Ricardo Camacho Rivera
Expediente 1221/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1221/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/09/2018
Partes del expediente
- Ricardo Camacho Rivera
- Director del Centro de Reinserción Social, El Hongo 1, Tecate, Baja California
Actuaciones
- Principal
SE ORDENA EXPEDIR COPIA DE LA DEMANDA AL QUEJOSO...
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil dieciocho.Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte que el directamente agraviado********************, desahogó la prevención formulada en proveído de veintinueve de agosto del año en curso. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia judicial, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, agotar los recursos ordinarios de defensa que se encuentren previstos en la ley que rige el procedimiento judicial al que se encuentra sujeto, los cuales puede tener el efecto de producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se traducen en el tercero extraño a juicio y los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, además de aquéllos que afecten la libertad personal. En la especie, el quejoso manifestó ante el fedatario judicial de la adscripción que fue omiso en formular controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de los actos que en esta vía constitucional se reclama. Lo anterior, toda vez que dicha controversia se considera idónea para modificar o revocar los actos de autoridad reclamados, pues a través de la misma, el promovente puede obtener resolución favorable a sus intereses, que deje sin efectos los actos combatidos en la vía de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso se reúnen las circunstancias que prevé la causa de improcedencia analizada, porque fue precisamente el quejoso quien manifestó ante el actuario judicial no haber realizado un trámite diverso ante el juez de ejecución, es decir, ante quien debe realizar la solicitud correspondiente contra la negativa del Director del Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, por lo que tiene a su alcance el medio ordinario de defensa para combatir esa negativa, establecido en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de su internamiento en el centro penitenciario en el que guarda reclusión; atento al principio de definitividad. En ese contexto, toda vez que los acontecimientos de hecho y de derecho que se susciten durante reclusión, deben ser supervisados y controlados por la autoridad judicial en el marco de la competencia expresamente conferida por la constitución, así como de la norma secundaria expedida para tal efecto, se colige entonces que a dicho procedimiento le reviste una naturaleza formalmente jurisdiccional. De ahí que es innecesario realizar alguna interpretación tendente a dirimir si para la tramitación de la petición administrativa, sea o no necesario que la normativa prevea la posibilidad de suspender el acto reclamado con igual o menos requisitos que la Ley de Amparo, atendiendo a lo dispuesto en la fracción XX de su artículo 61, pues su redacción no congenia con las situaciones de hecho y de derecho que se suscitan en el interior de los centros de reclusión, debido a que estos acontecen en el marco de regulación del procedimiento de ejecución que le reviste una naturaleza formalmente jurisdiccional. Así, con base en estas premisas se colige que los actos reclamados devienen en el marco de un procedimiento, en el que si bien intervienen múltiples actores en aras de privilegiar la inmediatez -como las autoridades penitenciarias y auxiliares de éstas-, se encuentra ineludiblemente bajo la vigilancia y control de una autoridad formalmente jurisdiccional. Apoya lo anterior, la tesis III.2º.P.135 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 3318, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por********************.
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