Ricardo Coleote Rosales

Expediente 1017/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1017/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2021

Partes del expediente

  • Leonardo Mora Torres
  • Ricardo Coleote Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1017/2020-VII En quince de enero de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla certifica: el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto por el diverso 97 fracción I inciso a), del citado ordenamiento, ha fenecido, pues el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte, se notificó el once siguiente, surtió efectos el catorce siguiente y el plazo transcurrió del quince a dieciocho de diciembre de dos mil veinte al trece de enero del año en curso. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta a la jueza con la certificación que antecede, y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso no recurrió el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1017/2020-VII Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio1 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-22-, que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Por ello, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha emitido múltiples acuerdos generales relativos a los esquemas de trabajo y medidas de contingencia aplicables en los órganos jurisdiccionales, ante el referido fenómeno de salud pública -partiendo de una suspensión de actividades ordinarias hacia un retorno paulatino3-. Así, mediante el Acuerdo General 21/20204 (reformado por el diverso 25/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte y hasta el quince de enero de dos mil veintiuno-. Sin embargo, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular CAP/3/2020-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Con base en dicho acuerdo, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia -del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno-. Reanudación de plazos. Luego, en sesión de veinte de diciembre de dos mil veinte -comunicada mediante la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó) Por consiguiente, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el auto de desechamiento Visto el estado procesal del juicio, se advierte que transcurre el plazo de cinco días para impugnar el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veinte, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo Además, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que sólo han transcurrido cuatro de los cinco días con los que cuentan las partes para recurrirlo Por tanto, se informa a las partes que el día restante con el que cuenta para impugnar el proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, correrá a partir de ésta data. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020, por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". Sin embargo, en atención a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de once de enero de dos mil veintiuno -comunicado mediante la circular SECNO/2/2021-, dichas citas podrán programarse a partir del diecinueve de enero de dos mil veintiuno. De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II5, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo debe notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, tanto a la quejosa, como a las autoridades responsables, y a la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, dado que no contiene requerimiento para las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1017/2020VII. En diez de diciembre de dos mil veinte, el secretario da cuenta a la jueza con una demanda de amparo; recibida vía electrónica registrada con el número de control interno 15873. Conste. Puebla, Puebla, diez de diciembre de dos mil veinte. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por +++++, por propio derecho, pero sin evidencia criptográficacontra actos de la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Alta Incidencia en esta Ciudad de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Bajo ese contexto, se advierte que la demanda fue promovida, al parecer, por ++++; sin embargo, contrario a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la demanda presentada de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no contiene evidencia criptográfica de aquéllos. Al respecto, es menester precisar que, de conformidad con los artículos 3, último párrafo, y 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presentación de la demanda de amparo vía electrónica puede realizarse sin necesidad de firma electrónica únicamente cuando se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Pero, en la especie, los promoventes señalaron como acto reclamado: la inconstitucional orden de aprehensión, presentación o conducción que pudieran librar en su contra., lo cual, si bien pudiera afectar la libertad personal, lo cierto es en ningún momento constituye un acto fuera de procedimiento. Por consiguiente, la demanda de amparo promovida, al parecer, por ..., no se ubica en el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo. Además, de la lectura de la demanda de amparo, no se desprende que los quejosos se encuentren incomunicados de modo tal que estén impedidos para suscribir mediante el uso de su firma electrónica la demanda de amparo por propio derecho; sobre todo, porque en el documento digitalizado se aprecian unas firmas autógrafas que, al parecer, pudiera corresponder a los quejosos. Entonces, una vez descartado que la demanda no se ubica en una de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de amparo, es concluyente que la misma debe contar con evidencia criptográfica de los promoventes, lo cual no acontece. En efecto, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información, en este caso, a través de la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que la autógrafa. En ese setido, los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, establecen que, para hacer uso de las herramientas del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. De este modo, conforme lo establece el último párrafo del artículo 45, del referido acuerdo general, a la solicitud o escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente; pues, de lo contrario, se soslayaría el principio de instancia de parte agraviada. Entonces, aun cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido, a través del Acuerdo General 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el diverso 15/2020 que lo modifica, un esquema de contingencia que privilegia el uso de tecnologías de la información y la comunicación, pues son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos; ello de ninguna manera implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, si en el caso particular los quejosos ++ presentaron -al parecer- la demanda de amparo; pero, omitieron agregar la evidencia criptográfica respectiva, es concluyente que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada; sobre todo, porque, como ya se explicó en párrafos precedentes, los supuestos promoventes no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que lo faculte para promover la demanda de amparo sin necesidad de firma electrónica o a través de una firma electrónica distinta Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la firma electrónica del quejoso; pues, la falta de esta no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Ese criterio quedó plasmado en la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. De ahí que, acorde a lo dispuesto por la fracción XII, del artículo 61, en relación con los diversos 3 y 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el precepto 112 de la propia ley de la materia. En virtud de lo anterior, se ordena a la Analista Jurídico SISE realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Indicación de juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que obtengan su firma electrónica y con esta intervengan en el presente juicio, conforme a la modalidad de juicio en línea. Sobre todo porque la tramitación de este juicio bajo la modalidad en línea, les permitiría la consulta del expediente electrónico y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Domicilio y autorizados del quejoso. No ha lugar a tener como señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones porque el quejoso ha optado por la tramitación de juicio en línea; ello, en virtud de que ha proporcionado un nombre de usuario y, a su vez, solicitado las notificaciones a través de esa vía -la electrónica-. Por otra parte, se tiene como autorizado, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ++++; ello, porque sus cedulas profesionales se encuentran registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consjo de la Judicatura Federal. Por su parte, ++++ quedan autorizados sólo para oír y recibir notificaciones; pues, sus cedulas no se encuentran registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario En consecuencia, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente expediente, realice las gestiones necesarias para materializar dicha autorización. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes; o, de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programará para el día en que venza dicho plazo-. Lo anterior, sin perjuicio de que las partes, en el caso de las diligencias y audiencias, podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia Presentación de promociones físicas. Se comunica a las partes que, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías), así como por las autoridades responsables cuando rindan su informe justificado (o cualquier otro requerimiento) y éste no pueda ser remitido en vía electrónica. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Se hace saber a los actuarios judiciales adscritos que, de ser el caso, para realizar la notificación de este acuerdo deben observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto al momento de acudir al domicilio señalado para recibir notificaciones personales. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal4, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto5 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). }

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