Ricardo Briones Uribe
Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 146/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2021
Partes del expediente
- Ricardo Briones Uribe
- Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, en contra del proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el veintidós de abril dos mil veintiséis. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico que corresponda, el veintidós de abril de dos mil veinticuatro. Notifíquese
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Ricardo Briones Uribe, de propio derecho, contra actos del Comisionado Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18 y 21 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 146/2021-H. Sin que sea el caso decretar la suspensión de plano, virtud que una vez analizado el escrito de demanda, no se colige que el acto reclamado sea alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni el quejoso se encuentra siendo objeto de alguna de las hipótesis establecidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Prevención Es obligación del órgano jurisdiccional examinar ante todo el escrito de demanda, y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a quien promueve para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Por tanto, a fin de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que en el acto de notificación, o dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, dé cumplimiento con lo siguiente: ? Bajo protesta de decir verdad, manifieste si formuló controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra establece: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y [.] Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada dela libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada." [Énfasis añadido] Robustece lo aquí planteado, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Lo requerido deberá ser expuesto directamente por el quejoso, por ser un acto personalísimo y que únicamente a él le corresponde; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término y condiciones apuntados, se tendrá por no presentada la demanda, lo anterior con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Notificaciones Con motivo de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación que derive de este auto se realice personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario, expidiéndole fotocopia simple de este proveído. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. J´FCG/S´ARFC/Josefina*
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