Ricardo Arteaga Magallón
Expediente 839/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Arteaga Magallón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el telegrama remitido por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual refiere rendir informe justificado; sin embargo, no ha lugar a acordar en cuanto al fondo del mismo, toda vez que por auto de cuatro de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, ante el desistimiento de la parte quejosa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el quejoso ********************, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), con número de serie ********************a nombre del citado quejoso, a través del cual, manifestó que es su deseo desistirse de la presente demanda de derechos fundamentales que dio origen al presente juicio. Por tanto, bajo esa asociación de ideas y atento a que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por el quejoso ********************, se tiene ratificado en forma tácita dado que dicho escrito cuenta con la firma criptográfica, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción I, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, la Firma Electrónica es un documento electrónico expedido por las autoridades certificadoras correspondientes que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Dentro de este concepto se comprenden la FIREL, la Firma Electrónica o "e-firma" (antes Firma Electrónica avanzada o FIEL), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Así, cuando se requiere a la parte quejosa ratifique la firma que utiliza en un escrito de desistimiento, es para generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y la voluntad del interesado. Lo que en el caso dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la Firma Electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, tendiendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, debe decirse que la Firma Electrónica plasmada en el escrito de desistimiento de la demanda de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre del firmante, y el certificado reconocido y vigente, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, y tiene un grado de seguridad similar al de la ratificación en presencia de un funcionario judicial con fe pública; además de que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto. Luego, es evidente que tal proceder (desistimiento de la acción de amparo expresado vía Firma Electrónica, con su respectiva evidencia criptográfica), concreta el supuesto contenido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en mérito de lo cual procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 31/2021 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1533, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, con número de registro digital 2023937, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Del mismo modo, tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 147, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia.". Ahora bien, por lo que respecta a la manifestación a través del cual, solicita a este Órgano Jurisdiccional que dicha diligencia sea llevada a cabo de forma remota mediante el uso de medios electrónicos, dígasele que no es necesario, toda vez que en párrafos que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SECNO/CT/1299/2023, signado electrónicamente por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos órganos, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que declaró improcedente la consulta realizada por este juzgado, por los motivos que en el citado oficio precisa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, visto el escrito de demanda signado por *********, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Servicio OCSP SAT, con número de serie*******, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por los actos que hace consistir en: "V. ACTOS RECLAMADOS: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos reclamo: 1. El oficio de fecha 15 de junio de 2023, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que reconoce expresamente haber recibido los oficios ********************, de 20 de enero de 2022 y ********************, de 23 de febrero de 2022. Con los cuales el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa me propuso para ser ratificado por un nuevo periodo de diez años en el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que hasta hoy se haya dado trámite a mi ratificación en la magistratura, atendiendo a los principios de fundamentación y motivación reforzadas, idoneidad, transparencia y máxima publicidad, establecidos en los artículos 6, 14, 16 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, elementos normativos y reglados a los que están sujetos tanto el Presidente de la República como el Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 2. La omisión de designar al quejoso en el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 15 de junio de 2023, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que se me ratifique en el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de contar con los oficios ********************, de 20 de enero de 2022 y ********************, de 23 de febrero de 2022, así como, con los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que le permiten colegir que procedía que me designara, en virtud de que se dan los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de sus competencias, a través de un acto en el que, de una manera objetiva y razonable, exponga los motivos por los que determina designarme para mi ratificación, expresando una motivación reforzada, en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a mi actuación en el desempeño del cargo, por escrito, con la finalidad de que tanto el suscrito quejoso, como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad responsable determinó designarme para ser ratificado, haciendo de mi conocimiento la decisión correspondiente, mediante notificación personal. En virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha tomado conocimiento del oficio de 15 de junio de 2023, así como de los oficios ********************, de 20 de enero de 2022 y ********************, de 23 de febrero de 2022 y en atención a los principios de máxima transparencia y publicidad, reclamo a este órgano parlamentario: 3. La omisión de requerir al titular del Poder Ejecutivo Federal el envío de lo siguiente: a. El documento en el que conste su determinación fundada y motivada, respecto de la propuesta que sometió a su consideración el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que esta parte quejosa fuera ratificada para un nuevo nombramiento para ocupar una Magistratura de Sala Regional del propio Tribunal. b. El expediente que contiene todas las constancias que le envió el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que contiene todos los elementos que justifican la idoneidad de mi propuesta, en los que consta mi trayectoria profesional y académica, así como la evaluación realizada por la Junta de Gobierno y Administración y aprobada por el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que fuera valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte de la Comisión Permanente, de conformidad los artículos 73, fracción XXIX_H, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De todas las autoridades reclamo: 4. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los actos y omisiones reclamadas, dentro de los cuales se encuentran con especial relevancia que, con motivo de la propuesta para nombrar nuevos magistrados para ocupar las vacantes anunciadas por el Presidente de la República, se me exija la entrega de la Magistratura de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que actualmente ocupo, sin que previamente el Presidente de la República y el Senado o, en sus recesos, la Comisión Permanente, hayan resuelto de forma fundada y motivada el procedimiento para mi ratificación como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.". Por tanto, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y sólo en original el incidente de suspensión por haberse solicitado, ello de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido, de que en caso de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. En la inteligencia, de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaran una falsedad o negaran la verdad en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que acompaña a su demanda de amparo, la Instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a las autoridades responsables que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. En cumplimiento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con la copia de la demanda de amparo que antecede y con fundamento en los artículos 125, 128, y 138 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós; fórmese y tramítese en un tanto el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 839/2023, promovido por Ricardo Arteaga Magallón, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otra autoridad, consistentes en: ".V. ACTOS RECLAMADOS: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos reclamo: 1. El oficio de fecha 15 de junio de 2023, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que reconoce expresamente haber recibido los oficios TFJA/P/0038/2022, de 20 de enero de 2022 y TFJA/P/0059/2022, de 23 de febrero de 2022. Con los cuales el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa me propuso para ser ratificado por un nuevo periodo de diez años en el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin que hasta hoy se haya dado trámite a mi ratificación en la magistratura, atendiendo a los principios de fundamentación y motivación reforzadas, idoneidad, transparencia y máxima publicidad, establecidos en los artículos 6, 14, 16 y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal y 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, elementos normativos y reglados a los que están sujetos tanto el Presidente de la República como el Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 2. La omisión de designar al quejoso en el oficio suscrito por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 15 de junio de 2023, dirigido al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de que se me ratifique en el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a pesar de contar con los oficios TFJA/P/0038/2022, de 20 de enero de 2022 y TFJA/P/0059/2022, de 23 de febrero de 2022, así como, con los antecedentes fácticos y circunstancias de hecho que le permiten colegir que procedía que me designara, en virtud de que se dan los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de sus competencias, a través de un acto en el que, de una manera objetiva y razonable, exponga los motivos por los que determina designarme para mi ratificación, expresando una motivación reforzada, en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a mi actuación en el desempeño del cargo, por escrito, con la finalidad de que tanto el suscrito quejoso, como la sociedad, tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad responsable determinó designarme para ser ratificado, haciendo de mi conocimiento la decisión correspondiente, mediante notificación personal. En virtud de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ha tomado conocimiento del oficio de 15 de junio de 2023, así como de los oficios TFJA/P/0038/2022, de 20 de enero de 2022 y TFJA/P/0059/2022, de 23 de febrero de 2022 y en atención a los principios de máxima transparencia y publicidad, reclamo a este órgano parlamentario: 3. La omisión de requerir al titular del Poder Ejecutivo Federal el envío de lo siguiente: a. El documento en el que conste su determinación fundada y motivada, respecto de la propuesta que sometió a su consideración el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que esta parte quejosa fuera ratificada para un nuevo nombramiento para ocupar una Magistratura de Sala Regional del propio Tribunal. b. El expediente que contiene todas las constancias que le envió el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que contiene todos los elementos que justifican la idoneidad de mi propuesta, en los que consta mi trayectoria profesional y académica, así como la evaluación realizada por la Junta de Gobierno y Administración y aprobada por el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que fuera valorada dentro del procedimiento de ratificación por parte de la Comisión Permanente, de conformidad los artículos 73, fracción XXIX_H, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De todas las autoridades reclamo: 4. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los actos y omisiones reclamadas, dentro de los cuales se encuentran con especial relevancia que, con motivo de la propuesta para nombrar nuevos magistrados para ocupar las vacantes anunciadas por el Presidente de la República, se me exija la entrega de la Magistratura de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que actualmente ocupo, sin que previamente el Presidente de la República y el Senado o, en sus recesos, la Comisión Permanente, hayan resuelto de forma fundada y motivada el procedimiento para mi ratificación como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.". Ahora bien, la medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".Solicito la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, de manera que el quejoso continúe con el ejercicio del cargo de Magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la ponencia que actualmente ocupa. " Ahora bien, toda vez que del juicio de amparo indirecto ********************/2023 del índice de este juzgado, se advierte que la parte quejosa, reclamó los mismos actos con relación a las mismas autoridades responsables, y se concedió la suspensión, que fue modificada por el Tribunal Colegiado en los términos de "conceder la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso siga desempeñando el cargo de Magistrado de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde actualmente se encuentra adscrito, y no se le requiera la entrega de la misma, hasta en tanto se resuelva sobre su ratificación, en la inteligencia de que esta medida cautelar es provisional y subsiste mientras no se provea lo concerniente a la suspensión definitiva. Además la suspensión así concedida surtirá sus efectos siempre y cuando las autoridades competentes no se hayan pronunciado de forma expresa a la fecha, en cuanto a la ratificación o no ratificación del aquí recurrente en el cargo de Magistrado de la referida Sala. Medida suspensional que surte efectos desde luego, sin garantía alguna, dada la naturaleza de los actos reclamados, y en virtud de que hasta el momento no se advierte la existencia de terceros interesados", lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, y la jurisprudencia número XXII. J/12, consultable en la página 295, Tomo V, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto es: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Atento a lo anterior y por razón de que en el juicio de amparo indirecto ********************/2023, se concedió a la parte quejosa la suspensión con relación a los mismos actos reclamados y autoridades responsables, y de que es improcedente otorgarla cuando implique la existencia injustificada de dos suspensiones sobre el mismo acto de ejecución reclamado, y ello sería contrario al orden público y actualiza la regla prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo; lo procedente es DECLARAR SIN MATERIA ESTE INCIDENTE, ello, pues al haberse resuelto previamente sobre la suspensión con relación a los mismos actos y autoridades responsables, no existe otro acto alguno sobre el cual pueda analizarse tal medida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XVII.1o.C.T.1 K (11a.), con Registro digital: 2024858, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6447, de texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CUANDO IMPLIQUE LA EXISTENCIA INJUSTIFICADA DE DOS SUSPENSIONES SOBRE EL MISMO ACTO DE EJECUCIÓN RECLAMADO, PUES ELLO SERÍA CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO Y ACTUALIZA LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que precisó como antecedentes que es demandado en un juicio ejecutivo mercantil que se encuentra en etapa de ejecución y ya se celebró la audiencia de remate de un inmueble del que se ostentó como propietario, por lo que señaló como acto reclamado la inminente orden de privarlo de dicho bien y solicitó la suspensión provisional. El Juez de Distrito determinó conceder la medida para que no fuera privado del bien, sin destacar como hecho notorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del Poder Judicial de la Federación, que en el índice del mismo Juzgado de Distrito obra diverso juicio de amparo promovido con antelación, en el que una quejosa distinta reclamó la orden de desposesión del inmueble referido, emitida en el mismo expediente natural y por el propio Juez responsable, pues adujo que tenía la posesión derivada de un contrato de comodato ratificado ante notario público, que celebraron ella como comodataria y el ahora peticionario de amparo como comodante; por lo que en el incidente derivado de dicho procedimiento ya se había otorgado la suspensión provisional para el efecto de que la quejosa no fuera desposeída del bien. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el otorgamiento de la suspensión provisional solicitada en el segundo juicio de amparo, cuando implique la existencia injustificada de dos suspensiones sobre el mismo acto de ejecución reclamado, pues ello sería contrario al orden público y actualiza la regla prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo 145 referido establece que cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; la finalidad de ese precepto consiste en evitar el abuso del juicio constitucional, esto es, impedir que se convierta en un mecanismo que mediante la suspensión del acto reclamado impida, por ejemplo, la ejecución de las sentencias injustificadamente, porque ello destruiría su naturaleza como recurso judicial efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, cuando existan diversos juicios de amparo instados por distintas personas buscando la paralización del mismo procedimiento de ejecución, es necesario que el juzgador de amparo evalúe las condiciones fácticas del caso, a fin de determinar si la promoción de aquéllos (con la pretensión de obtener múltiples suspensiones provisionales o definitivas) arroja un beneficio material a la parte ejecutada, al grado que haga probable que dicho proceder obedezca a una estrategia litigiosa que detenga el procedimiento de ejecución, en la medida en que siempre habrá una suspensión provisional o definitiva que impida el cumplimiento de la sentencia, cuestión que se actualiza cuando existen elementos objetivos que permiten sostener la probabilidad de dicha situación, como los siguientes: (i) existencia de un contrato de comodato celebrado antes de la promoción del segundo juicio de amparo; (ii) quien promueve el segundo juicio de amparo tiene el carácter de tercero interesado en el juicio de amparo promovido en primer lugar; (iii) el contrato de comodato fue ratificado ante notario público en una fecha posterior al inicio del procedimiento de origen (que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia); (iv) el contrato es de naturaleza gratuita; y, (v) se actualiza la figura de la causahabiencia entre los quejosos de los dos juicios de amparo; datos de los que se advierte una base objetiva para afirmar, de manera probable, que con independencia de que el primer juicio de amparo haya sido promovido por quien tiene el carácter de comodataria (causahabiente) y el segundo por el comodante (causante), lo cierto es que el cúmulo de indicios permite aseverar de manera válida que el otorgamiento de la suspensión en el segundo juicio sería contrario al orden público, en la medida en que se permitiría injustificadamente la existencia de dos suspensiones sobre el mismo acto (ejecución de sentencia), cuando existe una base objetiva que revela que, por las circunstancias fácticas, el quejoso en el segundo juicio (comodante) se encuentra relacionado procesalmente con el primero, promovido por la comodataria, toda vez que le asiste el carácter de tercero interesado y, por otro lado, tiene conocimiento sobre la existencia del contrato de comodato, dado que participó en el otorgamiento del mismo e, incluso, al tener el carácter de parte formal en el juicio de origen puede afirmarse que sabía que ese contrato se celebró después del inicio de un juicio en su contra, por lo que resultan elementos suficientes para concluir que el otorgamiento de la suspensión sería contrario al orden público y actualiza la regla prevista en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en tal virtud, corresponde declarar sin materia el incidente de suspensión tramitado en segundo lugar." Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Erika Janette Cano Bonilla, Secretaria con quien actúa y da fe.- Wordsise cmm.
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