como para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la licenciada Aurora Román Armendáriz, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y para los mismos efectos al pasante de derecho Ricardo Calderón Colmenero; por señalado como domicilio para dichos efectos el que se indica. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase al promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. Notifíquese personalmente al promovente; mediante oficio al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Juez Primero de Primera Instancia en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad.
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