Ricardo Arteaga Granados
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Arteaga Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 619/2021-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el trece de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 619/2021-IV-B, promovido por RICARDO ARTEAGA GRANADOS; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el tres de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, RICARDO ARTEAGA GRANADOS solicitó el amparo de la Justicia Federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cuatro de junio pasado, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada. Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. La omisión por parte del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y este último, de trabar embargo sobre los bienes señalados por la parte actora en el expediente laboral 01/556/12 en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de mayo del año en curso, así como de llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el citado expediente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sin soslayar, que solamente informó que era cierto que ante el aludido Tribunal se tramita el expediente 01/556/12 de su índice, incoado por la aquí parte quejosa; sin embargo, su Presidente Ejecutor es la autoridad competente para ejecutar los laudos dictados por la responsable. En tal virtud, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que respecta a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, en el que exhibió como prueba diversas documentales relativas al expediente burocrático 01/556/12; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, señaló que la conducta de la que se duele la hoy parte quejosa se encuentra efectuada conforme a derecho y emitida por una autoridad competente, siguiendo los lineamientos previstos por la Ley, por lo que considera que no se han violentado los derechos fundamentales de la parte quejosa, y por tanto estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se desestima la causal, ya que la argumentación en que está sustentada, se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En ese orden de ideas, en virtud de que las partes no hacen valer otra causa de improcedencia en relación al acto reclamado y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice una diversa, procede ocuparse del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79 fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicaran más adelante. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado: Previo desahogo de procedimiento, el dieciocho de febrero de dos mil quince, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitió resolución en forma de laudo dentro del expediente burocrático 01/556/12, por el cual se condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por el actor. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable emitió requerimiento de pago, en el que comisionó a su Actuario adscrito para que en compañía de la aquí parte quejosa se constituyeran en el domicilio de la demandada Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, y se le solicitara el pago correspondiente. Mediante razón actuarial de nueve de octubre de dos mil veinte, el fedatario público hizo constar que no fue posible llevar acabo la materialización del requerimiento de pago respectivo, en virtud de que en el citado Ayuntamiento no había atención al público derivado de la suspensión de labores del personal, En dos de diciembre del año próximo pasado, se emitió un acuerdo en el que visto el razonamiento citado en el párrafo que antecede, se dejaron a disposición los autos del expediente laboral de origen para el efecto de que la ahí parte actora realizara las gestiones necesarias para obtener el crédito laboral a su favor El doce de mayo del año en curso, se diligenció el requerimiento de pago de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo constar el incumplimiento por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, mismo que la parte quejosa ante la negativa de cumplimiento al laudo, solicitó se trabara embargo sobre el bien inmueble en que se actuó. De lo anterior, se aprecia que la parte demandada no ha dado cumplimiento cabal al laudo dictado en el expediente burocrático 01/556/12, y en la diligencia de requerimiento de pago de doce de mayo del año en curso, no se realizó mayor pronunciamiento del embargo solicitado, y de las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no se observa acuerdo recaído a tal diligencia ni escrito de la actora que diera impulso posterior a la misma dentro del expediente burocrático lo que constituye el aquí acto reclamado. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Son infundados los conceptos de violación esgrimidos en virtud de que la omisión reclamada no vulnera los derechos humanos del quejoso, ya que la legislación aplicable no prevé el embargo para cumplir el laudo en un asunto laboral burocrático. En efecto, la norma que rige el procedimiento del que emana el acto reclamado es la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1º y 2º, en los que esencialmente se establece: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones.". Luego, dicha legislación en los artículos 123 y 124 regula el procedimiento para hacer cumplir sus resoluciones en los siguientes términos: "Artículo 123.- Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente." "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." De lo expuesto se advierte con claridad que dentro de las facultades conferidas al Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones no se encuentra la del embargo. Consecuentemente, la omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de no trabar embargo sobre los bienes del Ayuntamiento demandado en el expediente burocrático 01/556/12, no vulnera los derechos humanos del quejoso ya que la normatividad que rige la ejecución de la sentencia en el juicio laboral burocrático no lo prevé. Por otra parte, si bien el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en cuanto a las medidas jurídicas para hacer cumplir la sentencia no opera la aplicación de dichas leyes de manera supletoria a lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En efecto, como puede observarse, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124 desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal del Trabajo para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. Conforme a lo previsto en la legislación en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas y la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Además, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, tampoco prevé el embargo, como se aprecia de las normas que regulan la ejecución de laudo: "Artículo 148. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos. Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Por su parte, si bien la Ley Federal del Trabajo sí contempla el embargo, no es aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en dicho aspecto. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones, en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Para que opere la supletoriedad es necesario que: El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, y Las normas aplicables no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate Sin embargo, se estima que en este caso no se satisface el tercer requisito para que opere la supletoriedad, porque la omisión comentada si bien hace necesaria la aplicación supletoria de otras normas para subsanar el vacío legal, en el presente caso se está en presencia de una cuestión jurídica (el embargo) que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; por lo tanto, no es posible aplicar los presupuestos procesales que regulan los artículos 951 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, al procedimiento laboral burocrático que rige en el Estado de Morelos. Por tal motivo, si en el caso la ley burocrática del Estado de Morelos no contempla dicha institución (el embargo) como medida de apremio para la ejecución de los laudos, es inconcuso que no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo que sí lo prevé, toda vez que tal supletoriedad no tiene el alcance de crear esa institución jurídica, pues su función es suplir deficiencias. Dicho de otro modo, la supletoriedad de leyes, salvo que así lo dispongan de manera expresa, no puede implicar la creación del embargo en la legislación objeto de supletoriedad; máxime que esta omisión atiende a una limitación genérica, cuya justificación se encuentra en el principio de inembargabilidad de los bienes de Estado. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1487, con número de registro 2009126 y rubro siguiente: "EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Consecuentemente la inacción que se reprocha a la responsable no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia planteada por la parte quejosa, en virtud de que la figura del embargo no está prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En ese orden de ideas al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por quejoso y no existe deficiencia que deba suplirse de oficio, se niega el amparo y protección solicitada. SÉPTIMO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por RICARDO ARTEAGA GRANADOS respecto de los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO ARTEAGA GRANADOS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 619/2021-IV-B, promovido por RICARDO ARTEAGA GRANADOS; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el tres de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, RICARDO ARTEAGA GRANADOS solicitó el amparo de la Justicia Federal contra actos del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de cuatro de junio pasado, se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y parte tercera interesada. Seguida la secuela del juicio tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. La omisión por parte del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y este último, de trabar embargo sobre los bienes señalados por la parte actora en el expediente laboral 01/556/12 en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de doce de mayo del año en curso, así como de llevar a cabo las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el citado expediente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sin soslayar, que solamente informó que era cierto que ante el aludido Tribunal se tramita el expediente 01/556/12 de su índice, incoado por la aquí parte quejosa; sin embargo, su Presidente Ejecutor es la autoridad competente para ejecutar los laudos dictados por la responsable. En tal virtud, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo por lo que respecta a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, de número de registro 1002350, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, en el que exhibió como prueba diversas documentales relativas al expediente burocrático 01/556/12; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de sobreseimiento. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, señaló que la conducta de la que se duele la hoy parte quejosa se encuentra efectuada conforme a derecho y emitida por una autoridad competente, siguiendo los lineamientos previstos por la Ley, por lo que considera que no se han violentado los derechos fundamentales de la parte quejosa, y por tanto estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Se desestima la causal, ya que la argumentación en que está sustentada, se encuentra íntimamente relacionada con el fondo del asunto, pues es necesario analizar la constitucionalidad del acto impugnado a efecto de determinar si causa afectación a la esfera jurídica del quejoso. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 187973, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página 5 del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En ese orden de ideas, en virtud de que las partes no hacen valer otra causa de improcedencia en relación al acto reclamado y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice una diversa, procede ocuparse del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Aún suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79 fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son infundados e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicaran más adelante. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado: Previo desahogo de procedimiento, el dieciocho de febrero de dos mil quince, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitió resolución en forma de laudo dentro del expediente burocrático 01/556/12, por el cual se condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas por el actor. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable emitió requerimiento de pago, en el que comisionó a su Actuario adscrito para que en compañía de la aquí parte quejosa se constituyeran en el domicilio de la demandada Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, y se le solicitara el pago correspondiente. Mediante razón actuarial de nueve de octubre de dos mil veinte, el fedatario público hizo constar que no fue posible llevar acabo la materialización del requerimiento de pago respectivo, en virtud de que en el citado Ayuntamiento no había atención al público derivado de la suspensión de labores del personal, En dos de diciembre del año próximo pasado, se emitió un acuerdo en el que visto el razonamiento citado en el párrafo que antecede, se dejaron a disposición los autos del expediente laboral de origen para el efecto de que la ahí parte actora realizara las gestiones necesarias para obtener el crédito laboral a su favor El doce de mayo del año en curso, se diligenció el requerimiento de pago de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, en el que el Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, hizo constar el incumplimiento por parte del Presidente Municipal del Ayuntamiento demandado, mismo que la parte quejosa ante la negativa de cumplimiento al laudo, solicitó se trabara embargo sobre el bien inmueble en que se actuó. De lo anterior, se aprecia que la parte demandada no ha dado cumplimiento cabal al laudo dictado en el expediente burocrático 01/556/12, y en la diligencia de requerimiento de pago de doce de mayo del año en curso, no se realizó mayor pronunciamiento del embargo solicitado, y de las constancias remitidas por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no se observa acuerdo recaído a tal diligencia ni escrito de la actora que diera impulso posterior a la misma dentro del expediente burocrático lo que constituye el aquí acto reclamado. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Son infundados los conceptos de violación esgrimidos en virtud de que la omisión reclamada no vulnera los derechos humanos del quejoso, ya que la legislación aplicable no prevé el embargo para cumplir el laudo en un asunto laboral burocrático. En efecto, la norma que rige el procedimiento del que emana el acto reclamado es la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 1º y 2º, en los que esencialmente se establece: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de raya o figuran en las nóminas de las anteriores instituciones.". Luego, dicha legislación en los artículos 123 y 124 regula el procedimiento para hacer cumplir sus resoluciones en los siguientes términos: "Artículo 123.- Las resoluciones del Tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente." "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." De lo expuesto se advierte con claridad que dentro de las facultades conferidas al Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones no se encuentra la del embargo. Consecuentemente, la omisión del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de no trabar embargo sobre los bienes del Ayuntamiento demandado en el expediente burocrático 01/556/12, no vulnera los derechos humanos del quejoso ya que la normatividad que rige la ejecución de la sentencia en el juicio laboral burocrático no lo prevé. Por otra parte, si bien el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en cuanto a las medidas jurídicas para hacer cumplir la sentencia no opera la aplicación de dichas leyes de manera supletoria a lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En efecto, como puede observarse, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en los artículos 123 y 124 desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal del Trabajo para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. Conforme a lo previsto en la legislación en comento, sobresale la facultad que se otorga al tribunal de trabajo para imponer multas y la destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Además, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, tampoco prevé el embargo, como se aprecia de las normas que regulan la ejecución de laudo: "Artículo 148. El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos. Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Por su parte, si bien la Ley Federal del Trabajo sí contempla el embargo, no es aplicable supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en dicho aspecto. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones, en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Para que opere la supletoriedad es necesario que: El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, y Las normas aplicables no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate Sin embargo, se estima que en este caso no se satisface el tercer requisito para que opere la supletoriedad, porque la omisión comentada si bien hace necesaria la aplicación supletoria de otras normas para subsanar el vacío legal, en el presente caso se está en presencia de una cuestión jurídica (el embargo) que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; por lo tanto, no es posible aplicar los presupuestos procesales que regulan los artículos 951 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, al procedimiento laboral burocrático que rige en el Estado de Morelos. Por tal motivo, si en el caso la ley burocrática del Estado de Morelos no contempla dicha institución (el embargo) como medida de apremio para la ejecución de los laudos, es inconcuso que no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo que sí lo prevé, toda vez que tal supletoriedad no tiene el alcance de crear esa institución jurídica, pues su función es suplir deficiencias. Dicho de otro modo, la supletoriedad de leyes, salvo que así lo dispongan de manera expresa, no puede implicar la creación del embargo en la legislación objeto de supletoriedad; máxime que esta omisión atiende a una limitación genérica, cuya justificación se encuentra en el principio de inembargabilidad de los bienes de Estado. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, pág. 1487, con número de registro 2009126 y rubro siguiente: "EMBARGO COMO MEDIDA DE APREMIO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO. AL NO ESTAR PREVISTO EN LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TAMAULIPAS ES IMPROCEDENTE DECRETARLO, SIENDO INAPLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." Consecuentemente la inacción que se reprocha a la responsable no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia planteada por la parte quejosa, en virtud de que la figura del embargo no está prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En ese orden de ideas al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por quejoso y no existe deficiencia que deba suplirse de oficio, se niega el amparo y protección solicitada. SÉPTIMO. Cambio de Titular del Juzgado. Hágase del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la audiencia constitucional haya sido celebrada por el anterior titular del juzgado, el engrose de la sentencia lo haga la actual Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, y que al momento de la emisión del fallo se notifique a las partes el referido cambio de Titular puesto que su derecho de manifestar algún impedimento queda expedito al recurrir el presente fallo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, número de registro digital 164217, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por RICARDO ARTEAGA GRANADOS respecto de los actos reclamados al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO.LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO ARTEAGA GRANADOS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy trece de diciembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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