Ricardo Arvide Mendez
Expediente 1082/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Arvide Mendez
- Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento de la sentencia emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 487 a 494), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso RICARDO ARVIDE MÉNDEZ, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ". Único.- Dejar insubsistente la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación I-88/2017, y en su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo a lo expresado en el cuerpo de la presente ejecutoria, analice y resuelva, con libertad de jurisdicción, todos y cada uno de los agravios expresados por el quejoso en su escrito de apelación.". En el cuerpo de la sentencia de amparo se dijo textualmente: ".Del análisis de lo transcrito no se aprecia que la autoridad responsable hubiera estudiado el motivo de inconformidad precisado anteriormente bajo el número 1, ya que no realizó consideración alguna respecto a los argumentos expresados por el aquí quejoso, en el sentido de que si bien, la parte ofendida, en su querella, había señalado que era la propietaria del automotor multiseñalado, y que en autos obraba una factura de ese bien, donde le habían cedido los derechos de propiedad, lo cierto era que la persona que cedió esos derechos a favor de la denunciante, había manifestado que, previamente a realizar la cesión de derechos, el automóvil ya lo había vendido a una tercera persona, motivo por el cual no se encontraba acreditado que la ofendida fuera la propietaria del vehículo materia de la causa penal de donde deriva el acto reclamado. Por tanto, resulta claro que al no haber dado contestación a dicho motivo de inconformidad, la autoridad responsable violentó en perjuicio del quejoso el principio de congruencia externa que prevé el artículo 449 del Código de Procedimientos Penales del Estado aplicable, el cual dispone textualmente. .Igualmente, cabe precisar que del estudio de la resolución reclamada se advierte que la autoridad responsable sostuvo que coincidía con el apelante, ahora quejoso, en que el testimonio de Aura Catalina Marrero Redondo, entre otros, no merecían valor probatorio, de acuerdo a lo previsto en los artículos 272, párrafo segundo, y 331, fracción III, del Código de Procedimientos Penales del Estado. Sin embargo, del escrito de agravios se observa que el recurrente no se dolió de que dicho testimonio careciera de valor probatorio, puesto que únicamente, en su agravio segundo, sostuvo que las declaraciones de las testigos Katia Janette Padilla Velázquez y Camelia Guiza Miranda, no reunían los requisitos que prevén las fracciones III y V del artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado, ya que no eran claras ni precisas en la sustancia y accidentes de los hechos sobre los que depusieron, pero nunca expresó que la deposición de Aura Catalina Marrero Redondo, careciera de esos requisitos, pues incluso, como ya se dijo anteriormente, precisó que ese medio de prueba, concatenado con algunos otros, servía para justificar que la ahora tercera interesada no era la propietaria del automotor citado con antelación, por tanto, resulta incuestionable que dicha consideración es incongruente." 2) En proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, causó ejecutoria dicha resolución y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 502 y 503). 3) La autoridad responsable en cumplimiento a lo anterior realizó lo siguiente: - Mediante oficio 327 presentado en el Buzón Judicial de la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, adjuntó copia certificada de la resolución emitida ese mismo día, en el que dejó sin efectos la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación I-88/2017, y atendiendo a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: a) Dio contestación al agravio del quejoso mediante el cual precisó que si bien, la parte ofendida, en su querella, había señalado que era la propietaria del automotor multiseñalado, y que en autos obraba una factura de ese bien, donde le habían cedido los derechos de propiedad, lo cierto era que la persona que cedió esos derechos a favor de la denunciante, había manifestado que, previamente a realizar la cesión de derechos, el automóvil ya lo había vendido a una tercera persona, motivo por el cual no se encontraba acreditado que la ofendida fuera la propietaria del vehículo materia de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, precisando la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción, que dicho agravio era fundado. b) Analizó de manera congruente la declaración de Aura Catalina Marrero Redondo, en relación a los agravios del quejoso. c) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho correspondió, es decir, revocó el auto de formal prisión dictado a Ricardo Arvide Méndez por el delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 199, 200, fracción II, y 204, fracción VI, del Código Penal del Estado, dictando auto de libertad por falta de pruebas para procesar bajo las reservas de ley en los términos del arábigo 249 del Código de Procedimientos Penales del Estado (fojas 506 a 529). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación I-88/2017, y en su lugar, emitió una nueva en la que, atendiendo a lo expresado en el cuerpo de la ejecutoria de amparo, analizó y resolvió, con libertad de jurisdicción, todos y cada uno de los agravios expresados por el quejoso en su escrito de apelación, concluyendo revocar el auto de formal prisión dictado a Ricardo Arvide Méndez por el delito de robo calificado previsto y sancionado por los artículos 199, 200, fracción II, y 204, fracción VI, del Código Penal del Estado, dictando auto de libertad por falta de pruebas para procesar bajo las reservas de ley en los términos del arábigo 249 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Por lo anterior, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de depuración en virtud de que se ubica en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 327, signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio número 327, signado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibido que de no hacerlo este órgano jurisdiccional dictará la resolución que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, por lo que ve al duplicado del proceso penal número 24/2017, devuélvase a su lugar de origen, previa certificación y desglose que de ello se deje en autos. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ricardo Arvide Méndez, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al Magistrado de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio respectivo, de conformidad con el numeral 22 del precitado ordenamiento, remita copia debidamente certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en relación con los puntos especificados de la sentencia emitida en el presente juicio, es decir realice lo siguiente: ". Único.- Dejar insubsistente la resolución dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dentro del toca de apelación I-88/2017, y en su lugar, emita una nueva en la que, atendiendo a lo expresado en el cuerpo de la presente ejecutoria, analice y resuelva, con libertad de jurisdicción, todos y cada uno de los agravios expresados por el quejoso en su escrito de apelación.". Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 267, fracción I, de la Ley de la materia en vigor. Ahora bien, atento a que en términos del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, los juzgadores del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no tienen superior jerárquico a quien requerirle para que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo, por tratarse de órganos absolutamente autónomos en el ejercicio de su función jurisdiccional; motivo por el cual se apercibe al Magistrado responsable a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1378, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". NOTIFÍQUESE.
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