Reynaldo Martinez Alcantara
Expediente 155/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Reynaldo Martinez Alcantara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe ** por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso promovió incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, en el proceso ** por el cual recayó el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, del cual se duele el quejoso en esta vía de amparo; en donde el Juez de lo Penal de Tepexi, Puebla, sin mayor pronunciamiento, ordenó remitir el escrito del sentenciado (quejoso) al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado, a fin de que conozca de la incidencia planteada, al desprenderse del expediente ** que había sido puesto a disposición de dicho juez de ejecución. Dadas esas características del acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y trascendido al resultado de la resolución. Luego, si el indicado acto reclamado se encuentra dictado en el periodo de ejecución de sentencia, lo cual se deduce de la demanda de amparo al señalar el quejoso haber sido sentenciado en la causa penal ** del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y haber promovido ante este el incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, sin embargo tal juzgador remitió su pretensión al Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla sin haber emitido la resolución que pusiera fin a dicha incidencia planteada, la procedencia del juicio de amparo en contra de éste, se encuentra condicionada a lo que dispone la ya citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es así, porque el proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve reclamado, para nada corresponde a la última resolución emitida para resolver la pretensión del quejoso de aplicación de la ley penal más favorable, pues el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla se limitó a remitir el escrito del quejoso donde promovió incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, pues el quejoso ya se encuentra a disposición de éste, lo que en nada se equipara con la última resolución dictada en el incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, por ejemplo en que se haya desechado tal incidencia o donde se haya resuelto el fondo de la pretensión planteada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese contexto, atento a lo que dispone el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario, para recurrir el acto emanado del incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable (en el procedimiento de ejecución de sentencia) en la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en esa incidencia, es decir, aquella en la que se resuelva el fondo de la pretensión del quejoso, o bien la que deseche la misma, sin que en el caso el acuerdo reclamado tenga dichas características, pues como se dijo, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se limitó a remitir la pretensión del quejoso sin hacer mayor pronunciamiento al respecto. Lo anterior pues el acuerdo que reclama el quejoso no es el último dictado en la incidencia planteada, pues corresponde al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla pronunciarse por la pretensión del quejoso, lo sería reclamable en amparo indirecto como lo es el desechamiento o la resolución de fondo del incidente propuesto, siempre y cuando esa resolución sea inapelable. Al respecto también tiene aplicación la tesis: AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la 'última resolución', dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por 'última resolución' ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo . En esta tesitura, atento a lo que dispone el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario, para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución de sentencia en la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, es decir, aquella en la que se resuelva el incidente planteado en la ejecución de sentencia por parte del quejoso, sin que en el caso el acuerdo reclamado tenga dichas características. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113 de la legislación, relacionado con las causales de improcedencia señalada y prevista en la fracción XXIII del diverso 61, éste último en relación con el artículo 107 fracción IV de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualiza dicha causas de improcedencia de forma manifiesta e indudable. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado el profesionista que indica, en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrada de cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
DADO QUE SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECERA A NOTIFICARSE DE FORMA PERSONAL DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. ---- Se recibe la demanda de protección de derechos que suscribe ** por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso promovió incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, en el proceso ** por el cual recayó el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil diecinueve, del cual se duele el quejoso en esta vía de amparo; en donde el Juez de lo Penal de Tepexi, Puebla, sin mayor pronunciamiento, ordenó remitir el escrito del sentenciado (quejoso) al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante en el Estado, a fin de que conozca de la incidencia planteada, al desprenderse del expediente ** que había sido puesto a disposición de dicho juez de ejecución. Dadas esas características del acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; y trascendido al resultado de la resolución. Luego, si el indicado acto reclamado se encuentra dictado en el periodo de ejecución de sentencia, lo cual se deduce de la demanda de amparo al señalar el quejoso haber sido sentenciado en la causa penal ** del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y haber promovido ante este el incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, sin embargo tal juzgador remitió su pretensión al Juez de Ejecución de Sentencias Penales del Estado de Puebla sin haber emitido la resolución que pusiera fin a dicha incidencia planteada, la procedencia del juicio de amparo en contra de éste, se encuentra condicionada a lo que dispone la ya citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Es así, porque el proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve reclamado, para nada corresponde a la última resolución emitida para resolver la pretensión del quejoso de aplicación de la ley penal más favorable, pues el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla se limitó a remitir el escrito del quejoso donde promovió incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante de Puebla, pues el quejoso ya se encuentra a disposición de éste, lo que en nada se equipara con la última resolución dictada en el incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable, por ejemplo en que se haya desechado tal incidencia o donde se haya resuelto el fondo de la pretensión planteada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese contexto, atento a lo que dispone el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario, para recurrir el acto emanado del incidente no especificado de aplicación de la ley penal más favorable (en el procedimiento de ejecución de sentencia) en la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en esa incidencia, es decir, aquella en la que se resuelva el fondo de la pretensión del quejoso, o bien la que deseche la misma, sin que en el caso el acuerdo reclamado tenga dichas características, pues como se dijo, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se limitó a remitir la pretensión del quejoso sin hacer mayor pronunciamiento al respecto. Lo anterior pues el acuerdo que reclama el quejoso no es el último dictado en la incidencia planteada, pues corresponde al Juez de Ejecución de Sentencias Itinerantes del Estado de Puebla pronunciarse por la pretensión del quejoso, lo sería reclamable en amparo indirecto como lo es el desechamiento o la resolución de fondo del incidente propuesto, siempre y cuando esa resolución sea inapelable. Al respecto también tiene aplicación la tesis: AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Ahora bien, ante la imposibilidad de establecer reglas claras y precisas que indiquen cuándo se está ante la 'última resolución', dictada en la etapa ejecutiva, se debe de acudir a la Ley de Amparo, la que en su artículo 113, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en la que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no haya materia para la ejecución. De lo anterior, se autoriza a concluir que por 'última resolución' ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que ya fue oído y vencido el demandado, y el cumplimiento de las sentencias no debe obstaculizarse por ser de interés público. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los Jueces, tribunales administrativos o del trabajo, para que pronuncien el acuerdo conclusivo de la ejecución, cuando omitan hacerlo, pues el presente criterio determina que esa actuación resulta básica para la promoción del amparo . En esta tesitura, atento a lo que dispone el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario, para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución de sentencia en la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, es decir, aquella en la que se resuelva el incidente planteado en la ejecución de sentencia por parte del quejoso, sin que en el caso el acuerdo reclamado tenga dichas características. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113 de la legislación, relacionado con las causales de improcedencia señalada y prevista en la fracción XXIII del diverso 61, éste último en relación con el artículo 107 fracción IV de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, pues se actualiza dicha causas de improcedencia de forma manifiesta e indudable. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizado el profesionista que indica, en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrada de cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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